Irma García Santos
Expediente 449/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 15 actuaciones registradas, la última del 2 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 449/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 02/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Irma García Santos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a dos de octubre de dos mil veintitrés. Vista la razón de cuenta con fundamento en los artículos 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2°, se tiene por recibido el oficio signado por el Actuario adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, mediante el cual comunica el proveído de veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, dictado por el Magistrado Presidente del Tribunal Colegiado al cual se encuentra adscrito, dentro de los autos de la queja 252/2023, por el cual acusa de recibo del informe rendido, así como del escrito original de expresión de agravios y copia; asimismo, comunica que admite dicho recurso; al respecto, agréguese a los autos para que obre como corresponda, teniendo por hecha la comunicación que vierte. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Roberto Bravo Vargas, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
VISTO para resolver el juicio de amparo 449/2023, promovido por Irma García Santos, contra actos del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad y otra autoridad, y; R E S U L T A N D O : PRIMERO. Mediante escrito presentado el treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido en su fecha, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Irma García Santos, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por el acto siguiente: Autoridades responsables: Acto reclamado: Instituto Mexicano del Seguro Social. Área de Atención y Orientación al Derechohabiente, del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ambas autoridades con sede en esta ciudad. ".la omisión de la autoridad responsable de tramitar y resolver la queja presentada ante esa autoridad el día 8 de septiembre del. 2022." SEGUNDO. El tres de abril de dos mil veintitrés, este juzgado radicó el asunto con el número de expediente 449/2023, admitió la demanda de amparo, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Mediante escrito presentado el veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, la quejosa Irma García Santos, amplió su demanda de amparo respecto de las autoridades y actos reclamados siguientes: Autoridades responsables: Acto reclamado: Instituto Mexicano del Seguro Social. Área de Atención y Orientación al Derechohabiente, del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ambas autoridades con sede en esta ciudad. ".la resolución de. 18 de abril de 2023, con número de folio 194/09/2022." En auto de veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, este Juzgado de Distrito admitió la ampliación de demanda propuesta por la quejosa, requirió a las autoridades responsables su informe justificado y dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo. La audiencia constitucional inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar dichos actos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Conforme a dicho precepto, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la novena época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y su ampliación, así como del análisis de las constancias de autos, se desprende que la parte quejosa reclama: En la demanda de amparo: La omisión de tramitar y resolver la queja presentada el ocho de septiembre de dos mil veintidós, a través de la cual solicita el pago de traslados para atención médica, así como ayuda para viáticos. En la ampliación de demanda: La resolución de dieciocho de abril de dos mil veintitrés, registrada con el número de folio 194/09/2022. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. La Encargada de la Coordinación de Atención y Orientación al Derechohabiente, del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada, del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado negó el acto que la quejosa reclama en su contra. En ese sentido, a criterio de este órgano jurisdiccional, lo procedente es decretar el sobreseimiento del presente juicio, en términos del numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que al efecto señala: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: "......... "IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional;" Del artículo anterior se desprende que procede el sobreseimiento del juicio de amparo cuando de autos se apareciere que no existe el acto reclamado; circunstancia que acontece en el presente caso. Lo anterior se estima así, toda vez que la autoridad responsable negó el acto que se le reclama; por lo que, contrario a lo expresado por la quejosa, se aprecia que no se emitió un acto, de los que ella señala, que le depare perjuicio alguno. Así, toda vez que la autoridad responsable negó el acto que le atribuyó la quejosa, le correspondía a esta última la carga procesal de desvirtuar esa negativa; no obstante, aún y cuando se dio vista con el informe de la autoridad para que manifestara lo que a sus intereses conviniera, fue omisa en hacer uso de ese derecho. Por lo anteriormente expuesto, a criterio de este juzgador, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo promovido por Irma García Santos, respecto de la autoridad precisada al inicio de este considerando. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número VI. 2° J/20, que a la letra dice: "informe justificado. negativa de los actos atribuidos a las autoridades y no desvirtuados. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo.". Del mismo modo, refuerza las anteriores consideraciones la tesis aislada sustentada por la extinta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente: "acto reclamado, prueba del. Cuando la autoridad señalada como responsable niegue en su informe justificado el acto que le atribuye el quejoso, éste tiene la carga procesal de desvirtuar esa negativa, y si no lo hace, resulta claro que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo procede el sobreseimiento.". ? Sobreseimiento del acto reclamado en la demanda de amparo al Instituto Mexicano del Seguro Social En la demanda de amparo se imputó al Instituto Mexicano del Seguro Social, la omisión de tramitar y resolver la queja que le fue presentada el ocho de septiembre de dos mil veintidós. La Directora del Hospital General Regional número uno de Cuernavaca, Morelos, compareció a esta instancia constitucional a rendir informe justificado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, y expresó lo siguiente: "El acto reclamado no es cierto, toda vez que se ha dado trámite y respuesta a la queja que presentó la quejosa. "Habiéndose emitido y notificado el oficio de ocho de abril de 2023, Folio 194/09/2022, lo cual fue notificado personalmente a la propia quejosa, como se advierte de la copia certificada que se adjunta al presente. ".... ".En el asunto que nos ocupa, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, artículo 61 de la Ley de Amparo, y en consecuencia el sobreseimiento del presente asunto en términos de lo dispuesto por el artículo 63, fracción V del ordenamiento de mérito, respecto al acto reclamado." Asiste razón a la citada autoridad responsable de la actualización de la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Ese precepto refiere que el juicio biinstancial es improcedente cuando durante la tramitación de este, cesan los efectos del acto que se reclama. Lo anterior es así, pues a ninguna finalidad práctica llevaría el ejercicio constitucional cuando las cosas hubieran vuelto al estado que tenían antes del surgimiento del acto reclamado. Entonces, para que se actualice esta causa de improcedencia, el acto impugnado debe ser revocado o destruido, así como todos y cada uno de los efectos que haya producido, ya que el alcance sería la restitución al quejoso en el goce del derecho violado, quedando éste en una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido. En apoyo a lo anterior, se invoca la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "cesación de efectos en amparo. esta causa de improcedencia se actualiza cuando todos los efectos del acto reclamado son destruidos en forma total e incondicional." De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Ahora bien, en el presente caso aparece la causa de improcedencia invocada, pues de las constancias que exhibió la autoridad responsable, se desprende que el dieciocho de abril de dos mil veintitrés, se emitió el oficio con número de folio 194/09/2022, por el que se pronunció respecto de la queja formulada mediante escrito ingresado el ocho de septiembre de dos mil veintidós; oficio que fue notificado a la ahora quejosa el tres de mayo de dos mil veintidós. De ahí que se afirme la existencia de la causa de improcedencia invocada, pues como se ha expuesto, la omisión reclamada quedó superada con la emisión del oficio con número de folio 194/09/2022; por tanto, resulta innecesario examinar la constitucionalidad de una omisión que dejó de existir. En ese sentido, se surte la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, en razón a que sobrevino la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento, pues con la cesación de los efectos del se restablecieron las cosas al estado en que se encontraban las cosas. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "sobreseimiento. cesación de los efectos del acto reclamado. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." CUARTO. Certeza del acto reclamado. El Titular de la Dirección del Hospital General Regional número uno de Cuernavaca, Morelos, del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado, manifestó que es cierto el acto reclamado en la ampliación de demanda. Lo que se corrobora con las copias certificadas de las constancias que se adjuntaron al informe justificado y al oficio recibido en este Órgano Jurisdiccional el cinco de julio de este año; documentales que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, es innecesario realizar su transcripción, al no existir algún precepto en la Ley de Amparo que así lo establezca. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª/J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: "conceptos de violación o agravios. para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias de amparo es innecesaria su transcripción. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". Es fundado el concepto de violación expuesto en la ampliación de demanda de amparo, en el sentido de que el oficio reclamado con número de folio 194/09/2022, de dieciocho de abril de dos mil veintitrés, suscrito por la Directora del Hospital General Regional número uno de Cuernavaca, Morelos, del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, no se encuentra fundado y motivado y por ello es violatorio del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para así considerarlo, resulta pertinente transcribir, en lo conducente, el artículo 16 de la Constitución Federal: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." En el precepto constitucional antes citado, se denota implícito el principio de legalidad; es decir, que todo acto de autoridad que cause molestia al gobernado, deberá, por mandato constitucional, revestir los elementos enmarcados por el ordinal en comento, a saber: 1. El acto se efectúe por escrito. 2. Provenga de una autoridad competente, un ente y persona jurídicamente facultados para ordenar el acto de molestia, facultades que pueden ser legales o constitucionales. 3. Dicha determinación se encuentre debidamente fundada y motivada. Así, se entiende por fundamentación, la precisión del precepto legal o disposición normativa aplicable al caso a que se contrae el acto, es pues, el fundamento con que cuenta la autoridad no sólo para emitir en el caso concreto el oficio reclamado, sino que también prevé la situación de hecho o supuesto en que se encuentra el gobernado para ser objeto de la aplicación de determinada norma jurídica. En tanto que, la motivación es relativa al establecimiento de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto. Además, es necesario que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Por otra parte, dichos motivos invocados deben ser reales y ciertos; además, conforme a los preceptos citados, resultar acordes para justificar la expedición o emisión del acto. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia que a continuación se inserta: "fundamentación y motivación. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." En conclusión, todo acto de autoridad debe contener, además de la formalidad y competencia aludidas, las razones especiales del caso concreto que lo llevaron a tomar la determinación reclamada, señalando además el fundamento jurídico aplicable al particular que sustente su proceder, existiendo adecuación entre aquéllos motivos aducidos para la emisión del acto y el soporte normativo invocado en la especie y, en su caso, el soporte documental respectivo. En ese contexto, se considera que el oficio reclamado con número de folio 194/09/2022, de dieciocho de abril de dos mil veintidós, no cumplió con los requisitos formales aludidos, pues en él se expuso: "García Santos Irma. "...... "En atención a su queja buzón '.La información inadecuada por parte del personal no es una situación imputable a la suscrita, la falta de orientación del personal y el desconocimiento del procedimiento a seguir no deben de tener como consecuencia el que la suscrita asuma los gastos.' "En respuesta a su queja le informo lo siguiente: "Informo que el área de Tesorería no tiene inconvenientes en los pagos correspondientes de TP-01 que son procedentes de la Derechohabiente, sin embargo informo a Usted que la interesada mencionó vía telefónica no proceder al cobro de los mismos derivados a que no cuenta con los TP01 iniciales y que éstos últimos le pueden servir para alguna aclaración, por lo anterior se informa que este un tema que el área de foráneos tendría que analizar en base a la documentación presentada por la interesada para el pago correspondiente y su fuera el caso proceder al mismo por parte del área Tesorería con la documentación correspondiente, TP-01 con cello (sic) o constancias de asistencia, boletos correspondientes a la fecha cita en base al TP-01 y vigencia de derechos. "..... "DIRECTORA HGRC/MF NO1." De la lectura de lo transcrito se advierte que no se cita el fundamento constitucional, legal o reglamentario que otorgue facultad a la funcionaria que firma el oficio reclamado con número de folio 194/09/2022, para dar respuesta a la queja presentada por la aquí quejosa Irma García Santos; asimismo, tampoco se cita el fundamento jurídico aplicable al particular que sustente la respuesta que se da en ese oficio reclamado a la queja que dicha persona presentó. En ese orden de ideas, resulta procedente conceder el amparo y protección de la justicia federal para los efectos que se detallarán en el considerando siguiente. SEXTO. Efectos del amparo. Con fundamento en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la justicia federal a Irma García Santos, para el efecto de que el Titular de la Dirección del Hospital General Regional número uno de Cuernavaca, Morelos, del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, en el plazo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel en que sea notificado del acuerdo por el que esta resolución causó ejecutoria, realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente el oficio con número de folio 194/09/2022, de dieciocho de abril de dos mil veintidós. 2. Emita una nueva determinación en respuesta a la queja que la impetrante Irma García Santos, presentó el ocho de septiembre de dos mil veintidós, pero purgando el vicio formal de fundamentación de que adolece el oficio reclamado, en los aspectos apuntados en el considerando que antecede. 3. Notifique personalmente la respuesta a la quejosa Irma García Santos. 4. En el supuesto de que la autoridad responsable Titular de la Dirección del Hospital General Regional número uno de Cuernavaca, Morelos, del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, estime que no es la competente para dar respuesta a la queja que presentó la referida impetrante, deberá canalizar dicha queja a la autoridad correspondiente, quien quedará vinculada a cumplir con los efectos precisados en los dos puntos anteriores. Por lo antes expuesto, con fundamento en los artículos 1°, 74, 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E : PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Irma García Santos, respecto de los actos precisados en el considerando segundo de este fallo, por las autoridades responsables y motivos expuestos en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a Irma García Santos, respecto del oficio con número de folio 194/09/2022, de dieciocho de abril de dos mil veintitrés, suscrito por la Directora del Hospital General Regional número uno de Cuernavaca, Morelos, del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, por los motivos y para los efectos precisados en los considerandos quinto y sexto de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia de Julián Pantaleón Suárez, hasta hoy veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, fecha en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la boleta de turno, mediante la cual se hace constar que el recurso de queja interpuesto en el presente juicio, fue remitido al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, para su substanciación; al respecto, agréguese a los autos para que obre como corresponda. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Roberto Bravo Vargas, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de los autos, de los que se advierte que el veintisiete de julio de dos mil veintitrés, se celebró la audiencia constitucional en el presente juicio, por lo que el expediente se encuentra en proyecto para dictar la resolución correspondiente; por tal motivo, y, para estar en condiciones de acordar los escritos presentados por la quejosa, se ordena formar un cuaderno de antecedentes. Agréguense a los autos del presente cuaderno de antecedentes para que obren como corresponda los escritos signados por la quejosa ******************** y, atento a su contenido, con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, se tiene a la citada quejosa interponiendo recurso de queja en contra de la omisión de llevar a cabo la audiencia constitucional dentro del presente juicio 449/2023 y por ende emitir la resolución correspondiente. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 101, de la Ley de Amparo, remítase al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito en Turno, los escritos originales de expresión de agravios y una copia para el Agente del Ministerio Público adscrito a dicho tribunal, asimismo, ríndase el informe con justificación manifestando que por cuanto a la omisión de llevar a cabo la audiencia constitucional, NO ES CIERTO EL ACTO, toda vez que como se puede apreciar del expediente electrónico a las DIEZ HORAS CON TRECE MINUTOS DEL VEINTISIETE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, se celebró la audiencia constitucional, y, por cuanto a la omisión de dictar la resolución correspondiente, dígasele que es cierto, toda vez que a la fecha este juzgado no ha emitido la respectiva resolución, ello por las cargas de trabajo con que cuenta este juzgado federal. Ahora, toda vez que el presente expediente se encuentra debidamente integrado y que coincide fiel y exactamente con las constancias que se encuentran agregadas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, póngase a disposición del tribunal colegiado el expediente electrónico de este juicio, para lo que tenga a bien determinar. Por lo anterior, y, tomando en consideración que se pondrá a disposición del tribunal colegiado el expediente electrónico, este juzgado considera innecesario la remisión de copias certificadas y otorgar el plazo que establece el artículo 101, de la Ley de Amparo, a las partes, para que señalen constancias; no obstante, notifíquese a las partes el presente auto, corriéndoles traslado con copia de los escritos de cuenta. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Roberto Bravo Vargas, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe.
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