Irma Dávila Sánchez
Expediente 589/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 589/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 26/04/2022
Partes del expediente
- Irma Dávila Sánchez
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, veintiséis de abril de dos mil veintidós. DESAHOGO DE PREVENCIÓN Agréguese el escrito signado por la quejosa ********, a través del cual desahoga la prevención formulada mediante proveído de veinte de abril de dos mil veintidós; atento a ello, téngase por satisfecho el requerimiento de que fue objeto. DESECHAMIENTO Ahora, previamente deben analizarse las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, es pertinente destacar que, en la especie, la quejosa reclama de la Directora General del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, lo siguiente: El decreto 36 por el que reformó el artículo 33 de la Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de México de diecinueve de diciembre de dos mil doce, en su carácter de heteroaplicativa, respecto de la deducción del seis por ciento de su pensión en concepto de servicio de salud con la clave ****, que se ha descontado desde la primer quincena de enero de dos mil dieciséis, siendo este su primer acto de aplicación, reclamando los ulteriores actos de aplicación. Además, la quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad que hace valer la inconstitucionalidad del decreto por el que se reformó el precepto legal con el carácter heteroaplicativa, siendo su primer acto de aplicación desde la primer quincena de enero de dos mil dieciséis, pues su primer acto de aplicación lo fue desde el quince de enero de dos mil dieciséis. Por tanto, este juzgador de oficio establece que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, por las siguientes consideraciones: Los artículos 61, fracción XIV, 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: ".... No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; [.]" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De conformidad con el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro del plazo que señala el artículo 17 de la ley de la materia. Al respecto, el artículo 17 de la Ley de Amparo señala que el plazo para presentar la demanda es de quince días, excepto: Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. De lo anterior se obtiene que existen dos momentos para impugnar normas generales: A partir de la emisión de la norma considerada inconstitucional, dentro de los treinta días siguientes, contados a partir de su entrada en vigor; y, Con motivo del primer acto de aplicación de la norma, dentro de los quince días siguientes a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme la ley del acto, la notificación al quejoso del citado acto de aplicación, a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del mismo o de su ejecución. Precisado lo anterior, en el presente asunto la quejosa promovió la demanda contra el decreto por el que se reformó el precepto legal que tilda de inconstitucional, con motivo de su primer acto de aplicación desde el quince de enero de dos mil dieciséis; por tanto, dicha fecha -quince de enero de dos mil dieciséis - es la que debe tomarse en cuenta para efectos del cómputo de quince días para la promoción de la demanda de amparo, por lo que dicho plazo transcurrió del diecinueve de enero al diez de febrero de dos mil dieciséis, término del que se descuentan los días dieciséis, diecisiete, veintitrés, veinticuatro, treinta y treinta y uno de enero, uno, cinco seis y siete de febrero de ese mismo año, por ser inhábiles. De manera que, si el escrito de demanda que nos ocupa fue depositado en el buzón judicial hasta el dieciocho de abril de dos mil veintidós, entonces el juicio de amparo se presentó fuera del plazo de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo. Por ello, debe considerarse que el acto de aplicación fue consentido por la parte quejosa al haber instado el juicio constitucional en su contra de modo extemporáneo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a. LXX/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, Julio de 2002, página 445, de rubro y texto siguientes: "AMPARO CONTRA LEYES. EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN QUE PERMITE IMPUGNARLAS ES AQUEL EN QUE POR PRIMERA VEZ SE ACTUALIZARON LAS HIPÓTESIS NORMATIVAS CORRESPONDIENTES EN PERJUICIO DEL QUEJOSO. ... De igual forma, resulta aplicable la jurisprudencia P.30, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo III, Primera Parte, Enero-Junio de 1989, página 227, que dice: "LEYES, AMPARO CONTRA. DEBE SOBRESEERSE SI SE PROMUEVE CON MOTIVO DEL SEGUNDO O ULTERIOR ACTOS DE APLICACION. ... Por lo expuesto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, y con fundamento en el numeral 113 de la legislación de amparo lo procedente es desechar el presente juicio de amparo promovido por Irma Dávila Sánchez.
- Principal
Toluca, Estado de México, veinte de abril de dos mil veintidós. OFICIO Visto oficio signado por el apoderado legal del Secretario de Salud del Estado de México, mediante el cual, informa que del veintiséis al veintisiete próximo, en el horario de las ocho a las quince horas, deberá presentarse al menor quejoso de iniciales A.N.C.C., con uno de sus progenitores y/o representante legal en calle igualdad, número ciento uno (101), colonia Santiago Tlaxomulco, código postal 50280, Toluca de Lerdo en las instalaciones de la "Junta de Caminos", a fin de que les sean aplicadas la primer dosis de la vacuna (según corresponda) con la documentación que ahí indicó. En ese sentido, no obstante que la oficiante refiere la data de la primera dosis, de autos de esta incidencia se advierte que el veinticuatro de marzo del año en curso, la autorizada de la parte quejosa, hizo del conocimiento de este órgano jurisdiccional que en fecha veintitrés de ese mes y año, el menor de identidad reservada citado, recibió la primera dosis de la vacuna contra el virus SARS-COV-2. Hecho notorio No obstante, resulta un hecho notorio la identidad jurídica del sumario en que se actúa, con los juicios de amparo 358/2022-IV-B y 516/2022-II-B, en los cuales la autoridad responsable Secretaría de Salud del Estado de México, comunicó que del veintiséis al veintinueve próximo, en el horario de las ocho a las quince horas, deberá presentarse a los menores ahí quejosos de iniciales A.O.Z., C.O.Z., G.O.Z y N.A.C., (respectivamente), con uno de sus progenitores y/o representante legal en calle igualdad, número ciento uno (101), colonia Santiago Tlaxomulco, código postal 50280, Toluca de Lerdo en las instalaciones de la "Junta de Caminos", a fin de que les sean aplicadas la primer y/o segunda dosis de la vacuna (según corresponda). Para tal efecto, deberán concurrir con la siguiente documentación: Copia certificada y copia simple del acta de nacimiento de los menores, CURP. Credencial para votar, expedida por el Instituto Nacional Electoral de sus progenitores y/o representante legal; Asimismo, en el lugar, deberán atenderse las instrucciones que sean proporcionadas por el personal encargado de guiar la vacuna. Por consecuencia, se comisiona al actuario judicial de la adscripción para que notifique el presente acuerdo a la parte quejosa, a fin de que realice las gestiones correspondientes y presente al menor de iniciales A.N.C.C., el VEINTISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS, en las referidas instalaciones, a fin de que les sea aplicada la dosis respectiva de la vacuna en cuestión. Requerimiento parte quejosa Hecho lo anterior, dentro de las veinticuatro horas siguientes, la promovente de la demanda deberá informar bajo protesta de decir verdad, si efectivamente les fue aplicada dicha dosis al menor quejoso A.N.C.C.; bajo apercibimiento que, de ser omiso a lo anterior, se tendrá por cierta la aplicación de la vacuna, correspondiente al estado procesal y constancias que obren en autos; asimismo, se les impondrá una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 237, fracción I y 259 de la ley de la materia. En el entendido que por si por alguna cuestión, al encontrarse en las instalaciones de la "Junta de Caminos" el día veintiséis de los cursantes, no le es aplicada la dosis respectiva al menor infante, deberá informarlo de manera inmediata a efecto de que este Órgano de Control Constitucional, ordene su presentación los días veintisiete a veintinueve de este mes y año en curso, para que les sea aplicada la multicitada vacuna. Requerimiento autoridad Con independencia de lo anterior, se requiere al Secretario de Salud del Estado de México, para que dentro de las veinticuatro horas siguientes a la data señalada para la aplicación de la vacuna al menor quejoso de iniciales A.N.C.C., remita copia certificada de las constancias necesarias con las cuales acredite esa circunstancia. apercibimiento Se hace de su conocimiento que de ser omiso a lo anterior, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización. ESCRITO Por otra parte, agréguese el escrito de cuenta signado por la autorizada del menor quejoso de iniciales A.N.C.C., mediante el cual, solicita se requiera a las responsables para que señalen fecha de la inoculación respectiva en su segunda dosis al referido infante. Atento a lo anterior, dígase a la promovente, que deberá estarse a lo acordado en los párrafos que preceden. Causa ejecutoria. En otro aspecto, visto el estado procesal de los autos, así como la certificación secretarial que antecede, se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión, dentro del término legal contra la sentencia de veintidós de marzo de dos mil veintidós, por la que se otorgó el amparo y protección federal; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Ahora bien, en razón de que los efectos de la ejecutoria de amparo emitidos en este sumario fueron los siguientes: Señalen la fecha y lugar determinados para que se aplique en favor del menor de edad A.N.C.C., la vacuna idónea correspondiente contra el virus SARS-COV-2, en sus dos dosis, para la prevención de la enfermedad COVID-19 en México; ello, atendiendo a su edad, estado de salud e historiales clínicos que previamente la responsable emita, tomando en consideración que el menor de edad cuenta con doce años de edad, hasta completar su cuadro de vacunación. Se estima innecesario requerir el cumplimiento a las autoridades responsables, en razón de lo informado en la primer misiva que se atendió en los párrafos que preceden; no obstante, una vez que se informe el cumplimiento al fallo protector, se proveerá lo que en derecho corresponda.
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