Irma Aracely Florencia Segura

Expediente 1377/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1377/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
30/12/2019

Partes del expediente

  • Irma Aracely Florencia Segura
  • Juez Primero de Primera Instancia Penal del Segundo Distrito Judicial Con Residencia En Ciudad Madero, Tamaulipas.

Actuaciones

  1. Incidental

    Agréguense a estos autos los comunicados de cuenta, y con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, se tienen por rendidos los informes previos que se les requirió a las autoridades responsables oficiantes.

  2. Principal

    Agréguense a los presentes autos los comunicados de cuenta, a través de los cuales las autoridades responsables oficiantes rinden su respectivo informe justificado; con su contenido dese vista a las partes para que, en el plazo de ocho días legalmente computado, manifiesten lo que a su interés legal convenga, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 párrafo segundo, de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    MESA II.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  4. Incidental

    Visto lo de cuenta y como está ordenado en el acuerdo de esta fecha dictado en el cuaderno principal del juicio de amparo 1377/2019-II-B, promovido por por Irma Aracely Florencia Segura, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Penal, con sede en Ciudad Madero, Tamaulipas y otras autoridades. Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 125, 128, 140, 166 y 168 de la Ley de Amparo, tramítese por duplicado y separado este incidente de suspensión, solicitándose a las autoridades responsables sus informes previos. INFORME PREVIO. Con fundamento en los artículos 138, fracción III, 140 y 142 de la Ley de Amparo, solicítese a las autoridades responsables sus informes previos, que deberán rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas siguiente al en que reciban la notificación de este proveído, enviándoles al efecto copia simple de la demanda de amparo. Apercibidas que de omitir rendir sus informes en ese plazo, con fundamento en el artículo 260, fracción I, del citado texto normativo, se les impondrá multa de cien a mil días de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); medio de apremio que se individualizará en su oportunidad acorde a las circunstancias que la motiven, atendiendo a los elementos objetivos y subjetivos que para tal fin deban cubrirse. AUDIENCIA INCIDENTAL Se señalan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL DOS DE ENERO DE DOS MIL VEINTE, para la celebración de la audiencia incidental. SUSPENSIÓN PROVISIONAL Enseguida se provee respecto de la suspensión provisional que se solicita: EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN ATRIBUIDA A LOS JUECES DEL SISTEMA PENAL TRADICIONAL. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 163 y 166, de la Ley de Amparo, se concede a la parte quejosa la suspensión provisional del acto reclamado, que se hace consistir en la orden de aprehensión, dictada en su contra, para el efecto de que no sea privada o afectada en su libertad, hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva. Se ordena a la impetrante a comparecer ante la responsable y ponerse a su disposición a responder de los cargos que se le atribuyen, tantas y cuantas veces sea requerida por las propias autoridades para la práctica de cualquier diligencia relacionada con el expediente de origen; lo anterior, dentro del plazo de tres días, contados a partir de que conozcan el informe previo en el cual se reconozca la existencia del acto reclamado, para ello deberá de acreditar tal circunstancia mediante la constancia correspondiente que deberá exhibir dentro del mismo plazo. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia Sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1129, Tomo II, de septiembre de dos mil once, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: SUSPENSIÓN EN CONTRA DE UNA ORDEN DE APREHENSIÓN. DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 138, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, EL JUEZ DE DISTRITO AL CONCEDERLA GOZA DE LA MÁS AMPLIA FACULTAD PARA IMPONER AL QUEJOSO LA OBLIGACIÓN DE COMPARECER ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA PARA RENDIR SU DECLARACIÓN PREPARATORIA, COMO REQUISITO DE EFECTIVIDAD DE ESA MEDIDA. Ahora bien, si el delito por el cual se libró la orden restrictiva de libertad reclamada, es de los señalados como graves, por la legislación correspondiente, esto es, que el delito no permita la libertad provisional bajo caución, la suspensión que se concede sólo producirá el efecto de que una vez que la parte quejosa