Irma Delia Gonzalez Peralta
Expediente 638/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 638/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 21/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Irma Delia Gonzalez Peralta
Actuaciones
- Principal
MESA VII "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de queja contra el auto que desechó la demanda de amparo origen de este expediente; con fundamento en los numerales 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que causa estado dicho auto; hágase tal circunstancia del conocimiento de las partes para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 inciso d) del citado Acuerdo General, y atendiendo a que se desechó la demanda, este expediente es destruible, después de tres años. Se estima que el expediente carece de relevancia documental, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA VII "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de junio de dos mil veintidós. REGISTRO DE EXPEDIENTE De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 638/2022. PARTE QUEJOSA Irma Delia González Peralta, por propio derecho y en calidad de actora en el juicio laboral 612/2011 (4). AUTORIDAD RESPONSABLE - Miembros de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje Del Estado. ACTO RECLAMADO La resolución de seis de mayo del año en curso, emitida por la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, por el que se ordena reanudar el procedimiento mismo que se encontraba suspendido, dentro del expediente laboral 612/2011 (4), en relación al recurso de revisión interpuesto por el apoderado legal de la quejosa Alberto García Santos, en donde se combatieron hechos del acuerdo de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno. DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS VIOLADAS Derechos fundamentales contenidos en el artículo 1, 14, 1, 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 841, 842, 845 de la Ley Federal de Trabajo. INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Se instruye al secretario a cargo de este expediente para que de fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. CAUSA DE IMPROCEDENCIA En tales condiciones, con fundamento en los artículos 61 y 62 de la Ley de Amparo, se procede a examinar de oficio si en el caso existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Lo anterior es así, ya que del estudio que se realice al escrito inicial de la demanda, se podrá determinar si colma los requisitos indispensables para su procedencia, o bien si se actualiza algún motivo manifiesto e indudable para estimar lo contrario, en términos de los artículos 112 y 113 de la ley de la materia, preceptos legales que prevén la posibilidad del desechamiento de la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que a él se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia manifiesto e indudable, entendiéndose por lo primero, aquello que no requiere de mayor demostración, sino que se advierte de manera clara y directa de la demanda y de sus anexos, y por lo segundo, aquello de lo que se tiene la certeza y plena convicción. "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Este precepto autoriza a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia". Máxime que, si bien existen diversas causas que originan la improcedencia del juicio de amparo, lo cierto es que éstas no deben originar el desechamiento de la demanda a menos que su existencia sea evidente, clara y notoria, ya que no se debe llegar al extremo de limitar u obstaculizar el ejercicio de la acción constitucional a los particulares que estimen violados sus derechos fundamentales. En consecuencia, con la finalidad de no tramitar y sujetar a las partes a un juicio que, desde su promoción, se aprecia inútil, con el consecuente desgaste de recursos humanos y materiales, por lo cual el legislador estableció la posibilidad de desechar la demanda siempre que se materialice, de manera manifiesta e indudable, alguna de las causas previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, que enlista una serie de actuaciones, cuyo origen, naturaleza y/o condiciones producen que no sean susceptibles de analizarse en el juicio constitucional; es decir, respecto de los cuales no puede existir un pronunciamiento de fondo en cuanto a su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Actuación procesal que, por cierto, no está limitada a determinadas causales, sino que está prevista como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, desde luego, cuando se actualicen las condiciones respectivas; lo que revela que la efectiva intención del legislador es permitir que, independientemente de la razón por la que se aprecie sin lugar a dudas que un juicio es improcedente, sea factible su desechamiento, es decir, que se deniegue su tramitación y la consiguiente sustanciación de un procedimiento, cuyo agotamiento en todas sus etapas a nada práctico conducirá pues, finalmente, no será factible el estudio de fondo del derecho discutido. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. ... Por consiguiente, del examen de la demanda de amparo, se advierte que existe causa manifiesta e indudable de improcedencia y, por ende, debe desecharse, como se verá a continuación. En efecto, atendiendo a los antecedentes expuestos y acto reclamado, SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA prevista en el artículo 61, fracción VI, toda vez que los actos reclamados tienen relación con una resolución que fue materia de conocimiento de un Tribunal Colegiado de Circuito, dicho numeral dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: VI. Contra resoluciones de los tribunales colegiados de circuito. Conforme a lo dispuesto en el numeral referido, el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados de Circuito, toda vez que la citada causal tiene como finalidad el proteger la estabilidad y seguridad jurídica del gobernado, ya que ésta no existiría si fuera factible combatir en nuevos juicios de amparo las resoluciones pronunciadas en un juicio constitucional o en cumplimiento de éstas, además de que la cadena de juicios que en tal supuesto pudiera originarse sería interminable; por lo que, el acto reclamado en esta instancia constitucional no pueden ser materia del juicio de amparo indirecto, ya que los Tribunales Colegiados de Circuito funcionan como verdaderos órganos supremos del Poder Judicial de la Federación, lo que hace que sus actos, no puedan ser revisados mediante el juicio de amparo indirecto. ... ... Lo anterior, ya que con fecha diez de septiembre de dos mil catorce, se dictó laudo por el cual se condenó a la demandada ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (CAO), a reconocerle a la trabajadora la categoría de base, a reinstalarla en su empleo que venía desempeñando a sus servicios como SUB-RESIDENTE DE OBRA NIVEL 15, a pagarle los salarios caídos, la declaración de nulidad de la renuncia o finiquito y del pago de vacaciones, prima vacacional y aguinaldo. Bajo ese contexto y atento a la certificación de cuenta, se advierte que en resolución de diez de marzo de dos mil quince, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito con residencia en San Bartolo Coyotepec, dentro del Juicio de Amparo Directo 980/2014 de su índice, confirmó los efectos del laudo de diez de septiembre de dos mil catorce, emitido por la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, relativo al expediente laboral 612/2011(4), por lo tanto, los mismos ya fueron analizados y confirmados por un Tribunal Colegiado, por lo tanto los efectos de la resolución de diez de marzo de dos mil quince, emitida por el citado Tribunal y no puede ser revisados mediante el juicio de amparo indirecto; por lo que se invoca como hecho notorio, en términos de lo dispuesto en el artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. ... Ahora bien, en el supuesto de cosa juzgada, la que ha sido definida como un principio procesal que tiene un doble sentido, material y formal, y que está vinculado al principio de seguridad jurídica. Tal figura jurídica de cosa juzgada se funda en tres razones principales: (1) en el principio de economía procesal que exige que se eviten dos procesos sobre el mismo litigio; (2) en la necesidad de evitar dos sentencias diversas y aun contradictorias sobre el mismo litigio; y finalmente, (3) en que sería injusto obligar al demandado a defenderse en dos procesos diversos respecto de una misma demanda. Cabe precisar que el texto del artículo 73 de la Ley de Amparo abrogada -que también establecía como causa de improcedencia la cosa juzgada- tenía una redacción similar al texto vigente, en cuanto señalaba, en lo que interesa: "Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente: [.] IV. Contra leyes o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior." Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió diversos criterios que interpretaron, precisamente, el artículo 73, fracción IV, de la Ley de Amparo abrogada; a manera de ejemplo, se citan los siguientes: Así también aplica la diversa tesis del mismo Pleno de la Corte Suprema consultable en la página 142 del volumen 205-206, primera parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, del tenor siguiente: "LITISPENDENCIA Y COSA JUZGADA, IMPROCEDENCIAS DEL JUICIO DE AMPARO POR. EN SU CONFIGURACION NO INFLUYEN LAS VIOLACIONES CONSTITUCIONALES ALEGADAS EN LAS DOS DEMANDAS DE GARANTIAS. Debe sobreseerse en los autos del juicio constitucional de acuerdo con lo que se ordena en el texto de los artículos 73, fracciones III o IV (según corresponda), y 74, fracción III, de la