Irma Choreño Morales
Expediente 331/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 51 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 331/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 51
- Última actuación
- 13/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Irma Choreño Morales
- Lino Choreño Morales
Actuaciones
Las 4 más recientes de 51.
- Incidental
Pachuca de Soto, Hidalgo; trece de noviembre de dos mil veintitrés. Archivo. Visto el estado procesal de autos y la certificación que antecede, al no existir diligencia pendiente, se ordena el archivo de este cuaderno incidental como asunto concluido. Ahora bien, por lo que hace al expediente original del incidente de suspensión, en razón de que se negó la medida cautelar solicitada, de conformidad con lo que establece el artículo 20, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se valora como destruible; por lo tanto, deberá ser transferido a los Depósitos documentales a cargo de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, una vez cumplido el plazo de tres años. Por lo que hace al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el artículo 19, fracción II, inciso a), del referido Acuerdo, el mismo se valora como destruible una vez cumplido el plazo seis meses, previa generación de los documentos por duplicado que establece el artículo 22 del acuerdo en comento, a efecto de tener plena identificación de este expediente. 5
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; trece de noviembre de dos mil veintitrés. Causa ejecutoria sobreseimiento. Vista la certificación que antecede, se advierte que la sentencia en la que se sobreseyó el presente juicio no fue recurrida dentro del término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y III, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente al primer ordenamiento, se declara que ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones en el libro de control electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este asunto como concluido. Valoración documental. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el expediente se valora como destruible, en virtud de que se sobreseyó respecto de todos los actos reclamados, por lo que, deberá ser destruido una vez cumplido el plazo de tres años. Incidente de suspensión. Finalmente, con el contenido de este acuerdo dese cuenta en el incidente de suspensión y provéase lo conducente. 5
- Principal
S E N T E N C I A Vistos los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 331/2020-5-A; y, Por lo expuesto, se R E S U E L V E: Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ***, ambos de apellidos ***, respecto de los actos y autoridades precisados en el considerando segundo y de conformidad con lo expuesto en los considerandos tercero y quinto. 5
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; uno de septiembre de dos mil veintitrés. Remite ejecutoria. Visto el oficio proveniente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, mediante el cual envía el testimonio de la ejecutoria pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa-Enríquez, Veracruz, en el recurso de revisión 331/20********************, la cual concluye con los siguientes puntos resolutivos: "Primero. Se REVOCA la sentencia recurrida. Segundo. Se ORDENA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO en el juicio de amparo indirecto 331/2020, del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo, con residencia en Pachuca de Soto, Hidalgo, promovido por Irma y Lino, ambos de apellidos Choreño Morales, contra actos de la Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Hidalgo, con sede en Pachuca de Soto, y otras autoridades, para los efectos indicados en la parte final del último considerando de esta ejecutoria (.) .". En tal virtud, acúsese el recibo correspondiente, glósese a los autos y háganse las anotaciones en el Libro Electrónico respectivo, así como en el Sistema de Seguimiento de Expedientes (SISE). Desglósense las actuaciones originales que obren en el cuaderno de antecedentes que se formó con motivo del recurso de revisión, para ser integradas al presente juicio. Asimismo, hágase del conocimiento de las partes la presente determinación. En consecuencia, en cumplimiento a la ejecutoria de mérito, se deja sin efectos la audiencia constitucional, y por ende, la sentencia objeto de la revisión. Audiencia constitucional. Se señalan las once horas con cincuenta minutos del cinco de octubre de dos mil veintitrés para su celebración. Pronunciamiento respecto de la prueba testimonial y de inspección judicial. Ahora bien, respecto a la prueba ofrecida por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda consistente en la testimonial a cargo de ********************y********************, se advierte que no se ajusta a los requisitos establecidos en el artículo 119 de la ley de la materia, por las razones que a continuación se exponen: En principio, es oportuno precisar lo establecido en el artículo 119 de la Ley de Amparo, el cual señala lo siguiente: "Artículo 119. Serán admisibles toda clase de pruebas, excepto la confesional por posiciones. Las pruebas deberán ofrecerse y rendirse en la audiencia constitucional, salvo que esta Ley disponga otra cosa. (.) Para el ofrecimiento de las pruebas testimonial, pericial o inspección judicial, se deberán exhibir original y copias para cada una de las partes de los interrogatorios al tenor de los cuales deberán ser examinados los testigos, proporcionando el nombre y en su caso el domicilio cuando no los pueda presentar; el cuestionario para los peritos o de los puntos sobre los que deba versar la inspección. No se admitirán más de tres testigos por cada hecho. (.)". En ese sentido, del precepto legal trascrito, se advierte que el ofrecimiento de la prueba de que se trata no cumple con los requisitos señalados en artículo 119 de la Ley de Amparo, esto es, no exhibió el original del interrogatorio al tenor del cual deban desahogarse la testimonial en comento. Lo anterior se considera así, ya que para que ésta se admita, no basta con que únicamente se ofrezca, pues las condiciones de eficacia del ofrecimiento de la prueba testimonial son su oportunidad (en tiempo), la exhibición del interrogatorio original y la presentación de las copias respectivas. De ahí que, si la prueba se ofrece desatendiendo cualquiera de los dos primeros requisitos, el Juez debe desecharla, pero si se omite exhibir las copias suficientes del interrogatorio, la consecuencia es prevenir al oferente. Esto es así, porque si bien, tanto la exhibición del interrogatorio original como la de sus copias son elementos esenciales para el perfeccionamiento del ofrecimiento de la prueba, lo cierto es que, por un lado, existe disposición expresa del legislador para subsanar la falta de las segundas, lo que no ocurre con el interrogatorio original. La anterior determinación encuentra apoyo en la tesis de jurisprudencia P./J. 17/2018 (10a.), con número de registro digital 2017133, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en el libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 15, Décima Época, cuyo rubro y texto dicen: "PRUEBA TESTIMONIAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA FALTA DE EXHIBICIÓN DEL INTERROGATORIO ORIGINAL AL OFRECERLA, DA LUGAR A SU DESECHAMIENTO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 119, PÁRRAFOS QUINTO Y SEXTO, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE). Conforme al artículo 119 de la Ley de Amparo, el plazo para ofrecer la prueba testimonial en el juicio de amparo indirecto corre desde la presentación de la demanda hasta cinco días hábiles antes de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia. Asimismo, dispone que para su ofrecimiento, deberán exhibirse el original y copias del interrogatorio para cada una de las partes, al tenor de los cuales deberán ser examinados los testigos, proporcionando sus nombres y, en caso de que el oferente no pueda presentarlos, sus domicilios; y que a falta total o parcial de las copias, el Juez del conocimiento lo requerirá para que las presente dentro del plazo de tres días, apercibiéndolo que de no hacerlo la prueba se tendrá por no ofrecida. En ese tenor, no basta con que la prueba se ofrezca para ser admitida, pues las condiciones de eficacia del ofrecimiento de la prueba testimonial son su oportunidad, la exhibición del interrogatorio original y la presentación de las copias respectivas. De ahí que, si la prueba se ofrece desatendiendo cualquiera de los dos primeros requisitos, el Juez del conocimiento debe desecharla, pero si se omite exhibir las copias, la consecuencia es prevenir al oferente. Esto es así, porque si bien, tanto la exhibición del interrogatorio original como la de sus copias son elementos esenciales para el perfeccionamiento del ofrecimiento de la prueba, lo cierto es que, por un lado, existe disposición expresa del legislador para subsanar la falta de las segundas, lo que no ocurre con el interrogatorio original. Además, sus finalidades son diferentes, toda vez que el interrogatorio delimita el objeto de la prueba y su contenido constituye la materia sobre la cual versará, por tanto, es su elemento medular, sin el cual no puede considerarse formulado su ofrecimiento, mientras que sus copias sólo son un instrumento formal, necesario para permitir a las partes restantes formular su contradicción. Así, dadas sus diversas finalidades, la facultad de requerir las copias de traslado, ante su falta total o parcial, no puede extenderse al interrogatorio original, ya que de lo contrario, se haría nugatorio el plazo previsto en el artículo 119 citado, pues sólo bastaría con que la prueba se ofreciera dentro del plazo previsto para ello y que se perfeccionara fuera de él, en franca violación a los principios de expeditez y de igualdad procesal de las partes que rigen el juicio de amparo indirecto, además de que el mismo precepto no dispone que el juzgador deba actuar de manera excepcional, como sí lo precisó cuando se trata de la falta de copias, en términos del principio general del derecho previsto en el artículo 11 del Código Civil Federal, acorde con el cual, las leyes que establecen una excepción a las reglas generales, no son aplicables a algún caso que no esté expresamente especificado en aquéllas. En consecuencia, por las consideraciones expuestas, no ha lugar a tener por admitida la testimonial ofrecida. Por otra parte, se tiene como diverso medio de prueba ofrecido por los quejosos, la relativa a la inspección judicial de los siguientes bienes inmuebles: Lote ********************, manzana ********************, de la calle ******************** del********************, Municipio de ********************, Estado de Hidalgo. Lote ********************, manzana ********************, de la calle ******************** del********************, Municipio de ********************, Estado de Hidalgo. No obstante, se desecha por no ser la prueba idónea para acreditar los extremos que se pretenden, en virtud de que se advierte que lo que la parte oferente pretende acreditar con su desahogo es la existencia de los inmuebles antes señalados, así como sus características; pero, atento a la naturaleza de la prueba en comento, en la que únicamente se da fe de lo que puede observarse a través de los sentidos en un lapso, se considera que su desahogo únicamente redundaría en el retraso de la resolución del presente juicio. En efecto, las características de un bien, ya sea mueble o inmueble, no conlleva a que una persona ejerza o posea alguna potestad sobre él, pues esta se prolonga a través del tiempo; por tanto, no se considera que la probanza ofrecida represente un beneficio para la parte que la ofrece por ser incompatible con lo que pretende el oferente. Por el criterio jurídico contenido, resulta citar la tesis I.1o.A.14 K, dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1888, del número XXIII, Febrero de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, perteneciente a la Novena Época, Materia Común, registro IUS 175823, que a la letra dice lo siguiente: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO. LA FALTA DE IDONEIDAD Y PERTINENCIA IMPLICA QUE EL JUEZ DE DISTRITO NO ESTÉ OBLIGADO A RECABARLAS. Los artículos 150 y 152 de la Ley de Amparo, así como el 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a los juicios de garantías, disponen que en el juicio de amparo son admisibles toda clase de pruebas, con excepción de la de posiciones y de las que atenten contra la moral y el derecho y que, a efecto de que las partes puedan rendirlas, las autoridades están obligadas a expedir con toda oportunidad las que tengan en su poder y si no cumplen con esa obligación, a petición del interesado, el Juez de Distrito les exigirá tales medios de prueba con el único requisito de que, previo a esa petición, se hubieran solicitado directamente a los funcionarios. Sin embargo, el contenido de dichos dispositivos no debe interpretarse en el sentido de que el juzgador está obligado, en todos los casos, a recabar las pruebas ofrecidas por las partes, sino que, para su admisión, deben cumplir con los principios de pertinencia e idoneidad. Ahora bien, el primero de tales principios impone como limitación al juzgador, tanto al calificar la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes como las que traiga oficiosamente, que tengan relación inmediata con los hechos controvertidos, con la finalidad de evitar, por economía procesal, diligencias innecesarias y carentes de objeto, y el segundo, regido, a su vez, por los principios de expeditez en la administración de justicia y de economía procesal, consiste en que la prueba sea el medio apropiado y adecuado para probar el hecho que se pretende demostrar, de modo que intentar recabar una prueba que no cumpla con esas exigencias provocaría una mayor dilación en el trámite del proceso en perjuicio de los justiciables y de la pronta y expedita impartición de justicia." v
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