Irma Cruz Cruz

Expediente 248/2021 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 20 actuaciones registradas, la última del 27 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
248/2021
Año
2021
Actuaciones
20
Última actuación
27/05/2022

Partes del expediente

  • Irma Cruz Cruz
  • Instituto Mexicano del Seguro Social
  • Irma Cruz Cruz y Otros.
  • Hilario Ortiz Ibañez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Amparo en revisión

    A sus autos el oficio 4103-3, signado por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo, con el cual acusa recibo del diverso 3484 del índice de este órgano federal. Finalmente, al haberse revocado la sentencia recurrida, y sobreseído el juicio de amparo; al no existir documento original que devolver, archívese el presente asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente; por otra parte, con fundamento en los artículos 12, 14, y 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte; el expediente en que se actúa es depurable y carece de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos que prevé el acuerdo citado, en consecuencia, consérvese la demanda y la sentencia; con excepción de las restantes actuaciones.

  2. Amparo en revisión

    SE NOTIFICA A LAS PARTES POR MEDIO DE LISTA LA EJECUTORIA DICTADA POR ESTE TRIBUNAL COLEGIADO, EN LA QUE SE DECIDIÓ: "PRIMERO.- SE REVOCA LA SENTENCIA RECURRIDA.- SEGUNDO.- SE SOBRESEE EN EL JUICIO DE DERECHOS." SE GIRA EL OFICIO A LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE, CON COPIA CERTIFICADA DEL TESTIMONIO DICTADO POR ESTE TRIBUNAL, Y AUTOS DEL JUICIO DE GARANTÍAS 616/2020, Y ANEXOS; EN SU OPORTUNIDAD ARCHÍVESE EL ASUNTO COMO CONCLUIDO, PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO RESPECTIVO.

  3. Amparo en revisión

    Visto; el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte ha transcurrido el término de tres días concedido a las quejosas, hoy recurrentes, a efecto de que manifestaran lo que a su derecho conviniere respecto del proveído de once de abril de dos mil veintidós, como prevé el artículo 64 de la Ley de Amparo, en relación con el contenido de la jurisprudencia P./J. 5/2015 (10ª.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 8, libro 17, abril de 2015, Tomo I, materia Común, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación , que a la letra establece: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LA OBLIGACIÓN DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO, DE DAR VISTA AL QUEJOSO CUANDO ADVIERTA DE OFICIO UNA CAUSAL NO ALEGADA POR ALGUNA DE LAS PARTES NI ANALIZADA POR EL INFERIOR, PARA QUE EN EL PLAZO DE 3 DÍAS MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, SURGE CUANDO EL ASUNTO SE DISCUTE EN SESIÓN. El párrafo citado establece que cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causa de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por el órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de 3 días manifieste lo que a su derecho convenga. Ahora, en aras de respetar el derecho de audiencia y encontrar equilibrio entre justicia pronta y seguridad jurídica, si el Pleno del Tribunal Colegiado de Circuito, al discutir el asunto en sesión, ya sea porque así se presentó o propuso en ese momento por alguno de los Magistrados, aprecia la posible actualización de alguna causal de improcedencia no alegada por las partes ni analizada por el inferior, debe dejarlo en lista y ordenar que se dé vista a la parte recurrente con la decisión adoptada para que, previa notificación por lista, manifieste lo que a su derecho convenga, pues el objetivo de la disposición contenida en aquel párrafo es respetar el derecho de audiencia, al otorgarle la oportunidad de exponer en relación con esa causa de improcedencia. En consecuencia, la obligación prevista en el precepto indicado surge cuando, en sesión, el Pleno del órgano jurisdiccional comparte la posibilidad de que se actualice un motivo de improcedencia no alegado ni analizado con anterioridad." Sin que se haya recibido promoción alguna de las recurrentes Irma, Elvia y Lucia, todas de apellidos Cruz Cruz. Finalmente, devuélvasele el presente asunto, a la ponencia del Magistrado Eduardo Iván Ortiz Gorbea, para los efectos del artículo 92 de la Ley de Amparo.

