Irma Antonia Durán Alanis

Expediente 646/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de septiembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
646/2015
Año
2015
Actuaciones
4
Última actuación
10/09/2015

Partes del expediente

  • Irma Antonia Durán Alanis

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que la parte quejosa, no impugnó el auto de diecinueve agosto de dos mil quince (fojas 10 a 18), por el que se desechó la demanda que dio origen al presente juicio; por ende, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo en vigor, se declara que dicho auto ha causado estado. En tal razón, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno que se lleva para tal efecto ante este Juzgado; y, hecho que sea lo anterior, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Toda vez que se desechó la demanda de amparo, como lo establece la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción, no se encuentran documentos originales que devolver a las partes, y además carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo anterior, es clasificado como archivo reciente y por tanto, el mismo será conservado en este Órgano Jurisdiccional por el término de tres años, por lo que una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

  2. Principal

    Queda notificada la parte quejosa por medio de lista del auto de diecinueve de agosto de dos mil quince, al no haber comparecido a notificarse de manera personal.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por Irma Antonia Durán Alanís, contra actos de las autoridades responsables Administrador Local de Recaudación de Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza, dependiente del Servicio de Administración Tributaria, y otra; fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno con el número 646/2015. En principio, conviene señalar que del estudio integral de la demanda de garantías se advierte que el acto reclamado por la parte promovente en esta instancia se hace consistir en:(...) Ahora, atento a su contenido, este Juzgado Federal procede a su estudio en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente:(...) Conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar la demanda de amparo y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la debe desechar de plano, sin suspender el acto reclamado. Para lograr tal propósito es preciso recurrir al escrito de demanda a efecto de establecer el acto que se controvierte y demás presupuestos procesales que hacen, en caso de actualizarse, procedente el juicio. Así, dentro de las reglas fundamentales que estructuran al juicio de amparo, se encuentra el principio de definitividad, que establece que dicho juicio es únicamente procedente en contra de actos definitivos, es decir, aquellos respecto de los cuales no exista algún recurso ordinario o medio de impugnación por el cual puedan ser modificados o revocados; en consecuencia, la definitividad del acto, como presupuesto de procedencia del juicio de amparo, implica que antes de acudir a dicho juicio, se deberán agotar los recursos que prevea la ley ordinaria y que sean idóneos para modificar o anular el acto de que se trate. Esta es la razón por la que, al margen del reconocimiento de la existencia de ciertos actos cuya ejecución tienen efectos irreparables, respecto de los que procede el juicio de amparo indirecto, se exige que previo a instar la acción constitucional se agote el recurso ordinario previsto en la ley que rige el acto y que tenga como efecto la modificación, revocación o nulidad del mismo. Esta directriz de procedencia del juicio de amparo biinstancial se desprende del contenido de los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , en relación con el 61, fracción XX y 62, ambos de la Ley de Amparo, que establecen respectivamente, lo siguiente:(...) Del contenido de las anteriores disposiciones legales se desprende que para la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que impliquen una ejecución que genere efectos irreparables, por regla general, previo a instar la acción constitucional, el quejoso tiene el imperativo de agotar el medio de defensa que, en su caso, prevea la ley que rige el acto para impugnarlo, a fin de generar su modificación, revocación o nulidad. La observancia del citado presupuesto de procedencia del juicio de amparo indirecto es entonces un mandato constitucional de estricta observancia que exige la exclusión de interpretaciones contrarias a la excepcionalidad del medio extraordinario de defensa. Por tanto, por regla general, el hecho de que el acto reclamado en el amparo indirecto sea de imposible reparación, no determina per se, una excepción a las exigencias de procedencia del juicio de amparo. En consecuencia, el órgano constitucional está obligado a verificar que la parte promovente haya cumplido con la observancia del principio de definitividad, mediante el agotamiento del recurso ordinario de defensa, en caso de que lo prevea la ley de la materia, que tenga como finalidad modificar, revocar o anular el acto reclamado. Así, no es suficiente para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto que se reclame un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, sino que debe constatarse que la parte solicitante de la protección constitucional haya agotado el recurso ordinario de defensa que, de ser el caso, esté previsto en la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto la modificación, revocación o nulidad del mismo. En esta línea, si la regla de la definitividad exige legítimamente que se