Irma Catalina Garcia Sada

Expediente 582/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el estado de Nuevo León. 21 actuaciones registradas, la última del 2 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
582/2022
Año
2022
Actuaciones
21
Última actuación
02/06/2023

Partes del expediente

  • Irma Catalina Garcia Sada
  • Congreso del Estado de Nuevo Leon

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    Monterrey, Nuevo León, a dos de junio de dos mil veintitrés.********************Vista la cuenta que antecede, agréguese a los autos de conformidad con lo dispuesto por el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme su artículo 2o, segundo párrafo, el escrito signado por la parte quejosa Irma Catalina García Sada y el oficio remitido por el Director General Jurídico Tributario, de la Subsecretaría de Administración Tributaria de la Secretaría de Finanzas y Tesorero General del Estado, en representación del Secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado, mediante los cuales realizan diversas manifestaciones sobre el cumplimiento de la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo.********************Por otra parte, del estado que guardan los autos, se observa que en el presente juicio de amparo obran diversas actuaciones tendientes a cumplimentar la ejecutoria de amparo, por lo que se considera necesario realizar el estudio correspondiente para determinar si se encuentra cumplimentada a cabalidad.********************En virtud de lo anterior, es necesario hacer mención que en el presente juicio de amparo, se siguió el procedimiento correspondiente, ya que con el dictado de la sentencia y, subsecuentemente, la ejecutoria, es como se conmina a las responsables para su cumplimiento. ********************Cobra aplicación la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Fuente Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, del mes de Noviembre de 2014, Tomo I, página 19, de rubro y texto siguiente: ********************"PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo".********************Para tal efecto, conviene realizar un análisis cronológico de las constancias de autos relativas al cumplimiento de la ejecutoria que nos ocupa, de las cuales, en lo que interesa, se advierte lo que sigue:********************Mediante resolución constitucional dictada el siete de septiembre de dos mil veintidós, se decidió:********************"PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo 582/2022, promovido por la parte quejosa Irma Catalina García Sada, por los motivos indicados en el considerando cuarto de la presente resolución.********************SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a parte quejosa Irma Catalina García Sada, por las razones plasmadas y para los efectos precisados en la parte final de esta sentencia constitucional " ****************************************Advirtiendo que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió a la parte quejosa, para el efecto siguiente:********************"I. Desincorporen de la esfera jurídica de la parte amparada, el precepto 271, fracción I, de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León, hasta en tanto, dicho precepto no sea reformado y, en consecuencia, ********************II. Dejen insubsistente el pago de derechos descrito en el comprobante de pago con número de folio 30624446, de dieciséis de marzo de dos mil veintidós, expedido por la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León, por la cantidad de $54,845.00 (cincuenta y cuatro mil ochocientos cuarenta y cinco pesos de moneda nacional), por concepto de derechos de inscripción de una operación de compraventa de inmueble. ********************III. Procedan a la devolución del monto excedente que resulten de cobrar a la parte quejosa por las inscripciones efectuadas, la cuota fija mínima que estriba en cinco cuotas. Aún más, la protección constitucional comprende que, en lo sucesivo, se siga aplicando a la parte quejosa, el dispositivo 271, fracción I, de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León, en los términos apuntados (con la cuota mínima), mientras no se reforme el precepto".****************************************Inconforme con dicha determinación, el Subsecretario de Asuntos Jurídicos y Atención Ciudadana de la Secretaria General de Gobierno del Estado de Nuevo León, en representación del Gobernador Constitucional, interpuso recurso de revisión del cual tocó conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, quien mediante ejecutoria de nueve de marzo de dos mil veintitrés, resolvió:********************"PRIMERO. En la materia de la revisión, se confirma la resolución constitucional impugnada.********************SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Irma Catalina García Sada, en los términos y para los efectos precisados en la presente ejecutoria".********************Enseguida, en proveído de treinta de marzo de dos mil veintitrés, se recibió testimonio de la ejecutoria de mérito y se requirió a las autoridades responsables para que dentro del plazo de tres días hábiles, dieran cumplimiento al fallo protector.********************Posteriormente, mediante oficio DGJT-JC-1604/2023, recibido en este juzgado el veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, la autoridad responsable Director General Jurídico Tributario, de la Subsecretaría de Administración Tributaria de la Secretaría de Finanzas y Tesorero General del Estado, en representación del Secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado, informó que acordó dejar insubsistente la determinación por concepto de derechos de inscripción de una operación de compraventa de inmueble.********************Asimismo, informo que se ordenó devolver la cantidad total ya actualizada de $68,193.83 (sesenta y ocho mil ciento noventa y tres pesos con ochenta y tres centavos moneda nacional), derivada del excedente del pago realizado respecto al impuesto predial concretizado mediante el recibo oficial número 30624446. ********************Luego, mediante oficio DGJT-JC-1604/2023, recibido en este juzgado el diez de mayo de dos mil veintitrés, la autoridad responsable Director General Jurídico Tributario, de la Subsecretaría de Administración Tributaria de la Secretaría de Finanzas y Tesorero General del Estado, en representación del Secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado, informó que se encontraba a disposición de la parte quejosa un cheque mediante el cual se realizaba la devolución de la cantidad del pago realizado, su actualización y los intereses respectivos. ********************Asimismo, el Director General Jurídico Tributario, de la Subsecretaría de Administración Tributaria de la Secretaría de Finanzas y Tesorero General del Estado, en representación del Secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado, allegó constancias que acreditan el pago a la parte quejosa por la cantidad actualizada de $68,193.83 (sesenta y ocho mil ciento noventa y tres pesos con ochenta y tres centavos moneda nacional), con motivo del pago de lo indebido, el cual entregó mediante el cheque número 0165996, expedido a favor de la impetrante por la referida cantidad, así como la notificación a la parte quejosa del oficio DGJT-JC-1998/2023, a través del cual le informó que se dejó insubsistente el pago de derechos descrito en el comprobante de pago con número de folio 30624446, de dieciséis de marzo de dos mil veintidós, expedido por la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León, por la cantidad de $54,845.00 (cincuenta y cuatro mil ochocientos cuarenta y cinco pesos de moneda nacional), por concepto de derechos de inscripción de una operación de compraventa de inmueble.********************Asimismo, le informó que se seguirá aplicando a la parte quejosa, el dispositivo 271, fracción I, de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León, en los términos apuntados (con la cuota mínima), mientras no se reforme el precepto.********************Finalmente, la parte quejosa manifiesta que recibió el cheque número 0165996, por la cantidad de $68,193.83 (sesenta y ocho mil ciento noventa y tres pesos con ochenta y tres centavos moneda nacional).********************Por consiguiente, con las documentales aludidas, las cuales adquieren pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, hacen patente que la autoridad responsable cumplió con los lineamientos establecidos en la ejecutoria de mérito, toda vez que se dejó insubsistente la determinación del impuesto predial contenida en el comprobante de pago con número de folio 30624446; realizó la devolución debidamente actualizada atinente a los pagos realizados en exceso por la quejosa con motivo del impuesto reclamado; y, ordenó que a la impetrante se le cuantificara y pagara el impuesto predial que le corresponda en relación con los valores unitarios de construcción, tomando en cuenta la clasificación de menor valor. ********************Por tanto, con dichas actuaciones, se restituyó a la parte quejosa en el pleno goce del derecho violentado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la transgresión a sus derechos humanos, como lo establece los artículos 77, fracción I y 78 de la Ley de Amparo; así, se considera debe tenerse por cumplida la ejecutoria en análisis, ya que las autoridades responsables cumplieron con el fallo protector otorgado.********************Expuesto lo anterior, con fundamento en los artículos 192, 193, 194, 195 y 196 de la Ley de Amparo, al haberse satisfecho los extremos de la protección constitucional concedida, se declara que la sentencia de amparo ha quedado cumplida.********************Finalmente, háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido.********************Notifíquese personalmente a la parte quejosa, por oficio a las autoridades responsables y mediante lista de acuerdos a la Agente del Ministerio Público adscrita.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE DOS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS; CON FUNDAMENTO EN EL NUMERAL 27 FRACCION I INCISO B DE LA LEY DE AMPARO.

  3. Principal

    Monterrey, Nuevo León, a veintidós de mayo de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, de conformidad con lo establecido por el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme su artículo 2o, segundo párrafo, agréguese a los autos el oficio enviado por el Director General Jurídico Tributario, de la Subsecretaría de Administración Tributaria de la Secretaría de Finanzas y Tesorero General del Estado, en representación del Secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado, mediante el cual realiza diversas manifestaciones sobre el cumplimiento de la ejecutoria; concretamente, que el quejoso deberá presentarse ante la Secretaría de Finanzas y Tesorero General del Estado, a fin de recibir el pago correspondiente.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE ONCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS; CON FUNDAMENTO EN EL NUMERAL 27, FRACCION I INCISO B DE LA LEY DE AMPARO.

Quedan 17 actuaciones en este expediente

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