Irma Elizabeth Cruz Castellanos
Expediente 993/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 12 actuaciones registradas, la última del 5 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 993/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 05/07/2022
Partes del expediente
- Legislatura del Estado de México
- Irma Elizabeth Cruz Castellanos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Toluca, Estado de México, cinco de julio de dos mil veintidós. Visto el estado de autos del presente juicio, así como la certificación de cuenta, se aprecia que la parte quejosa no hizo valer el recurso que contempla el artículo 202 de la Ley de Amparo, en contra del proveído de treinta y uno de mayo de este año, en esas condiciones, se decreta que ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En ese contexto, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el artículo 8, fracción I, del citado Acuerdo, corresponde a la clasificación de expedientes de trámite. b) En términos del artículo 18 del referido acuerdo el cuaderno principal es depurable, toda vez que encuadra en la hipótesis del inciso b), de dicho numeral, al ser un juicio de amparo en el que se concedió el amparo de la justicia federal. c) A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Ahora bien, dado que en el presente asunto obran documentos originales y un disco en formato DVD, exhibidos por la parte quejosa, con fundamento en el artículo 21 del citado Acuerdo General, requiérasele para que dentro del término de noventa días comparezca para recoger los mismos; apercibida que de no hacerlo así se procederá a su destrucción; en la inteligencia que, a fin de garantizar las medidas de sanidad necesarias y tomar las providencias atinentes para tal efecto, deberán realizar el trámite previsto en el Acuerdo General 21/2020, a fin de generar la cita correspondiente. Se comunica a las partes que de conformidad con el artículo 18 del Acuerdo en comento, el presente cuaderno permanecerá en el archivo de este órgano de control constitucional durante el lapso de tres años y, dentro de los noventa días siguientes se depurará y terminado dicho proceso se solicitará su transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Además, de conformidad, con el artículo 35 del citado Acuerdo General se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes. Finalmente, devuélvanse a las autoridades responsables, las constancias que remitieron con sus informes justificados, solicitando atentamente, acusen recibo correspondiente. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Juan Miguel Ortiz Marmolejo, Juez Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, asistido de María Guadalupe Rivero Trujillo, Secretario con quien actúa. Doy fe.
- Principal
Mesa lV. Toluca, Estado de México, treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado de autos y la certificación que antecede, de lo que se aprecia que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en proveído de catorce de marzo del año en curso, para que manifestara lo que a su derecho conviniera con la forma en que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran este juicio para verificar el cumplimiento del fallo protector. Es aplicable, por analogía, la Jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito publicada con el número 247, en las páginas 203 y 204, de la actualización 2002, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, que establece: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." En principio, es de puntualizarse que el acto reclamado se hizo consistir en: "a) De la Legislatura del Estado de México, la discusión, aprobación, expedición, y del Gobernador Constitucional del Estado de México, la aprobación, expedición, promulgación y orden de publicación, ambos del decreto por el cual se creó el artículo 95 fracción I, inciso C, rango 6 de la Tarifa del Código Financiero del Estado de México y Municipios; así como la fracción II, Rango 6 de la tarifa del mismo artículo 95 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, vigente para el año dos mil veintiuno (por lo que hace al pago de los derechos de servicios prestados por el Instituto de la Función Registral del Estado de México, derivado de la inscripción de la compraventa que realizó); así como los artículos 113 al 117 del Código Financiero del Estado de México, relativa al Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles sobre los Decretos Número 118 y 235, publicados los días veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve y veintiséis de enero de dos mil veintiuno, respectivamente. b) Del Director del Instituto de la Función Registral del Estado de México, del Secretario del Gobierno del Estado de México y del Director de Legislación y del Periódico oficial "Gaceta del Gobierno del Estado de México", el primer acto de aplicación de los preceptos antes señalados, consistente en la recepción del pago de derechos por concepto de compra venta adquisición o transmisión de propiedad o posesión de más de *** y la inscripción o anotación de actos o mandatos judiciales o administrativos que limiten, graven el derecho de propiedad o posesión, cuando el valor de los actos a inscribir sea de más de *** efectuado el uno de octubre de esta anualidad (por lo que hace a la recepción de los montos correspondientes por los servicios prestados por el Instituto de la Función Registral del Estado de México, derivado de la compraventa que realizó); así como los artículos 113 al 117 del Código Financiero del Estado de