Irma Córdova Ventura

Expediente 156/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún. 7 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
156/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
30/05/2022

Partes del expediente

  • Irma Córdova Ventura

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    :.Agréguese a los autos para que obre como corresponda la promoción de cuenta mediante la cual la autoridad responsable Magistrada de la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, acusa recibo del oficio 3379/2022-III, por el cual se le comunicó la sentencia de veintinueve de abril de dos mil veintidós, dictada en el presente juicio; sin que sea necesario dictar mayor proveído, en virtud que en auto de veinte de mayo de dos mil veintidós, se ordenó el archivo del presente juicio.

  2. Principal

    :. Visto el estado que guarda el presente sumario y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido la sentencia dictada el veintinueve de abril de dos mil veintidós, en que se negó el amparo solicitado; por tanto, se declara que la resolución de mérito ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. En atención a lo anterior, háganse las anotaciones en el libro de control correspondiente y archívese como asunto concluido. Asimismo, con fundamento en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé dicho numeral, del acuerdo general citado. De igual forma, se destaca que en el presente expediente se negó el amparo; se determina que es susceptible su depuración dentro del plazo de tres años, debiéndose hacer la anotación en la carátula del expediente y en el libro de control respectivo, esto con apoyo en el artículo 18, fracción I, inciso b), del aludido acuerdo general. Toda vez que la Magistrada de la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, remitió diversas constancias del juicio contencioso administrativo 208/2019-SU4-II de su consecutivo (tomo de pruebas I); para la sustanciación de este juicio, las cuales ya no resultan necesarias; por tanto, se ordena su devolución.

