Irma Gómez Castañeda

Expediente 927/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 13 actuaciones registradas, la última del 9 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
927/2022
Año
2022
Actuaciones
13
Última actuación
09/05/2023

Partes del expediente

  • Irma Gómez Castañeda

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta proveniente Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla; en atención a su contenido, se comisiona al Analista Jurídico S.I.S.E adscrito a este órgano, para que vincule el expediente electrónico del presente asunto con el diverso juicio de amparo *** de la estadística del citado juzgado, con la finalidad de que tenga acceso al expediente electrónico.

  2. Principal

    Visto el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que éste se encuentra archivado; en consecuencia se ordena devolver a la autoridad responsable, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, el juego de copias certificadas así como un disco compacto, remitidos en cumplimiento a lo ordenado por autos, mismas que obran por separado en un tomo, por no ser necesario contar con ellas. Sin que resulte procedente solicitar acuse de recibo, pues el mismo será la constancia de notificación que se obtenga del oficio que se genere con la presente determinación.

  3. Principal

    Vista la certificación secretarial a que se refiere la razón de cuenta que antecede, de la cual se advierte que las partes no recurrieron el auto de diecisiete de octubre de dos mil veintidós, que decretó el sobreseimiento de este juicio fuera de audiencia en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los artículos 81, fracción I, inciso d) y 86 de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme; en consecuencia, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y archívese este expediente como asunto concluido. En otro orden, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte; y, atendiendo a la hipótesis prevista en el artículo séptimo, artículo 21, incisos b) de dicho acuerdo, el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, en atención a que carece de relevancia documental e histórica y al sentido de la resolución pronunciada.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta y anexos, consistentes en dos anexos y un disco compacto que contiene dos grabaciones de dos horas con dos minutos cincuenta segundos cada una; atento a su contenido, fórmese el tomo I de pruebas con las constancias remitidas y colóquese en un sobre el disco en cuestión. Asimismo, se tiene a las autoridades responsables de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, remitiendo copia certificada de las documentales requeridas en autos. Sin que resulta procedente conceder vista a la parte quejosa en virtud de las siguientes consideraciones: En el caso se tiene que, el acto reclamado a las autoridades responsables, Comisión Estatutaria de Honor y Justicia del Consejo Universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y su presidente, en la presente instancia constitucional, es: El acuerdo de veintiuno de abril de dos mil veintidós, en el que se ordenó el reencauzamiento del expediente *** que determinó improcedente el recurso de inconformidad *** admitido por no ser la vía idónea, ordenó la tramitación de un nuevo expediente ***, y reserva lo relativo a las probanzas ofertadas. Lo anterior por no resolver el recurso de queja ***. Ahora, con el informe que se atiende, las autoridades responsables remitieron diversas constancias relacionadas con la tramitación de los expediente de origen, promovidos por la aquí quejosa; a las que, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2, se les concede pleno valor probatorio. Ahora, de las aludidas documentales remitidas con el oficio de cuenta; se advierte que: las autoridades responsables determinaron que el recurso de queja que presentó la parte quejosa con motivo de los acosos laboral y sexual que hizo valer, así como el abuso de autoridad; no era la vía idónea sobre la cual debería analizarse dichas cuestiones, por lo que se "renombró" dicho medio de impugnación en el diverso recurso de inconformidad, reencausando el trámite respectivos. Por lo que, sobre éste último recurso es que se encuentra realizado el estudio y la investigación respectiva, en relación con los hechos denunciados por la aquí quejosa. Entonces, si en la especie la parte quejosa reclamó diversas cuestiones a través del recurso de queja ***; y, la autoridad responsable determinó que el medio de impugnación idóneo para lo peticionado por la parte aquí quejosa es el diverso recurso de inconformidad, el cual fue registrado con el número ***; mismo que a la fecha se encuentra en trámite con la finalidad de atender las peticiones de la parte quejosa; resulta evidente que a la fecha dejó de existir la violación a las prerrogativas anunciadas por la parte quejosa. En efecto, el hecho que la autoridad responsable hubiere reencausado el expediente en cuestión que a criterio de la parte quejosa le afectó en sus derechos fundamentales, dicha violación desapareció con la tramitación y/o reencauzamiento de la inconformidad tramitada ante las autoridades responsables. Por tanto, si a la fecha las autoridades responsables se encuentran analizando, investigando y trabajando sobre las peticiones formuladas por la aquí quejosa, pero a través de un diverso sumario; es claro que no existe en la actualidad la violación en los derechos de la parte quejosa que tuvieron como consecuencia la tramitación del presente juicio de amparo. Lo anterior, se corrobora con las constancias remitidas, a las que se les ha concedido valor probatorio pleno; de cuyo contenido se advierte que, a la fecha efectivamente se encuentra en trámite dicha inconformidad, en la que se han desahogado pruebas, se han emitido dictámenes periciales y se han formulado alegatos; lo que evidencia que efectivamente la autoridad responsable se encuentra realizado la tramitación respectiva dentro de dicho sumario. Derivado de lo expuesto, la suscrita estima que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que contempla siguiente... Para evidenciar tal cuestión resulta importante indicar que del análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que se sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Al respecto, es preciso destacar que si bien, ha sido criterio del Máximo Tribunal de la República que la cesación de efectos del acto reclamado surge en aquellos casos en que se ha restituido al quejoso en el goce del derecho fundamental violado, de tal manera que vuelvan las cosas al estado que guardaban con anterioridad; lo cierto es que tratándose de actos que hayan sido sustituidos por otros, independientemente de que se haya o no restituido al quejoso en completo goce del derecho estimado violado, surge una nueva situación que impide a los juzgados de amparo abordar el estudio del acto reclamado por quedar insubsistente; lo que obliga a la parte quejosa a señalar la nueva resolución como acto reclamado al promover el juicio de amparo, y no la que ha dejado de tener eficacia, toda vez que ésta ha sido sustituida procesalmente por la otra. En efecto, de la intelección de la fracción XXI del artículo 61 de la ley de Amparo, se observan dos supuestos de cesación de efectos: I. Por revocación; y, II. Por sustitución. El primero se colma cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos fundamentales, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo emerge por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incurre en la vigencia y ejecutividad del reclamado, que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; es decir, la sentencia que decide un recurso otorga firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de amparo respecto de este último el amparo resulta improcedente. Consecuentemente, resulta evidente que la resolución reclamada de veintiuno de abril de dos mil veintidós, ha quedado substituida procesalmente por la determinación dictada el catorce de junio de dos mil veintidós, en el que se admite a trámite el expediente *** del índice de la autoridad responsable; misma que se encuentra en trámite; por ende, esta última es la que rige la situación jurídica de la quejosa. En consecuencia, se estima que han cesado los efectos del acto reclamado en esta vía constitucional, pues no puede abordarse el estudio de la resolución sustituida por una nueva determinación, pues ningún caso práctico tendría el analizarla si queda subsistente la que se dictó con posterioridad... En consecuencia, ante la cesación por sustitución procesal de los efectos del acto que se analiza, resulta procedente sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, del ordenamiento jurídico en cita... En las relatadas condiciones, se deja sin efectos la hora y fecha que se encontraba señalada para la audiencia constitucional en este juicio; esto es, ONCE HORAS DIEZ MINUTOS DEL CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS.

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