Ley de Amparo, cuando los actos reclamados sean materia de un diverso juicio de garantías promovido por la misma quejosa y en contra de las mismas autoridades, independientemente de las violaciones constitucionales alegadas, cuestión que no influye en la configuración de estas causales de improcedencia." Por consiguiente, bajo ese orden de ideas, resulta improcedente analizar una resolución que no puede ser modificada por este Juzgado en lo relativo a la reinstalación de la quejosa en la categoría de base si ya hay determinación de un órgano superior al respecto, además como se advierte de la resolución reclamada la categoría NIVEL 15 ya no obra en el organigrama de dicha dependencia, la cual se advierte era de confianza, no siendo equiparable a la categoría de base en el que se va a reinstalar a la quejosa. La cual es notoriamente más benéfica para la promovente, porque con la reinstalación en el empleo y el reconocimiento como trabajadora de base, obtendría un salario mensual de $14,055.50, superior al que se estableció en la anterior categoría porque el salario de la trabajadora era de $299.53 diarios dando la cantidad de $8,985.90 mensuales, aunado a que con dicha reinstalación se respetaría el horario, funciones y lugar de adscripción de la trabajadora, beneficios que a simple vista resultan favorables para la quejosa. Por otra parte, no le asiste la razón a la impetrante en querer una reinstalación en un nivel distinto al propuesto por la Junta responsable, pues es necesario cumplir con los parámetros que establecen los artículos 1, 2, 5, 9, 10 y 13 del Reglamento de Escalafón para el Gobierno del Estado de Oaxaca, preceptos legales que disponen lo siguiente: ARTÍCULO 1.- El presente Reglamento es de observancia obligatoria para el Gobierno del Estado, Comisión Mixta de Escalafón y el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal. ARTÍCULO 2.- El presente Reglamento establece las disposiciones que determinan: I. El derecho de los empleados de base a participar en el Escalafón. II. La Organización del Sistema Escalafonario y la regulación de los procedimientos para los ascensos de los empleados de base a concursar por plazas vacantes. III. La realización de permutas de plazas ARTÍCULO 5.- Para los efectos escalafonarios los empleados se apegarán a las categorías contempladas en el Catálogo de Puestos de Base vigente. ARTÍCULO 9.-·El Escalafón es el sistema organizado de los puestos, conforme al cual en el Gobierno del Estado se efectúan los ascensos, promociones; y las permutas de los empleados. ARTÍCULO 10.- Son elementos básicos de escalafón: I. La clasificación de los puestos por grupos, ramas y subramas escalafonarias, según los organiza el Catálogo de Puestos de Base vigente. II. El registro de los empleados que cubren los diferentes puestos de acuerdo a las ramas escalafonarias. III. La totalidad de las plazas de base acordadas entre el Gobierno del Estado y el Sindicato según las categorías y su nivel presupuestal. IV. El Catálogo de Puestos Base, que contempla los requisitos necesarios para ocupar un determinado puesto y las actividades que en éste se desarrollan. ARTÍCULO 13.- Los ascensos de los trabajadores, se determinarán mediante la valoración de los siguientes factores escalafonarios: conocimientos teóricos y prácticos, aptitud, disciplina, puntualidad y asistencia, así como la antigüedad. Los cuales se entenderán como sigue: I. Conocimientos. a) Teóricos Es la posesión de los elementos conceptuales específicos y generales del puesto, así como la capacidad de entender el proceso total y el contexto inmediato en que se desenvuelve, mediante la presentación de los documentos que lo acrediten. b) Prácticos Son los adquiridos por los empleados en el desarrollo mismo de las actividades y que certifican la competencia para llevar a cabo una labor o desempeñar un puesto, constatable mediante una demostración. II. Aptitud. Es la combinación de habilidades y características personales, que indican la capacidad de un individuo para trabajar satisfactoriamente en una tarea o actividad y para relacionarse en su ambiente de trabajo. Evaluando los siguientes elementos: conocimientos, calidad, cantidad, iniciativa, colaboración, integración, confiabilidad y adaptabilidad. III. Disciplina. El cumplimiento de los reglamentos, normas internas y la Ley, el acatamiento y la observancia de las instrucciones emitidas por los jefes inmediatos o superiores y el grado de adaptabilidad a las diversas rutinas de trabajo. IV. Puntualidad y Asistencia. El cumplimiento oportuno de los horarios, así como la concurrencia o presencia física en las jornadas de trabajo oficialmente establecidas. V. Antigüedad El tiempo de servicio prestado por el empleado en el Gobierno del Estado como empleado de base. Por lo que la promovente, no tiene