  4. Amparo en revisión

    Visto el dictamen emitido por el Pleno de este Tribunal Colegiado de Circuito en la sesión ordinaria virtual celebrada a través del sistema de videoconferencia en tiempo real el siete de abril de dos mil veintidós, en relación con el amparo en revisión penal 248/2021, promovido por Irma, Elvia y Lucia, todas de apellidos Cruz Cruz, del cual se advierte la posible actualización de la causal de improcedencia del juicio de amparo indirecto, contenida en el artículo 61 fracción XVII de la Ley de Amparo, respecto del primer acto reclamado que se hizo consistir en el auto de vinculación a proceso de once de agosto de dos mil veinte, dictado por el Juez Penal de Control adscrito al Cuarto Circuito Judicial con sede en Ixmiquilpan, Hidalgo, dentro de la causa penal 27/2020, por los hechos que la ley señalan como delitos de homicidio en grado de tentativa y amenazas. Dicho numeral establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Además, que cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia. Asimismo, que la autoridad judicial que conozca del proceso, lo suspenderá una vez concluida la etapa intermedia hasta que le sea notificada la resolución dictada en el juicio de amparo. En el caso, se advierte que por escrito presentado el uno de septiembre de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Pachuca de Soto, Hidalgo, Irma, Elvia y Lucía, de apellidos Cruz Cruz, por propio derecho, demandaron el amparo y la protección de la Justicia Federal en contra de los citados actos reclamados. Por auto de tres de septiembre de dos mil veinte, se admitió la demanda de amparo y se dictó sentencia el veintiuno de junio de dos mil veintiuno, en la cual negó el amparo solicitado. En este contexto procesal, de las constancias del juicio de amparo indirecto 616/2020-V-B, destaca el oficio 3640, de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, dirigido al juzgado de distrito del conocimiento, remitido por el Juez Penal de Control y Tribunal de Enjuiciamiento adscrito al Cuarto Circuito Judicial con sede en Ixmiquilpan, Hidalgo, mediante el cual remitió copia auténtica de la sentencia definitiva de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, dictada en el procedimiento abreviado, dentro de la causa penal 27/2020, en la cual se resolvió que Lucía Cruz Cruz, es penalmente responsable de la comisión del hecho tipificado como delito de homicidio en grado de tentativa, en agravio de Anayeli García Cruz, a la que impuso una pena de cuatro años, cinco meses y diez días, de prisión, y multa de veintitrés unidades de medida y actualización. Por su parte, condenó a Irma y Elvia, de apellidos Cruz Cruz, por el delito de lesiones agravadas, en agravio de Anayeli García Cruz, imponiéndoles una pena de un año de prisión y multa de veinte unidades de medida y actualización (fojas 143 a 172, del juicio de amparo indirecto 616/2020-V-B). Esto es, la sentencia dictada en el proceso penal de origen, fue emitida con posterioridad al pronunciamiento de la sentencia de amparo de primera instancia. Asimismo, de la copia certificada de la sentencia dictada en el proceso penal del que derivan los actos reclamados, se advierte que fue dictada por el juez de control responsable, como se dijo, en audiencia de procedimiento abreviado de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, sin que se hubiere emitido, en consecuencia, auto de apertura a juicio oral. En este orden de ideas, es posible que durante la integración del recurso de revisión que ahora se resuelve, se actualice la causal de improcedencia materia de estudio, esto es, la prevista en el artículo 61 fracción XVII de la Ley de Amparo, en la medida que la demanda de amparo se reclamaron violaciones a los artículos 19 y 20 Constitucionales, por ello, la referida sentencia de primera instancia hizo que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia del juicio de amparo. Acto reclamado 2 Respecto del acto reclamado consistente en la resolución dictada sobre "la modificación" de medida cautelar de prisión preventiva oficiosa (sin especificar la fecha de la resolución respectiva), únicamente respecto a la quejosa Irma Cruz Cruz, debe decirse lo siguiente. De inicio, se advierte que la juez federal a quo precisó el acto reclamado en examen, de la siguiente manera: "Segunda. Precisión del acto reclamado. De conformidad con la fracción I, del artículo 74 de la Ley de Amparo, procede a realizar la fijación clara y precisa del acto reclamado, siendo éste: Segunda. Precisión del acto reclamado. De conformidad con la fracción I, del artículo 74 de la Ley de Amparo, procede a realizar la fijación clara y precisa del acto reclamado, siendo éste: (.) "De igual modo la resolución relativa a la modificación de medida cautelar de prisión preventiva, únicamente respecto a la quejosa Irma Cruz Cruz, toda vez que, no obstante que en audiencia inicial de seis de agosto de dos mil