Irma Altagracia Zamora Rodríguez
Expediente 527/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 10 actuaciones registradas, la última del 3 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 527/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 03/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Irma Altagracia Zamora Rodríguez
- Subdelegado de Prestaciones Económicas, Delegación Estatal en Tlaxcala del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Agréguese a los autos sin mayor proveído el oficio de cuenta signado por el Presidente y la Secretaria de Acuerdos, ambos de la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, mediante el cual toman conocimiento de la sentencia dictada en autos y solicitan se les remita el expediente de nulidad ***; lo anterior, en razón de que a la fecha de emisión del oficio que en esta fecha se provee, la aludida autoridad aun no recibía el diverso ***, girado por este órgano jurisdiccional, por medio del cual se le comunica el contenido del acuerdo de quince de noviembre del año en curso, en el que se declaró que causaba ejecutoria la sentencia dictada en este juicio, y le fueron enviadas las constancias originales del juicio de origen a que se ha hecho mención.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos y de la certificación secretarial que antecede, de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días, sin que las partes hubieren recurrido la sentencia dictada en el presente juicio; consecuentemente, se declara que dicha sentencia que no ampara ni protege a la quejosa ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales a que haya lugar. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Asimismo, devuélvase a la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en la Ciudad de Celaya, Guanajuato, las documentales que anexó a su informe justificado, las cuales obran por cuerda separada, debidamente identificadas como "tomo I". Una vez que obren en autos las constancias de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, envíese el presente juicio constitucional al ARCHIVO, toda vez que se encuentra totalmente concluido.
- Principal
Audiencia constitucional En Apizaco, Tlaxcala, a las diez horas con veinte minutos del veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, Carlos Alberto González García, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante el Secretario Roberto César Morales Corona, quien da fe; declara abierta la audiencia constitucional del juicio de amparo indirecto527/2019-J sin la asistencia de las partes, ni de sus autorizados. Abierta la audiencia de ley, el Secretario relaciona las constancias que integran el presente juicio de amparo, entre las que se encuentran la demanda de amparo promovida por Irma Altagracia Zámora Rodríguez (fojas 5 a 18), auto admisorio (fojas 100 a 103), el informe justificado de la autoridad responsable (foja 113) y la constancia de notificación al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito (foja 106). El Juez acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias que anteceden. Acto seguido, se abre el período de pruebas: el Secretario da cuenta con las documentales que la autoridad responsable Sala Regional del Centro III, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, anexó a su informe justificado consistente en el expediente 6808/16-10-01-3 de su índice, misma que obra por cuerda separada debidamente identificado como tomo I. Enseguida, el Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas las arriba indicadas, mismas que se desahogan por su propia naturaleza. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos: el Secretario hace constar que las partes no hicieron uso de ese derecho. El Juez acuerda: Ténganse por practicada la certificación secretarial que antecede para los efectos legales a que haya lugar. Por lo que se concluye dicho período procesal y se cerró la audiencia de mérito, quedando el asunto en estado de dictar la sentencia correspondiente. VISTOS los autos del juicio de amparo indirecto 527/2019-J; y, RESULTANDO: PRIMERO. Contenido de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el siete de junio de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Celaya, Irma Altagracia Zamora Rodríguez, demandó el amparo y la protección de la Justicia de la Unión, por el acto y contra la autoridad responsable que a continuación se establecen: "III. AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES: a) AUTORIDAD RESPONSABLE ORDENADORA Y EJECUTORA: Tiene tal carácter la H. Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (.) IV. LEY O ACTO QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME: Bajo protesta de conducirme con verdad, manifiesto que se reclama de la autoridad responsable la resolución dictada dentro del acuerdo de 27 de mayo del 2019, y notificado mediante boletín jurisdiccional en fecha 30 de junio (sic) del 2019, dentro del expediente en que se actúa del índice de la Sala Regional del Centro III, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa." La parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos humanos violados los contenidos en los artículos 1, 14, 16, 17, 123 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 24 del Pacto de San José Costa Rica; 22 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas; 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; así como 7 y 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. SEGUNDO. Auto admisorio y trámite del juicio de amparo. Por razón de turno, correspondió conocer del presente asunto al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Celaya, en donde mediante proveído de diez de junio de dos mil diecinueve, se radicaron los autos con el expediente 496/2019, y se declaró legalmente incompetente por razón de territorio, para conocer de la demanda constitucional, por estimar que el acto que se reclama tendría ejecución en el Estado de Tlaxcala, razón por la cual ordenó remitir las constancias a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta entidad federativa. En mérito de lo anterior, por razón de turno correspondió conocer del asunto a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, en donde por auto de catorce de junio del año en curso, se radicó el juicio con el expediente 527/2019-J, y no se aceptó la competencia declinada, por lo que se devolvió el expediente original al juzgado remitente. Atento a ello, en auto de veinte de junio de dos mil diecinueve, el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Celaya, insistió en que carecía de competencia legal por razón de territorio y ordenó remitir los autos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, en turno, para que resolviera lo conducente. Mediante ejecutoria dictada el treinta y uno de julio de este año, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito resolvió que este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala era competente para conocer de la demanda de amparo; por lo que, previa recepción de los autos del juicio de amparo, el treinta y uno de agosto de la anualidad en curso, este juzgado se avocó al conocimiento del asunto, admitió a trámite la demanda constitucional, solicitó el informe justificado a la autoridad responsable, dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, reconoció el carácter de tercero interesado al Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Estatal en Tlaxcala del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, es constitucional y legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones III, inciso b), VII y XII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo en vigor; 48 y 81 fracción VI de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; punto Segundo, fracción XXVIII, Tercero fracción, XXVIII y Cuarto, fracción XXVIII del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, así como su modificación contenida en el diverso acuerdo 3/2018 difundido en el propio medio oficial el nueve de febrero de dos mil dieciocho, en virtud de que el acto reclamado por grado es del conocimiento de un juez de distrito, por materia es de naturaleza administrativa y, porque, ante una eventual concesión del amparo, tendría ejecución dentro de la jurisdicción territorial de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debe acotarse que del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que en el caso el acto que se reclama de la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, lo constituye la resolución de veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, que resolvió el recurso de queja interpuesto dentro de los autos del juicio de nulidad 6808/16-10-01-3-OT, promovido por Irma Altagracia Zamora Rodríguez, contra el Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Estatal en Tlaxcala del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, mediante la cual se determinó que se tenía por cumplida la sentencia de nulidad. Hecha esta precisión, procede ahora analizar el contenido de los informes justificados rendido por las autoridades responsables. TERCERO. Certeza o inexistencia del acto reclamado. La autoridad responsable al rendir su informe con justificación aceptó la existencia del acto que se reclama, lo cual se corrobora con las constancias del juicio de nulidad 6808/16-10-01-3-OT, a las que se les otorga valor probatorio pleno, conforme a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del arábigo 2º de este último ordenamiento legal. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Previo al análisis de las causales de improcedencia, se estima pertinente efectuar una breve relatoría de los principales antecedentes del acto reclamado, según se advierte de las constancias de autos, los cuales constituyen esencialmente en lo siguiente: 1. Mediante escrito presentado el tres de noviembre de dos mil dieciséis, ante la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Irma Altagracia Zamora Rodríguez promovió juicio de nulidad en contra de la resolución negativa ficta, derivada de la petición formulada al Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Estatal en Tlaxcala del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado el quince de abril del mismo año. 2. Por auto de once de noviembre de dos mil dieciséis, la demanda de nulidad se radicó en el expediente número 6808/16-10-01-3-OT, y se ordenó darle el trámite correspondiente. 3. Previo los trámites de ley, el trece de septiembre de dos mil dieciocho, se dictó sentencia definitiva; cuyos puntos resolutivos son los siguientes: "I. La parte actora probó parcialmente su acción; en consecuencia, II. Se declara la nulidad de la resolución impugnada, que ha quedado debidamente identificada en el primer resultando de este fallo, por las razones y para los efectos señalados en el considerando cuarto del mismo; (sic) III. NOTIFÍQUESE." Cabe destacar que la nulidad de la resolución impugnada, fue para el siguiente efecto: "En consecuencia, esta Sala con fundamento en lo dispuesto por los artículos 51, fracción II y 52, fracción IV de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, declara la nulidad de la resolución impugnada, únicamente respecto de la solicitud de incremento de la pensión de conformidad con el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que rigió el (sic) Instituto entre el 1º de enero de 2002 al 31 de marzo de 2007, por las razones señaladas en el presente considerando y para los efectos siguientes: a) Esta Sala determina la procedencia del incremento de la pensión de la C. IRMA ALTAGRACIA ZAMORA RODRIGUEZ, de conformidad con el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que rigió el (sic) Instituto entre el 1º de enero de 2002 al 31 de marzo de 2007 y con fundamento en los artículos 51, fracción II y 52, fracción IV, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo se ordena a la autoridad demanda para que en cumplimiento de esta sentencia, proceda a la correcta determinación y cálculo de los incrementos de la pensión de la parte actora y en su caso, el pago de las diferencias derivadas de éstos; en el entendido de que deberá indicar de manera clara y precisa, los elementos que tomó en cuenta para el cálculo de la determinación de las diferencias citadas, precisando por cada anualidad sobre la que realice el cálculo, con exclusión de los montos de las diferencias vencidas cuya acción esté prescrita a la fecha de la solicitud presenta el 15 de abril de 2016: 1. El porcentaje de incremento que en el año calendario anterior al que corresponda el análisis de la pensión, hubiese tenido el Índice Nacional de Precios al Consumidor. 2. El porcentaje de incremento a los aumentos otorgados a los sueldos básicos de los trabajadores en activo. 3. Y de la comparativa a (sic) ambos, establezca cuál de ellos resulta mayor y sobre éste realice el cálculo del incremento a la pensión de la hoy accionante. b) Lo anterior deberá realizarlo dentro del término de CUATRO MESES contados a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación de esta sentencia, en tal virtud se requiere a la autoridad demandada, en términos de lo dispuesto por el artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo a efecto de que en el plazo improrrogable de cuatro meses informe y acredite ante esta Sala, el cumplimiento en los términos señalados en la sentencia de mérito." 4. En cumplimiento a dicho fallo, el cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, el Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Estatal en Tlaxcala del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, emitió el oficio SP/DPSH-2738/2018. 7. En descuerdo con tal determinación, la quejosa interpuso recurso de queja por defecto en el cumplimiento de la sentencia, la cual fue resuelto el veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, y cuyos puntos resolutivos son los siguientes: "I. Ha resuelto INFUNDADA la Queja interpuesta. II. NOTIFÍQUESE." Determinación que constituye el acto reclamado en la presente instancia constitucional. QUINTO. Causales de improcedencia. Se estima que este juicio es procedente, pues ninguna de las partes aludió causal de improcedencia, ni de oficio se advierte la actualización de alguna, así que al no existir dispositivo legal que ordene establecer las consideraciones y razones por las que no se actualiza ninguno de los supuestos previstos en las diversas fracciones del artículo 61 de la ley de la materia, es evidente que no hay obligación del juzgador de amparo de hacer un análisis exhaustivo de todas y cada una de las causas de inejercitabilidad que hipotéticamente pueden concurrir en un juicio de esta índole. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 22/91, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe: "IMPROCEDENCIA. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A ESTUDIAR OFICIOSAMENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO". Por lo anterior, es que se estima procedente analizar la constitucionalidad de la resolución reclamada. SEXTO. Conceptos de violación. En este orden de ideas, procede realizar el análisis de los conceptos de violación que se contienen en la demanda de amparo, los que no se transcriben, por ser innecesario. Asimismo, cabe destacar que en el presente juicio opera la suplencia de la queja en términos del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, en virtud de que la quejosa, en su carácter de pensionada, reclama una resolución que incide en el incremento de su pensión jubilatoria. Es aplicable la tesis aislada 2a. XCV/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2007681, cuyo contenido es: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA LABORAL. OPERA EN FAVOR DE LOS PENSIONADOS Y DE SUS BENEFICIARIOS. Conforme al artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, la autoridad que conozca del juicio deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en materia laboral, en favor del trabajador, con independencia de que la relación entre empleador y empleado esté regulada por el derecho laboral o por el administrativo; de lo cual se deduce que si bien esta norma se refiere a determinados sujetos y a dos tipos de relaciones jurídicas específicas, como son, por un lado, las personas que cumplen con su deber social y su derecho al trabajo y, por otra, quienes las emplean, ya sea dentro de un vínculo laboral o de orden administrativo, lo cierto es que las razones que en estos supuestos inspiran la obligación del órgano de amparo para suplir la deficiencia de la queja a favor del trabajador no se agotan con motivo de la jubilación o retiro de quien había estado subordinado a un empleador, pues las causas que originaron el auxilio que la ley les brindaba durante su época laboralmente activa no sólo se mantienen, sino que incluso se agudizan, porque lo habitual es que como pensionistas sus ingresos se reduzcan y, con ello, la posibilidad de contar con asesoría legal adecuada. Así, esta Segunda Sala determina que tratándose de juicios de amparo deducidos de asuntos laborales o contencioso-administrativos, en los que se controviertan el otorgamiento y los ajustes de pensiones, así como de cualquiera otra prestación derivada de éstas, ya sea por los interesados o por sus beneficiarios, el órgano de amparo queda obligado a suplir la deficiencia de la queja en favor de los demandantes de tales pretensiones, en la inteligencia de que este deber sólo tiene razón de ser cuando existan causas jurídicamente válidas para preservar u otorgar algún derecho, pues si el juzgador no advierte que dicha suplencia lo conduzca a esta finalidad provechosa para el particular, bastará con que así lo declare sin necesidad de que haga un estudio oficioso del asunto, el cual, por carecer de un sentido práctico, sólo entorpecería la pronta solución del litigio en perjuicio de los propios justiciables." En virtud de lo anterior, es inatendible la solicitud de la parte quejosa en el sentido de que se le debe suplir la deficiencia de la queja en razón de que es una adulta mayor y forma parte de un grupo vulnerable; pues como se ha indicado, la hipótesis de suplencia que se suscita en el presente caso, atiende a su carácter de pensionada y a que el acto reclamado impacta en el incremento de su pensión. SÉPTIMO. Análisis de fondo. Son infundados e inoperantes los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa -sin que se advierta queja deficiente que suplir-, en los que plantea lo siguiente: a) Son defectuosos los cálculos y comparativos que realizó la autoridad demandada en el juicio, pues declaró cumplida la sentencia sin hacer un examen detallado; con lo que trastoca el principio de congruencia de las resoluciones judiciales y de cosa juzgada, y además vulnera la prerrogativa de ejecución de un fallo definitivo, como parte del derecho fundamental de tutela judicial efectiva. Invoca como apoyo las jurisprudencias de rubro "PRINCIPIO DE CONGRUENCIA. QUE DEBE PREVALECER EN TODA RESOLUCIÓN JUDICIAL" del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito; y, "JUBILACIÓN, NO PUEDE MODIFICARSE LO RESUELTO SOBRE LA, SI EXISTE COSA JUZGADA" del entonces Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito; así como las tesis aisladas de epígrafe "PRINCIPIO DE COSA JUZGADA MATERIAL. SU ALCANCE EN RELACIÓN CON UNA SENTENCIA DICTADA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, EN CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA DE AMPARO" del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito; y, "EJECUTORIAS DE AMPARO. PARA QUE SU CUMPLIMIENTO SEA TOTAL, SIN EXCESOS O DEFECTOS, DEBE VERIFICARSE LA CONGRUENCIA EN SU DICTADO", de la Primera Sala del Alto Tribunal de la Nación. b) Los porcentajes y cálculos realizados por el instituto demandado son discordantes con los que ha utilizado en casos similares para diversas personas, pero respecto de la misma plaza. c) El instituto demandado no justifica cómo obtuvo los porcentajes del Índice Nacional de Precios al Consumidor, dado que no cita la fuente de donde obtuvo esa información. d) No se adjuntó prueba idónea que demostrara que los incrementos aplicados a la cuota de pensión fueron los mayores entre el Índice Nacional de Precios al Consumidor y el aumento al sueldo básico de los trabajadores en activo; para lo cual incluso se puede verificar la información contenida en diversas páginas de internet del Banco de México, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos y del Diario Oficial de la Federación, cuyas ligas electrónicas se citan. e) La constancia de evolución salarial no puede tomarse en consideración para determinar el sueldo y los incrementos en la plaza que ocupaba la pensionada, pues ésta no está apoyada en los tabuladores regionales aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tal como lo exigen los artículos 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 15 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, abrogada; 17 de la ley del citado instituto vigente; 6 y 7 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones a los Trabajadores Sujetos al Régimen del artículo Décimo Transitorio; así como 2 del Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal; sobre todo que el instituto demandado solo podía tomar en cuenta los tabuladores regionales para determinar los incrementos de la cuota pensionaria. Para soportar su planteamiento, invoca las jurisprudencias de rubro: "PENSIÓN JUBILATORIA DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SI EL ACTOR EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PRETENDE LA INCLUSIÓN DE DIVERSAS PERCEPCIONES EN LA CUANTIFICACIÓN DE LA CUOTA DIARIA RELATIVA, LAS SALAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA DETERMINARÁN SI AQUÉLLAS QUEDAN INCLUIDAS EN LOS CONCEPTOS DE SALARIO TABULAR, PRIMA DE ANTIGÜEDAD Y/O QUINQUENIOS, PARA LO CUAL DEBERÁN TENER A LA VISTA EL TABULADOR REGIONAL O EL MANUAL DE PERCEPCIONES CORRESPONDIENTE" del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito; "ISSSTE. SI ALGUNO DE SUS TRABAJADORES LE RECLAMA DIVERSAS PRESTACIONES CON BASE EN UN SALARIO QUE RESULTA INVEROSÍMIL DE ACUERDO AL PUESTO QUE DESEMPEÑA, LA AUTORIDAD LABORAL DEBE CONSIDERAR EL ASIGNADO PARA CADA PUESTO EN LOS TABULADORES REGIONALES, PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, AL CONSTITUIR ELLO UN HECHO NOTORIO" del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito; e, "ISSSTE. DISTINCIÓN ENTRE SALARIO TABULAR Y TABULADOR REGIONAL PARA EFECTOS DE LA DETERMINACIÓN DEL MONTO DE LA PENSIÓN JUBILATORIA (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE MARZO DE 2007)" de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. f) Aun cuando el instituto demandado señaló que tomaría