agoten los recursos ordinarios antes de acudir a la jurisdicción constitucional, será necesario que dichos medios cumplan con determinados requisitos que, como ya se señaló, tienen que ver con la existencia, idoneidad, efectividad y oportunidad de los recursos. Ahora bien, el recurso ordinario conforme a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo fue modificado a partir de la reforma de diez de diciembre de 2010, el cual debe ser interpretado en relación con lo dispuesto en los artículos 116, 117, 121 y 127 del Código Fiscal de la Federación. Al respecto, el artículo 116 del código tributario establece que contra los actos administrativos dictados en materia fiscal federal se podrá interponer el recurso de revocación, y el artículo 117 de la citada legislación prevé las diversas resoluciones y actos contra los que se puede interponer dicho medio de defensa en sede administrativa, pues dispone lo siguiente: (...) El precepto legal transcrito establece la regla general de procedencia del recurso de revocación, estableciendo supuestos que pueden dividirse en dos grupos, en el primero se encuentran las resoluciones definitivas dictadas por autoridades fiscales federales que pueden impugnarse a través del citado medio de defensa; en tanto que en el segundo se precisan los actos de las referidas autoridades que pueden ser materia del recurso en comento, entre los que destacan aquellos que exijan el pago de créditos fiscales cuando se alegue que éstos se han extinguido o que su monto real es inferior al exigido, y que el cobro en exceso sea imputable a la autoridad ejecutora o se refiera a recargos, gastos de ejecución; así como los que se dicten en el procedimiento administrativo de ejecución, cuando se argumente que éste no se ha ajustado a la ley. Por otro lado, el artículo 121 del Código Fiscal de la Federación prevé el plazo en que debe interponerse el recurso de revocación, en los siguientes términos:(...) Del precepto legal transcrito se desprende que el recurso de revocación debe interponerse vía buzón tributario, o bien, ante la autoridad competente en razón del domicilio del contribuyente o ante la que emitió o ejecutó el acto impugnado, por regla general, dentro del plazo de treinta días siguientes a aquel en que haya surtido efectos la notificación del acto impugnado, salvo las excepciones previstas en los artículos 127 y 175 del Código Fiscal de la Federación. De los preceptos legales invocados se advierte que los supuestos de excepción a que se refiere el artículo 121 del Código Fiscal de la Federación, respecto del plazo para interponer el recurso de revocación, consisten en los casos en que se pretende recurrir actos dictados en el procedimiento administrativo de ejecución, por no haberse ajustado a la ley (violaciones cometidas hasta antes del remate), así como cuando el embargado o terceros acreedores no estén conformes con la valuación practicada del bien embargado. El artículo 127 del Código Fiscal de la Federación establece, como regla general, que cuando el recurso de revocación se interponga porque el procedimiento administrativo de ejecución no se ajustó a la ley, las violaciones cometidas antes del remate, sólo podrán hacerse valer ante la autoridad recaudadora hasta el momento de la publicación de la convocatoria de remate, y dentro de los diez días siguientes a la fecha de publicación de la citada convocatoria; empero, también prevé dos hipótesis de excepción a la mencionada regla general de procedencia, a saber, la primera se actualiza cuando se trate de actos de ejecución sobre bienes legalmente inembargables; en tanto que la segunda se surte cuando se esté en presencia de actos de imposible reparación material. Asimismo, el propio numeral establece que en los dos últimos supuestos excepcionales, el plazo para interponer el recurso de revocación se computará a partir del día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación del requerimiento de pago o del día hábil siguiente al de la diligencia de embargo. En relación con este tipo de actos, es pertinente puntualizar que la regla de excepción al plazo previsto en el artículo 127 del Código Fiscal de la Federación, no opera respecto de cualquier tipo de embargo, sino únicamente para aquellos que han recaído sobre bienes inembargables y que, en los demás supuestos, rige el plazo genérico de impugnación hasta antes de la convocatoria de remate. Como se advierte del contenido de los numerales invocados, el embargo o inmobilización de cuentas bancarias es un acto susceptible de ser impugnado a través del recurso de revocación, en los términos y plazos que ya han quedado precisados. En tales términos, ante la determinación de la autoridad administrativa de embargar o inmovilización de las cuentas bancarias, el gobernado afectado tiene a su alcance el recurso de revocación, el cual, puede agotarse previamente antes de acudir al juicio contencioso administrativo. Esto, en virtud de que este medio de impugnación es de naturaleza optativa, en términos del diverso artículo 120 del Código Fiscal de la Federación, el cual es del tenor literal siguiente:(...) De lo anterior se sigue que el medio ordinario de defensa carece de obligatoriedad y que su ejercicio es opcional y, en tal medida, no es exigible para el gobernado, de manera que si decide no agotarlo, tiene expedita la vía ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. En ambos casos, esto es, bien en el recurso de revocación, o bien, en el procedimiento contencioso administrativo, existe la posibilidad de suspender el acto, pues