veinte se decretó dicha medida a las tres quejosas, en posteriores audiencias de siete y once del citado mes y año, a ésta le fue modificada la medida cautelar y modalidad de la misma, la primera a solicitud de su defensa y la segunda a petición del Ministerio Público." Ahora bien, al abordar el pronunciamiento relativo a ese acto, sostuvo en esencia que procedía la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, así como su modificación. Como se aprecia, la a quo federal incluyó en el estudio constitucional de fondo, la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en relación con la citada quejosa, posteriormente, abordó el examen de modificación de dicha medida cautelar verificada en audiencia de siete de agosto de dos mil veinte, más adelante, analizó la resolución de once de agosto de dos mil veinte, en la que sustituyó la medida cautelar impuesta y se proveyó que se colocara un dispositivo electrónico a la imputada Irma Cruz Cruz. En este contexto, es claro que no procedía el examen constitucional de fondo respecto de la resolución mediante la que la juez responsable impuso a la antes citada la prisión preventiva oficiosa, primeramente, porque dicha resolución no fue reclamada en la demanda de amparo, en segundo lugar, ya que como la propia juzgadora federal lo advirtió, dicha medida quedó sin efectos, al haber sido modificada y posteriormente sustituida por otra medida cautelar, consistente en la colocación de un dispositivo electrónico de localización, última resolución que en todo caso, es la única que podría afectar y reclamar la mencionada quejosa. Esta forma de resolver de la Juez de Distrito se aparta de lo solicitado en la demanda de amparo, debido a que no se controvirtió lo relativo a la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva (oficiosa), prevista en el artículo 155 fracción XIV del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es decir, no fue la imposición sino la modificación de esa medida cautelar la que fue reclamada por la peticionaria de amparo, de ahí que los requisitos respecto a la procedencia de la prisión preventiva oficiosa, en atención a los hechos que la ley señala como delitos de homicidio en grado de tentativa y amenazas, no son materia de la litis en el juicio de amparo, en consecuencia, tampoco será materia de análisis en el recurso de revisión. Esto es así, debido a que la demanda de amparo se debe interpretar en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente a fin de fijar de forma clara y precisa el acto reclamado, de acuerdo al artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo. Respalda esta aseveración la jurisprudencia P./J. 40/2000, Registro digital: 192097, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. En resumen, el acto reclamado que sólo puede ser motivo de pronunciamiento es el reclamado en la demanda de amparo analizada íntegramente. Es decir, la resolución relativa a la "modificación" de la prisión preventiva oficiosa respecto de la quejosa. Ahora bien, respecto de dicho acto, se advierte, de manera oficiosa la actualización de la causal de improcedencia del juicio a amparo prevista en el artículo 61 fracción XXI de la Ley de Amparo, dado que la referida resolución modificatoria quedó sin efectos al haber sido sustituida por la ulterior resolución que ordenó la colocación de un dispositivo electrónico de localización en la persona de la imputada Irma Cruz Cruz. Dicho artículo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" El numeral transcrito establece que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado haya cesado en sus efectos. Para tener por demostrada de forma plena esta causal de improcedencia se precisa citar lo siguiente: Antecedentes del segundo acto reclamado. El seis de agosto de dos mil veinte, en la audiencia inicial de formulación de imputación y medida cautelar, el Juez Penal de Control adscrito al Cuarto Circuito Judicial con sede en Ixmiquilpan, Hidalgo, dentro de la causa penal 27/2020, a las 17:47 diecisiete horas con cuarenta y siete minutos, impuso a las imputadas Irma, Elvia y Lucía, de apellidos Cruz Cruz, la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por todo el tiempo que dure el proceso, sin exceder de dos años. El siete de agosto de dos mil veinte, a las 12:12 doce horas con doce minutos, el defensor de la imputada Irma Cruz Cruz, solicitó la revisión de la medida cautelar, por considerar que habían variado las condiciones que en su momento motivaron su imposición. A las 14:00 catorce horas, se llevó a cabo la "audiencia para revisión de la medida cautelar", en la cual el Juez de Control desahogó los argumentos de las partes y después de diversas actuaciones, a las 17:42 diecisiete horas con cuarenta y dos minutos, declaró procedente la modificación de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa (este es el acto reclamado), última que dejó sin efecto hasta el ocho de septiembre de dos mil veinte. Por ello, impuso como medidas cautelares: 1.