  3. Principal

    En Cancún, Quintana Roo, a las nueve horas con treinta minutos del veintinueve de abril de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional relativa al juicio de amparo indirecto 156/2022-III, Darío Alejandro Villa Arnaiz, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, ante Diana Alejandra Ángel Zárate, secretaria que autoriza y da fe, declara abierta la misma, sin la comparecencia de las partes, ni representante de ellas. Abierta la audiencia, la secretaria da lectura a la demanda y demás constancias que obra en autos, entre las que se encuentran el informe justificado rendido por la autoridad responsable. Al respecto, el Juez acuerda: téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período de pruebas, la secretaria hace constar que la autoridad responsable Magistrada de la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, exhibió una prueba documental (tomo de pruebas); mientras que las demás partes no ofrecieron prueba alguna; a lo que el Juez provee: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, téngase por ofrecida y admitida la prueba exhibida por la autoridad responsable en cita, la cual se desahoga por su propia y especial naturaleza. Finalmente, se concluye el periodo probatorio de esta audiencia. Abierto el período de alegatos, la secretaria hace constar que ninguna parte formuló manifestaciones en vía de alegatos; luego, el Juez acuerda: con fundamento en el numeral 124 de la Ley de Amparo, téngase por precluido el derecho que se dejó de ejercer y se da por concluida la etapa de esta audiencia. Enseguida, la secretaria certifica que no hay promociones pendientes de acordar. El Juez acuerda: toda vez que no hay promoción pendiente de acuerdo, téngase por celebrada la presente audiencia y con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo procédase al dictado de la resolución correspondiente. Visto para resolver el juicio de amparo 156/2022-III promovido por Irma Córdova Ventura, por propio derecho, contra un acto de la Magistrada de la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintitrés de febrero de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún, remitido por razón de turno a este juzgado de distrito el mismo día, Irma Córdova Ventura, por propio derecho, solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra un acto de la Magistrada de la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo; por considerarlo violatorio de los artículos 1°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que hace consistir en: "IV.- Sentencia definitiva que puso fin al juicio, constitutivo del acto reclamado: Resolución del Incidente de Liquidación de Sentencia emitido de 01 de febrero de 2022." SEGUNDO. Radicación, prevención y admisión de la demanda. Recibida que fue la demanda de amparo el veintitrés de febrero de dos mil veintidós, en este juzgado de distrito, en auto de veinticuatro de febrero siguiente, se ordenó formar expediente que fue registrado bajo el número 156/2022-III; se previno a la parte quejosa para que aclarara su demanda en los términos ahí indicados. Una vez cumplida la prevención efectuada, por acuerdo de siete de marzo siguiente, se admitió a trámite la demanda; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete; con posterioridad, se reconoció el carácter de terceros interesados al Secretario y a la Comisión del Servicio de Carrera, Honor y Justicia de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, quienes fueron emplazados, y se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional que se desahoga al dictar esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este juzgado de distrito es competente para resolver el presente juicio, en términos de lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 37 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues en el caso concreto se reclama un acto de autoridad jurisdiccional en materia administrativa, carente de ejecución material y la demanda de amparo se presentó en esta ciudad. SEGUNDO. Jurisprudencias y tesis aisladas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y las tesis aisladas invocadas en el presente asunto que fueron integradas conforme a la Ley de Amparo anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables dado que no se oponen a la legislación vigente, de conformidad con el Artículo Sexto Transitorio de la actual ley de la materia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, y que entró en vigor al día siguiente. TERCERO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, dada la obligatoriedad del Juez de Distrito de analizar la demanda de amparo en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y fijar la materia de la litis constitucional, se procede a precisar los actos reclamados en el presente asunto, que de acuerdo con el examen integral practicado al libelo constitucional, su ampliación y demás constancias de autos, se hace consistir en: De la Magistrada de la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo: ? La interlocutoria de uno de febrero de dos mil veintidós, dictada en autos del juicio contencioso administrativo 208-2019-SU4-II, mediante la cual resolvió el incidente de liquidación de sentencia interpuesto por la parte actora, ahora quejosa. Es aplicable al caso concreto la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto se transcriben a continuación: "Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Toda vez que se ha precisado el acto reclamado por la parte quejosa en este juicio de amparo, debe abordarse a continuación el estudio sobre su certeza. CUARTO. Existencia del acto reclamado. La Magistrada de la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, al rendir informe justificado, convino en la existencia del acto