en consideración la constancia de evolución salarial, existen diferencias en cuanto a los porcentajes contenidos en la constancia exhibida y los utilizados en la resolución con la que se pretendió dar cumplimiento a la sentencia de nulidad. g) La obligación de demostrar que son correctos los incrementos a la pensión, corresponde al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, acorde con lo dispuesto en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro "PENSIÓN DEL ISSSTE. CARGA DE LA PRUEBA DE SUS INCREMENTOS EN EL JUICIO DE NULIDAD", y del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, de epígrafe "PENSIÓN POR JUBILACIÓN. CUANDO UNA SALA FISCAL DECLARA LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN QUE LA CONCEDE, POR FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, EL EFECTO DE LA SENTENCIA DEBE SER PARA QUE EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DICTE UNA NUEVA DETERMINACIÓN, EN LA QUE DETALLE EL PROCEDIMIENTO SEGUIDO PARA OBTENER LA CUOTA DIARIA RELATIVA, EN TÉRMINOS DE LAS JURISPRUDENCIAS 2a./J. 100/2009 Y 2a./J. 114/2010"; máxime que se trata de la ejecución de una sentencia definitiva. h) Se omitió considerar que los cálculos sobre los incrementos a la pensión, debían efectuarse a partir de que se otorgó y no solo respecto del plazo de cinco años anteriores a la fecha en que se presentó la solicitud de rectificación, pues la pensión de la quejosa inició desde el uno de enero de dos mil siete; conforme a lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente, 60 de la ley del instituto, abrogada y 8 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones a los Trabajadores Sujetos al Régimen del artículo Décimo Transitorio. i) No se tomó en cuenta que, de acuerdo con lo establecido en los artículos 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado abrogada y 7 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones a los Trabajadores Sujetos al Régimen del artículo Décimo Transitorio, la cuota diaria de pensión no puede superar el límite de diez salarios mínimos. Cabe señalar que el estudio de los conceptos de violación se efectuará en un orden diverso al propuesto, en virtud del tema que se aborda en cada uno de ellos. En ese sentido, es infundado el concepto de violación identificado con el inciso e), en el que la quejosa aduce que la constancia de evolución salarial no puede tomarse en consideración para determinar el sueldo y los incrementos en la plaza que ocupaba, pues no está apoyada en los tabuladores regionales aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; sin embargo, para poder determinar los aumentos salariales de los trabajadores en activo, no son indispensables los tabuladores regionales aprobados por la referida secretaría, sino que es válido acudir a otras fuentes que permitan conocer las variaciones en el sueldo tabular o básico, como lo es la constancia de evolución salarial. En primer término, es conveniente recordar que el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente de dos mil dos a dos mil siete, establece que la cuantía de las pensiones se aumentará anualmente conforme al incremento que hubiese tenido el Índice Nacional de Precios al Consumidor, o bien, en proporción al aumento de los sueldos de los trabajadores en activo, según sea el referente que resulte de mayor beneficio. Al respecto, es aplicable -en lo conducente- la jurisprudencia 2a./J. 33/2017 (10a.), con número de registro 2014063, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. LA APLICACIÓN RETROACTIVA DEL ARTÍCULO 57, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY RELATIVA VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2002 (ACTUALMENTE ABROGADA), ES IMPROCEDENTE EN LO REFERENTE AL PAGO DE INCREMENTOS O DIFERENCIAS A LAS PENSIONES, RESPECTO DE LAS OTORGADAS ANTES DE ESA FECHA. El artículo 57, párrafo tercero, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente del 5 de enero de 1993 al 31 de diciembre de 2001, señala que la cuantía de las pensiones se incrementará conforme aumente el salario mínimo general para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México y, posteriormente, mediante reforma vigente a partir del 1 de enero de 2002, establece que se adopta para tales fines el Índice Nacional de Precios al Consumidor, o bien, en proporción al aumento de los sueldos de los trabajadores en activo, según sea el referente que resulte de mayor beneficio. Ahora bien, en virtud de la fecha en que entró en vigor esa modificación legislativa, quienes se pensionaron con anterioridad a ella solamente adquirieron el derecho al incremento de sus pensiones conforme al aumento del salario mínimo aludido, por lo que no les es aplicable retroactivamente el citado precepto, habida cuenta que la jubilación no es un derecho surgido por el solo hecho de existir la relación laboral o por simple efecto del pago de las cotizaciones, sino que constituye una mera expectativa de derecho que se concreta hasta que se cumplan los requisitos para su otorgamiento, ya que la incorporación de dicha prestación al patrimonio jurídico de las personas se encuentra condicionada al cumplimiento de los años de servicio requeridos. Por tanto, mientras no exista un mandato expreso del legislador para incorporar entre los destinatarios de la norma a los pensionados con anterioridad, el parámetro que legalmente les corresponde a sus incrementos es el previsto en función del salario mínimo, el cual no puede sustituirse, vía interpretativa, por un sistema indexado o el homologado con quienes se encuentran laboralmente en activo, porque sería tanto como desconocer el principio constantemente reiterado en el sentido de que las pensiones se rigen por la ley vigente al momento de otorgarse, y asignar a la ley un efecto retroactivo que no tuvo en mente el autor de la reforma respectiva." Ahora bien, en el oficio SP/DPSH-2738/2018 de cuatro de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 207 a 211 del anexo de pruebas), con el que la autoridad dio cumplimiento a la sentencia de nulidad, se estableció lo siguiente: "Antes de entrar al estudio de los argumentos legales es indispensable determinar cuál es el marco normativo aplicable en su caso y para ello lo constituye la fecha en que le otorgó la pensión a través de la concesión de pensión de la C. IRMA ALTAGRACIA ZAMORA RODRIGUEZ fue otorgada el 06 de marzo de dos mil siete, momento en el cual tramitó su pensión, luego entonces resulta aplicable el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente a partir del 1º de enero de 2002 y se calcula mediante el comparativo entre los incrementos correspondientes al Índice Nacional de Precios al Consumidor (sic) los que otorgados a la plaza del último puesto, otorgando el incremento de mayor beneficio para cado año, es decir aplica para las pensiones otorgadas a partir del 01 de enero de 2002 al 31 de marzo de 2007; por lo cual se determinarán los porcentajes de incremento, tomando en consideración el sueldo y quinquenio, descrito periodo por periodo en la Constancia de Evolución Salarial, emitida por la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala, de fecha 20 de noviembre de 2018, para posteriormente ser aplicado a la cuota diaria pensionaria desde el inicio, toda vez que adquirió el derecho de pensionada a partir del 01 de enero de 2007." Es decir, para poder determinar cuál incremento reportaba un mayor beneficio a la quejosa de entre el ocurrido en el Índice Nacional de Precios al Consumidor y en el sueldo básico de los trabajadores en activo, el instituto