- La presentación periódica diaria ante la Unidad de Medidas Cautelares; 2.- La prohibición de salir del domicilio proporcionada por la imputada; y, la prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con determinadas personas, con la víctima o testigos, siempre que no se afecte el derecho de defensa. Por ello, ordenó la inmediata libertad de la imputada y, a las 17:47, diecisiete horas con cuarenta y siete minutos, se informó a la imputada Irma Cruz Cruz, que el nueve de septiembre de dos mil veinte, se tendría que internar en el Centro de Reinserción Social de Ixmiquilpan, Hidalgo. Ahora bien, el once de agosto de dos mil veinte, en la continuación de la audiencia inicial, a las 22:12 veintidós horas con doce minutos, el Juez de control decretó el auto de vinculación a proceso a las procesadas Irma, Elvia y Lucía, de apellidos Cruz Cruz. A las 22:24 veintidós horas con veinticuatro minutos, el Agente del Ministerio Público solicitó la modificación de la medida cautelar de presentación periódica diaria ante la Unidad de Medidas Cautelares, por lo que hace a Irma Cruz Cruz, y en su lugar, le fuera colocado un localizador electrónico. A las 22:43 veintidós horas con cuarenta y trés minutos, el Juez de Control declaró procedente la colocación del dispositivo electrónico, y, a las 22:52 veintidós horas con cincuenta y dos minutos, precisó que dicho dispositivo sería colocado a las doce horas del doce de agosto de dos mil veinte, por lo cual requirió a la procesada para que se presentará ante la Unidad de Medidas Cautelares para tal efecto. Lo anterior pone de manifiesto que el acto reclamado consistente en "la modificación" de medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, fue declarada procedente a petición de la defensa de la imputada formulada el siete de agosto de dos mil veinte, en la "audiencia para revisión de la medida cautelar", en la cual el Juez de Control la dejó sin efecto hasta el ocho de septiembre de dos mil veinte. En su lugar, impuso como medidas cautelares: 1.- La presentación periódica diaria ante la Unidad de Medidas Cautelares; 2.- La prohibición de salir del domicilio proporcionada por la imputada; y, la prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con determinadas personas, con la víctima o testigos, siempre que no se afecte el derecho de defensa. Sin embargo, cuatro días después, a petición del Ministerio Público, en la diversa audiencia de once de agosto de dos mil veinte, el Juez de control sustituyó la medida cautelar consistente en la presentación periódica diaria ante la Unidad de Medidas Cautelares, y, con fundamento en el artículo 155 fracción XII, del Código Nacional de Procedimientos Penales, en su lugar determinó la colocación de un localizador electrónico, quedando subsistentes las otras dos medidas precisadas con los número 2 y 3, impuestas en la audiencia de siete de agosto de dos mil veinte. Esta circunstancia hace que la resolución de modificación de la medida cautelar reclamada, haya quedado sin efectos, al haber sido sustituida por la ulterior resolución que ordenó la colocación de un dispositivo electrónico de localización en la persona de la imputada Irma Cruz Cruz, con lo cual se actualiza el supuesto de improcedencia contenido en el artículo 61 fracción XXI, de la Ley de Amparo, al haber cesado en sus efectos a petición de la defensa de la imputada y posteriormente del ministerio público, circunstancia que se traduce en que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, porque la modificación de la medida cautelar señalada como acto reclamado prosperó ante el Juez de Control responsable quien resolvió a favor de la pretensión de la quejosa hoy recurrente. Hace cita, la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, Registro digital: 193758, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Ahora bien, en diversa vertiente, debe tenerse en cuenta que los artículos 61, fracción XXIII y 5º fracción I, de la Ley de Amparo disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. (.)" El segundo de los preceptos citados, interpretado a contrario sensu, comporta que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado no produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del peticionario de amparo. En el sentido apuntado, concomitantemente se advierte que la modificación de la medida cautelar reclamada, conforme a la narrativa de antecedentes que se desprenden de autos, es resultado de la voluntad de la imputada Irma Cruz Cruz, pues fue la misma defensa de la quejosa la que solicitó dicha modificación respecto de la prisión preventiva oficiosa, lo cual, efectivamente, se proveyó conforme a dicha intención, de modo que la citada impetrante, en realidad, no resiente un agravio personal y directo en su esfera jurídica por dicha resolución modificatoria, puesto que además de solicitarla, le fue favorable. En este contexto, es posible que durante la integración del recurso de revisión que ahora se resuelve, se actualice la diversa causal de improcedencia materia de estudio, esto es, la prevista que resulta del enlace normativo de los artículos 61, fracción XXIII y 5º fracción I, de la Ley de Amparo, únicamente respecto de la amparista Irma Cruz Cruz. En consecuencia, al ser posible que se actualicen las citadas causales de improcedencia advertidas de oficio por este Tribunal Colegiado consistentes en: a).