México, relativa al Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles sobre los Decretos Número 118 y 235, publicados los días veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve y veintiséis de enero de dos mil veintiuno, respectivamente. c) Del Notario Público noventa y cuatro del Estado de México, con sede en Toluca, la recepción y retención de los impuestos que tilda de inconstitucionales, pues a él le entregó el numerario (dinero) correspondiente, para que a nombre de la quejosa se hiciera la inscripción." Previa substanciación del juicio de amparo, el treinta de diciembre de dos mil veintiuno, se emitió la sentencia correspondiente, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la quejosa para los siguientes efectos: "a) En lo sucesivo, no se aplique a la promovente de amparo, la tarifa contenida en el artículo 95, fracción I, inciso c), rango 6, del Código Financiero del Estado de México y Municipios vigente, que aquí se reclamó, en tanto no sean derogados o modificados. b) Dicha protección constitucional, se hace extensiva al cobro y liquidación del derecho combativo que le fue efectuado a la ahora quejosa; y por ende, se deberá devolver, actualizada la diferencia entre la cantidad que pagó la solicitante de amparo, por el pago de derechos con motivo de la inscripción de la compraventa contenida en la escritura pública treinta y seis mil seiscientos noventa y ocho. c) En la inteligencia que el efecto del amparo no tiene el alcance de liberar totalmente al gobernado del pago de la contribución y obligar al Estado a prestar el servicio registral de forma gratuita, pues, ello implicaría un despropósito; sino que el espectro protector del amparo tiende a desincorporar de la esfera del ahora quejoso la porción normativa estimada inconstitucional; sin que ello implique que no deba pagar por la inscripción de cada acto, lo que, en todo caso, deberá hacer con base en la menor de las tarifas que establece la ley, por ser ese el parámetro mínimo que representa para el Estado el costo del servicio de que se trata." El veintiséis de enero del año en curso, causó ejecutoria el referido fallo protector y se requirió a la autoridad responsable su cumplimiento; asimismo, mediante proveído de cuatro de marzo del año en curso, se remitieron los oficios respectivos. Posteriormente, el catorce de marzo del año en curso, se tuvo por recibido el oficio***, remitido por la Directora Técnico-Jurídica y de Igualdad de Género, así como representante Legal del Director General del Instituto de la Función Registral del Estado de México, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informó que en diez de marzo del año en curso, se emitió el cheque ***, válido por la cantidad de *** (veinte mil doscientos noventa y ocho pesos 72/100 M.N.) debidamente actualizada, de la institución bancaria denominada "Citibanamex", a favor de ****, precisando que dicho monto era el total de restituir a la parte quejosa, aplicando la tarifa mínima en estricto cumplimiento a la ejecutoria de amparo, y para acreditarlo remitió la constancia respectiva; asimismo, solicitó se informara a la quejosa que el referido título de crédito, se encontraba disponible para su entrega y recepción en el Departamento de Tesorería de ese Instituto, en un horario de atención al público de 09:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes, con domicilio en calle Doctor Nicolás San Juan, sin número, Colonia la Magdalena, en Toluca, Estado de México. De igual forma, refirió que desincorporó y por ello no se aplicará en el presente ni en el futuro a la quejosa Irma Elizabeth Cruz Castellanos, el artículo 95, fracción I, inciso c), rango 6, del Código Financiero del Estado de México y Municipios vigente en el año dos mil veintiuno. Constancias que por ser documentos públicos tiene valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. Asimismo, cabe precisar que en el referido proveído de catorce de marzo pasado, se determinó lo ahí acordado dado que se sobreseyó por lo que hace al Secretario General de Gobierno del Estado de México, la Dirección General de Legalización y del Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" del Estado de México y Notario Público Noventa y Cuatro del Estado de México, por los motivos ahí expuestos; y por lo que hace a las diversas autoridades Legislatura y el Gobernador Constitucional, ambas del Estado de México, se refirió que la concesión de amparo no tiene ningún efecto para éstas. De lo anterior, se advierte que la autoridad responsable cumplió con la directriz de la concesión del amparo, es decir, ordenó que en lo sucesivo, no se aplique a la promovente de amparo, la tarifa contenida en el artículo 95, fracción I, inciso c), rango 6, del Código Financiero del Estado de México y Municipios vigente, que aquí se reclamó, en tanto no sean derogados o modificados; asimismo, informó que la quejosa podía acudir por el titulo de crédito que avalaba la cantidad actualizada que se le había cobrado a la quejosa por el pago de derechos con motivo de la inscripción de la compraventa contenida en la escritura pública treinta y seis mil seiscientos noventa y ocho. Así pues, del análisis comparativo entre lo resuelto en la ejecutoria de amparo y la conducta desplegada por la responsable respecto de aquélla, se concluye que en el caso particular se ha dado cumplimiento al fallo protector, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, y consecuentemente, se colige que se ha restituido a la quejosa en el goce de sus derechos humanos transgredidos, lo que constituye el fin último de la ejecutoria de amparo; por lo tanto, toda vez que la autoridad responsable no incurrió en defecto, al acatar cabalmente los efectos de la sentencia amparadora; así como tampoco incurrió en exceso, ya que no se extralimitó de lo expresamente solicitado; se declara cumplida la sentencia. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301 del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2009, Novena Época, materia común, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Previas anotaciones en el libro de gobierno, hágase del conocimiento del quejoso la presente determinación, para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo, quedando a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y forma que considere convenientes. Finalmente, no pasa desapercibido que la presente declaratoria de cumplimiento a la sentencia dictada en el presente asunto, sea emitida por el suscrito Secretario Encargado del Despacho; no obstante, este se encuentra debidamente facultado al considerarse la misma como un auto de trámite o una resolución de carácter urgente, pues de los artículos 192, 193 y 196 de la Ley de Amparo, se desprende que el juzgador debe dictar las medidas necesarias para que tales ejecutorias se cumplimenten a la brevedad para resarcir el quebranto al orden público derivado de los actos declarados inconstitucionales, a fin de evitar que el retraso en la ejecución de la decisión torne nugatoria la protección de la Justicia Federal. Robustece lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 22/2021 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1891 del Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Mayo de 2021, Undécima Época, con número de registro 2023104, que establece: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. EL SECRETARIO ENCARGADO DEL DESPACHO DEL JUZGADO DE DISTRITO POR VACACIONES DEL TITULAR, ESTÁ FACULTADO PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL ACATAMIENTO DE LA EJECUTORIA PROTECTORA, POR SU CARÁCTER URGENTE. Hechos: Uno de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al analizar si el pronunciamiento sobre el cumplimiento de una sentencia de amparo puede estimarse como un auto de trámite o una resolución de carácter urgente y, en consecuencia, si el secretario encargado del despacho del Juzgado de Distrito por vacaciones de su titular está facultado para decidir sobre el particular, sostuvo que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43 y 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dicho secretario está facultado para pronunciarse sobre el cumplimiento de las sentencias que conceden la protección de la Justicia Federal, habida cuenta que de los artículos 192, 193 y 196 de la Ley de Amparo se desprende que el juzgador debe dictar las medidas necesarias para que tales ejecutorias se cumplimenten a la brevedad para resarcir el quebranto al orden público derivado de los actos declarados inconstitucionales, de lo que se sigue que el pronunciamiento sobre su debido acatamiento constituye una resolución de carácter urgente; en cambio, el otro tribunal contendiente determinó que atendiendo a lo previsto en los preceptos legales en cita, la declaratoria de cumplimiento o incumplimiento de una ejecutoria de amparo no puede estimarse como un acuerdo de trámite, dado que puede derivar en la imposición de una multa a las autoridades responsables e incluso en su destitución y consignación, ni tampoco como una resolución urgente, tan es así que es legalmente factible ampliar el plazo concedido inicialmente a las responsables para acreditar su acatamiento, de lo que se sigue que el secretario encargado del juzgado por vacaciones del titular carece de atribuciones para resolver al respecto. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el secretario encargado del despacho del Juzgado de Distrito por vacaciones del titular está facultado para pronunciarse sobre el cumplimiento de las sentencias de amparo, en tanto es menester que al concluir el plazo concedido a las autoridades responsables para demostrar su acatamiento o al fenecer el plazo de la vista otorgada a la parte quejosa y a la parte tercero interesada con las constancias relativas, se determine si los deberes impuestos en el fallo protector se encuentran satisfechos para, en su caso, dictar las medidas necesarias para conseguirlo, máxime que la urgencia de la decisión no radica exclusivamente en los posibles daños que se podrían ocasionar al agraviado en caso de que la sentencia no se ejecute de inmediato, sino también en lograr el objetivo del juicio de amparo, el cual estriba en restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental violado a la brevedad posible, a fin de evitar que el retraso en la ejecución de la decisión torne nugatoria la protección de la Justicia Federal. Justificación: En el dictamen a la iniciativa de la Ley de Amparo en vigor, se precisó que la ejecución de las sentencias que conceden la protección de la Justicia Federal constituye una parte toral del juicio de amparo, en tanto que su objetivo es restituir al quejoso en el pleno goce del derecho vulnerado con el acto declarado inconstitucional; por tal razón se estimó necesario implementar medidas que permitan lograr su eficaz y oportuno cumplimiento, habida cuenta que las dilaciones o fallas en su ejecución podrían anular sus efectos restitutorios. Lo que se corrobora al tener en cuenta que el derecho de acceso a la justicia que se tutela en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conlleva