Irma Calderon Martinez

Expediente 411/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 21 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
411/2022
Año
2022
Actuaciones
21
Última actuación
31/05/2023

Partes del expediente

  • Irma Calderon Martinez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. Se declara auto consentido. En cumplimiento a lo ordenado en auto de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós y visto el estado de los autos, particularmente la certificación de cuenta que antecede, se advierte el cómputo de los noventa días otorgados a la parte quejosa en dicho proveído, para que acudiera ante este Juzgado, a efecto de que se realizara la devolución de los documentos susceptibles, mismo que concluyó el dieciocho de abril de dos mil veintitrés, sin que se hubiese presentado para tal fin; en consecuencia, se declara que dichas documentales pueden ser destruidas con el expediente. Remítase físicamente el expediente en que se actúa, al archivo definitivo de este juzgado Lineamientos para la integración del expediente físico. Por otro lado, de conformidad con el artículo transitorio SEXTO1 del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, a partir del uno de diciembre del dos mil veintidós, se precisa que al expediente físico relativo al expediente en que se actúa, solo se agregarán los documentos que se reciban por la vía física. Exhortación. Asimismo, se exhorta a las partes que intervengan en el asunto, a adoptar, como eje rector, la actuación desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), esto es, presentación de promociones de manera electrónica, de conformidad con el artículo 236 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Notifíquese por lista.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós. Se declara auto consentido. Visto el estado de los autos, particularmente la certificación de cuenta que antecede, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de inconformidad en contra del auto de cuatro de octubre de dos mil veintidós, que declaró cumplida la ejecutoria de amparo, toda vez que del libro de recibo de correspondencia oficial que se lleva en este juzgado, se desprende que no obra registrada promoción mediante la cual se interponga dicho recurso; en consecuencia, se declara consentido el acuerdo de referencia. Archivo definitivo. Toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Depuración. Acorde al artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que con fecha quince de julio de dos mil veintidós, se dictó sentencia en el presente juicio, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, misma que causó ejecutoria en auto de nueve de septiembre de dos mil veintidós, este expediente es susceptible de depuración, una vez que transcurra el plazo de tres años conforme a lo previsto en el citado punto, lo cual deberá realizarse dentro de los noventa días siguientes de haberse actualizado aquél primer plazo, y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Transferencia. Hecho lo anterior, se deberá solicitar la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Cuadernos incidentales. Toda vez que en el presente asunto se tramitó incidente de suspensión del acto reclamado, en el cual se negó la medida cautelar; en consecuencia, archívense por separado los cuadernos original y duplicado, con copia autorizada del presente proveído. Al efecto, se declara que el original del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción; lo cual deberá efectuarse una vez que transcurran más de tres años, conforme a lo previsto en el artículo 21, inciso c) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; lo cual deberá realizarse dentro de los treinta días siguientes de haberse actualizado aquél primer plazo; sin que en el caso obre en el expediente algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Asimismo, archívese por separado el duplicado del incidente y con fundamento en el punto artículo 20 del citado Acuerdo General, se declara que el mismo también es susceptible de destrucción, al obrar su original y no existir documentos originales en tal cuaderno; lo que ocurrirá una vez que se cumplan seis meses contados a partir de su archivo como asunto concluido, lo cual deberá realizarse dentro de los treinta días siguientes de haberse actualizado el plazo en comento, y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Documento susceptible de devolución. Toda vez que la parte quejosa, exhibió en el presente asunto documentales que por sus características deben ser devueltas, con fundamento en el artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, requiérasele para que dentro del término de noventa días contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, comparezca ante este Juzgado con copia simple de los mismos a efecto de que se realice su cotejo y compulsa para que obren en autos, previo a su devolución, debiendo levantarse la razón de recibo correspondiente; en la inteligencia que de no hacerlo, dichas documentales podrán ser destruidas junto con el expediente. Hecho lo anterior o bien, transcurrido el plazo referido sin que la parte quejosa acuda a recoger los documentos, devuélvanse los autos al archivo previo el acuerdo correspondiente en el que se haga constar el cómputo respectivo. No relevancia documental. En ese orden, atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el artículo 15 del mencionado Acuerdo General.

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, once de octubre de dos mil veintidós. Se agrega(n) promoción(es). Visto el oficio de cuenta, con fundamento en el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene al Magistrado Presidente de la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, acusando recibo del oficio 33299/2022 del índice de este Juzgado, por medio del cual se le comunicó el auto de cuatro de octubre de dos mil veintidós, que declaró cumplida la ejecutoria de amparo. Notifíquese por medio de lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  4. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, cuatro de octubre de dos mil veintidós. Estado de autos. Vista la certificación que antecede, así como el estado que guardan los autos, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, tomando en consideración los elementos de prueba que obran en este expediente, se procede a analizar si la ejecutoria dictada en el mismo se encuentra cumplida. 1. Antecedentes. A efecto de iniciar el estudio propuesto, debe tenerse presente que: 1.1. El quince de julio de dos mil veintidós, se dictó sentencia en el presente asunto, en la se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para el efecto de que la autoridad responsable, Magistrados de la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado: ".I.- Deje insubsistente la interlocutoria de catorce de febrero de dos mil veintidós, dictada dentro del toca 754/2021, interpuesta por ***. II.- Deberá emitir otra determinación, en la que se pronuncie nuevamente sobre el recurso de apelación planteado por la aquí quejosa, sin más limitante a su plena libertad de jurisdicción, que la de entender a los aspectos que en relación a los principios de congruencia y exhaustividad acorde a lo señalado en el presente fallo..." 1.2. En proveído de nueve de septiembre de dos mil veintidós, causó ejecutoria el anotado fallo y se requirió a la autoridad responsable, a fin de que comunicara el cumplimiento respectivo. 2. Informes sobre el cumplimiento. 2.1 Mediante oficio recibido el veinte de septiembre del año en curso, el Presidente de la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, remitió copia certificada de la resolución de diecinueve de septiembre del presente año, dictada en el toca 754-2021. 3. Valoración probatoria. Documental a la cual se concede valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo según su artículo 2 y que es suficiente para demostrar: - Que la Sala, en auto de trece de septiembre de dos mil veintidós, dejó insubsistente la interlocutoria de catorce de febrero de dos mil veintidós. - Que el diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, la Sala responsable dictó la resolución correspondiente al recurso de apelación planteado por la aquí quejosa. Atendió los aspectos conforme a los principios de congruencia y exhaustividad, la responsable en la aludida resolución expuso a la literalidad lo siguiente: ".Precisado lo anterior, y con el objeto de cumplimentarcon lo establecido en el fallo protector, se explica por qué seconsideran fundados los agravios, argumentos todos tendientes acombatir la determinación adoptada por el juzgador la de decretarel requerimiento a las partes por la exhibición de sus respectivosavalúos dentro del término de 10 diez días; tales señalamientos dedisenso hacen pertinente resaltar las actuaciones procesalespracticadas, las relacionadas con lo que aquí se menciona, de dejardebidamente establecido por qué se consideran fundados elprimero y segundo agravio; en cuya parte se combate de manerafrontal la determinación del juez ejecutor, como lo es el de requerira las partes por la exhibición de sus respectivos avalúos. Las actuaciones instrumentadas en el proceso corresponden las siguientes: [.] De esta manera, es inconcuso que la determinacióndecretada bajo el argumento de que ninguna de las partes habiasido requerida para que en dicho término de 10 diez días a quefuera ejecutable la sentencia, se procediera a la exhibición de losrespectivos avalúos que a cada parte corresponde, se impone unacondición no prevista en la ley, porque se estaba dentro delProcedimiento de ejecución de la sentencia, y porque el artículo 1410 del Código de Comercio no se determina la exigencia derequerir personalmente a las partes por el término de 10 diez díaspara que exhiban sus respectivos avalúos; es por ello que lodeterminado se estime incongruente y excesivo. Así las cosas, sital extremo se encontraba satisfecho, no era pertinente determinarde que cada parte cumplieran con esa carga procesal, para queexhibieran sus avalúos; de consiguiente, se infringió el principio deldebido proceso, porque dentro del procedimiento de ejecuciónforzosa legalmente ya se había instrumentado el avalúo, porqueposteriormente a que la sentencia se hizo ejecutable, en ejecuciónforzosa, se facultó a las partes para que cumplieran con ello; desdeahí inició el término para la exhibición de los respectivos avalúos, ydebido a la omisión de las partes de nombrar al perito, en rebeldíade las partes se nombró a un perito único tal y como consta enautos; lo que hace que se encuentre satisfecha la exigenciaprocesal; aunado a que el juzgador no puede revocar sus propiasdeterminaciones, y al fijar la condición de tal manera, es claro quese inobservó el principio de legalidad y del debido proceso. De esta forma, se pone de manifiesto lo fundadode los argumentos contenidos en el primero y segundoagravio que con los argumentos anteriores se dan respuestapues ciertamente, resultó inadecuado el que se hubiera ordenadorequerir a las partes para que en el término de 10 diez días nombraran perito, ya que ello se encontraba debidamentesatisfecho conforme a disposición de ley. En ese contexto, esevidente que la determinación debió ceñirse a dilucidar sobre laadjudicación directa solicitada, bajo los parámetros que de manerataxativa se exige en el artículo 1412 bis del Código de Comercio. [.] Ahora bien, en la última parte del segundo agraviodebe resaltarse la pretensión de la parte inconforme, en la que seprecisa como motivo de inconformidad que no se le haya adjudicado de manera directa el inmuebleembargado; entonces, ante lo fundado de los señalamientos de agravio, para no dejar responder las cuestiones debatidas en esta Alzada, en cumplimiento a la ejecutoria federal, con plenitud de jurisdicción, se procede dilucidar sobre tal pretensión, con el objeto de dar respuesta cabal a la totalidad de los argumentos de inconformidad que se expresaron en el recurso de apelación que se resuelve. Luego, como se adelantó, la parte ejecutante optó por la adjudicación directa del bien embargado para materializar la sentencia ejecutable, cuya pretensión es jurídicamente factible debido a que el artículo 1412 bis del Código de Comercio lo autoriza de manera expresa. Entonces, para la procedencia de la adjudicación directa, como ya se señaló en párrafos que preceden, es necesarioque se satisfagan los requisitos que se precisan en la hipótesisnormativa en comento, los que consisten en los siguientes: [.] En las anotadas circunstancias procesales, lo queprocede es revocar la sentencia interlocutoria que resuelve sobrela adjudicación directa, dictada el 3 tres de noviembre de 2021 dosmil veintiuno por el Juez Primero Mercantil de esta Capital, dentrodel testimonio de constancias deducido del expediente 1617/2017,relativo al juicio ejecutivo mercantil, promovido por *** a través de sus endosatarios en procuración ***. Para quedar como sigue: [.]." 4. Determinación sobre el cumplimiento. Ante tal situación, este juzgado considera que con el actuar de la autoridad responsable se obtiene el cumplimiento total del fallo protector, pues es evidente que se restituyó a la disconforme en el goce de su derecho infringido, al atender los aspectos que hizo valer la quejosa, en relación los principios de congruencia y exhaustividad, acorde al fallo; motivo por el que, con apoyo en lo establecido por el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede declararlo cumplido. Resulta aplicable, la Jurisprudencia publicada con la clave 2ª./CXIV/97, en la página 414, del Tomo VI, octubre de 1997, Novena Época, Materia Común del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Notifíquese personalmente; por lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y mediante oficios que se remitan a la autoridad responsable, y al Agente del Ministerio Púbico de la Federación adscrito.

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