- Acto reclamado 1. Respecto de las quejosas Irma, Elvia y Lucia, todas de apellidos Cruz Cruz, del cual se advierte la posible actualización de la causal de improcedencia del juicio de amparo indirecto, contenida en el artículo 61 fracción XVII de la Ley de Amparo, tocante al primer acto reclamado que se hizo consistir en el auto de vinculación a proceso. b).- Acto reclamado 2 Respecto del acto reclamado consistente en la resolución dictada sobre "la modificación" de medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, únicamente respecto a la quejosa Irma Cruz Cruz, se advierte la posible actualización de la causal de improcedencia del juicio a amparo prevista en el artículo 61 fracción XXI de la Ley de Amparo, dado que la referida resolución modificatoria quedó sin efectos al haber sido sustituida por la ulterior resolución que ordenó la colocación de un dispositivo electrónico de localización en la persona de la imputada Irma Cruz Cruz. c).- En diversa vertiente, se advierte la posible actualización de la causal de improcedencia del juicio a amparo prevista en los artículos 61, fracción XXIII y 5º fracción I, de la Ley de Amparo, porque la modificación de la medida cautelar reclamada, es resultado de la voluntad de la imputada Irma Cruz Cruz, pues fue la misma defensa de la quejosa la que solicitó dicha modificación respecto de la prisión preventiva oficiosa, lo cual, efectivamente, se proveyó conforme a dicha intención, de modo que la citada impetrante, en realidad, no resiente un agravio personal y directo en su esfera jurídica por dicha resolución modificatoria. Por ello, toda vez que el expediente en que se actúa se encuentra en estado de resolución final, dese vista a las quejosas hoy recurrentes, para que dentro del término tres días hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, manifiesten lo que a su derecho convenga, bajo el entendido de que la misma deberá ser publicada en lista electrónica y las manifestaciones que considere pertinentes, podrán ser presentadas directamente ante la Oficialía de Partes Común de los Tribunales Colegiados de este Circuito (OPC), buzón judicial, o bien mediante el Portal de Servicios en Línea. Hecho lo anterior, devuélvanse los presentes autos al Magistrado Ponente Eduardo Iván Ortiz Gorbea, para formular el proyecto de resolución correspondiente. Respalda esta consideración, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 325/2014, sustentando la Jurisprudencia consultable con el número 2008790, en la página 8, del libro 17, abril de 2015, Tomo I, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que textualmente establece: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LA OBLIGACIÓN DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO, DE DAR VISTA AL QUEJOSO CUANDO ADVIERTA DE OFICIO UNA CAUSAL NO ALEGADA POR ALGUNA DE LAS PARTES NI ANALIZADA POR EL INFERIOR, PARA QUE EN EL PLAZO DE 3 DÍAS MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, SURGE CUANDO EL ASUNTO SE DISCUTE EN SESIÓN.- El párrafo citado establece que cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causa de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por el órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de 3 días manifieste lo que a su derecho convenga. Ahora, en aras de respetar el derecho de audiencia y encontrar equilibrio entre justicia pronta y seguridad jurídica, si el Pleno del Tribunal Colegiado de Circuito, al discutir el asunto en sesión, ya sea porque así se presentó o propuso en ese momento por alguno de los Magistrados, aprecia la posible actualización de alguna causal de improcedencia no alegada por las partes ni analizada por el inferior, debe dejarlo en lista y ordenar que se dé vista a la parte recurrente con la decisión adoptada para que, previa notificación por lista, manifieste lo que a su derecho convenga, pues el objetivo de la disposición contenida en aquel párrafo es respetar el derecho de audiencia, al otorgarle la oportunidad de exponer en relación con esa causa de improcedencia. En consecuencia, la obligación prevista en el precepto indicado surge cuando, en sesión, el Pleno del órgano jurisdiccional comparte la posibilidad de que se actualice un motivo de improcedencia no alegado ni analizado con anterioridad.".

Quedan 16 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito · 9,238 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano