Irma Elia Alfaro Díaz

Expediente 134/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 9 actuaciones registradas, la última del 10 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
134/2019
Año
2019
Actuaciones
9
Última actuación
10/09/2019

Partes del expediente

  • Irma Elia Alfaro Díaz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, diez de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta se advierte que las partes no se inconformaron en contra del proveído de nueve de agosto de dos mil diecinueve, mediante el cual este Juzgado declaró cumplida la sentencia de amparo pronunciada en el presente asunto; en consecuencia, en términos de los artículos 201 y 202, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se tiene por conforme la determinación aludida. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS A LA PARTE QUEJOSA Por otra parte, requiérase a la parte quejosa, para que en un plazo no mayor a noventa días, computado legalmente comparezca a solicitar la devolución de las documentales que exhibió anexas a su escrito de demanda; previa copia certificada que a su costa se deje en autos para constancia; con el apercibimiento que de no hacerlo en el citado plazo, en su oportunidad será destruida la documental de mérito, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiséis de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. CALIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE JUDICIAL En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y los lineamientos del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se hace la indicación que el presente cuaderno es susceptible de depuración, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción IV, último párrafo del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo. Atento a lo previsto por el punto décimo cuarto del Acuerdo General de trato, en concordancia con la observación contenida en la página 51 de su Manual, deberá transferirse el presente expediente, al Centro de Documentación y Análisis. Además, carece de relevancia documental en términos del último párrafo del citado punto, en atención a que en la litis constitucional no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; no se analizaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni relativos al patrimonio histórico, arqueológico o artístico; aunado a que el sentido del fallo no tuvo especial trascendencia jurídica, política, social o económica en la vida del país; ni al prudente arbitrio de este juzgador lo amerita [por causa del personaje involucrado]. ARCHIVO DEFINITIVO Y CAPTURA EN LIBROS DE GOBIERNO Y SISE Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno de este Juzgado, notifíquese a las partes en el juicio, y archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido. Asimismo, en cumplimiento al Manual señalado anótese en el mencionado libro de gobierno, esta fecha en que se ordena el archivo; de igual manera, una vez que se realice la depuración o destrucción ordenada, anótese la fecha en que se practique la diligencia, ya sea que la realice este órgano jurisdiccional, o la fecha que informe al respecto el Centro de Documentación y Análisis, relativo al destino final del presente expediente. Hágase la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias.

  2. Principal

    MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A VEINTICUATRO DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Agréguese a los autos, el oficio de cuenta signado por el delegado autorizado de las autoridades responsables del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, mediante el cual realiza diversas manifestaciones en relación a la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto. En atención a su contenido, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se le concede por única ocasión una prórroga de tres días hábiles contado a partir del veintiséis de julio del año en curso, a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio; con el apercibimiento que de no hacerlo en el término concedido, se hará acreedora a una multa de cien veces del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización equivalente a $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100, moneda nacional), de conformidad con el numeral 258 de la Ley de la Materia, además, se procederá en términos de los artículos 192, 193 y 197 del precepto legal en comento, en el entendido, que el apercibimiento decretado en el presente proveído, es independiente para cada una las autoridades que representa.

  3. Principal

    MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A VEINTITRÉS DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Agréguese a los autos, el oficio de cuenta signado por el Subdirector General de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa los actos tendientes para dar cumplimiento a la sentencia de amparo, dictada en el presente asunto; en consecuencia, téngase a la citada autoridad en vías de cumplimiento al fallo protector.

  4. Principal

    MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A DIECIOCHO DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Agréguese a los autos, el escrito de cuenta signado por la delegada de las autoridades del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, mediante el cual realiza diversas manifestaciones en relaciona al requerimiento formulado por este órgano jurisdiccional, en proveído de once de julio del año en curso, solicitando además una prórroga a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente sumario constitucional. Atento a lo solicitado, dígase a la autoridad oficiante que no ha lugar acordar de conformidad su petición respecto al plazo solicitado, pues aunque se justifica dicha solicitud, lo cierto es que de no cumplir en el plazo que se llegara establecer se tendrían que hacer efectivos y sin demora los medios de apremio que establece el artículo 192 de la Ley de Amparo, es decir, se tendría que hacer efectivo la cantidad monetaria y remitir los autos al Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en esta ciudad, para los efectos del párrafo segundo del citado numeral, pudiendo culminar con su separación y consignación a la autoridad competente. Ahora bien, tomando en consideración las manifestaciones de la autoridad informante y toda vez que el cumplimiento de las sentencias de amparo es exigible a toda autoridad que tenga conocimiento de ellas, que por razón de sus funciones deba intervenir en su ejecución, tal y como se ha determinado en la Jurisprudencia doscientos treinta y seis, que aparece publicada en la Compilación de mil novecientos noventa y cinco, tomo VI, página ciento cincuenta y nueve, cuyo rubro dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. A ELLA ESTÁN OBLIGADAS TODAS LAS AUTORIDADES, AUN CUANDO NO HAYAN INTERVENIDO EN EL AMPARO", se vincula al cumplimiento del fallo protector al Subdirector General de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad. En consecuencia, requiérase al Subdirector General de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, para que en el plazo de tres días contado a partir de que surta efectos su notificación del presente proveído, de cumplimiento a lo solicitado por la Encargada del Despacho de la Coordinación de Asesoría y Servicios Legales del citado Instituto, mediante el oficio CASL/2650/2019 de doce de julio del año en curso, en el entendido que deberá remitir copia certificada de tal circunstancia. De igual forma, requiérase a las autoridades responsables Junta Directiva y Director de Pensiones y Jubilaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, para que en el plazo de tres días contado a partir de que la autoridad vinculada atienda lo solicitado, den cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto, en el entendido que deberán remitir copia certificada de tal circunstancia. Apercibidas todas las autoridades que de no dar cumplimiento a lo anterior, se harán acreedoras a una multa de cien veces del valor diario de la unidad de medida y actualización equivalente a $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100, moneda nacional), de conformidad con el numeral 258 de la Ley de Amparo. En el entendido de que las autoridades en cita, deberán informar los actos tendientes a dar cumplimiento a lo solicitado, o bien, informar el impedimento legal que tengan para ello dentro del plazo señalado, a efecto de estar en posibilidad de realizar las gestiones pertinentes. Finalmente, sin que sea el caso vincular a las restantes autoridades que refiere la autoridad oficiante, en virtud que no se desprende de autos que haya gestionado los trámites respectivos ante dichas patronales.

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