demandado señaló que tomaría en consideración el sueldo descrito en la constancia de evolución salarial emitida por la dependencia en la que laboró la quejosa; a saber, la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala. Sentado lo anterior, debe decirse que los tabuladores regionales, contemplan los importes por concepto de sueldos y salarios, así como otras asignaciones diversas al salario básico o tabular, que aplican a un puesto o categoría en específico; sin embargo, para determinar, los incrementos a la cuota diaria de pensión conforme al artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente hasta dos mil siete, solo se requiere determinar -además de los incrementos en el Índice Nacional de Precios al Consumidor- las variaciones en el sueldo básico o tabular, pudiendo prescindirse de los demás conceptos que se describen en el tabulador regional, pues las modificaciones de esos diversos conceptos -distintos al sueldo básico o tabular- son innecesarios para determinar el incremento de la cuota pensionaria conforme al artículo aludido. En efecto, el tabulador regional se entiende como el instrumento que permite representar los valores monetarios con los cuales se identifican los importes por concepto de sueldos y salarios, así como otras asignaciones diversas al salario tabular, que aplican a un puesto o categoría determinados, y el salario básico o tabular es uno de los importes consignados en los tabuladores regionales y constituye la base para calcular las prestaciones básicas de los trabajadores, así como las cuotas y aportaciones por concepto de seguridad social. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 63/2013 (10a.), de la Segunda Sala del Alto Tribunal de la Nación, que dice: "ISSSTE. DISTINCIÓN ENTRE SALARIO TABULAR Y TABULADOR REGIONAL PARA EFECTOS DE LA DETERMINACIÓN DEL MONTO DE LA PENSIÓN JUBILATORIA (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE MARZO DE 2007). El salario tabular es el identificado con los importes consignados en los tabuladores regionales para cada puesto, que constituyen la base del cálculo aplicable para computar las prestaciones básicas en favor de los trabajadores, así como las cuotas y aportaciones por concepto de seguridad social, y que suele denominarse sueldo base o sueldo bruto; mientras que el tabulador regional es el instrumento que permite representar los valores monetarios con los cuales se identifican los importes por concepto de sueldos y salarios, así como otras asignaciones diversas al salario tabular, que aplican a un puesto o categoría determinados, en función del grupo, grado, nivel o código autorizados, según corresponda, acorde con los distintos tipos de personal. En ese sentido, dado que no es lo mismo salario tabular que tabulador regional, pues aquél sirve de base para el pago de cotizaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y el cálculo de las prestaciones respectivas no se conforma con el cúmulo de asignaciones descritas en el tabulador regional, sino que se constituye como un solo concepto, la circunstancia de que en el juicio de nulidad un pensionado demande de dicho Instituto que para fijar el monto de su pensión considere percepciones o conceptos distintos del salario tabular, pero contenidos en los tabuladores regionales, y demuestre que durante el tiempo que laboró al servicio del Estado los percibió regular y permanentemente, es insuficiente para estimar que deben formar parte del sueldo base para efectos del cálculo de la pensión jubilatoria, siendo necesario que se acredite que fueron considerados parte del salario tabular y conocerse la forma en que en su caso se entregaron las cuotas y aportaciones de seguridad social, ya que sólo cuando la dependencia o entidad correspondiente consideró en las cuotas y aportaciones de seguridad social conceptos diversos al salario tabular, deberán tomarse en cuenta al fijar el monto y alcance de la pensión correspondiente, en la medida en que debe existir una correspondencia entre ambas, pues el monto de las pensiones y prestaciones debe ser congruente con las referidas aportaciones y cuotas, de las que se obtienen los recursos para cubrirlas." Así, el sueldo tabular o básico es el único elemento que se debe tomar en consideración para determinar el importe de las cotizaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y, en consecuencia, la cuantía de la cuota pensionaria; tal como lo dispone el artículo 15 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente hasta dos mil siete, que dice: "Artículo 15. El sueldo básico que se tomará en cuenta para los efectos de esta Ley se integrará solamente con el sueldo presupuestal, el sobresueldo y la compensación de que más adelante se habla, excluyéndose cualquiera otra prestación que el trabajador percibiera con motivo de su trabajo. Sueldo presupuestal es la remuneración ordinaria señalada en la designación o nombramiento del trabajador en relación con la plaza o cargo que desempeña. "Sobresueldo" es la remuneración adicional concedida al trabajador en atención a circunstancias de insalubridad o carestía de la vida del lugar en que presta sus servicios. "Compensación" es la cantidad adicional al sueldo presupuestal y al sobresueldo que se otorga discrecionalmente en cuanto a su monto y duración a un trabajador en atención a las responsabilidades o trabajos extraordinarios relacionados con su cargo o por servicios especiales que desempeñe y que se cubra con cargo a la partida específica denominada "Compensaciones Adicionales por Servicios Especiales". Las cotizaciones establecidas en los artículos 16 y 21 de esta Ley, se efectuarán sobre el sueldo básico, hasta por una cantidad que no rebase diez veces el salario mínimo general que dictamine la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, y será el propio sueldo básico, hasta por la suma cotizable, que se tomará en cuenta para determinar el monto de los seguros, pensiones, subsidios y préstamos que otorga esta Ley. El sueldo básico de los trabajadores de los organismos públicos se determinará con sujeción a los lineamientos que fija el presente artículo." Al respecto, es conveniente tener presente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que el sueldo básico -integrado con el sueldo presupuestal, el sobresueldo y la compensación- debe entenderse referido al salario tabular, pues precisamente los conceptos que lo conforman, están compactados en el concepto de sueldo tabular que prevé el artículo 32 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. El criterio a que se ha hecho referencia está contenido en la tesis aislada 2a. LXXVII/2010, de la Segunda Sala del Alto Tribunal de la Nación, de rubro: "ISSSTE. INTEGRACIÓN DEL SUELDO BÁSICO CONFORME AL ARTÍCULO 15 DE LA LEY RELATIVA (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE MARZO DE 2007)". Por tanto, aun cuando el salario básico o tabular, que sirve para determinar la cotizaciones y beneficios otorgados por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, está comprendido en los tabuladores regionales que aprueba la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; para determinar las modificaciones salariales de los trabajadores en activo y, en su caso, el incremento en la cuota pensionaria, no es imprescindible contar con los citados tabuladores, en tanto que solo se requiere conocer el sueldo básico y no las demás prestaciones que percibió el pensionado; por lo que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado válidamente puede acudir a otros medios de prueba para demostrar la proporción en que se modificaron los sueldos de los trabajadores en activo, como lo es la constancia de evolución salarial que expide la dependencia en que laboró el pensionado. Es así, en razón de que la referida constancia de evolución salarial forma parte de la información y documentos con que están obligadas a contar las dependencias y entidades incorporadas al régimen de seguridad social provisto por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado -como en el caso la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala-, de acuerdo con lo establecido en los artículos 6, fracción II, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como 20, 22, 61 y 75 del Reglamento del Sistema Nacional de Afiliación y Vigencia de Derechos, de la Base de Datos Única de Derechohabientes y del Expediente Electrónico Único del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que dicen: Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado "Artículo 6o. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a que se refiere esta Ley, deberán remitir al Instituto en enero de cada año, una relación del personal sujeto al pago de cuotas y descuentos correspondientes, según los artículos 16 y 25 de esta Ley, así como efectuar los descuentos que se ordenen con motivo de la aplicación de la misma, debiendo remitir al Instituto las nóminas y recibos en que éstos figuren, dentro de los 10 días siguientes a la fecha en que debieron hacerse. De igual forma pondrán en conocimiento del Instituto dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que ocurran: I. Las altas y bajas de los trabajadores; II. Las modificaciones de los sueldos sujetos a descuentos; III. La iniciación de los descuentos así como su terminación y en su caso los motivos y justificaciones por los que se haya suspendido el descuento; enterando en forma inmediata al Instituto sobre cualquier circunstancia que impida o retarde el cumplimiento de las órdenes de descuento; y IV. Los nombres de los familiares que los trabajadores deben señalar a fin de que disfruten de los beneficios que esta Ley concede. Esto último dentro de los treinta días siguientes a la fecha de la toma de posesión del trabajador. En todo tiempo, las dependencias y entidades deberán expedir los certificados e informes que les soliciten tanto los interesados como el Instituto y proporcionar los expediente y datos que el propio Instituto les requieran de los trabajadores, ex-trabajadores, jubilados y pensionistas así como los informes sobre aportaciones y cuotas y designarán a quienes se encarguen del cumplimiento de estas obligaciones. En caso de negativa, demora injustificada o cuando la información se suministre en forma inexacta o falsa, la Autoridad competente fincará la responsabilidad e impondrá las sanciones que correspondan en los términos de esta Ley. Los pagadores y los encargados de cubrir sueldos serán responsables en los términos de esta Ley de los actos y omisiones en relación a las retenciones y descuentos que resulten en perjuicio del Instituto, de los trabajadores, jubilados o pensionistas, independientemente de la responsabilidad civil, penal o administrativa en que incurran." Reglamento del Sistema Nacional de Afiliación y Vigencia de Derechos, de la Base de Datos Única de Derechohabientes y del Expediente Electrónico Único del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado "Artículo 20. El Instituto recibirá de las Dependencias y Entidades la información de los Movimientos Afiliatorios de alta, modificación del sueldo y baja de sus trabajadores, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha en que ocurran." "Artículo 22. Es responsabilidad de las Dependencias y Entidades verificar que la información respecto del Sueldo Básico reportado en los Movimientos Afiliatorios, sea coincidente con la que haya sido utilizada para el entero de Cuotas y Aportaciones motivo del laudo." "Artículo 61. El Instituto integrará la Base de Datos Única de Derechohabientes, la cual contendrá información individualizada de los Afiliados proporcionada por las Dependencias y Entidades, los propios Afiliados y por el Instituto, que permitirá la identificación de sus datos personales, plaza (s), información de sus periodos cotizados, Antigüedad, clínica de adscripción y, en caso de los Familiares Derechohabientes, el tipo de parentesco, a efecto de que sólo esta información sea utilizada por las Unidades Administrativas del Instituto, para el otorgamiento de los seguros, prestaciones y servicios." "Artículo 75. El Instituto pondrá a disposición de las Dependencias y Entidades una aplicación electrónica para interactuar con la Base de Datos, a efecto de que realicen la consulta y actualización de la información de los Movimientos Afiliatorios de sus Trabajadores, de sus datos personales, la acreditación de periodos de cotización y la obtención de las constancias respectivas." Así, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado cuenta con una base de datos, en la que se contiene -entre otra- la información relativa a las modificaciones salariales de los trabajadores y las dependencias o entidades son las responsables de verificar que la información respecto del sueldo básico reportado al instituto, sea coincidente con la que utilizaba para el entero de cuotas y aportaciones. De este modo, es dable considerar que la información relativa al sueldo básico de los trabajadores, que se requiere para determinar el aumento en el sueldo de los trabajadores en activo y, en su caso, el incremento de una pensión, puede provenir directamente de las dependencias o entidades en las que laboran; pues son las responsables de reportar esa información al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Por ello, debe estimarse que la constancia de evolución salarial emitida por las dependencias en la que laboraron los pensionados, sí constituye un medio de prueba apto para determinar el sueldo de los trabajadores en activo y de los aumentos aplicados a dicho sueldo. Así las cosas, como se dijo, para poder determinar los aumentos salariales de los trabajadores en activo, no son indispensables los tabuladores regionales aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sino que es válido que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado acuda a otras fuentes que permitan conocer las variaciones en el sueldo tabular o básico, como lo es la constancia de evolución salarial. Sobre todo, que en el juicio de origen la parte quejosa no demostró que los sueldos reportados en la constancia de evolución salarial que se utilizó para determinar los incrementos aplicables a su pensión, no correspondan a los sueldos tabulares o básicos que aprobó por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los tabuladores regionales; ya que de haber sido así, sí podría considerarse necesario que la autoridad tendría que corroborar los referidos tabuladores regionales. Finalmente, cabe decir que no resulta aplicable al caso analizado la jurisprudencia de rubro: "PENSIÓN JUBILATORIA DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SI EL ACTOR EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PRETENDE LA INCLUSIÓN DE DIVERSAS PERCEPCIONES EN LA CUANTIFICACIÓN DE LA CUOTA DIARIA RELATIVA, LAS SALAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA DETERMINARÁN SI AQUÉLLAS QUEDAN INCLUIDAS EN LOS CONCEPTOS DE SALARIO TABULAR, PRIMA DE ANTIGÜEDAD Y/O QUINQUENIOS, PARA LO CUAL DEBERÁN TENER A LA VISTA EL TABULADOR REGIONAL O EL MANUAL DE PERCEPCIONES CORRESPONDIENTE", toda vez que en la sentencia dictada en el juicio