en las dos vías rige lo dispuesto en el artículo 28 de le Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que establece lo siguiente: (...) De lo anterior se sigue que dicho numeral prevé la posibilidad de suspender el acto administrativo, el cual deberá tramitarse, de conformidad con las reglas que el mismo precepto establece. Así, el artículo 28, fracción III, inciso a), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, prevé que la solicitud de la suspensión puede ser formulada en la demanda o en diverso escrito, en cualquier momento mientras no se dicte sentencia firme; por otra parte, el artículo 130 de la Ley de Amparo, dispone que la parte quejosa podrá solicitar la medida suspensiva en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria. La explicación anterior demuestra que ambas disposiciones permiten al interesado solicitar la medida cautelar sin límite temporal procesal, más que el dictado de una sentencia firme; en consecuencia, este requisito en el juicio contencioso administrativo no es mayor que en el amparo. Por lo que hace a la autoridad que resuelve la suspensión, se advierte que el referido artículo 28, fracción III, inciso b), en estudio, prevé que la suspensión se tramitará por cuerda separada y que su conocimiento corresponde al Magistrado Instructor de la Sala fiscal, quien resolverá a más tardar al día hábil siguiente de la presentación de la solicitud sobre la referida medida cautelar; requiriendo un informe relativo a la suspensión definitiva en el término de tres días y resolverá lo correspondiente a ésta dentro de los tres días siguientes; en tanto que en el juicio de amparo, el órgano jurisdiccional competente para resolverla es aquél que conoce del expediente principal, atento a lo señalado en los artículos 125 y 138 de la Ley de Amparo, en el sentido de que la suspensión del acto reclamado se decretará de oficio o a petición de parte en los casos de la competencia de los Jueces de Distrito y éste resolverá dentro de los cinco días siguientes en la audiencia incidental sobre la concesión o la negativa de la suspensión o lo que fuere conducente. Consecuentemente, en este rubro, el requisito previsto en el juicio de nulidad no es mayor al señalado en la Ley de Amparo, puesto que la autoridad que conoce del juicio es la que resuelve la suspensión. La medida suspensiva, de acuerdo por el citado artículo 28, puede ser solicitada por el actor o su representante legal; en cambio, el artículo 128, fracción I, de la Ley de Amparo, dispone expresamente que la suspensión se decretara siempre que se solicite por la parte quejosa (agraviado). Lo anterior refleja que en ambos ordenamientos, para que se otorgue la suspensión basta que el interesado la solicite, de manera que el requisito es idéntico. Tanto el artículo 28, fracción I, inciso a), en estudio, como el diverso 128, fracción II, de la Ley de Amparo, exigen como requisito de procedencia para el otorgamiento de suspensión, que su concesión no cause perjuicio al interés social ni contravenga disposiciones de orden público; por consiguiente, el requisito en este rubro es idéntico en ambas figuras cautelares. El artículo 28, inciso b), en comento, señala que sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución del acto impugnado, lo que implica que el actor en el juicio de nulidad debe acreditar la existencia de un derecho susceptible de ser tutelado con el otorgamiento de la medida suspensiva. Por su parte, el artículo 139 de la Ley de Amparo, expresamente dispone que la suspensión será concedida siempre que la ejecución del acto reclamado produzca daños y perjuicios de difícil reparación, lo que se traduce en la demostración del derecho legalmente tutelado a favor de la quejosa. Como se advierte, los requisitos en este rubro son similares. En ambos ordenamientos se prevé que la autoridad competente puede modificar o revocar el auto en que haya concedido o negado la suspensión, siempre que ocurra un hecho superveniente. En este tópico, el requisito es idéntico. Ambos ordenamientos medularmente señalan que si el otorgamiento de la medida cautelar causa daños a terceros, se concederá condicionada a una garantía ofrecida por el demandante para reparar el daño e indemnizar el perjuicio que con ella se cause, en caso que no se obtenga resolución favorable. Ahora bien, en lo referente al plazo en este supuesto, el citado artículo 28, no prevé la vigencia de la suspensión en los casos en que haya tercero, lo que significa que sus efectos surten desde su emisión; en cambio, la Ley de Amparo establece un lapso de cinco días para ese efecto, conforme al artículo 136 de esa ley, plazo que vencido, sin que se exhiba la garantía, retira la eficacia de los efectos de la medida suspensiva. En consecuencia, el requisito de la suspensión en el juicio de nulidad relativo al tercero no es mayor que en el juicio de amparo. El aludido artículo 28, fracción II, inciso a), dispone que en las demandas de nulidad que involucren contribuciones, aprovechamientos y créditos fiscales, se concederá la suspensión, condicionada a que se garantice su importe ante la autoridad ejecutora, por cualquiera de los medios permitidos en las leyes fiscales, previendo, además, la reducción de la garantía en caso de que el monto de los créditos exceda la capacidad económica del solicitante y cuando se trate de persona distinta al sujeto obligado directa o solidariamente al pago del crédito. Por su parte, el artículo 135 de la Ley de Amparo establece que si el amparo se insta contra el cobro de contribuciones y