que se le reclama, precisado en el considerando tercero de esta sentencia. En todo caso, la existencia del acto reclamado se corrobora con la fotocopia certificada de las constancias que integran el juicio contencioso administrativo 208-2019-SU4-II, del índice de la magistrada responsable, la cual cuenta con pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues se advierte que el uno de febrero de dos mil veintidós, la responsable resolvió el incidente de liquidación de sentencia interpuesto por la parte actora, aquí quejosa, en el contradictorio de origen. Luego, es cierto el acto reclamado. QUINTO. La Magistrada de la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, al rendir su informe justificado, sostiene que el presente juicio de amparo es improcedente al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, y 63, fracción IV, de la Ley de Amparo; sin embargo, omite exponer las circunstancias por las que estima que la parte quejosa consintió expresamente el acto reclamado y de las constancias remitidas no se obtiene su actualización; por tanto, es inoperante dicha causa de inejercitabilidad. Las partes no hicieron valer alguna causal de improcedencia ni el suscrito advierte alguna que deba analizarse de oficio. Luego, al no existir dispositivo legal que ordene plasmar en la sentencia las consideraciones y razones por las que no se actualiza alguno de los supuestos previstos en las diversas fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo, es evidente que el suscrito no tiene la obligación de hacer un análisis exhaustivo de todas y cada una de las causas de improcedencia del juicio de amparo. Tiene aplicación al caso, la siguiente jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto se citan a continuación: "Octava Época Registro: 205800 Instancia: Pleno Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo VII, Junio de 1991 Materia(s): Común Tesis: P./J. 22/91 Página: 60 Genealogía: Gaceta número 42, junio de 1991, página 19. Apéndice 1917-1995, Tomo VI, Primera Parte, tesis 285, página 191. IMPROCEDENCIA. EL JUEZ NO ESTA OBLIGADO A ESTUDIAR OFICIOSAMENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Si el Juez de Distrito no encuentra causal de improcedencia que amerite su estudio oficioso para sobreseer en el juicio, no está obligado a hacerse cargo del estudio de todas y cada una de las contempladas en el artículo 73 de la Ley de Amparo, ya que el último párrafo de dicho precepto no lo obliga a que analice todos y cada una de los supuestos de improcedencia contenidos en la ley, bastando que estudie y se pronuncie sobre las causales específicamente invocadas por las partes y las que oficiosamente considere aplicables, para tener por satisfecho el precepto en comento." En consecuencia, procede el estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. SEXTO. Conceptos de violación. La parte quejosa expresa como conceptos de violación los que se encuentran contenidos en su escrito inicial de demanda, que se tienen por reproducidos sin necesidad de transcribirlos. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto son: "Registro No. 164618 Novena Época Instancia: Segunda Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXXI, Mayo de 2010 Página: 830 Tesis: 2a./J. 58/2010 Jurisprudencia Materia(s): Común CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SÉPTIMO. Estudio del asunto. Una vez superado lo anterior, corresponde ahora abordar el análisis de la constitucionalidad del acto reclamado en el presente juicio de amparo. Como se precisó en el considerando tercero de esta sentencia, en este asunto se reclama la interlocutoria de uno de febrero de dos mil veintidós, dictada en autos del juicio contencioso administrativo 208-2019-SU4-II, mediante la cual resolvió el incidente de liquidación de sentencia interpuesto por la parte actora, ahora quejosa. Antecedentes del acto reclamado. Para mayor entendimiento del caso, resulta oportuno relatar algunos antecedentes del acto reclamado. En efecto, de la fotocopia certificada de las constancias integrantes del juicio contencioso administrativo 208-2019-SU4-II (tomo I), del índice de la magistrada responsable, al que se concedió pleno valor probatorio en el considerando cuarto, se advierte lo siguiente:  Por sentencia dictada el nueve de noviembre de dos mil veinte, en autos del juicio contencioso administrativo 208-2019-SU4-II, promovido por Irma Córdova Ventura contra actos de las autoridades Secretario Municipal de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, y Comisión del Servicio de Carrera, Honor y Justicia de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo; se resolvió: "PRIMERO.- La demandada probó su pretensión en el presente juicio de nulidad 208-2019-SU4-II; en consecuencia: SEGUNDO.- SE DECLARA LA NULIDAD LISA Y LLANA DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, precisada en el resultando primero de esta resolución, por los motivos y fundamentos establecidos en el Considerando QUINTO de la presente sentencia. TERCERO. SE RECONOCE EL DERECHO SUBJETIVO DE LA DEMANDANTE A LA INDEMNIZACIÓN que prevé el artículo 159, sexto párrafo, del Código de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, en los términos precisados en el Considerando SEXTO de la presente sentencia. CUARTO. Se reconoce el derecho de la parte demandante, a que la autoridad demandada anote en el expediente personal de la parte demandante, así como, en caso de ser procedente, en el Registro Nacional de Seguridad Pública, que fue separada o destituida en forma injustificada. QUINTO. NOTIFÍQUESE." En la referida sentencia, se condenó a la parte demandada al pago de las prestaciones consistentes en:  Remuneración ordinaria desde su separación, a partir del uno de noviembre de dos mil diecinueve hasta la emisión de la sentencia, y las que se sigan acumulando hasta el pago de la condena.  Indemnización constitucional.  Prima de antigüedad  Aguinaldo  Vacaciones  Prima vacacional, entre otros Prestaciones que se cuantificaron en la sentencia definitiva, desde el día siguiente a la fecha de separación, esto es, el uno de noviembre de dos mil diecinueve, hasta el nueve de noviembre de dos mil veinte, fecha de su emisión. Asimismo, se otorgó el plazo de cuatro meses a las autoridades demandadas para el cumplimiento de las condenas liquidadas, así como el pago de intereses.  Mediante escrito presentado el veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, la parte actora, promovió incidente de liquidación de sentencia, respecto del cual, por auto de veintiséis de noviembre de dos mil veinte, la responsable se reservó acordar hasta en tanto causara ejecutoria la sentencia.  Por acuerdo de dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, la magistrada responsable declaró que la sentencia dictada en el sumario natural había adquirido firmeza. Asimismo, admitió el incidente de liquidación y ordenó dar vista a las demandadas con la planilla de liquidación.  Una vez sustanciado el trámite incidental, el uno de febrero de dos mil veintidós, la responsable resolvió el incidente de liquidación que se reclama en esta instancia, en los términos siguientes: Una vez precisado lo anterior, corresponde ahora señalar que, del análisis de la litis en el presente juicio de amparo se obtiene que los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa son inoperantes en una parte e infundados en otra. Por cuestión de orden y método, se aborda en primer lugar el motivo de disenso que se califica de inoperante. En efecto, la parte impetrante sostiene que la autoridad responsable, en una parte del concepto de violación que identifica como primero de la demanda, que la magistrada responsable, sin realizar justificación legal alguna, cuantifica el numerario a pagar por diferentes conceptos, sin metodología alguna. Dicho concepto es inoperante pues no guarda relación con lo resuelto en la interlocutoria reclamada ya que en la misma, no se realizó cuantificación de cantidad alguna; por el contrario, la responsable se limitó a señalar que el incidente de liquidación era improcedente en virtud que las prestaciones habían sido cuantificadas en sentencia, por lo que únicamente transcribió la parte relativa de la ejecutoria dictada en el procedimiento. En ese tenor, si el argumento hecho valer por la parte quejosa no ataca alguna de las consideraciones plasmadas en la resolución, es inocuo para evidenciar su inconstitucionalidad, de ahí lo inoperante del mismo. Por otra parte, sostiene la quejosa que la responsable señaló que la fecha de baja injustificada del servicio que desempeñaba como policía fue el seis de septiembre de dos mil diecinueve, cuando de autos se advertía que se le dejó de pagar desde el quince de octubre de dos mil diecinueve; asimismo, que la responsable revirtió la carga de la prueba a la parte actora para acreditar la fecha en que efectivamente se le dejó de pagar, cuando es la demandada quien tiene mayores elementos para demostrar tal extremo. Tal argumento también deviene inoperante ya que, de igual manera, se sustentan consideraciones que no fueron abordadas en la resolución reclamada; por el contrario, son atinentes a demostrar la fecha en que se realizó la separación del cargo de policía que ostentaba la impetrante, lo que fue materia de la sentencia y no forma parte del cuestionamiento en el incidente de liquidación; de ahí que sea inatendible el mismo. Resulta ilustrativa al caso, la tesis aislada de datos de localización, rubro y texto siguientes: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 214342 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Octava Época Materias(s): Común Tesis: II.2o.172 K Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo XII, Noviembre de 1993, página 322 Tipo: Aislada CONCEPTOS DE VIOLACION INOPERANTES, CUANDO PLANTEAN EN NUEVO AMPARO CUESTIONES QUE YA FUERON OBJETO DE AMPARO ANTERIOR ALEGANDO INCORRECTO CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE GARANTIAS. Cuando se concedió un amparo anterior contra una sentencia de la Sala responsable, para efectos, es claro que contra la segunda sentencia que se dicte en cumplimiento de aquélla, resulta inoperante alegar como concepto de violación en el nuevo juicio de garantías, cuestiones relacionadas con el tema que fue objeto del amparo anterior." En otra parte, es infundado el motivo de disenso expuesto por la parte quejosa respecto a que la responsable omitió realizar una valoración de las pruebas periciales rendidas por los peritos en el incidente de liquidación, en los que concluyeron la fecha en que debía comenzar la cuantificación de los días transcurridos desde la separación del puesto. Se sostiene lo anterior, porque contrario a lo sostenido por la parte quejosa, de la resolución reclamada se obtiene que la responsable sí se pronunció sobre el único dictamen pericial exhibido en el procedimiento incidental, pues indicó que era desacertada la conclusión expresada por el perito en su dictamen, en virtud que los elementos aportados, consisten en operaciones y cantidades que ya fueron consideradas al dictar la sentencia de nueve de noviembre de dos mil veinte, por lo que era improcedente el incidente de liquidación. Aseveración sustentada por la sala responsable que se estima acertada ya que, del dictamen rendido por el perito propuesto por la parte actora, se obtiene que cuantificó prestaciones por los períodos que ya fueron determinados en la sentencia en virtud que indicó como período laborado del dieciséis de enero de dos mil diez al treinta de noviembre de dos mil veinte (foja 82 del anexo), cuando en la sentencia se estableció como fecha de separación el treinta de octubre de dos mil diecinueve. En ese sentido, se concluye que la responsable sí analizó la prueba ofrecida por la parte quejosa y la determinó incorrecta al proponer cuestiones que se apartaron de la litis del incidente de liquidación. Por lo que este órgano jurisdiccional estima que la conclusión a la que arribó la Magistrada responsable es apegada a derecho ya que el incidente de liquidación de sentencia tiene por finalidad cuantificar prestaciones que no fueron determinadas en cantidad líquida en la sentencia definitiva, por que a fin de ejecutar los fallos, se hace indispensable establecer a cuánto asciende la condena. Por tal motivo, la materia a dilucidar encuentra su sustento y medida en la sentencia y no puede variar de modo alguno lo que constituye cosa juzgada. En ese tenor, si en la sentencia dictada en el procedimiento de origen, emitida el nueve de noviembre de dos mil veinte, se liquidaron las prestaciones por las que se condenó a la parte demandada hasta esa fecha, y el incidente de liquidación fue presentado el veinticuatro siguiente; es inconcuso que no existía, hasta esa data, prestación que liquidar, habida cuenta que la resolución no había adquirido firmeza ni había transcurrido el plazo otorgado a las autoridades demandadas para acatar el fallo. En esos términos, es acertada la conclusión a la que arribó al responsable de determinar improcedente el incidente de liquidación de sentencia. En consecuencia, al resultar inoperantes e infundados los motivos de disenso hechos valer por la parte quejosa y al no advertir queja que suplir, se determina negar el amparo y la protección constitucional solicitada por Irma Córdova Ventura, contra el acto que reclama de la Magistrada de la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, consistente en la interlocutoria de uno de febrero de dos mil veintidós, dictada en autos del juicio contencioso administrativo 208-2019-SU4-II, mediante la cual resolvió el incidente de liquidación de sentencia interpuesto por la parte actora, ahora quejosa. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Irma Córdova Ventura, por derecho propio, contra el acto reclamado de la Magistrada de la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, que se encuentra precisado en el considerando tercero por los motivos expuestos en el séptimo de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Darío Alejandro Villa Arnaiz, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, ante Diana Alejandra Ángel Zárate, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    I. Se recibe informe justificado. Agréguese a los autos para que obre como corresponda la promoción con número de registro 5925 a través de la cual la autoridad responsable Magistrada de la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, rinde informe justificado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, póngase a la vista de las partes para los efectos legales conducentes y hágase la relación respectiva al celebrarse la audiencia constitucional. Asimismo, con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase por ofrecida la prueba documental exhibida por la autoridad responsable y hágase la relación respectiva al celebrarse la audiencia constitucional. Por otra parte, para un mejor manejo de las constancias, se ordena formar un tomo de pruebas (tomo I) con las fotocopias certificadas de las constancias del juicio contencioso administrativo 208/2019-SU4-II de su índice, remitidas por la autoridad responsable. De igual manera, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la autoridad oficiante el que indica para tal fin; y, con apoyo en el artículo 9°, párrafo primero, de la ley de la materia, como sus delegados a las personas que refieren. Ahora bien, vista la certificación de cuenta y como lo solicita la autoridad oficiante, con fundamento en los artículos 3º de la Ley de Amparo y 21 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónica y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, habilítese al usuario "anarudich" para la consulta electrónica del presente juicio de amparo, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. II. Se reconoce tercero interesado. En otro tema, de la revisión de las constancias del juicio de origen, remitidas por la autoridad responsable con su informe justificado, se advierte que son autoridades demandadas en aquél sumario: la i) Comisión del Servicio de Carrera, Honor y Justicia de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito de Benito Juárez y ii) Secretario Municipal de Seguridad Pública y Tránsito del Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo; en consecuencia, con apoyo en el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se tiene como terceros interesados a la i) Comisión del Servicio de Carrera, Honor y Justicia de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito de Benito Juárez y ii) Secretario Municipal de Seguridad Pública y Tránsito del Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo. Forma de emplazarlo(s). Con apoyo en el numeral 26, fracción II, inciso b), de la Ley de Amparo, mediante oficio que al efecto se libre, con transcripción del presente acuerdo y del auto admisorio de siete de marzo de dos mil veintidós, emplácese a los terceros interesados en mención, debiendo adjuntar fotocopia sin certificar de la demanda de amparo. III. Diferimiento de audiencia constitucional De igual manera, para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para esta fecha se difiere para las nueve horas con treinta minutos del veintinueve de abril de dos mil veintidós.

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