derecho al nivel de base que solicita, toda vez que las disposiciones del Reglamento de Escalafón, son claras y precisas, ya que deben cubrir ciertos requisitos de acuerdo a sus estatus sindicales, resaltando entre ellos que los ascensos de los trabajadores, se determinarán mediante la valoración de los siguientes factores escalafonarios: conocimientos teóricos y prácticos, aptitud, disciplina, puntualidad y asistencia, así como la antigüedad.; ante lo cual máxime que la quejosa haya sido trabajadora de confianza al pasar a ser parte como trabajadora de base se tiene que apegar a los lineamientos ya establecidos. DESECHAMIENTO Así, la demanda de amparo presentada por Irma Delia González Peralta, en términos de lo establecido en el artículo 61, fracción VI en relación con los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE. HABILITACIÓN DE HORAS Y DÍAS INHÁBILES Desde este momento SE AUTORIZA para que CUALQUIER DILIGENCIA que se ordene en el presente juicio de amparo, se realice, de ser necesario, EN DÍAS Y HORAS INHÁBILES, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, ya que el suscrito lo estima pertinente para el adecuado despacho de este asunto. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica; y conforme a la certificación realizada por el Secretario de este Juzgado, se tienen por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Alberto García Santos y Benigno Abraham Cruz García, y por autorizado en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo, únicamente para imponerse de los autos a la restante persona que menciona toda vez que no se encuentra registrado en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, específicamente en el apartado de Registro y Consulta de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación. NÚMERO TELEFÓNICO Y CORREO ELECTRÓNICO Con apoyo en el artículo 5, fracción I, y 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se tiene señalando a la parte quejosa el número telefónico y correo electrónico que menciona únicamente para establecer comunicaciones no procesales, en su caso, cuyos registros se conservarán y certificarán para incorporarlos al expediente. Asimismo, para que se establezca el contacto respectivo cuando sea necesario llevar a cabo notificaciones personales, a fin de lograr el éxito de la diligencia y para seguridad de quienes intervengan en la misma, en cumplimiento a las medidas de aislamiento social y sana distancia. PETICIÓN ESPECIAL A LAS PARTES Conforme a lo dispuesto en los artículos 22, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y 3o. de la Ley de Amparo, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ellos, para una mayor agilidad del asunto, continúen la tramitación del presente juicio mediante el esquema de "juicio en línea", a través del Portal de Servicios en Línea desarrollado y aprobado por el Consejo de la Judicatura Federal, ingresando para tal efecto a la liga virtual https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. De igual forma, se exhorta a las partes, con fundamento en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, para que implementar las comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Atención vía telefónica. Con fundamento en el artículo 5 propongan una forma especial y expedita de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se puedan del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y considerando el riesgo sanitario como una constante en los meses por venir, hágase del conocimiento de las partes que se encuentra a su disposición el número telefónico 9515023565, con un horario de atención de las nueve a las catorce treinta horas, de lunes a viernes, únicamente para la atención de aspectos que permitan facilitar el trámite de los juicios y procedimientos que se siguen ante este órgano jurisdiccional, no así para comunicaciones de carácter procesal. CONSULTA DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Hágase del conocimiento de las partes que en términos del oficio ..., suscrito por la Titular de la Dirección General de Estadística Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en congruencia con lo establecido en el artículo 3º de la Ley de Amparo, dichas partes se encuentran facultadas para que, por sí mismos, o a través de las personas que autoricen para oír y recibir notificaciones, bajo su más estricta responsabilidad, puedan consultar el expediente electrónico que se forme con motivo del presente asunto en la dirección electrónica www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx, para lo cual, las partes deberán señalar expresamente a las personas que autoricen con dichas facultades, quienes a su vez deberán satisfacer el procedimiento de registro indicado en la referida dirección electrónica, consistente en llenar el formulario