de origen, no se declaró la nulidad para ajustar la cuota de pensión por la inclusión de conceptos diversos a los considerados por el instituto asegurador para calcular la cuota de pensión, sino que al nulidad decretada fue para que la autoridad determinara los incrementos a la mencionada cuota, conforme a lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente hasta dos mil siete. Asimismo, tampoco es aplicable la jurisprudencia de epígrafe "ISSSTE. SI ALGUNO DE SUS TRABAJADORES LE RECLAMA DIVERSAS PRESTACIONES CON BASE EN UN SALARIO QUE RESULTA INVEROSÍMIL DE ACUERDO AL PUESTO QUE DESEMPEÑA, LA AUTORIDAD LABORAL DEBE CONSIDERAR EL ASIGNADO PARA CADA PUESTO EN LOS TABULADORES REGIONALES, PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, AL CONSTITUIR ELLO UN HECHO NOTORIO", en tanto que la obligación de verificar el sueldo establecido en los tabuladores regionales, surge solo en caso de que se reclamen, a través de la vía laboral correspondiente, el pago de prestaciones con base en un sueldo que podría considerarse inverosímil; lo que es ajeno al procedimiento para determinar el incremento de una pensión, que como se vio, puede apoyarse en la información con que cuenta la dependencia en que laboró el pensionado. En otro orden de ideas, es infundado el concepto de violación identificado con el numeral f) en el que la quejosa expone que existen diferencias en cuanto a la información salarial contenida en la constancia de evolución y los utilizados en el oficio SP/DPSH-2738/2018 de cuatro de diciembre de dos mil dieciocho; toda vez que la simple comparación entre los sueldos indicados en la referida constancia (foja 213 del anexo de pruebas) y los plasmados por el instituto demandado (foja 209 del anexo de pruebas), se aprecia que no existe discrepancia alguna que afecte a la quejosa. En efecto, la conformidad entre la información salarial proporcionada por la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala, y la que señaló el Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Estatal en Tlaxcala del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en el oficio SP/DPSH-2738/2018, se demuestra con las siguientes reproducciones: Constancia de Evolución Salarial Oficio de cumplimiento de sentencia En diverso aspecto, es infundado el concepto de violación identificado con el inciso h), en el que la quejosa señala que se omitió considerar que los cálculos sobre los incrementos a la pensión, debían efectuarse a partir de que se otorgó y no solo respecto del plazo de cinco años anteriores a la fecha en que se presentó la solicitud de rectificación; habida cuenta de que el instituto demandado sí efectuó el análisis de los incrementos pensionarios a partir de dos mil siete. En efecto, del oficio SP/DPSH-2738/2018 de cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, en específico de las tablas marcadas con los numerales I y II (fojas 210 y 211 del anexo de pruebas), se observa lo siguiente: De la reproducción que antecede se aprecia con claridad que el instituto demandado realizó el análisis de los incrementos a la cuota pensionaria de la quejosa a partir del uno de enero de dos mil siete, y hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, y no solo respecto del plazo de cinco años que refiere la parte quejosa. En el entendido de que en la sentencia de nulidad lo único que se acotó al plazo de cinco años, fue lo relativo al pago de diferencias pensionarias; pues se precisó que quedaban excluidos los montos de las diferencias cuyo pago estuviera prescrito a la fecha de la solicitud presentada el quince de abril de dos mil dieciséis, tal como se aprecia de la siguiente transcripción: ".a) Esta Sala determina la procedencia del incremento de la pensión de la C. IRMA ALTAGRACIA ZAMORA RODRIGUEZ, de conformidad con el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que rigió el (sic) Instituto entre el 1º de enero de 2002 al 31 de marzo de 2007 y con fundamento en los artículos 51, fracción II y 52, fracción IV, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo se ordena a la autoridad demanda para que en cumplimiento de esta sentencia, proceda a la correcta determinación y cálculo de los incrementos de la pensión de la parte actora y en su caso, el pago de las diferencias derivadas de éstos; en el entendido de que deberá indicar de manera clara y precisa, los elementos que tomó en cuenta para el cálculo de la determinación de las diferencias citadas, precisando por cada anualidad sobre la que realice el cálculo, con exclusión de los montos de las diferencias vencidas cuya acción esté prescrita a la fecha de la solicitud presenta el 15 de abril de 2016." En diverso orden de ideas, es infundado el concepto de violación identificado en el inciso c), en el que la quejosa expresa que no se justificó cómo se obtuvieron los porcentajes del Índice Nacional de Precios al Consumidor; toda vez que el instituto demandado sí indicó que los incrementos del referido índice, los obtuvo de la página de internet del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). Así es, en el oficio SP/DPSH-2738/2018 de cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, en la parte inferior del cuadro intitulado "Incremento conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor" (foja 209 vuelta del anexo de pruebas), se observa lo siguiente: Por otro lado, es infundado el concepto de violación d) en el que la quejosa señala que no se demostró que los incrementos aplicados a la cuota de pensión fueron los mayores entre el Índice Nacional de Precios al Consumidor y el aumento al sueldo básico de los trabajadores en activo; en tanto que en el oficio SP/DPSH-2738/2018 sí se estableció, en cada año, qué incremento le reportaba un mayor beneficio a la cuota pensionaria de la quejosa. Así es, de la columna "H", de la tabla marcada con el numeral I contenida del oficio SP/DPSH-2738/2018 de cuatro de diciembre de dos mil dieciocho (foja 210 del anexo de pruebas), se observa lo siguiente: Como se puede ver, en la citada columna se precisó cuál incremento se aplicaba en cada año; esto es, si se acudía al Índice Nacional de Precios al Consumidor, que se abrevió como "INPC", o bien, al aumento de los sueldos de los trabajadores en activo, que se abrevió como "ACTIVO", para incrementar la cuota diaria de pensión de la quejosa. Lo anterior, debe entenderse concatenado con los cuadros intitulados "Incremento conforme a los Trabajadores en Activo (Evolución Salarial)" e "Incremento conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor", del mismo oficio -antes reproducidos-; pues el examen conjunto de estos y de la mencionada tabla, de permite corroborar con claridad cuál fue el incremento que el instituto asegurador consideró aplicable, por representar un mayor beneficio a la quejosa. Acorde con lo anterior, es inoperante el concepto de violación identificado en el inciso b), en el que la parte quejosa refirió que los porcentajes y cálculos realizados por el instituto demandado son discordantes con los que ha utilizado en casos similares para diversas personas, pero respecto de la misma plaza; en razón de que el exacto cumplimiento de la sentencia de nulidad -que se calificó a través de la resolución reclamada- no se comprueba con lo resuelto respecto de una persona distinta de la quejosa, sino con lo determinado por el instituto asegurador en relación con su pensión jubilatoria. Además de que en el juicio de origen no se aprecia que la parte quejosa haya aportado algún medio de prueba que denote que los cálculos efectuados por el instituto