sea aprehendida, quede a disposición de este juzgado de Distrito, en cuanto a su libertad personal, quedando a disposición del juez de la causa por lo que respecta a la continuación del procedimiento respectivo, en términos del artículo 166 de la Ley de Amparo vigente. En la inteligencia de que la medida decretada no surtirá efectos si la parte quejosa es sorprendida en flagrante delito; si la orden es girada con posterioridad a la promoción de esta demanda, si se derivan de actos diversos a los reclamados por la disconforme; si provienen de un mandato emitido por una autoridad judicial, dentro de un proceso penal respecto de un delito grave, o bien, si fue girada por una autoridad que no hayan sido señaladas como responsables en el escrito de demanda. EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSION ATRIBUIDA AL JUEZ DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL. Con fundamento en los artículos 162, 166 y 168 de la Ley de Amparo vigente, se concede la suspensión provisional a la parte quejosa, para los siguientes efectos: - No sea privada o afectada en su libertad personal. - Deberá quedar a disposición de este Juzgado en cuanto a su libertad personal. - De igual forma, la impetrante deberán quedar a disposición del juez responsable, para la continuación del procedimiento iniciado en su contra y pueda ser devuelta a dicha autoridad judicial en caso de que no obtenga la protección constitucional. Sin que lo anterior sea obstáculo para que a solicitud del Fiscal, de la víctima u ofendido, el Juez de Control responsable, pueda imponer a la aquí quejosa una o varias de las medidas cautelares previstas en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con excepción de la prisión preventiva. Efectos que prevalecerán hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva. Lo anterior siempre y cuando el delito por el que se dictó la orden de aprehensión no sea de aquéllos que requieran prisión preventiva oficiosa en términos del artículo 19 constitucional. La medida cautelar que se concede, surte sus efectos desde luego, pero dejará de hacerlo, si la parte quejosa no cumple lo siguiente: a) Otorgar garantía en los términos que quedaran precisados en párrafos posteriores. Sin que obste a lo anterior que el último párrafo del referido artículo, señale que no se exigirá cuando la suspensión únicamente tenga como efecto que la parte quejosa quede a disposición de este juzgador por lo que hace a su libertad personal y a la del juez responsable para la continuación del procedimiento. Sin embargo, en el presente caso la suspensión tiene mayores efectos a los señalados en el artículo 163 de la referida ley, puesto que se ordena a la parte quejosa que comparezca ante el juez responsable para continuar el procedimiento y no sea privada de su libertad personal en los términos establecidos en el diverso 166 del mismo ordenamiento legal. b) Con fundamento en los artículos 166 y 168 de la Ley de la Materia, así como 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se ordena a la impetrante comparecer dentro del plazo de TRES DÍAS, ante el Juez de Control y ponerse a su disposición, con el fin de llevar a cabo la audiencia inicial, en la cual se le harán saber sus derechos constitucionales y legales, si no se le hubiese informado con anterioridad; se le formulará la imputación respecto de uno o más hechos que la ley señala como delito y se le dará la oportunidad de declarar, si así lo desea, entre otros supuestos; lo anterior, de conformidad con el artículo 307 y demás relativos del Código Nacional de Procedimientos Penales, a partir de que conozca los informes previos, en los cuales se reconozca la existencia del acto reclamado. Audiencia inicial que se deberá llevar a cabo en la hora y fecha que al efecto fije la autoridad responsable de acuerdo a su agenda. c) Presentarse ante el órgano judicial responsable para la continuación del procedimiento o procedimientos penales seguidos en su contra, cuantas veces sea requerida para ello. d) Cumplir con las medidas cautelares que el Juez pueda imponer, a solicitud del Ministerio Público o víctima, de las previstas en el artículo 155 del Código Nacional del Procedimientos Penales, a excepción de la prisión preventiva, dado que por lo que corresponde a la libertad personal de la parte quejosa, está a disposición de este juzgado, por lo cual la autoridad responsable no podrá imponer dicha medida. e) Asimismo, la parte quejosa queda obligada a acreditar dentro del plazo de cinco días, el exacto cumplimiento a lo ordenado en el inciso b) que antecede. Apercíbase a la parte quejosa, que de no dar cumplimiento a los anteriores requisitos, con fundamento en los