respectivo, confirmar en la cuenta de correo electrónico que al efecto proporcionen que se haya concretado su registro, imprimir la solicitud que resulte y presentarla ante este órgano jurisdiccional a efecto de proveer sobre dicha autorización, toda vez que la misma solamente surtirá efectos una vez que se acuerde de conformidad. REGISTRO DE CÉDULAS Hágase saber al quejoso que conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, de veinticinco de septiembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintidós de noviembre de dos mil trece, y su reforma publicada por el mismo medio el diecisiete de septiembre de dos mil catorce, de acuerdo a los artículos 261 al 266, los abogados postulantes que cuenten con cédula profesional, y que así sean autorizados por las partes, tienen derecho a que en este órgano jurisdiccional, se realicen los trámites correspondientes a efecto de que sea registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, para lo cual deberán seguir el trámite señalado en los citados numerales, y presentar los documentos ahí mencionados. MEDIDAS SANITARIAS Como medida preventiva respecto a la epidemia generada por el virus SARS-CovV2 (COVID-19), a efecto de aminorar el riesgo de contagio con motivo de la práctica de diligencias en el presente juicio de amparo, adoptar medidas estrictas de distanciamiento social y de esquemas para salvaguardar la salud de nuestra comunidad, se hace del conocimiento de las partes que dicha audiencia se llevará a cabo sin la presencia física de las partes; no obstante, podrán presentar por escrito de manera física o electrónica los alegatos y pruebas que consideren pertinentes de conformidad con lo previsto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 5, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, prorrogado en cuanto a su periodo de vigencia por el diverso 9/2022 del mismo Pleno. En el entendido de que tratándose de la práctica de diligencias, audiencias y demás comparecencias que suelan requerir la presencia física de las partes o de otros intervinientes, se puedan practicar mediante el uso de herramientas tecnológicas como las videoconferencias, cuando resulte necesaria su intervención, circunstancia que será aplicable incluso cuando la tramitación de un expediente se realice bajo el esquema tradicional y no mediante el modelo de juicio en línea. En otro aspecto, hágase de su conocimiento que, con fundamento en el artículo 6 del acuerdo antes mencionado, el modelo de atención presencial será basado en citas, que se generarán desde la modalidad del programa "Agenda OJ", con la que se realizará dicha funcionalidad, siguiendo y acatando los supuestos y las reglas señaladas en los incisos a, b, c, d, e y f del citado artículo 6. Asimismo, comuníqueseles que tratándose de comunicaciones no procesales, es posible brindar atención vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas de comunicación instantánea como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos, como lo establece el artículo 5, fracción I, del Acuerdo General invocado. De igual manera, conforme a lo dispuesto por el artículo 23, fracción I, para la realización de notificaciones personales, podrá establecerse contacto con el Actuario, a través de dichas herramientas, para el éxito de la diligencia y la seguridad de quienes intervengan en la misma. Con fundamento en el artículo 7 de Acuerdo General 21/2020, respecto a las medidas sanitarias para el acceso a los inmuebles del Poder Judicial de la Federación, los que acudan a este órgano judicial deberán respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento. Cuando tengan una cita programada las personas justiciables deberán acudir puntualmente a la misma y mantenerse en los espacios dentro del vestíbulo del órgano jurisdiccional marcados conforme a las reglas de sana distancia. El incumplimiento a estas indicaciones generará, en principio, una llamada de atención, mientras que la reincidencia o subsistencia del incumplimiento acarrearán la orden de expulsión inmediata del recinto. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. AUTORIZACIÓN DE FIRMA ELECTRÓNICA DE DETERMINACIONES Y OFICIOS Se hace del conocimiento de las partes, que esta determinación y las subsecuentes se firmarán de manera electrónica y que, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, tienen validez legal suficiente, por lo que no será necesaria su posterior firma autógrafa ni una certificación para ser agregada al expediente impreso respectivo, sino que bastará con que conste en ella su evidencia criptográfica. Por último, se autoriza al Secretario encargado del trámite del presente expediente para que firme los oficios que deriven de este asunto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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