Irma Delgado Camacho

Expediente 406/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
406/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
21/06/2019

Partes del expediente

  • Irma Delgado Camacho

Actuaciones

  1. Principal

    MORELIA, MICHOACÁN, VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Agréguese el oficio SDR/1284/2019, signado por el Jefe de Área de lo Contencioso y Consultivo de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento que le fue formulado en proveído de veintisiete de mayo de la presente anualidad, remite copias certificadas de los certificados parcelarios 1056786, 1056787 y 1056788, expedidos a favor de los quejosos ANTONIO ÁVILA FLORES, IRMA DELGADO CAMACHO y ÁNGEL ÁVILA REYES, con lo cual se ordena dar vista a las partes para su conocimiento a fin de que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Ahora bien, de las constancias remitidas por la citada autoridad a su oficio de cuenta, se advierte que el seis y catorce del año en curso, expidió los certificados parcelarios en cumplimiento a la resolución dictada en el expediente agrario 413/2013, el tres de octubre de dos mil trece, motivo del presente juicio. Atento a lo anterior, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo del texto literal que dice lo siguiente: ".ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;." Ello es así, en razón a que para que la referida causa de improcedencia se actualice, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no deje ahí alguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, según lo previene la jurisprudencia 198, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De los presentes autos se advierte que mediante auto de doce de abril de dos mil diecinueve, este Juzgado admitió a trámite la demanda de amparo promovida por ELVA VALDIVIAS HERNÁNDEZ, apoderada de IRMA DELGADO CAMACHO, ANTONIO ÁVILA FLORES Y ÁNGEL ÁVILA REYES, contra actos del registro Agrario Nacional, con residencia en esta capital, consistente, específicamente, en: La omisión de la autoridad responsable de expedir los correspondientes certificados parcelarios a favor de los citados quejosos, en cumplimiento a la sentencia dictada el tres de octubre de dos mil trece, en el expediente agrario 413/2013. Ahora bien, de las constancias que la autoridad responsable acompañó en copias certificadas al oficio de cuenta, consistentes en los certificados parcelarios 1056786, 1056787 y 1056788, expedidos a favor de los quejosos ANTONIO ÁVILA FLORES, IRMA DELGADO CAMACHO y ÁNGEL ÁVILA REYES, el seis y catorce de mayo del año en curso, mismas que merecen pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2°, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, en razón a que, la autoridad responsable emitió los citados certificados parcelarios a favor de los quejosos, en cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio agrario 413/2013, de ahí que la omisión reclamada en este asunto, ha dejado de surtir sus efectos, por haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo al amparo promovido. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Ello es así, dado que si bien es cierto que dentro del presente juicio, los quejosos señalaron como acto reclamado, en esencia, la omisión de expedir los correspondientes certificados parcelarios, a favor de los quejosos, también lo es que ya se expidieron los referidos certificados, según se advierte de las constancias respectivas. Por lo que, al haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó a la que motivó el amparo, es indudable que, como ya se dijo, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, motivo por el cual procede SOBRESEER en el presente juicio de garantías fuera de audiencia, en términos del artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 415, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Así como, por identidad de razón, la jurisprudencia número 10/2003, consultable a fojas 386 y 387, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En ese contexto, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional, programada para las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL OCHO DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  2. Principal

    ...Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que se encuentra transcurriendo el término concedido a la autoridad responsable Registro Agrario Nacional, Delegación Michoacán, con sede en esta ciudad, en proveído de veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, para que remitiera copia certificada de los certificados parcelarios 1056786, 1056787, 1056788, correspondientes, otorgados a nombre de los aquí quejosos, como se advierte del acuse de recibo que obra en autos. Por tanto, para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para esta fecha se difiere para las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL OCHO DE JULIO DE DOS MIL DIECINUVE. NOTIFÍQUESE.

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