Irma Castañón Mejía
Expediente 223/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 223/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 13/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Irma Castañón Mejía
Actuaciones
- Principal
Acapulco, Guerrero; trece de marzo de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, mediante el cual acusa recibo del oficio por el cual este órgano jurisdiccional le remite por incompetencia el juicio de amparo 223/2019, promovido por Irma Castañón Mejía, por propio derecho; asimismo, informa que aceptó la competencia planteada y se avocó al conocimiento del asunto, correspondiéndole el juicio de amparo número 346/2019. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, al no existir actuación alguna por cumplimentar, archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior, en la caratula del expediente principal. Notifíquese.
- Principal
Acapulco, Guerrero; cinco de marzo de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por Irma Castañón Mejía en su carácter de propietaria de la Estancia Infantil denominada "IXOYE", contra actos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con residencia en la Ciudad de México, y otras autoridades. Regístrese en el libro de gobierno con el número 223/2019, y fórmese expediente. INCOMPETENCIA. Ahora, la parte quejosa reclama en esta instancia constitucional el Decreto mediante el cual se aprobó el presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho, únicamente en lo que fue la reducción en el presupuesto asignado al Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, contenido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve, emitido por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, a través del Presidente de la Mesa Directiva de la LXIV Legislatura y su acto de aplicación materializado en la falta de presupuesto que se le otorga a la Estancia Infantil denominada "IXOYE" ubicada en calle General Baltazar R. Leyva Mancilla número 20, colonia Centro, código postal 39000, en Chilpancingo, Guerrero. En efecto, el artículo 37 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del contenido del transcrito precepto se obtienen tres reglas básicas que, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, determinan la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: La regla inicial se encuentra contenida en el primer párrafo del precitado numeral, que se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde debe tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. La segunda provisión normativa, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz de la primera regla, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, entonces será competente para conocer de la demanda de amparo el juez, donde se haya presentado la misma. En el último párrafo del precepto en comento, se establece la tercera regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se hubiese presentado la demanda. Bajo ese contexto, tomando en consideración que conforme con el artículo 37 de la Ley de Amparo, será competente para conocer del juicio de amparo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado; por lo tanto, este órgano jurisdiccional carece de competencia legal por razón de territorio para conocer de la presente demanda de amparo presentada por Irma Castañón Mejía, quien se ostenta propietaria de la estancia infantil "IXOYE", ubicada en calle General Baltazar R. Leyva Mancilla número 20, colonia Centro, código postal 39000, en Chilpancingo, Guerrero, en virtud de que los actos reclamados, tendrán verificativo material en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, ya que es ahí donde se localiza la estancia infantil. Es aplicable al caso por analogía, la tesis visible en la página 324, Tomo XVII, Enero de 2003 del Semanario Judicial de la Federación, novena Época, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA UNA LEY FISCAL FEDERAL CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, CONSISTENTE EN LA DECLARACIÓN Y PAGO DE LA CONTRIBUCIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DEL DOMICILIO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE. Conforme al artículo 36 de la Ley de Amparo si el acto reclamado en un juicio de garantías requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde dicho acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado. Ahora bien, si se reclama en un juicio de amparo indirecto una ley fiscal federal con motivo de su primer acto de aplicación, consistente en la declaración y pago de la contribución en ella establecida, efectuados a través de medios electrónicos, debe considerarse competente para conocer del juicio el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar del domicilio fiscal del contribuyente, el cual coincide con la circunscripción territorial de la unidad administrativa del Servicio de Administración Tributaria a la que se entienden dirigidos la declaración y el pago relativos, por ser aquel en que tuvo ejecución el acto de aplicación y producirá sus consecuencias de control y fiscalización autoritarios, pues el criterio general establecido en la legislación fiscal para efectos de vinculación del contribuyente al cumplimiento de sus obligaciones fiscales es el de su domicilio fiscal, que se precisa en el artículo 10 del Código Fiscal de la Federación, y en relación con el cual se realiza su control por la unidad administrativa regional en cuya circunscripción se ubica. Lo anterior es así, pues si bien es cierto que formalmente la declaración presentada por medios electrónicos se dirige, en general, al Servicio de Administración Tributaria, el cual, conforme al artículo 4o. de la Ley que lo regula tiene su domicilio en la Ciudad de México, donde se ubican sus oficinas centrales, también lo es que la introducción de los medios electrónicos como vía para el cumplimiento de las obligaciones fiscales sólo tuvo por finalidad el simplificar a los contribuyentes tal cumplimiento, pero no modificar el criterio del domicilio fiscal como lugar de vinculación de los contribuyentes a dicho cumplimiento, ni el régimen de distribución de facultades entre los órganos que conforman tal dependencia bajo el criterio de desconcentración para el logro de una administración tributaria accesible, eficiente y cercana a los contribuyentes, por lo que la declaración y el pago relativos deben entenderse dirigidos a la unidad administrativa que ejerce el control sobre el contribuyente; además, considerar que la ejecución del acto tuvo lugar en la Ciudad de México por encontrarse en ella el domicilio del Servicio de Administración Tributaria sería sustentar un criterio contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que llevaría a concentrar en los Juzgados de Distrito que ejercen jurisdicción en tal entidad los juicios promovidos contra leyes fiscales cuando el avance tecnológico computacional tiende a que la mayoría de los contribuyentes cumpla sus obligaciones a través de medios electrónicos. Se hace la precisión que si bien el citado criterio fue integrado conforme a la Ley de Amparo abrogada, el cual de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, continua en vigor y por ende aplicable al presente asunto, dado que no se opone al texto vigente, pues la hipótesis que en aquél se alude la prevé también el diverso numeral 37, de la legislación vigente; ya que en ambos se establece la regla que enuncia que es autoridad competente para conocer el juicio de amparo, el juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. En las anotadas condiciones, remítase la demanda con sus copias a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en la ciudad de Chilpancingo, a efecto de que hagan las anotaciones correspondientes y lo turne al Juez de Distrito de esa ciudad que corresponda, a fin de que en términos de lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley de Amparo, resuelva dentro de cuarenta y ocho horas, si acepta o no el conocimiento del asunto; sin que se decida sobre la suspensión de los actos reclamados porque no se ubican en alguno de los supuestos precisados en el citado numeral antes mencionado. AUTORIZADOS. Se tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a Ramiro Frías de Jesús, Víctor José Mendoza Lázaro, Alfonso Catalán Luna y José Antonio Frías Valdés, quienes cuentan con su cédula registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que los acredita como profesionales del Derecho; y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a Gilberto Ángel Martínez González, por no cumplir con el requisito anterior. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la Ley de la Materia, se comisiona al actuario judicial para que las notificaciones de carácter personal, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles. Sin que haya lugar a notificar personalmente a la parte quejosa el presente acuerdo, ya que es obligación de la misma informarse de la situación que guarda su demanda de amparo dentro de este órgano jurisdiccional. TRANSPARENCIA. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Notifíquese.Así lo proveyó y firma el Maestro Lino Román Quiroz, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido por César Israel Santes Quevedo, Secretario adscrito al propio juzgado de Distrito, que autoriza y da fe.
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