para los órganos jurisdiccionales el deber de garantizar la efectividad de los recursos y los medios de defensa, lo que de suyo implica asegurar la debida ejecución de sus decisiones sin dilaciones indebidas o innecesarias. En efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene que de acuerdo con el principio de efectividad de los recursos o medios de defensa previsto en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios, lo que puede ocurrir, por ejemplo, al verificarse cualquier situación que configure un cuadro de denegación de justicia, como sucede cuando se incurre en retardo injustificado en la decisión, o en la ejecución de la misma. Incluso, el artículo 25, numeral 2, inciso c), de la Convención establece la obligación del Estado de garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso, lo que significa que la responsabilidad estatal no termina cuando las autoridades competentes emiten la decisión o sentencia porque se requiere, además, que el Estado garantice los medios para ejecutar dichas decisiones definitivas. Luego, es claro que en tratándose del juicio de amparo, es indispensable que la ejecución de la reparación al derecho violado, esto es, el cumplimiento del fallo protector, se realice sin dilaciones indebidas o injustificadas, pues de lo contrario se tornaría ilusorio y lo dotaría de ineficacia, en detrimento del acceso a la tutela jurisdiccional efectiva". Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Toluca, Estado de México, catorce de marzo de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta (con anexos), a través del cual la Directora Técnico-Jurídica y de Igualdad de Género, así como representante Legal del Director General del Instituto de la Función Registral del Estado de México, con residencia en esta ciudad, en atención al diverso 5905/2022 de este incide, informa que en diez de marzo del año en curso, se emitió el cheque 0004712, valido por la cantidad de $20,298.72 (veinte mil doscientos noventa y ocho pesos 72/100 M.N.) debidamente actualizada, de la institución bancaria denominada "Citibanamex", a favor de Irma Elizabeth Cruz Castellanos, precisando que dicho monto es el total de restituir a la parte quejosa, aplicando la tarifa mínima en estricto cumplimiento a la ejecutoria de amparo, y para acreditarlo remite la constancia respectiva; asimismo, solicita se informe a la quejosa que el referido título de crédito, se encuentra disponible para su entrega y recepción en el Departamento de Tesorería de ese Instituto, en un horario de atención al público de 09:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes, con domicilio en calle Doctor Nicolás San Juan, sin número, Colonia la Magdalena, en Toluca, Estado de México. De igual forma, refiere que desincorpora y por ello no se aplicará en el presente ni en el futuro a la quejosa Irma Elizabeth Cruz Castellanos, el artículo 95, fracción I, inciso c), rango 6, del Código Financiero del Estado de México y Municipios vigente en el año dos mil veintiuno. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio y anexos de cuenta, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días contado a partir de la legal notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, en relación con la forma en que la responsable da cumplimiento al fallo protector; apercibida que en caso de ser omisa, se resolverá sobre el particular, con base en las constancias que obran en el sumario constitucional. Encuentra sustento lo anterior, en lo conducente, en la Jurisprudencia 247, de La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Novena Época, a página 203, cuyo contenido es del tenor siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Por otro lado, visto el estado que guardan los presentes autos, se aprecia que mediante auto de diez de marzo del año en curso, se reservó acordar lo propio hasta en tanto todas las autoridades dieran cumplimiento a la ejecutoria de amparo; sin embargo, se acuerda en los términos precisados en los párrafos precedentes, toda vez que en la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, se sobreseyó por lo que hace al Secretario General de Gobierno del Estado de México, la Dirección General de Legalización y del Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" del Estado de México y Notario Público Noventa y Cuatro del Estado de México, por los motivos ahí expuestos; y por lo que hace a las diversas autoridades Legislatura y el Gobernador Constitucional, ambas del Estado de México, se refirió que la concesión de amparo no tiene ningún efecto para éstas.
- Principal
Toluca, Estado de México, diez de marzo de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibidos los oficios de cuenta, a través de los cuales el Delegado autorizado de la Dirección General de Legalización y del Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" del Estado de México, así como el representante legal del Gobernador Constitucional y Secretario General de Gobierno, ambos del Estado de México, en cumplimiento al requerimiento que les fue formulado por este Juzgado Federal, comunican lo referente al cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en este juicio de amparo, por tanto, téngaseles por desahogado en tiempo y forma dicho requerimiento. Consecuentemente, se deja sin efectos el apercibimiento decretado en autos. Finalmente, una vez que las restantes autoridades den cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se acordará lo conducente.
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