Irma Corral De Urrutia

Expediente 1464/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 16 actuaciones registradas, la última del 9 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1464/2021
Año
2021
Actuaciones
16
Última actuación
09/06/2022

Partes del expediente

  • Irma Corral De Urrutia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Ciudad de México, nueve de junio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio, de los cuales se advierte que el plazo de diez días para recurrir el auto de doce del mes próximo pasado, mediante el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, ha transcurrido sin que la parte promovente haya hecho valer en su contra recurso alguno, con fundamento en los artículos 2, 22 y 31 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que dicho auto causa estado, para todos los efectos legales correspondientes. En ese sentido, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, glósese el cuaderno incidental original al presente asunto y archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado por los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se instruye lo siguiente: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del capítulo octavo, articulo 21, fracción b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo donde se sobreseyó fuera de la audiencia constitucional y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha. 2. Depurar el cuaderno original del incidente de suspensión, derivado del presente juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis del capítulo séptimo, artículo 18, fracción I, 2 inciso a), del citado Acuerdo General, al haberse concedido la medida cautelar de los actos reclamados. 3. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción II, inciso a), del artículo 20 del citado Acuerdo General; hecho que deberá realizarse en un término de treinta días posterior al plazo de seis meses, que establece el artículo antes referido. En virtud de que se ha ordenado el archivo del expediente de mérito, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvanse a la parte quejosa las documentales que, en su caso, haya exhibido en copia certificada o simple en el presente juicio; por tanto, mediante notificación por lista que se le realice, infórmesele que las mismas se dejan a su disposición en el local de este Juzgado, por el término de tres días, a efecto de que las recoja, con el apercibimiento de que de no hacerlo, serán destruidas junto con las constancias que correspondan. Se instruye a la Secretaria encargada de la mesa de trámite para que al momento de realizar la devolución de que se trata, únicamente proceda a dejar en autos la certificación de desglose de las documentales devueltas, sin que al efecto sea necesario dejar copia certificada de las mismas, previa toma de razón que por su recibo y entrega se asiente para constancia Notifíquese, electrónicamente a la Agente del Ministerio Público Adscrita. 3 Lo proveyó la Jueza Celina Angélica Quintero Rico, Titular del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistida de la Secretaria Dulce María Coronel Montiel, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Ciudad de México, nueve de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de doce de abril último, se ordenó notificar a las autoridades responsables; sin embargo, aún no se cuenta con las constancias de notificación, en consecuencia; a fin de no violar las reglas procedimentales se ordena reexpedir los oficios de mérito, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Lo proveyó la Jueza Celina Angélica Quintero Rico, Titular del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistida de la Secretaria Dulce María Coronel Montiel, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Ciudad de México, doce de abril de dos mil veintidós. Se tiene por recibido el oficio y anexo de cuenta signado por autoridad que ahí se indica en representación de la Dirección de Recuperación de Cobro de la Subtesorería de Fiscalización del Gobierno de la Ciudad de México, por el cual, da cumplimiento al requerimiento realizado el catorce del mes próximo pasado, y al efecto manifiesta que remite copia certificada de diversas constancias. Atento a lo anterior, se tiene por desahogado el requerimiento de mérito y se deja sin efectos el apercibimiento decretado en autos. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 119, de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas las pruebas documentales que adjunta, las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de las mismas al momento de celebrar la audiencia constitucional. Ahora bien, toda vez que de constancias exhibidas por la autoridad responsable, se advierte que mediante oficio de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, el Director de Determinación de Créditos Fiscales dependiente de la Dirección Ejecutiva de Crédito y Cobro adscrito a la Subtesorería de Fiscalización del Gobierno de la Ciudad de México, resolvió determinan un crédito fiscal a cargo del contribuyente por la cantidad de *******************, por concepto de impuesto predial y sus accesorios, por lo tanto, se procede a proveer en los términos siguientes. Sentido de la determinación. Una vez analizadas las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa, con fundamento en el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio de amparo, ya que se actualiza una causade improcedencia manifiesta e indudable. Al caso concreto, cobra vigencia la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". En relación con ello, lo manifiesto se presenta cuando el motivo de improcedencia se desprende en forma patente y clara de la lectura de la demanda de amparo y de los documentos que a esta se acompañen. Asimismo, lo indudable resulta que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto. De igual forma, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Lo anterior, con independencia de la amplitud o no de las consideraciones que sustenten la causal de improcedencia, toda vez que lo manifiesto e indudable deriva del ejercicio de subsunción entre los hechos manifestados por el quejoso y la correspondiente hipótesis normativa, lo que nada impide que el operador jurídico sustenta consideraciones profundas o de gran amplitud. En este punto, cabe precisar que los actos reclamados en esta instancia, son los siguientes:  La emisión, la indebida ejecución de la orden de embargo, la autorización de fuerza pública y rompimiento de cerraduras, todo respecto del inmueble ubicado en calle ************** número **************, colonia ****************, Alcaldía ******************, en la Ciudad de México, mismo que refiere la quejosa es de su propiedad. Antecedentes de los actos reclamados. Del escrito inicial de demanda se advierte que la parte quejosa refiere que la Subtesorería de Fiscalización de la Tesorería dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, intentó ejecutar la orden de embargo de sus bienes, lo anterior, con la finalidad de cubrir los créditos fiscales que tenía ante la Tesorería de la Ciudad de México. De las constancias allegadas por las autoridades requeridas, se obtiene que ante la falta de pago del impuesto predial del primer bimestre de dos mil dieciséis al primer bimestre de dos mil veinte, se determinó un crédito fiscal a cargo del contribuyente por la cantidad de **********************. Instrucción que se dio a través de la resolución de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, contenida en el oficio **********************, dentro del expediente *****************. Sentido de la determinación. Con fundamento en el artículo 63 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal advierte que en relación con la órdenesden de embargo, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XX, ya que debió impugnarlo a través del juicio contencioso administrativo a que alude el artículo 2° de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, por lo que no agotó el principio de definitividad. "TÍTULO I Del Juicio Contencioso Administrativo Federal CAPÍTULO I Disposiciones Generales ARTÍCULO 2o.- El juicio contencioso administrativo federal, procede contra las resoluciones administrativas definitivas que establece la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Asimismo, procede dicho juicio contra los actos administrativos, Decretos y Acuerdos de carácter general, diversos a los Reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta en unión del primeracto de aplicación. Razones de la improcedencia. En el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, se establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos administrativos cuando previamente no se hace valer el medio ordinario de defensa que resulta procedente y que tenga por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. Al respecto, es oportuno traer al contexto el artículo y fracción invocados, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. ." El texto del precepto transcrito, es la expresión normativa del principio de definitividad que impera en el juicio de amparo. Este principio establece la improcedencia del juicio cuando contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin exigir, la ley que regula dicho medio de impugnación, mayores requisitos para la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo. Tal principio encuentra justificación en el hecho de que, al tratarse el amparo de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a promoverlo, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los ejerza y, sólo en el caso de no obtener resolución favorable, se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Si al pasar por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por actos administrativos no tuvieran la carga de plantear las defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de la administración pública. Una vez que se ha señalado la razón jurídica de la existencia del principio de definitividad, cabe destacar que además de los anteriores extremos, la norma constitucional también alude a título de excepción, que no será necesario agotar algún recurso, juicio o medio de defensa legal cuando la ley que los establezca exija mayores requisitos para otorgar la suspensión del acto que los que la Ley de Amparo requiere como condición para decretar la suspensión de los actos reclamados. De lo anterior se desprende que para que cobre actualidad la causa de improcedencia en estudio, se requiere la satisfacción de los siguientes requisitos: a) Que el acto reclamado emane de una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; b) Que el acto impugnado sea revisable de oficio, o bien,a instancia de parte proceda en su contra algún medio de defensa por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o anulado; c) Que el recurso que proceda no se encuentre previsto en un reglamento; d) Que conforme a las leyes que rigen el acto o el medio de impugnación relativo proceda la suspensión, con los mismos alcances, sin que establezca un mayor plazo para el otorgamiento de la suspensión provisional, y sin que pida mayores requisitos que los que para tal fin establece la Ley de Amparo, con independencia de que el acto en sí mismo considerado sea susceptible de paralización; e) Que el acto reclamado no carezca de fundamentación; y, f) Que no se aleguen, en exclusiva, violaciones directas ala Constitución. Ahora bien, del artículo 721, de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, se advierte que la suspensión podrá solicitarse en cualquier etapa del juicio, hasta antes del dictado de la sentencia de primera instancia, y tendrá por efecto evitar que se ejecute el acto impugnado, o que se continúe con la ejecución ya iniciada del mismo, sin embargo, no se otorgará la suspensión, si es en perjuicio del interés social, o si se contravinieren disposiciones de orden público. Atento a lo anterior, aprecia que la Ley aplicable al caso, contempla que la suspensión del acto impugnado puede tener los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria del Juicio de amparo, además de que no exige mayores requisitos que los que consigna para la concesión de la suspensión definitiva, ni se prevé un plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, por tanto, es inconcuso que no se actualiza la excepción al principio de definitividad contenida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en consecuencia, es necesario agotar el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, antes de promover el juicio de amparo. Sobre el tema, cobra aplicación la jurisprudencia PC.I.A. J/160 A (10a.), Décima Época, emitida por el Pleno de Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 77, Agosto de 2020, Tomo VI, página 5405, de rubro y texto siguientes: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO, EN VIRTUD DE QUE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, NO PREVÉ MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO, NI ESTABLECE MENORES ALCANCES QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO. . Por lo anterior, se considera improcedente el presente asunto, pues en el caso, la quejosa reclama la orden de embargo, la autorización de fuerza pública y rompimiento de cerraduras, todo respecto del inmueble ubicado en calle ***************************, en la Ciudad de México, mismo que refiere la quejosa es de su propiedad Acto que deriva del crédito fiscal determinado, que puede ser combatido a través de los medios de defensa ordinarios; esto es, a través del recurso de revocación o del juicio contencioso administrativo tramitado ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, donde puede solicitarse la suspensión de los actos impugnados sin exigir mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo. De igual manera, cabe destacar que en la especie no se actualiza alguno de los otros casos de excepción al principio de definitividad a que se refiere el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, conforme enseguida se precisa: 1. Cuando el acto carezca de fundamentación. Al respecto, de la copia del oficio reclamado que obra en autos se aprecia que éste contiene diversos fundamentos y motivos que, sin prejuzgar sobre su legalidad, permiten que este juzgado concluya que no carece de fundamentación, lo que únicamente haría procedente la excepción de que se trata. 2. Cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución. De un análisis de los conceptos de violación que esgrime la parte quejosa, se advierte que se duele de violaciones que obligarían a este órgano de control de la constitucionalidad a examinar aspectos de legalidad que pueden ser materia de análisis en sede ordinaria, por lo que esta circunstancia no puede tomarse como excepción al principio de definitividad. 3. Cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. No se actualiza esta excepción, dado que, como se vio, los medios ordinarios de defensa procedentes en contra de los actos reclamados se encuentran previstos en el Código Fiscal de la Federación y en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. 4. Cuando se impugnan leyes con motivo del primer acto de aplicación. Dicha excepción al principio de definitividad obedece a que el agraviado solamente podrá atacar la inconstitucionalidad de la norma ante el juez de Distrito, ya que las autoridades judiciales o administrativas encargadas de resolver los juicios o recursos ordinarios no son las idóneas para ocuparse de ellas por tratarse de cuestiones cuya solución atañe en forma privativa al Poder Judicial de la Federación; en el caso, la parte quejosa no reclamó leyalguna. Así es, en el caso, esta juzgadora no advierte motivo por el que la quejosa estuviera exenta de agotar el medio ordinario de defensa ordinario a través del recurso de revocación o del juicio contencioso administrativo tramitado ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Conclusión. Por lo tanto, se sobresee en el juicio de amparo, al haberse actualizado la causa de improcedencia previstas en los artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo con fundamento en el artículo 63, de la Ley de Amparo, pues la parte quejosa no agotó principio de definitividad, previo a instar el presente juicio. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó la Jueza Celina Angélica Quintero Rico, Titular del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistida de la Secretaria Dulce María Coronel Montiel, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Ciudad de México, catorce de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, proveniente del Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, a través del cual informa que es procedente pero infundado el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, el cual registró con el toca Q.A. 219/2021; de lo que este órgano jurisdiccional toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Lo proveyó la Jueza Celina Angélica Quintero Rico, Titular del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistida de la Secretaria Patricia Hernández Ávila, que autoriza y da fe.

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