artículos 136, párrafo segundo y 166, último párrafo de la Ley de Amparo, la suspensión será revocada de oficio o ante el aviso de la responsable de que ha incumplido las obligaciones derivadas del proceso penal. EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN EN TORNO A LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS UNIDADES DE INVESTIGACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL. Respecto a la ORDEN DE DETENCIÓN Y/O CUALQUIER OTRO ACTO PRIVATIVO DE LA LIBERTAD reclamada, toda vez que se actualizan los requisitos del artículo 128 de la Ley de Amparo, pues lo solicita la parte agraviada, además no se sigue perjuicio al interés social ni contravienen disposiciones de orden público; de conformidad en lo dispuesto por los artículos 163, 166, 167 y 168 de la ley de la materia, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL a la parte quejosa, para el efecto de que quede a disposición de este Juzgado de Distrito en cuanto a su libertad personal se refiere, y a disposición de las autoridades responsables para la continuación del procedimiento. Si se trata de orden de detención y/o cualquier acto privativo de la libertad, o medida cautelar que implique privación de la libertad dictadas por autoridad competente por delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 constitucional, se concede la suspensión provisional para el sólo efecto de que la parte quejosa quede a disposición de este órgano jurisdiccional en el lugar en el que la autoridad ordenadora determine para su reclusión, únicamente en lo que se refiera a su libertad, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación. Ahora, si dicha orden o medida cautelar fue emitida por delitos que conforme a la legislación penal aplicable no impliquen prisión preventiva oficiosa, se concede la suspensión provisional para el efecto de que la parte quejosa no sea detenida, hasta en tanto las responsables reciban notificación sobre la suspensión definitiva. Por otra parte, de conformidad con el numeral 166 último párrafo, de la Ley de Amparo, en el caso de órdenes o medidas de protección impuestas en cualquiera de las etapas de un procedimiento penal, se estará a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 128 de la precitada ley, es decir, no serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial. Con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo vigente, prevénganse a las autoridades responsables para que manifiesten en sus informes previos, el o los delitos por el que se dictó o dictaron el o los actos reclamados; el o los artículos que los definen y sancionan y si se trata o no de delitos graves; asimismo, en caso de que se trate de un delito de carácter patrimonial informen a cuánto asciende el monto de la reparación del daño. GARANTÍA El beneficio concedido surte sus efectos de inmediato, en términos del artículo 132 de la Ley de Amparo, pero dejará de surtirlos si la parte quejosa, no otorga dentro del plazo de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación que legalmente se le haga del presente proveído, garantía por la cantidad de $4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 moneda nacional), misma que fija discrecionalmente la suscrita; garantía que deberá exhibir a disposición de este Juzgado, en cualesquiera de las formas establecidas por la ley, a satisfacción de este órgano jurisdiccional. En la inteligencia de que si la garantía es exhibida en billete de depósito, éste deberá contener el nombre del quejoso en el apartado o rubro denominado "nombre del depositante", y la autorización expresa de éste al Secretario Técnico del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, para que solicite y reciba de la Institución depositaria la información necesaria que le permita el control de dicho billete de depósito, como está previsto en el artículo 883, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de enero de dos mil quince; y si fuera exhibida en póliza de fianza, la compañía afianzadora que resulte fiadora, deberá señalar domicilio en esta ciudad, para oír y recibir todo tipo de notificaciones relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la fianza, así como mencionar el nombre o nombres de las personas con representación legal para recibir a nombre de la propia compañía afianzadora, y por otra parte, que se someta expresamente a los órganos jurisdiccionales residentes en esta ciudad, para el caso de litigio. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis número 1a./J. 66/2001, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Tomo: XIV, Septiembre de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y contenido: SUSPENSIÓN PROVISIONAL. CUANDO SE RECLAMAN ÓRDENES DE DETENCIÓN GIRADAS POR AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS Y EL QUEJOSO AÚN NO HA SIDO PRIVADO DE SU LIBERTAD, EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE EXIGIR GARANTÍA PARA QUE SURTA EFECTOS AQUÉLLA. Si se toma en consideración que las actuaciones del Ministerio Público y de la Policía Judicial realizadas durante la etapa de averiguación previa, forman parte del procedimiento penal y son fundamentalmente de investigación, aunque existen dos supuestos (flagrancia y urgencia), autorizados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los cuales dichas autoridades pueden ordenar o proceder a la detención de una persona, mientras que aquellas que practica la autoridad judicial conforman el proceso penal, cuando se promueve juicio de amparo en contra de una orden de detención girada por autoridades administrativas dentro del procedimiento penal y el quejoso aún se encuentra en libertad, el juzgador deberá conceder la suspensión provisional, cuyo efecto consistirá en que no se le prive de dicha libertad hasta en tanto se le notifique a la autoridad responsable la resolución sobre la suspensión definitiva, según lo establece el artículo 130 de la Ley de Amparo, siendo indispensable, para que surta efectos la provisional, el que el juzgador exija una garantía. Ello es así, porque de no fijarse ésta se corre el riesgo de que el quejoso se sustraiga de la acción de la justicia y se entorpezca el procedimiento penal, en franca violación a los principios contenidos en los artículos 124, 124 bis, 130, 136, 138 y 139 de la ley de la materia, así como en la exposición de motivos y en los dictámenes de las Cámaras de Origen y Revisora relativos a la adición del artículo 124 bis al citado ordenamiento legal, pues en ellos se ha establecido que la suspensión no puede constituir un medio que permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos y, por tanto, el Juez de Distrito puede tomar las medidas que estime pertinentes para asegurar al quejoso aun cuando se trate de actos derivados de un procedimiento penal, y el quejoso tiene el deber de comparecer ante el Ministerio Público dentro de los tres días siguientes para que continúe surtiendo efectos la suspensión; de tal suerte que cuando el artículo 124 bis de la mencionada ley prevé que "Para la procedencia de la suspensión contra actos derivados de un procedimiento penal que afecten la libertad personal, el Juez de amparo deberá exigir al quejoso que exhiba garantía, sin perjuicio de las medidas de aseguramiento que estime convenientes.", indudablemente establece para el juzgador la obligación de fijar una garantía cuando los actos privativos de la libertad provengan de autoridades administrativas y el presunto responsable aún no haya sido privado de ella, pues con tal medida de aseguramiento se pretende salvaguardar tanto la garantía constitucional de libertad personal como el deber de perseguir los delitos, aspecto este último en el cual se encuentra interesada la sociedad. En otro orden, con el objeto de estar en aptitud legal de revocar o modificar, en su caso, esta medida cautelar, o bien, con la finalidad de contar con datos suficientes para pronunciarse respecto de tales aspectos en la suspensión definitiva, que en su momento se llegue a dictar en el presente asunto, solicítese a las autoridades judiciales responsables para el efecto de que al rendir su respectivo informe previo, con fundamento en el artículo 140, de la Ley de Amparo vigente, comuniquen los siguientes datos: a).- la época en que se cometió el delito o delitos por los cuales libró la orden privativa de la libertad, que constituye el acto reclamado; b).- precisen con exactitud el artículo, fracción, inciso y párrafo, en que se encuentre previsto y sancionado el delito o delitos por los cuales haya obsequiado dicho mandamiento de captura; c).- la fecha en que se libró la orden de aprehensión; d).- el salario que la parte inculpada hubiere manifestado percibir ante el órgano ministerial consignante, si es que declaró ante él; y e).- si de lo actuado se desprenden motivos o circunstancias que permitan posibilitar que la parte aquí quejosa se sustraiga de la acción de la justicia. APERCIBIMIENTO A LA PARTE QUEJOSA Apercíbase a la quejosa que de no acreditar el cumplimiento de los requisitos señalados para que surta efectos la suspensión de los actos reclamados, dentro del plazo de cinco días, dejará de surtir efectos la suspensión concedida y, previo acuerdo, las autoridades responsables quedarán en aptitud de ejecutar el acto reclamado de que se trate; lo anterior con apoyo en los numerales 136, 147 y 166 de la actual ley de la materia. DOMICILIO Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de demanda, en el entendido que de no existir el mismo, encontrarse éste deshabitado o manifestar quien lo ocupe que no conoce a la parte promovente o a sus autorizados, se practicarán las notificaciones, aún las de carácter personal, por lista de acuerdos que al efecto se publique en los estrados de este juzgado, lo anterior con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. AUTORIZADOS Asimismo, ténganse como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Gregorio Lara Dorantes, Cristina Elena Segura Palos, Jesús Gerónimo Arias Martínez, Mario Hernández del Ángel, Juan José Hernández Rubio y a Vicente Valle Miranda, en virtud de que se encuentran registrados en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación y en términos restringidos del citado numeral, esto es, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a Marisol Muñoz Medina y a Berenice Torres Arvizu, por no encontrarse registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. AUTORIDADES RESPONSABLES Se tiene como autoridades responsables las que se determinaron en el auto admisorio dictado en esta misma fecha en el cuaderno principal del juicio de amparo del que deriva la presente incidencia; mediante oficio notifíqueseles la radicación del presente juicio, de conformidad con lo establecido en la fracción I del artículo 28 de la Ley de Amparo. Asimismo, comuníquese a las autoridades responsables que están obligadas a recibir los oficios que se le dirijan, ya sea en sus oficinas, en su domicilio o en el lugar en que se encuentre. La notificación surtirá todos sus efectos legales, desde que se entregue el oficio respectivo, ya sea a la propia autoridad responsable o al encargado de recibir la correspondencia en su oficina, y si se negaren a recibir dichos oficios se tendrá por hecha la notificación y serán responsables de la falta de cumplimiento a lo ordenado por este Juzgado. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el presente incidente de suspensión. LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Con apoyo en la circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, permítase a las partes y sus autorizados imponerse de los acuerdos o resoluciones pronunciadas en el presente expediente mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, así como todos aquellos aparatos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar y reproducir algún acuerdo o resoluciones dictadas por este Juzgado; empero atendiendo al clima de inseguridad que prevalece en la zona, lo cual es un hecho notorio para los habitantes de la misma, debe decirse que, además por seguridad personal de quienes laboran en los órganos jurisdiccionales federales y de quienes acuden a ellos para realizar los diversos trámites que les incumben, la autorización que se trata, debe acotarse de la siguiente forma. La circunstancia que se permita a las partes y sus autorizados el uso de los ya citados dispositivos aportados por la tecnología, para la consulta de actuaciones en aras de una justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 constitucional, no debe entenderse en un sentido amplio, sino limitativo, es decir, debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad y que no se produzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición expresa de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para aplicación de la citada ley, o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. También por seguridad jurídica, debe dejarse constancia en autos del acto en el que las partes o sus autorizados utilicen medios tecnológicos para reproducir actuaciones, sin que esto implique que la fe pública del secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, sino que es con la finalidad de fijar la responsabilidad del interesado ante un mal uso que dé a la actuación obtenida, al no estarse en los supuestos previstos por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente. La anterior determinación, tiene apoyo en la tesis cuyo rubro es el siguiente : REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. Bajo ese contexto, la autorización que se solicita tendrá efectos exclusivamente en el presente juicio de amparo. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico. COPIA DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL Por último, como lo solicita la parte quejosa expídase copia certificada de esta determinación y hágase entrega de la misma a las personas que se autoriza, previa razón que de su recibo obre en autos.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · 9,351 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano