Irma Dominga Hoil Baas

Expediente 355/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
355/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
11/04/2019

Partes del expediente

  • Irma Dominga Hoil Baas

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, once de abril de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, agréguese a los mismos para los efectos legales correspondientes, el oficio número 1943 de la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, por medio del cual transcribe el contenido del acuerdo de nueve de abril pasado, dictado en autos del amparo directo ** de su índice, del cual se advierte que la superioridad aceptó la competencia declinada por este Juzgado Federal y desechó de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por **. Por otro lado, en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente cuaderno de antecedentes, es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis a que se refiere la fracción l del punto Vigésimo Primero del Acuerdo antes citado, al ser un expediente auxiliar, y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto, lo que podrá realizarse, una vez transcurridos los seis meses a que se refiere el primer párrafo del punto Vigésimo citado. En tal virtud, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, y no existiendo razón alguna para que continúe en la Secretaría de este juzgado el presente cuaderno de antecedentes, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Finalmente, no es el caso acordar respecto del contenido del escrito de la **, registrado con el número de promoción 4862 (foja 20); lo anterior, tomando en consideración lo acordado en el cuerpo del presente proveído. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veinticinco de marzo de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, agréguese a los mismos para los efectos legales correspondientes, el oficio número 1535, signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito en el Estado de Yucatán, por medio del cual acusa recibo del diverso oficio 7914/2019-V-A, con el que se comunicó el contenido del proveído de diecinueve de marzo de dos mil diecinueve. Oficio del cual se advierte que dicha superioridad requirió al Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, turno vespertino, para dentro del término de tres días computados legalmente, remita los autos que integran el juicio de sucesiones unidas de intestados 643/2018; lo anterior, para que estuviese en condiciones de determinar de manera indudable, si ese órgano jurisdiccional es legalmente competente o no para conocer de la demanda de amparo promovida por ** y otras personas. Por otra parte, agréguese a estos autos el escrito de la promovente **, por medio del cual adjunta una prueba documental que exhibe en alcance a su escrito de demanda; por tanto, resérvese proveer lo que en derecho corresponda respecto del escrito de mérito y el archivo de este cuaderno de antecedentes, hasta en tanto el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito en el Estado de Yucatán, informe a este Juzgado Federal, si aceptó o no la competencia que se declinó a su favor por proveído de diecinueve de marzo pasado. Notifíquese y regístrese.

  3. Principal

    SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA POR MEDIO DE LISTA D EOCNOFMRIDFAD CON LOS ARITUCLOS 27 Y 29 D ELA LEYD E AMPARO Mérida, Yucatán, diecinueve de marzo de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por Irma Dominga Hoil Baas, María del Socorro Hoil Baas, Valentina Arabella Hoil Baas, José Antonio Hoil Baas y Juana del Rosario Hoil Baas, en contra del acto que reclaman del Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, turno vespertino, con sede en esta ciudad, que hacen consistir en: La resolución de veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, que declaró concluido el juicio de sucesión unidas de intestados 643/2018 por falta de interés y el archivo del expediente como totalmente terminado. Fórmese el expediente y regístrese en el Libro de Gobierno bajo el número 355/2019-V-A, que es el que le corresponde. Ahora bien, el análisis de la demanda de mérito permite al suscrito Juzgador estimar que este órgano de control constitucional carece de competencia legal para conocer de la misma. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34, 47 y 170, de la Ley de Amparo, y 37, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se estima, salvo determinación distinta de la superioridad, que este juzgado de distrito carece de competencia legal para conocer de la presente demanda de amparo, por los siguientes razonamientos. El artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, establece en lo conducente, que el juicio de amparo en la vía directa procede contra resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo. Asimismo, dicho numeral es claro en establecer que se entenderá por resolución que ponga fin al juicio, la que sin decidirlo en lo principal lo de por concluido. El numeral 34, primer párrafo, de la ley de la materia, establece que los tribunales colegiados de circuito son los competentes para conocer del juicio de amparo directo. En el caso, de la lectura integral de la demanda de amparo, se desprende que el acto reclamado que nos ocupa consiste en la resolución de veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, que declaró concluido el juicio de sucesión unidas de intestados 643/2018 por falta de interés, por lo que ordenó el archivo del expediente como totalmente terminado; de manera que, tomando en cuenta que se trata de una resolución que puso fin al juicio, la competencia para conocer respecto del preindicado acto reclamado se surte en favor del Tribunal Colegiado de este Circuito, residente en esta ciudad. Al respecto, por las razones que contiene, se invoca la Tesis jurisprudencial de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dispones: "CADUCIDAD EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. ES IMPROCEDENTE EL RECURSO DE REVOCACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 1334 DEL CÓDIGO DE COMERCIO CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA QUE LA DECRETA EN LOS CASOS EN QUE, POR RAZÓN DE LA CUANTÍA, NO PROCEDE EL DE APELACIÓN. En relación con la caducidad de la primera instancia en el juicio mercantil, esta Primera Sala fijó, como regla general, en la jurisprudencia 1a./J. 96/2011 (9a.), que la resolución que la decreta constituye un auto definitivo y no una sentencia definitiva en su connotación material, para establecer que procede el recurso de revocación en su contra cuando por razón de la cuantía no procede el de apelación. Sin embargo, al existir una connotación formal del término "sentencia definitiva" que deriva de reconocer que existen resoluciones que, sin decidir el fondo del juicio en lo principal, o sea, sin ocuparse de establecer el derecho ni una condena o absolución de partes, se emiten en el momento procesal que corresponde a la sentencia definitiva y con las formalidades y denominación expresa de que se trata de una "sentencia definitiva", es necesario precisar que cuando la decisión sobre la caducidad de la primera instancia ocurre formalmente con el dictado de la sentencia definitiva, resulta improcedente el recurso de revocación ya que, por un lado, tal forma de determinar la caducidad tiene el carácter formal indisoluble de sentencia definitiva y, por otro, porque acorde con el contenido conducente del artículo 1334 del Código de Comercio, el recurso de revocación sólo procede en contra de autos o decretos del juez, pero no en contra de una sentencia definitiva. Lo anterior conduce, además, a abandonar parcialmente el criterio sostenido en la diversa tesis de jurisprudencia 1a./J. 96/2011 (9a.), a fin de precisar que el criterio sustentado en esa jurisprudencia solamente es aplicable a autos, desde un punto de vista formal y material, y no a sentencias definitivas en su connotación formal." En este contexto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34 y 47 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional DECLARA CARECER DE COMPETENCIA LEGAL para conocer de la demanda de amparo promovida por Irma Dominga Hoil Baas, María del Socorro Hoil Baas, Valentina Arabella Hoil Baas, José Antonio Hoil Baas y Juana del Rosario Hoil Baas; por lo tanto, se ordena remitir de inmediato los autos del presente expediente y las copias de la demanda de amparo, al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, para lo que en su caso tenga a bien resolver; solicitándole de la manera más atenta se sirva hacer del conocimiento de este órgano jurisdiccional la determinación que se emita con motivo de la presente incompetencia. Sin que pase desapercibido, que de la lectura integral de la demanda se advierta que la parte quejosa se duela de la indebida notificación que se le realizó del auto de veinte de febrero pasado, pues en el caso, se estima que dicha consideración no hace procedente el juicio de amparo indirecto, puesto que en todo caso ello podrá hacerlo valer como violación procesal en el juicio de amparo directo, toda vez que no tiene el carácter de tercero extraño o de tercero equiparado. Lo anterior, ya que los aquí peticionarios del amparo, resultan ser los promoventes del juicio de sucesión unidas de intestado de origen. Con apoyo en el artículo 13 de la Ley de Amparo, téngase como representante común de la parte quejosa a María del Socorro Hoil Baas. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que señala en su demanda de amparo, y como sus autorizados a Jorge Carlos Monsreal Ongay, Jorge de Jesús Medina Hoil y Juan Pablo Ake Chan, con las limitantes que establece la parte final del segundo párrafo del citado numeral, hasta que no acrediten ante este Juzgado encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de abogado o licenciado en derecho. Debiendo no solamente proporcionar los datos correspondientes en el escrito en que se les otorgue dicha autorización, sino proceder a su registro en los términos establecidos en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de noviembre de dos mil trece, que establece el sistema computarizado para el registro único de profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y los restantes que menciona en su escrito de cuenta, en los términos establecidos en la parte final del segundo párrafo del referido artículo. De conformidad con lo previsto por la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de cámara fotográfica, escáner o cualquier otro aparato de reproducción documental, respecto de las actuaciones que obran en este expediente. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. En cumplimiento al artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XIV, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la misma, publicado el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos. Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos. Asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias al juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De conformidad con el artículo 8° del citado Reglamento, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del artículo 13 de la mencionada Ley. Fórmese el correspondiente expediente electrónico de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y cúmplase.

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