Irma Átala Jiménez Pérez

Expediente 49/2017 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 9 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
49/2017
Año
2017
Actuaciones
9
Última actuación
31/05/2018

Partes del expediente

  • Irma Átala Jiménez Pérez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Juicio de Amparo Directo

    Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que tanto la quejosa Irma Átala Jiménez Pérez, así como las autoridades terceras interesadas Presidente del Comité de Pensiones y Comité de Pensiones, ambos del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, no formularon inconformidad alguna respecto de la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 202 de la nueva Ley de Amparo, se declara que la resolución de tres de mayo de dos mil dieciocho ha quedado firme. Por otra parte, vistos los autos, de los que se advierte que no existe diligencia pendiente por practicar, en consecuencia, archívese el presente asunto como concluido y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En su oportunidad, depúrese el presente expediente,...

  2. Juicio de Amparo Directo

    Vistos los presentes autos de los que se advierte que en proveído de trece de abril de dos mil dieciocho, se ordenó dar vista a la quejosa Irma Átala Jiménez Pérez, así como a las autoridades terceras interesadas Presidente del Comité de Pensiones y Comité de Pensiones, ambos del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, por el término de diez días, con las constancias que en acatamiento al fallo protector envió la secretaria general de acuerdos de la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, con residencia en Toluca, a efecto de que comparecieran ante este tribunal a imponerse de aquéllas, con el fin de que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo dictada en el juicio en que se actúa, y, toda vez que transcurrió el término concedido, sin que las partes hubiesen desahogado la vista de mérito, según se desprende de la certificación que antecede, por lo que el suscrita procede a determinar de oficio si se encuentra o no cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el presente expediente. Sirve de refuerzo la jurisprudencia 2a./J.26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cuarenta y tres y doscientos cuarenta y cuatro, tomo XI, marzo de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro es: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)". En ese sentido, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, el magistrado, en funciones de presidente, por licencia académica otorgada a la magistrada Julia María del Carmen García González de veinte de marzo de dos mil dieciocho, por el secretario técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, por el periodo comprendido del veintinueve de abril al siete de mayo del año en curso; procede a determinar oficiosamente si se encuentra cumplida o no la ejecutoria de amparo dictada en el presente expediente. Es importante puntualizar que para determinar sobre el cumplimiento del fallo protector, se debe regir por las disposiciones de la actual Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en razón de que la demanda de amparo se presentó estando vigente el ordenamiento en mención. En estas condiciones, para estar en aptitud de establecer si los actos realizados por la autoridad responsable cumplen con los lineamientos fijados en el fallo protector dictado por este tribunal colegiado, es preciso tomar en cuenta lo siguiente: En sesión ordinaria de dieciocho de mayo de dos mil diecisiete, este órgano de control constitucional resolvió el juicio de amparo directo en que se actúa, promovido por Irma Átala Jiménez Pérez, por propio derecho, concediéndole el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para efectos de que la autoridad responsable: Dejara insubsistente la sentencia reclamada; En su lugar, emitiera otra resolución en la que reiterara íntegramente el cuarto considerando del fallo reclamado, en el que reconocía la validez de la resolución de concesión de pensión por jubilación impugnada; A fin de resolver lo conducente en torno al incremento de la pensión de la quejosa, debería seguir los lineamientos del fallo protector y ordenar la reposición del procedimiento, para el efecto de que se hiciera del conocimiento de la autoridad demandada en el juicio contencioso administrativo, que a ella correspondía acreditar si realizó legalmente y de manera correcta el incremento de la pensión otorgada a la actora, por lo que debería dársele la oportunidad de que contestara la demanda en torno a este aspecto y ofreciera las pruebas respectivas; Hecho lo anterior, debería continuar con la substanciación del procedimiento, hasta la emisión del fallo respectivo, en el que sin plenitud de jurisdicción debería observar los lineamientos previamente señalados y, con plenitud de jurisdicción, resolvería únicamente sobre la procedencia o no del pago del incremento demandado; Atendiendo a lo establecido en el último considerando de la ejecutoria respecto a los fundamentos de las prestaciones aludidas en el presente inciso; analizara el agravio propuesto por la actora, partiendo de la consideración de que la quejosa sí fue merecedora de la prestación convencional o contractual de gratificación burócrata y la prestación legal del aguinaldo, ante lo cual, debería declarar la invalidez de las omisiones de pago impugnadas; y, En consecuencia, condenara a la autoridad demandada a hacer los pagos correspondientes a los conceptos mencionados en el inciso anterior en favor de la actora, en los términos de los acuerdos del Consejo Directivo del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, que resultaran aplicables, si es que no lo hubieran hecho ya. Ahora bien, mediante oficio TCA/SGA/6769/2017, recibido en la oficialía de partes de este tribunal colegiado el cinco de julio de dos mil diecisiete, la secretaria general de acuerdos de la Primera Sección de la Sala Superior del entonces Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, con residencia en Toluca, remitió copia certificada de la sentencia de cuatro de julio del año en cita, en la cual se advierte que en su considerando tercero dejó insubsistente la sentencia de veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis, lo cual fue reiterado en su primer resolutivo. Asimismo, reiteró íntegramente su considerando cuarto, de la sentencia reclamada, en el que reconoció la validez de la resolución de concesión de pensión por jubilación impugnada; igualmente, en la última parte de su considerando sexto, la responsable manifestó que lo procedente era ordenar la reposición del proceso, a fin de que la magistrada de la primera sala regional hiciera del conocimiento de la autoridad demandada que a ella le correspondería acreditar que efectivamente realizó los aumentos respectivos de forma legal; y una vez efectuado lo anterior, la magistrada de origen debería continuar la substanciación del proceso contencioso administrativo, hasta la emisión del fallo respectivo, en el que sin plenitud de jurisdicción debería observar los lineamientos previamente señalados y, con plenitud de jurisdicción, resolvería únicamente sobre la procedencia o no del pago del incremento demandado. Consecuentemente en su considerando octavo, la responsable revocó la sentencia de veinte de mayo de dos mil dieciséis, dictada por la magistrada de la Primera Sala Regional del otrora Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, en el juicio administrativo número 1397/2016; y, ordenó la devolución de éste a la citada sala regional, a efecto de que repusiera el procedimiento de dicho juicio en los términos precisados en dicho considerando, aunado a lo expuesto en el propio considerando sexto, lo cual fue reiterado en sus segundo, tercero y cuarto resolutivos. De lo anterior, es evidente que la autoridad responsable dio cumplimiento a lo establecido en los incisos a), b), c) y d) de los efectos del fallo protector. Después de múltiples requerimientos, mediante oficio TJA/SGA/763/2018, recibido en la oficialía de partes de este tribunal colegiado el treinta de enero de dos mil dieciocho, la secretaria general de acuerdos de la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, con residencia en Toluca, remitió copia certificada del testimonio de la resolución de dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, emitida por la magistrada de la primera sala regional del tribunal en cita, la cual en su considerando sexto, reconoció la validez del acuerdo con número de folio CP/23039/2016 de veinticinco de febrero de dos mil dieciséis, por el que se le otorgó a Irma Átala Jiménez Pérez una pensión por jubilación por el monto diario de $551.97 (quinientos cincuenta y un pesos 97/100 moneda nacional); declaró la invalidez de las omisiones de pago atribuidas a las citadas autoridades, referentes a las prestaciones consistentes en la gratificación del día del burócrata, aguinaldo e incrementos anuales a partir del uno de julio de dos mil quince, y en su considerando séptimo ordenó a la Presidenta y Comité de Pensiones, ambos del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, a pagar a la hoy quejosa las prestaciones antes descritas, lo que deberían realizar en un plazo de cinco días hábiles siguientes al en que quedara firme la sentencia de mérito, lo cual fue reiterado en sus primer, segundo y tercero resolutivos. Por otra parte, después de varios requerimientos para que la autoridad responsable informara a este órgano colegiado si la sentencia ya había quedado firme o bien el estado procesal que guardaba el juicio administrativo de origen; mediante oficio TJA/SGA/4066/2018, recibido en la oficialía de partes de este tribunal colegiado el doce de abril de dos mil dieciocho, la secretaria general de acuerdos de la Primera Sección de la Sala Superior del ahora Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, con residencia en Toluca, remitió copia certificada del oficio TJA-1SR/3490, emitido por la primera sala regional del tribunal en cita, del cual se advierte que mediante auto de seis de abril de dos mil dieciocho, la magistrada a quo declaró que la resolución de dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete había causado ejecutoria, por consiguiente, se requirió a las autoridades demandadas, para que en un término que no excediera de tres días hábiles, dieran cumplimiento a la condena impuesta en la sentencia definitiva De lo anterior, es evidente que la autoridad responsable dio cumplimiento a lo establecido en los incisos e) y f) de los efectos del fallo protector. Máxime que no se otorgó a los magistrados integrantes de la Primera Sección de la Sala Superior del entonces Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, con residencia en Tlalnepantla de Baz, plenitud de jurisdicción para emitir una nueva resolución, pues claramente se les vinculó para que reiteraran íntegramente su cuarto considerando del fallo reclamado, así como para que ordenaran la reposición del procedimiento, para el efecto de que se hiciera del conocimiento de la autoridad demandada en el juicio contencioso administrativo, que a ella le correspondía acreditar que sí realizó legalmente y de manera correcta el incremento de la pensión otorgada a la ahora actora; condenando a la autoridad demandada a hacer los pagos correspondientes a los conceptos de la prestación convencional o contractual de gratificación burócrata y la prestación legal del aguinaldo, ante lo cual declaró la invalidez de las omisiones de pago impugnadas, en términos de los acuerdos del Consejo Directivo del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios. Ahora bien, de la comparación de los efectos para los cuales se concedió la protección federal a la quejosa, con las actuaciones realizadas por la autoridad responsable, como se examinó líneas arriba, se considera que no incurrió en defecto, pues su actuación se adecuó a los lineamientos expuestos por este órgano colegiado en la ejecutoria de marras, es decir, su conducta no resulta incompleta, y es acorde con los términos en que se concedió el amparo. Asimismo, tampoco se incurre en exceso en el cumplimiento, dado que la responsable no rebasa los límites y alcances fijados en el fallo protector, ya que no va más allá de lo que se ordenó en la sentencia de amparo. Apoya la determinación anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 60/2014 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, página 741, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ASEGURARSE QUE SE MATERIALICEN LOS DEBERES IMPUESTOS A LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN LA SENTENCIA PROTECTORA. Conforme al sistema previsto en los artículos 196, 201 y 203 de la Ley de Amparo, el órgano que conozca del juicio debe asegurarse que los deberes impuestos a las autoridades responsables por la sentencia protectora, se materialicen en sus términos, y no solamente que se realicen actos preliminares para su consumación, pues al no existir, además del recurso de inconformidad, otro medio de defensa para garantizar la efectividad de esas ejecutorias o corregir los posibles excesos o defectos en su observancia, corresponde al juzgador vigilar, a través de este medio de impugnación, la satisfacción de esas obligaciones, dejando a salvo del estudio únicamente las consecuencias derivadas del propio cumplimiento para que, en su caso, se examinen en un nuevo juicio." Por tales razones se estima que la autoridad responsable no incurrió en exceso ni en defecto en el cumplimiento de la ejecutoria dictada por este órgano colegiado, pues acató en sus términos los efectos para los cuales se concedió la protección constitucional a la quejosa. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, SE TIENE POR CUMPLIDA la ejecutoria de dieciocho de mayo de dos mil diecisiete.

  3. Juicio de Amparo Directo

    TRANSCRIPCIÓN INTEGRA: Naucalpan de Juárez, Estado de México, trece de abril de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales procedentes el oficio de cuenta, suscrito por la secretaria general de acuerdos de la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, mediante el cual remite copia certificada de diversas constancias que obran en el juicio administrativo 1397/2016, entre otras, del acuerdo dictado el seis de abril del año en curso, del que se advierte que la sentencia de dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, dictada por la magistrada de la primera sala regional de ese tribunal, en el citado juicio administrativo causó ejecutoria; asimismo, requirió a las autoridades demandadas el cumplimiento a la condena impuesta en sentencia definitiva. En consecuencia, con apoyo en los artículos 196 de la Ley de Amparo, así como 66 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la propia ley, se ordena dar vista a la parte quejosa Irma Átala Jiménez Pérez, así como a las autoridades terceras interesadas Presidente del Comité de Pensiones y Comité de Pensiones, ambos del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, con las constancias recibidas en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto, así como con la sentencia de dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, dictada por la magistrada de la primera sala regional de ese tribunal, para que en el término de diez días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, comparezcan ante este tribunal a imponerse de ella, a fin de que manifiesten lo que a su interés convenga respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo emitida en el presente asunto, o bien, sobre el exceso o defecto en tal cumplimiento, apercibidos que de ser omisos, esta presidencia determinará lo procedente, en términos de la circular 11/2017-AGP suscrita por el secretario general de acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del instrumento normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican el inciso D) de la fracción VI y la fracción XVI, y se deroga la fracción XIV, del punto segundo; se modifica la fracción IV, y se adiciona una fracción V, respecto del punto cuarto; se modifica la fracción I, párrafo primero, y se adiciona una fracción IV, respecto del punto octavo; se modifican el párrafo segundo y la fracción IV, del punto noveno, y se modifican los puntos décimo y décimo tercero, párrafo segundo, del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el pleno conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito. Ahora, toda vez que el referido artículo 196 no obliga al órgano de amparo a notificar de manera personal al quejoso ni al tercero interesado (o por oficio en el caso de que este último carácter recaiga en una autoridad) la vista otorgada y tampoco la presente determinación se encuentra prevista en las fracciones I y II del artículo 26 de la Ley de Amparo, este acuerdo deberá notificarse a las partes en términos de la fracción III del mencionado artículo 26, a fin de que en el término concedido en el párrafo que antecede, desahoguen la vista ordenada, debiéndose transcribir íntegramente en la lista que para tal efecto se fije en los estrados de este órgano colegiado; por tanto, queda a su disposición en la secretaría de acuerdos de este tribunal el expediente en que se actúa, en el que se encuentran glosadas las copias de las actuaciones y sentencia en comento. Notifíquese y cúmplase.Así lo proveyó y firma la magistrada Julia María del Carmen García González, presidenta del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, ante el licenciado Daniel Méndez Palacios, secretario de acuerdos que autoriza y da fe.

  4. Juicio de Amparo Directo

    Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales procedentes el oficio de cuenta, suscrito por la secretaria general de acuerdos de la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, mediante el cual transcribe el proveído de veintitrés de marzo del año en curso emitido en el recurso de revisión 2035/2016 del índice de la sección de su adscripción, del que se advierte que en cumplimiento a lo requerido por esta presidencia en auto de veintidós del mes y año que transcurren informa que el titular de la sección responsable ordenó requerir a la magistrada de la primera sala regional de ese tribunal a fin de que le hiciera saber si ya había quedado firme la sentencia de dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete dictada en el juicio administrativo de origen, o bien, le informara el estado procesal del citado juicio; por lo que una vez que contara con dicha información la haría del conocimiento de este órgano colegiado, con lo que acredita las actuaciones que está realizando para dar cumplimiento al fallo protector emitido en el presente juicio de amparo; en consecuencia, téngase por cumplimentado el aludido requerimiento y déjese sin efectos el apercibimiento con que fue conminada la autoridad oficiante en el proveído citado en primer término.

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