aprovechamientos, podrá concederse discrecionalmente la suspensión, si el quejoso ha constituido o constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. Como se aprecia en ambos casos, para que surta la suspensión respecto del cobro de créditos fiscales, el interesado debe garantizar el interés fiscal por cualquiera de los medios permitidos por las leyes aplicables. En ese sentido, en el artículo 28, fracción III, inciso c), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo se prevé que el Magistrado instructor deberá conceder o negar la referida medida cautelar de manera provisional, a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud relativa, término que es coincidente con el señalado en el artículo 112 de la Ley de Amparo, de ahí que el ordenamiento que rige el acto reclamado no prevé un plazo mayor para el otorgamiento de la suspensión provisional y, en tal virtud, dicho requisito tampoco es mayor. Por tanto, se concluye que la suspensión en el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, no exige mayores requisitos de los que prevé la suspensión en el juicio de amparo indirecto. Entonces, tampoco se actualiza esa excepción al principio de definitividad y por tales razones, debió agotarse el juicio ante el mencionado órgano antes de promoverse el juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 130/2013 (10a.), aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIV, Septiembre de dos mil trece, Tomo 2, página mil ciento cuarenta y seis, cuyo rubro y texto son: (...) Así como la jurisprudencia 2a./J. 19/2015 (10a.), aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación el viernes diez de abril de dos mil quince, que es del tenor literal siguiente:(...) Por lo anteriormente expuesto se advierte que la persona afectada con el embargo o la inmovilización de cuentas bancarias puede encontrar reparabilidad de tal acto, haciendo valer el recurso de revocación en el que podrá solicitar la suspensión de tal acto, o bien, a través del juicio contencioso administrativo y, en su caso, a través de la vía uniinstancial. En las condiciones apuntadas y en acatamiento al principio de definitividad que rige al juicio de amparo, se estima colmada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, por lo que, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Irma Antonia Durán Alanís respecto de los actos reclamados mencionados en párrafos que anteceden. Apoya la anterior determinación, el criterio contenido en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 18/2015 (10a.), aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación el viernes veinte de marzo de dos mil quince, Décima Época, con registro electrónico 2008718, cuyo rubro y texto son:(...) Lo anterior es así, pues de admitir a trámite la demanda de amparo, a nada práctico conduciría, si de cualquier manera al dictarse sentencia se sobreseería en el juicio, por ello, resulta conveniente desechar de plano, desde este momento la demanda de cuenta, con objeto de que la parte quejosa tenga conocimiento, desde este momento, el resultado de la promoción de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención al derecho de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional. Con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en el presente juicio de garantías, se faculta a los Actuarios adscritos a este Juzgado, para practicar las notificaciones que se les ordenen en el asunto, aun en días y horas inhábiles, en términos del artículo 21, párrafo tercero, de la ley de la materia. Se tiene como autorizado en los amplios términos a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado Sadot Salvador Herrera Rodríguez, y por lo que hace a Ramiro Muñiz Flores, únicamente como autorizado para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, dado que no tiene registrada su cédula profesional en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica en el ocurso de cuenta. Por último, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8°, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, dígase a las partes que, conforme al procedimiento de acceso a la información, la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite; así también, que pueden ejercer el derecho para manifestar, hasta antes que se pronuncie el fallo, su voluntad de que su nombre y datos personales no se incluyan en la publicación, en la inteligencia de que tal oposición, únicamente surtirá efectos cuando se trate de expedientes que contengan información reservada que en términos de lo previsto por la fracción IV, del artículo 13, de la citada ley, será cuando pongan en riesgo la vida, la seguridad, o la salud de las partes.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el oficio 5062/2015, signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, mediante el cual informa que se admitió el recurso de queja interpuesto por Santiago Felipe Rodríguez Hernández, Director General Adjunto "A" en la Unidad de Asuntos Jurídicos, en representación del Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Subsecretario de Ordenamiento Territorial y Director General de la Propiedad Rural de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, residente en México, Distrito Federal, contra el auto de siete de noviembre de dos mil catorce, dictado en el presente asunto; el cual quedó radicado bajo el número 126/2015; de lo que este juzgado queda enterado para los efectos legales a que haya lugar.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · 8,673 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano