Irma García Padilla

Expediente 877/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
877/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
24/01/2023

Partes del expediente

  • Irma García Padilla

Actuaciones

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, veinticuatro de enero de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, así como el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el término de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja, en contra del auto de catorce de noviembre de dos mil veintidós, en el que se desechó de plano la demanda relativa, sin que se haya hecho uso de ese derecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. Ahora, toda vez que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción pendiente por proveer, se ordena su archivo conforme al artículo 214 de la Ley de Amparo. En conformidad con los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el expediente principal por haberse desechado la demanda que dio origen al juicio en que se actúa, es susceptible de destrucción, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, al situarse en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso d), del referido Acuerdo General. Por tanto, indíquese la valoración que corresponda en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones oficiales que correspondan en los registros de control de este Órgano Jurisdiccional. Finalmente, en conformidad con lo establecido en el Acuerdo General 107/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura, relativo a la conclusión de funciones de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la Oficina de Correspondencia Común que les presta servicio; y al cambio de denominación y ampliación de competencia de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la Oficina de Correspondencia Común que les presta servicio; se les comunica a las partes que a partir del dieciséis de enero de dos mil veintitrés, la denominación de este órgano jurisdiccional es Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. Notifíquese.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Jesús Daniel Meza Arrayales, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.AMC/JDMA/Ara

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, tres de enero de dos mil veintitrés. Vista la constancia actuarial de cuenta de la que se advierte la imposibilidad del Actuario de la adscripción a fin de notificar a la quejosa Irma García Padilla el auto de catorce de noviembre de dos mil veintidós, por los motivos ahí expuestos; en consecuencia, se ordena notificarle por lista en los estrados de este Juzgado el proveído antes referido, así como las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, en conformidad con lo dispuesto en la fracción III del artículo 26 de la Ley de Amparo. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma José Manuel Basio Aguilar, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, Encargado del Despacho por vacaciones del Titular, en conformidad con los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y con las facultades derivadas de la interpretación del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, en términos del oficio CCJ/ST/6011/2022 de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, suscrito por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Víctor Manuel Mercado Flores, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe. JMBA/VMMF/Ara

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C, DE LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DICTADO EN CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS: Tijuana, Baja California, catorce de noviembre de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por Irma García Padilla, por su propio derecho, contra actos de la Segunda Sala Regional Noroeste I del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en esta ciudad, fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de Juzgado que corresponda, bajo número 877/2022-IV. Ahora, del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIIIde la Ley de Amparo, ya que la parte quejosa no cumplió con el principio de definitividad, como se verá a continuación. Para avalar la anterior postura, resulta necesario precisar el contenido del artículo 61 de la Ley de Amparo que dispone lo siguiente (énfasis añadido): "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;". Del precepto transcrito se advierte que para la procedencia del juicio de amparo, previamente se debe agotar el principio de definitividad, para lo cual, es necesario que las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario mediante el cual puedan ser modificadas o revocadas. Como se señaló, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama la omisión de hacer cumplir la sentencia dictada en el juicio administrativo 3646/19-01-02-7, de nueve de octubre de dos mil veinte, del índice de la Segunda Sala Regional Noroeste I, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa de esta ciudad, a pesar de haber solicitado la ejecución forzosa de la sentencia mediante escrito de cinco de julio del año en curso. En ese contexto, este órgano jurisdiccional considera que previo a promover el juicio de amparo, la parte quejosa debe agotar el recurso de queja de conformidad con el artículo 58, fracción II, inciso a), numeral 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que establecen lo siguie De la interpretación del precepto transcrito, se desprende, en lo que al caso atañe, que las omisiones de cumplimiento de sentencia, pueden ser impugnadas por las partes mediante el recurso de queja, que ese medio de defensa debe interponerse ante la Sala responsable del cumplimiento de la sentencia cuya omisión de cumplimiento se reclama de adscripción del Magistrado que hubiere dictado el acto recurrido, en cualquier tiempo. Aunado a lo anterior, es dable precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J.14/2022, sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra la omisión de cumplimiento de una sentencia de nulidad dictada por un Tribunal de Federal de Justicia Administrativa, debe necesariamente interponer el recurso de queja que establece el artículo 58, fracción II, inciso a), numeral 3, de la Ley Federal de Procedimientos Contencioso Administrativo. Al respecto, la jurisprudencia señalada en el párrafo que antecede, se encuentra publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Abril 2022, Tomo II, pagina 1741, registro digital 2024468, cuyo rubro y texto dicen: "RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 58, FRACCIÓN II, INCISO A), NUMERAL 3, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAME EL INCUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA DE NULIDAD DICTADA POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes adoptaron posturas discrepantes sobre un mismo punto de derecho, dado que frente al reclamo de la omisión de cumplimiento de una sentencia de nulidad, uno de ellos sostuvo que constituye un presupuesto de procedencia para el juicio de amparo que previamente se interponga el recurso de queja regulado en el artículo 58, fracción II, inciso a), numeral 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, mientras que el otro estableció que se trata de una instancia optativa, por lo que el afectado puede acudir de manera inmediata al juicio constitucional. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, previamente a promover el juicio de amparo indirecto para reclamar la omisión de cumplir una sentencia de nulidad dictada por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el particular debe necesariamente interponer el recurso de queja que establece el artículo 58, fracción II, inciso a), numeral 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Justificación: El indicado recurso de queja constituye el medio de defensa previsto expresamente por el legislador para combatir la omisión de cumplimiento de una sentencia de nulidad y, más aún, constituye una instancia apta para lograr su reparación o modificación, pues prevé mecanismos consistentes con esa finalidad y adecuados para lograrla a cargo del propio Tribunal Federal de Justicia Administrativa, como son la revisión de la actitud desplegada por la autoridad en relación con ese cumplimiento, la posibilidad de fijar los alcances precisos de la declaración de nulidad e, incluso, la de resolver que existe imposibilidad para ejecutar el fallo y que,por ende, procede el cumplimiento sustituto, además de la aplicación de multas sucesivas en caso de contumacia y la comunicación de ésta al superior jerárquico del servidor público involucrado y a la contraloría interna que le corresponda. De ahí que, en términos del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ese medio ordinario de defensa debe ser agotado, sobre todo porque no se configura alguna de las hipótesis de excepción al principio de definitividad que rige al juicio constitucional, puesto que el acto reclamado no es de aquellos que puedan carecer de fundamentación, no conlleva violaciones directas a la Constitución Federal, el recurso de queja se encuentra previsto en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y forma parte de un juicio que prevé la figura de la suspensión con los mismos alcances y sin mayores plazos o requisitos que los que al respecto prevé la Ley de Amparo". En ese sentido, toda vez que la parte quejosa se adolece de la omisión de hacer cumplir la sentencia dictada en el juicio administrativo 3646/19-01-02-7, del índice de la Segunda Sala Regional del Noroeste I del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de esta ciudad, el juicio de amparo es improcedente, en aquellos casos en los que se promueve el juicio de derechos fundamentales, reclamando un acto emanado de autoridades judiciales, administrativas o del trabajo, sin haber agotado previamente el recurso o medio ordinario de defensa previsto en la ley, que tenga por objeto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; el cual debe ser agotado antes de acudir al juicio constitucional. En efecto, la procedencia del juicio de amparo está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, este debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto lo contenga para que esté a disposición del interesado y éste pueda interponerlo; de tal manera, que no es optativo para la parte afectada, cumplir o no, con el principio de definitividad para la procedencia del juicio de amparo, sino obligatorio, en virtud de que el ya citado artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, es terminante en cuanto a que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio constitucional. Máxime, que no se está en los supuestos de excepción que se indican en el referido artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, pues el acto reclamado no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas, alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Tampoco el acto reclamado consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso. Aunado a que, el impetrante no comparece con carácter de persona extraña al procedimiento en el que se dictó la resolución reclamada. Además, el recurso de revisión de que se trata no se sujeta a una interpretación adicional, ni siquiera en lo relativo a la determinación de la materia ambiental, pues incluso la parte quejosa reconoce que la resolución impugnada en el juicio de origen y las consecuencias que de ella pudieran derivar versan,precisamente, sobre esa materia, de modo que no existe duda alguna sobre tal circunstancia. En virtud de lo anterior, como se anticipó, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XVIII, por lo que, con fundamento en el diverso numeral 113 del propio ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda relativa. Se tienen como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo Tonantzin Medina Romo, Manuel Alexis Medina Aviña, José Iván García Ruíz, Ernesto Eduardo Cid Vargas y Angélica María Herrera Sandoval y únicamente para oír y recibir notificaciones a Carlos Alberto Delgado, Jorge Abraham Coello Gerardo, Ma. De Jesús Aviña Aceves, Andrés Solorio Aviña, Jessica Solorio Aviña, Ricardo Issac Montaño Valadez y Alan Enrique Aguilar, los dos primero en mención virtud de que no cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho que los acredite como licenciados en derecho. Luego, toda vez que la promovente señala domicilio para oír y recibir notificaciones y, posteriormente, solicita que las notificaciones que se ordenen en este expediente se les practiquen electrónicamente, previo a acordar lo que en derecho corresponda, requiérase para que, de manera personal, dentro del plazo de tres días hábiles, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, precise a través de qué vía desea que se le practiquen las notificaciones; bajo apercibimiento que, de nohacerlo así, en el plazo que se le concede, se considerará que la forma de hacer las notificaciones es físicamente en el domicilio designado para tal efecto. Por otra parte, dado que de la certificación de cuenta se advierte que de la consulta realizada en el módulo de "autorizados" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se encontró registro de coincidencia del nombre de los usuarios "lic.alexismedina" y "tonantzinmedina" correspondientes a Manuel Alexis Medina Aviña y Tonantzin Medina Romo, como se solicita, se autoriza únicamente el acceso y la consulta del expediente electrónico, por lo que se instruye a la Oficial Judicial "A" asignada al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para que realice las gestiones necesarias para generar el permiso correspondiente. Se tiene a la promovente señalando la cuenta de correo electrónico que proporciona la cual deberá ser tomada en consideración para, en su caso, establecer contacto con la promovente durante la emergencia sanitaria que enfrenta el país y facilitar el proceso de notificación. En otro orden, a fin de evitar dilaciones procesales, se habilitan días y horas inhábiles para que se lleven a cabo las notificaciones inherentes a este juicio de amparo, lo anterior con fundamento en el artículo 21 de la Ley de la materia. Con motivo del esquema de trabajo implementado por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se faculta a los Actuarios de la adscripción para que las notificaciones que se ordenen en este asunto, se practiquen, incluso, aravés de medios tecnológicos; en el entendido de que, en todos los casos, deberán recabar las constancias que permitan verificar plenamente la entrega al destinatario de la comunicación de que se trate. Se EXHORTA a la totalidad de las partes para que, de ser posible y tomando en cuenta las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", a través del uso de la firma electrónica y solicitando la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas. Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 6º, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 3 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal y al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hágase saber a las partes que el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información, así como el derecho que tienen a oponerse a que se hagan públicos sus datos personales; en el entendido de que con independencia de que manifieste o no su oposición a la publicación de sus datos personales, dicha información deberá protegerse, salvo autorización expresa para hacerlos públicos. Finalmente, para configurar el expediente electrónico, procédase a realizar la digitalización de las constancias que integran este juicio de amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa

  4. Principal

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