demandado son equivocados. Por otro lado, es infundado el concepto de violación precisado en el inciso g), en el que la parte quejosa manifiesta que la obligación de demostrar que son correctos los incrementos a la pensión, corresponde al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; pues lo cierto es que en el caso concreto el instituto demandado sí cumplió con esa carga, al demostrar de qué manera calculó los incrementos aplicables a la cuota pensionaria de la quejosa. En efecto, como se vio antes, con la información plasmada en las tablas marcadas con los numerales I y II del oficio SP/DPSH-2738/2018 de cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, el instituto demandado expuso de qué manera determinó los incrementos aplicables a la pensión de la parte quejosa, pues en un primer lugar determinó cuál incremento le reportaba un mayor beneficio, entre los sucedidos al Índice Nacional de Precios al Consumidor y los que reportaron los sueldos de los trabajadores en activo en la misma plaza que ocupó la quejosa; después aplicó el porcentaje de incremento a la cuota diaria de pensión y determinó el cuál era el aumento correspondiente, y finalmente comparó la pensión que se debió pagar, con la que había pagado, y concluyó que existía una diferencia a favor de la quejosa por el monto de $304.87 (trescientos cuatro pesos 87/100 moneda nacional); tal como se observa de las siguientes reproducciones: Con ello, el instituto asegurador proporcionó los elementos necesarios para advertir, como lo hizo la sala responsable, que la sentencia de nulidad había sido cumplida sin defecto, pues se acataron los lineamientos establecidos en la sentencia anulatoria; quedando a la parte actora en el juicio nulidad -aquí quejosa- la carga de desvirtuar lo afirmado por la autoridad demandada, pero no solo a través de la simple aseveración de que los cálculos efectuados por la autoridad eran incorrectos, sino a través de medios de prueba que demostraran que la información en que se basó la autoridad debía considerarse errónea o que incurrió en una falla al efectuar los cálculos correspondientes; sin que en la especie se observe que la parte quejosa lo haya hecho. En ese sentido, es inaplicable la jurisprudencia de epígrafe "PENSIÓN POR JUBILACIÓN. CUANDO UNA SALA FISCAL DECLARA LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN QUE LA CONCEDE, POR FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, EL EFECTO DE LA SENTENCIA DEBE SER PARA QUE EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DICTE UNA NUEVA DETERMINACIÓN, EN LA QUE DETALLE EL PROCEDIMIENTO SEGUIDO PARA OBTENER LA CUOTA DIARIA RELATIVA, EN TÉRMINOS DE LAS JURISPRUDENCIAS 2a./J. 100/2009 Y 2a./J. 114/2010"; en tanto que este criterio está referido a la inclusión de conceptos para determinar el importe de la cuota diaria de pensión, mientras que en la especie, el efecto de la sentencia de nulidad está constreñido a los incrementos que deben aplicarse a la pensión conforme a lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente hasta dos mil siete. En diverso sentido, es inoperante el concepto de violación marcado con el inciso i), en el que la quejosa aduce que no se tomó en cuenta que la cuota diaria de pensión no puede superar el límite de diez salarios mínimos; toda vez que la cuota pensionaria de la quejosa nunca superó el referido límite. Para demostrar lo anterior, es necesario comparar la cuota diaria de pensión que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado determinó que se debía pagar a la quejosa, descrita en la tabla marcada con el numeral I, del oficio SP/DPSH-2738/2018 de cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, y el salario mínimo general vigente de dos mil siete a dos mil dieciocho, de la siguiente manera: Año Cuota pensionaria que se debía pagar a la quejosa (Tabla II del oficio de cumplimiento de sentencia) Límite de cuota pensionaria (Diez veces el salario mínimo general) 2007 $304.87 $505.70 2008 $321.64 $525.70 2009 $342.64 $548.00 2010 $3608.80 $574.60 2011 $378.48 $598.20 2012 $396.46 $623.30 2013 $413.31 $647.60 2014 $430.88 $672.90 2015 $449.19 $701.00 2016 $467.16 $730.40 2017 $483.51 $800.40 2018 $516.24 $883.60 Finalmente, en razón de lo expuesto, es infundado el concepto de violación identificado con el inciso a), en el que la quejosa afirma que son defectuosos los cálculos y comparativos que realizó el instituto demandado y que con ello se vulneró su prerrogativa a la ejecución de un fallo definitivo, como parte del derecho fundamental de tutela judicial efectiva; en virtud de que en párrafos que anteceden se detalló cómo con el oficio SP/DPSH-2738/2018 de cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado sí cumplió con los lineamientos previstos en la sentencia de nulidad y, por ende, no se advierte que se hubiere incurrido en algún defecto, en la medida que acertadamente se determinaron los incrementos de mayor beneficio que debían aplicarse a la cuota pensionaria de la quejosa y después de comparar la pensión que se debía pagar, con la que en realidad se le pagó, se concluyó que existía una diferencia a su favor por el monto de $304.87 (trescientos cuatro pesos 87/100 moneda nacional). Por lo tanto, son inaplicables las jurisprudencias de rubro "PRINCIPIO DE CONGRUENCIA. QUE DEBE PREVALECER EN TODA RESOLUCIÓN JUDICIAL" y, "JUBILACIÓN, NO PUEDE MODIFICARSE LO RESUELTO SOBRE LA, SI EXISTE COSA JUZGADA", así como las tesis aisladas de epígrafe "PRINCIPIO DE COSA JUZGADA MATERIAL. SU ALCANCE EN RELACIÓN CON UNA SENTENCIA DICTADA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, EN CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA DE AMPARO" y "EJECUTORIAS DE AMPARO. PARA QUE SU CUMPLIMIENTO SEA TOTAL, SIN EXCESOS O DEFECTOS, DEBE VERIFICARSE LA CONGRUENCIA EN SU DICTADO", debido a que no se observa que lo realizado por el instituto demandado sea incongruente con el efecto para el cual se declaró la nulidad de la resolución impugnada, ni tampoco se aprecia que se haya trastocado el principio de cosa juzgada, por la básica razón de que -como se ha insistido- se cumplió a cabalidad la sentencia de nulidad. En mérito de lo anterior, ante lo inoperante e infundado de los conceptos de violación en estudio, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 61 y 63 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Irma Altagracia Zamora Rodríguez, contra el acto que reclama de la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, consistente en la resolución de veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, que resolvió el recurso de queja por defecto interpuesto dentro de los autos del juicio de nulidad 6808/16-10-01-3-OT, por las razones expuestas en el último considerando de esta sentencia. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma Carlos Alberto González García, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Roberto César Morales Corona, secretario de este juzgado. Doy fe. VISTOS los autos del juicio de amparo indirecto 527/2019-J; y,
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Se RESUELVE: ÚNICO. La justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ***, contra el acto que reclama de la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, consistente en la resolución de veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, que resolvió el recurso de queja por defecto interpuesto dentro de los autos del juicio de nulidad ***, por las razones expuestas en el último considerando de esta sentencia.
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