Irma Estevez Trujillo
Expediente 776/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 776/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 06/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Irma Estevez Trujillo
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, seis de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que el auto de trece de agosto de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda de amparo promovida presuntamente por --------------, quien se ostentó con el carácter de tutora de ----------, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Ahora, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que en el presente juicio de amparo no existe diligencia ni trámite pendiente que realizar, se ordena su archivo definitivo. Lo anterior, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su capítulo segundo, artículo 6, fracción II; y, 21, inciso d, que dicen: "CAPÍTULO SEGUNDO FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURÍA JUDICIAL Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: . II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; ." "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: . d) Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado;." Se estima que este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, pues, se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo. No se omite precisar que el presente asunto, en términos del artículo 15 del acuerdo de mérito, no es considerado asunto de relevancia documental. Notifíquese a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
CITATORIO.. CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 26, FRACCIÓN III, 27, FRACCIÓN I, INCISO B), Y 29, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA QUE FIJA EN LOS ESTRADOS DEL JUZGADO Y POR LISTA EN LA PÁGINA ELECTRÓNICA OFICIAL, A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE 13 DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, QUE REFIERE: Naucalpan de Juárez, Estado de México, trece de agosto de dos mil veintiuno. VISTA la demanda de amparo promovida por Patricia Villegas Marines, quien se ostenta con el carácter de tutora de Cirilo Villegas López, en proceso de designación, contra actos del Primer Tribunal Laboral de la Región de Tlalnepantla, Estado de México; de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 21 a 26 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, vigente a partir del día siguiente de su publicación, se instruye a los secretarios y demás personal de este Juzgado de Distrito para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto, respecto de la demanda de amparo indirecto que quedó registrada con el número 776/2021-I. Anótese su ingreso en el Libro del Juzgado, y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por tanto, dichos servidores públicos en el ámbito de las funciones inherentes a su cargo deben digitalizar las constancias de este juicio que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se presenten de forma electrónica para incorporarlas al expediente impreso. En principio, se precisa que no pasa inadvertido para este juzgador que la promovente no acreditó el carácter con el que se ostenta, es decir, como tutora legitima de Cirilo Villegas López, pues incluso, la misma refiere que se encuentra en proceso de designación; sin embargo, se considera que el particular se ubica dentro de los supuestos que prevé el artículo 8° de la Ley de Amparo, atendiendo a las circunstancias fácticas que se exponen en la demanda de amparo, como lo es el trastorno neurocognitivo mayor, con compromiso en el funcionamiento de circuitos fronto-subcorticales (orbitales y dorso laterales), predominante del hemisferio derecho que refiere padecer el quejoso, y que se acredita indiciariamente con los reportes de evaluación neuropsicológica, emitidos por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Zubirán, así como con las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad expuso la promovente, es decir, debido a que el directo quejoso es una persona mayor de edad, que por su estado de salud se encuentra imposibilitado para promover la demanda de amparo, por sí mismo, y como consecuencia de ello, al estar en proceso la designación de su tutora legal, con motivo del estado de interdicción en el que refiere encontrarse, cualquier persona puede promover la demanda en su nombre. Además, del escrito de demanda se desprende que el señor Cirilo Villegas López estampó su huella digital, misma que se encuentra acompañada de una rúbrica de quien lo hizo a su ruego (Patricia Villegas Marines), por lo que dichos elementos se consideran suficientes para demostrar la manifestación de voluntad del directo quejoso en promover la presente instancia constitucional. Apoya a lo anterior por el criterio que sostiene la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 1/2011 (10a), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro IV, Enero de 2012, Tomo 3, Página 2333, Décima Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. ES INNECESARIO REQUERIR SU RATIFICACIÓN PREVIO A SU ADMISIÓN, POR EL HECHO DE CONTENER LA HUELLA DIGITAL DEL PROMOVENTE Y LA RÚBRICA DE QUIEN FIRMA A SU RUEGO.". No obstante lo anterior, el artículo 113 de la Ley de Amparo, obliga a este juzgador a examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situaciones que en el caso a estudio acontecen. Ahora, de la lectura integra que se realiza a la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional consiste en la omisión del Primer Tribunal Laboral de la Región de Tlalnepantla, Estado de México, en remitir la demanda de amparo directo interpuesta por el directo quejoso, contra la sentencia de fecha nueve de junio de dos mil veintiuno, al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, en Turno. Precisado lo anterior, se estima que en la especie opera la causal de improcedencia prevista en la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo, que se actualiza cuando se reclaman resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas. La hipótesis legal en cita tiene como finalidad proteger la estabilidad o seguridad jurídica, pues de permitir la impugnación de las resoluciones emitidas por Órganos de Control Constitucional, con un nuevo juicio de amparo, originaría una cadena interminable de juicios de amparo en ese supuesto, pues en el caso de los actos reclamados a los Tribunales Colegiados, sus resoluciones no son impugnables. Asimismo, se desprende que el efecto de todas las resoluciones dictadas en un juicio de amparo, es su no impugnabilidad mediante otro diverso juicio de amparo, pues tanto las resoluciones principales o sentencias, como las de trámite, autos, decretos o proveídos dictados en un juicio constitucional, no pueden ser reclamados con otro de la misma naturaleza, pues implicaría juicios de amparo contra actos de otro juicio de amparo, provocando inseguridad jurídica a través de amparos interminables dictados en un juicio constitucional. Es de hacerse notar, que los actos dictados por los Órganos de Control Constitucional, no se encuentran exentos de ser revisados, ya que para tal efecto la ley reglamentaria lo permite, al contemplar diversos medios de impugnación; sin embargo, la decisión de fondo o cualquier otra actuación emitidas dentro de un juicio de amparo, no pueden ser revisados a través de un nuevo juicio constitucional, pues no compete a un Órgano de Control Constitucional analizar los actos de otro órgano de la misma naturaleza, cuando se actúa en ejercicio de esa facultad; considerar lo contrario, es decir, estimar procedente dicho medio de defensa extraordinario en contra de actos, resoluciones u omisiones en otro juicio de amparo, implicaría ejercer la facultad de control constitucional, sobre otro control constitucional. Apoya lo anterior, por identidad de razón, la tesis aislada, 2a. XLIX/2017 (10a.), visible en la página 1391, del Libro 40, Marzo de 2017, Tomo II, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyo rubro y texto dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE AMPARO, QUE PREVÉ LA CAUSAL RELATIVA, NO VIOLA EL DERECHO HUMANO A UN RECURSO EFICAZ.". Así como, la tesis I.4o.A.44 K, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 258 del tomo V, Materia Común del Semanario Judicial de la Federación, septiembre de mil novecientos noventa y dos, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. INTERPRETACION DE LA FRACCION II, DEL ARTÍCULO 73, DE LA LEY DE LA MATERIA.". De tal manera que si la parte quejosa pretende combatir la omisión del Primer Tribunal Laboral de la Región de Tlalnepantla, Estado de México, en remitir la demanda de amparo directo interpuesta contra la sentencia de fecha nueve de junio de dos mil veintiuno, al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, en Turno, este juzgador considera que en el particular se actualiza de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo, al combatirse una omisión de la autoridad responsable dentro del procedimiento de amparo directo. Lo anterior es así, ya que del artículo 170, último párrafo, de la Ley de la Materia se desprende que el rol de la autoridad responsable es el de un auxiliar de la Justicia Federal, en la remisión de la demanda de amparo, el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado y el emplazamiento del o los terceros interesados; de ahí que, si el juicio constitucional inicia con la presentación de la demanda respectiva, ante el órgano jurisdiccional correspondiente, que en caso de amparo directo, es el que tenga carácter de autoridad responsable, si se reclama en amparo indirecto, la omisión de la autoridad responsable de cumplir con su obligación de remitir la demanda de amparo directo presentada por su conducto, tal omisión está relacionada con el trámite del juicio de amparo uni-instancial, respecto del cual, es improcedente el juicio de control constitucional, pues una interpretación teleológica de la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo, permite concluir que, si en dicha fracción, se prevé que el juicio de amparo es improcedente respecto de resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas, por mayoría de razón, debe estimarse que también lo es, respecto de omisiones alegadas dentro de la tramitación del propio juicio. Tiene aplicación a lo anterior, de manera analógica, la tesis aislada III.2o.C.33 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, publicada en noviembre de dos mil ocho, tomo XXVIII, página mil trecientos quince del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "AMPARO BIINSTANCIAL. ES IMPROCEDENTE RESPECTO DE OMISIONES ACAECIDAS DENTRO DE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE CONTROL CONSTITUCIONAL DIRECTO.". Bajo esa óptica, se arriba a la conclusión de que en el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo. Por tal motivo, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Cirilo Villegas López, por conducto de Patricia Villegas Marines. Con independencia de lo anterior, se hace del conocimiento del promovente, que se encuentra a su alcance el recurso de queja en contra de la omisión del Primer Tribunal Laboral de la Región de Tlalnepantla, Estado de México, como lo dispone el precepto 97, fracción II, inciso a) de la Ley de Amparo, que establece que, en amparo directo, procede el recurso de queja, cuando tratándose de la autoridad responsable, omita tramitar la demanda de amparo o lo haga indebidamente. Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el 305, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de las quejosas, el ubicado en la calle Convento San Jerónimo, número 37, colonia Santa Mónica, Municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México. En ese sentido, se faculta al Actuario Judicial adscrito para que de ser necesario, en días y horas inhábiles se lleven a cabo todas las diligencias que deriven del presente juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en el ordinal 21 de la ley de la materia. También, se hace del conocimiento al actuario judicial, que para llevar a cabo las notificaciones que deriven del presente juicio, deberá´ dar cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la salud de quien realice la notificación y de las personas justiciables. En otro contexto, se tienen como autorizados de la parte quejosa a las personas que señala para los efectos que precisa, esto es, únicamente para oír y recibir notificaciones. De la misma forma, en términos del Acuerdo General 21/2020, artículo 22 y cuarto transitorio, se sugiere, que de ser posible transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, en donde podrán acceder al micrositio de "servicios jurisdiccionales" en el siguiente enlace: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales, además, proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se pueda entablar el contacto respectivo en los casos que se estimen necesarios, y así estar en mayor posibilidad de dar la expedites y celeridad para la integración del asunto, como lo prevé el precepto 17 constitucional. Se hace del conocimiento de las partes que en términos de los artículos 1º, 3º, 68, 113, 117, 118 y demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 70 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 47 del Reglamento para la aplicación de la mencionada ley, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, pero las partes, en relación a terceros, podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. Además de que la información que tiene bajo su resguardo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, Tribunales Colegiados y los Órganos Jurisdiccionales, es pública, con las salvedades expresamente establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, quedando regulado el presente asunto por las disposiciones contenidas en la citada ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis; en la inteligencia de que conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normativa ahora existente, en lo conducente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, trece de agosto de dos mil veintiuno. VISTA la demanda de amparo promovida por Patricia Villegas Marines, quien se ostenta con el carácter de tutora de Cirilo Villegas López, en proceso de designación, contra actos del Primer Tribunal Laboral de la Región de Tlalnepantla, Estado de México; de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 21 a 26 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, vigente a partir del día siguiente de su publicación, se instruye a los secretarios y demás personal de este Juzgado de Distrito para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto, respecto de la demanda de amparo indirecto que quedó registrada con el número 776/2021-I. Anótese su ingreso en el Libro del Juzgado, y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por tanto, dichos servidores públicos en el ámbito de las funciones inherentes a su cargo deben digitalizar las constancias de este juicio que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se presenten de forma electrónica para incorporarlas al expediente impreso. En principio, se precisa que no pasa inadvertido para este juzgador que la promovente no acreditó el carácter con el que se ostenta, es decir, como tutora legitima de Cirilo Villegas López, pues incluso, la misma refiere que se encuentra en proceso de designación; sin embargo, se considera que el particular se ubica dentro de los supuestos que prevé el artículo 8° de la Ley de Amparo, atendiendo a las circunstancias fácticas que se exponen en la demanda de amparo, como lo es el trastorno neurocognitivo mayor, con compromiso en el funcionamiento de circuitos fronto-subcorticales (orbitales y dorso laterales), predominante del hemisferio derecho que refiere padecer el quejoso, y que se acredita indiciariamente con los reportes de evaluación neuropsicológica, emitidos por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Zubirán, así como con las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad expuso la promovente, es decir, debido a que el directo quejoso es una persona mayor de edad, que por su estado de salud se encuentra imposibilitado para promover la demanda de amparo, por sí mismo, y como consecuencia de ello, al estar en proceso la designación de su tutora legal, con motivo del estado de interdicción en el que refiere encontrarse, cualquier persona puede promover la demanda en su nombre. Además, del escrito de demanda se desprende que el señor Cirilo Villegas López estampó su huella digital, misma que se encuentra acompañada de una rúbrica de quien lo hizo a su ruego (Patricia Villegas Marines), por lo que dichos elementos se consideran suficientes para demostrar la manifestación de voluntad del directo quejoso en promover la presente instancia constitucional. Apoya a lo anterior por el criterio que sostiene la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 1/2011 (10a), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro IV, Enero de 2012, Tomo 3, Página 2333, Décima Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. ES INNECESARIO REQUERIR SU RATIFICACIÓN PREVIO A SU ADMISIÓN, POR EL HECHO DE CONTENER LA HUELLA DIGITAL DEL PROMOVENTE Y LA RÚBRICA DE QUIEN FIRMA A SU RUEGO.". No obstante lo anterior, el artículo 113 de la Ley de Amparo, obliga a este juzgador a examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situaciones que en el caso a estudio acontecen. Ahora, de la lectura integra que se realiza a la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional consiste en la omisión del Primer Tribunal Laboral de la Región de Tlalnepantla, Estado de México, en remitir la demanda de amparo directo interpuesta por el directo quejoso, contra la sentencia de fecha nueve de junio de dos mil veintiuno, al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, en Turno. Precisado lo anterior, se estima que en la especie opera la causal de improcedencia prevista en la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo, que se actualiza cuando se reclaman resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas. La hipótesis legal en cita tiene como finalidad proteger la estabilidad o seguridad jurídica, pues de permitir la impugnación de las resoluciones emitidas por Órganos de Control Constitucional, con un nuevo juicio de amparo, originaría una cadena interminable de juicios de amparo en ese supuesto, pues en el caso de los actos reclamados a los Tribunales Colegiados, sus resoluciones no son impugnables. Asimismo, se desprende que el efecto de todas las resoluciones dictadas en un juicio de amparo, es su no impugnabilidad mediante otro diverso juicio de amparo, pues tanto las resoluciones principales o sentencias, como las de trámite, autos, decretos o proveídos dictados en un juicio constitucional, no pueden ser reclamados con otro de la misma naturaleza, pues implicaría juicios de amparo contra actos de otro juicio de amparo, provocando inseguridad jurídica a través de amparos interminables dictados en un juicio constitucional. Es de hacerse notar, que los actos dictados por los Órganos de Control Constitucional, no se encuentran exentos de ser revisados, ya que para tal efecto la ley reglamentaria lo permite, al contemplar diversos medios de impugnación; sin embargo, la decisión de fondo o cualquier otra actuación emitidas dentro de un juicio de amparo, no pueden ser revisados a través de un nuevo juicio constitucional, pues no compete a un Órgano de Control Constitucional analizar los actos de otro órgano de la misma naturaleza, cuando se actúa en ejercicio de esa facultad; considerar lo contrario, es decir, estimar procedente dicho medio de defensa extraordinario en contra de actos, resoluciones u omisiones en otro juicio de amparo, implicaría ejercer la facultad de control constitucional, sobre otro control constitucional. Apoya lo anterior, por identidad de razón, la tesis aislada, 2a. XLIX/2017 (10a.), visible en la página 1391, del Libro 40, Marzo de 2017, Tomo II, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyo rubro y texto dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE AMPARO, QUE PREVÉ LA CAUSAL RELATIVA, NO VIOLA EL DERECHO HUMANO A UN RECURSO EFICAZ.". Así como, la tesis I.4o.A.44 K, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 258 del tomo V, Materia Común del Semanario Judicial de la Federación, septiembre de mil novecientos noventa y dos, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. INTERPRETACION DE LA FRACCION II, DEL ARTÍCULO 73, DE LA LEY DE LA MATERIA.". De tal manera que si la parte quejosa pretende combatir la omisión del Primer Tribunal Laboral de la Región de Tlalnepantla, Estado de México, en remitir la demanda de amparo directo interpuesta contra la sentencia de fecha nueve de junio de dos mil veintiuno, al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, en Turno, este juzgador considera que en el particular se actualiza de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo, al combatirse una omisión de la autoridad responsable dentro del procedimiento de amparo directo. Lo anterior es así, ya que del artículo 170, último párrafo, de la Ley de la Materia se desprende que el rol de la autoridad responsable es el de un auxiliar de la Justicia Federal, en la remisión de la demanda de amparo, el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado y el emplazamiento del o los terceros interesados; de ahí que, si el juicio constitucional inicia con la presentación de la demanda respectiva, ante el órgano jurisdiccional correspondiente, que en caso de amparo directo, es el que tenga carácter de autoridad responsable, si se reclama en amparo indirecto, la omisión de la autoridad responsable de cumplir con su obligación de remitir la demanda de amparo directo presentada por su conducto, tal omisión está relacionada con el trámite del juicio de amparo uni-instancial, respecto del cual, es improcedente el juicio de control constitucional, pues una interpretación teleológica de la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo, permite concluir que, si en dicha fracción, se prevé que el juicio de amparo es improcedente respecto de resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas, por mayoría de razón, debe estimarse que también lo es, respecto de omisiones alegadas dentro de la tramitación del propio juicio. Tiene aplicación a lo anterior, de manera analógica, la tesis aislada III.2o.C.33 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, publicada en noviembre de dos mil ocho, tomo XXVIII, página mil trecientos quince del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "AMPARO BIINSTANCIAL. ES IMPROCEDENTE RESPECTO DE OMISIONES ACAECIDAS DENTRO DE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE CONTROL CONSTITUCIONAL DIRECTO.". Bajo esa óptica, se arriba a la conclusión de que en el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo. Por tal motivo, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Cirilo Villegas López, por conducto de Patricia Villegas Marines. Con independencia de lo anterior, se hace del conocimiento del promovente, que se encuentra a su alcance el recurso de queja en contra de la omisión del Primer Tribunal Laboral de la Región de Tlalnepantla, Estado de México, como lo dispone el precepto 97, fracción II, inciso a) de la Ley de Amparo, que establece que, en amparo directo, procede el recurso de queja, cuando tratándose de la autoridad responsable, omita tramitar la demanda de amparo o lo haga indebidamente. Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el 305, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de las quejosas, el ubicado en la calle Convento San Jerónimo, número 37, colonia Santa Mónica, Municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México. En ese sentido, se faculta al Actuario Judicial adscrito para que de ser necesario, en días y horas inhábiles se lleven a cabo todas las diligencias que deriven del presente juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en el ordinal 21 de la ley de la materia. También, se hace del conocimiento al actuario judicial, que para llevar a cabo las notificaciones que deriven del presente juicio, deberá´ dar cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la salud de quien realice la notificación y de las personas justiciables. En otro contexto, se tienen como autorizados de la parte quejosa a las personas que señala para los efectos que precisa, esto es, únicamente para oír y recibir notificaciones. De la misma forma, en términos del Acuerdo General 21/2020, artículo 22 y cuarto transitorio, se sugiere, que de ser posible transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, en donde podrán acceder al micrositio de "servicios jurisdiccionales" en el siguiente enlace: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales, además, proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se pueda entablar el contacto respectivo en los casos que se estimen necesarios, y así estar en mayor posibilidad de dar la expedites y celeridad para la integración del asunto, como lo prevé el precepto 17 constitucional. Se hace del conocimiento de las partes que en términos de los artículos 1º, 3º, 68, 113, 117, 118 y demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 70 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 47 del Reglamento para la aplicación de la mencionada ley, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, pero las partes, en relación a terceros, podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. Además de que la información que tiene bajo su resguardo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, Tribunales Colegiados y los Órganos Jurisdiccionales, es pública, con las salvedades expresamente establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, quedando regulado el presente asunto por las disposiciones contenidas en la citada ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis; en la inteligencia de que conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normativa ahora existente, en lo conducente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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