Irma Alicia Heredia Chi

Expediente 100/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 11 actuaciones registradas, la última del 16 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
100/2018
Año
2018
Actuaciones
11
Última actuación
16/04/2018

Partes del expediente

  • Irma Alicia Heredia Chi

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    MESA V. Habiendo transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo en vigor, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto dictado en este juicio el veinte de marzo del año en curso; con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d) de la Ley de Amparo vigente, se declara que el expresado auto que SOBRESEE en estos autos fuera de audiencia, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro respectivo, notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la actual Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. Por otro lado, de conformidad con lo establecido en el punto Décimo Primero del Capítulo Tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente expediente no tiene relevancia documental. Asimismo, en cumplimiento al punto Vigésimo primero del Capítulo Quinto del citado Acuerdo General Conjunto, se determina que el presente juicio de garantías en el que se sobreseyó, se ubica dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del punto referido, y el cuaderno original del incidente de suspensión derivado del expediente en que se actúa, en el que se negó la suspensión definitiva, se ubica en la diversa hipótesis a que se refiere la fracción III del punto Vigésimo primero del Capítulo Quinto del citado acuerdo, SON SUSCEPTIBLES DE DESTRUCCIÓN; por lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del primer párrafo del punto Vigésimo primero del acuerdo antes citado. De igual modo, de conformidad con lo previsto en la fracción III del punto Vigésimo del capítulo y acuerdo antes citado, se determina que el duplicado del incidente de suspensión derivado del presente expediente, también ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que podrá hacerse una vez transcurridos los seis meses a que se refiere dicho precepto. Finalmente, en cuanto al valor jurídico no lo tiene el presente juicio de garantías, ni el incidente de suspensión derivado del mismo. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

  2. Principal

    MESA V. Agréguese a estos autos el oficio signado por la Jueza Segundo Mixto de lo civil y Familiar del Segundo Departamento Judicial del Estado, con sede en Ticul, así como las constancias que acompañó al mismo, del que se advierte que por diligencia de doce de marzo del presente año, se realizó el correspondiente emplazamiento a Carlos Gilberto Heredia López al juicio civil 658/2017. Ahora bien, se trae a colación que el acto que IRMA ALICIA HEREDIA CHI reclamó en su demanda de amparo, consistió en la negativa de mandar a notificar y emplazar a los demandados en el procedimiento ordinario civil 658/2017, del índice de la responsable. En consecuencia, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reclama la negativa atribuida al Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del segundo Departamento Judicial del Estado, de emplazar al juicio civil 658/2017, a la parte demandada Carlos Gilberto Heredia López. Sin embargo, como se mencionó, de las constancias que la Jueza responsable adjuntó a su oficio de cuenta, se desprende que en fecha doce de marzo del año en curso, la autoridad responsable llevo a cabo el emplazamiento a la parte demandada del juicio de origen. Dicha documental, por su naturaleza pública, goza de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la omisión atribuida a la autoridad responsable, al haberse demostrado que la responsable ha emplazado a juicio a la parte demanda, Carlos Gilberto Heredia López, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. Es así, porque la parte quejosa reclamó la violación al derecho de prontitud en la impartición de justicia a partir de la inactividad de la autoridad responsable que no había realizado el emplazamiento a juicio de la parte demandada de origen dentro del plazo que la ley establece, lo que en el caso se subsana con la diligencia de doce de marzo del presente año. Por consiguiente, este Juzgado de Distrito decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal, y en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON DIECISIETE MINUTOS DEL SEIS DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. NOTIFÍQUESE COMO CORRESPONDA Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    MESA V. Agréguese a estos autos el oficio signado por la Jueza Segundo Mixto de lo civil y Familiar del Segundo Departamento Judicial del Estado, con sede en Ticul, así como las constancias que acompañó al mismo, del que se advierte que por diligencia de doce de marzo del presente año, se realizó el correspondiente emplazamiento a Carlos Gilberto Heredia López al juicio civil 658/2017. Ahora bien, se trae a colación que el acto que IRMA ALICIA HEREDIA CHI reclamó en su demanda de amparo, consistió en la negativa de mandar a notificar y emplazar a los demandados en el procedimiento ordinario civil 658/2017, del índice de la responsable. En consecuencia, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reclama la negativa atribuida al Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del segundo Departamento Judicial del Estado, de emplazar al juicio civil 658/2017, a la parte demandada Carlos Gilberto Heredia López. Sin embargo, como se mencionó, de las constancias que la Jueza responsable adjuntó a su oficio de cuenta, se desprende que en fecha doce de marzo del año en curso, la autoridad responsable llevo a cabo el emplazamiento a la parte demandada del juicio de origen. Dicha documental, por su naturaleza pública, goza de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la omisión atribuida a la autoridad responsable, al haberse demostrado que la responsable ha emplazado a juicio a la parte demanda, Carlos Gilberto Heredia López, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. Es así, porque la parte quejosa reclamó la violación al derecho de prontitud en la impartición de justicia a partir de la inactividad de la autoridad responsable que no había realizado el emplazamiento a juicio de la parte demandada de origen dentro del plazo que la ley establece, lo que en el caso se subsana con la diligencia de doce de marzo del presente año. Por consiguiente, este Juzgado de Distrito decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal, y en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON DIECISIETE MINUTOS DEL SEIS DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. NOTIFÍQUESE COMO CORRESPONDA Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

  4. Principal

    MESA V. Visto lo informado por el Secretario en la cuenta que antecede en el sentido de que el día primero del año y mes en curso, la Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Segundo Departamento Judicial del Estado, con sede en Ticul, Yucatán; rindió su informe justificado, en este sentido y toda vez que el artículo 117 de la Ley de Amparo en vigor, en su párrafo segundo nos indica que debe mediar un plazo por lo menos de ocho días entre el informe justificado y la audiencia constitucional; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fijan como nuevas hora y fecha para su celebración, las DIEZ HORAS CON DIECISIETE MINUTOS DEL SEIS DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.Pablo Pérez Pacheco, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, hago constar: Que en esta propia fecha catorce de marzo de dos mil dieciocho se mandó el oficio 130/2018, a la autoridad responsable en términos de la minuta que se agrega. CONSTE SENTIDO DEL ACUERDO: SE DIFIERE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. MESA OFICIO AUTORIDAD RESPONSABLE V 130/2018 JUEZ SEGUNDO MIXTO DE LO CIVIL Y FAMILIAR DEL SEGUNDO DEPARTAMENTO JUDICIAL DEL ESTADO. TICUL, YUCATÁN. En autos del Juicio de Amparo V.100/2018, promovido por IRMA ALICIA HEREDIA CHI, contra actos de Usted, el día de hoy se dictó un acuerdo que es del tenor literal siguiente: "Mérida, Yucatán, catorce de marzo de dos mil dieciocho. Visto lo informado por el Secretario en la cuenta que antecede en el sentido de que el día primero del año y mes en curso, la Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Segundo Departamento Judicial del Estado, rindió su informe justificado, en este sentido y toda vez que el artículo 117 de la Ley de Amparo en vigor, en su párrafo segundo nos indica que debe mediar un plazo por lo menos de ocho días entre el informe justificado y la audiencia constitucional; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fijan como nuevas hora y fecha para su celebración, las DIEZ HORAS CON DIECISIETE MINUTOS DEL SEIS DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.- - - - - - DOS FIRMAS ILEGIBLES. - - - - - - RÚBRICAS." Lo que comunico a usted para su conocimiento y efectos legales en su caso. MÉRIDA, YUCATÁN, 14 DE MARZO DE 2018. A T E N T A M E N T E PABLO PÉREZ PACHECO SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO. JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE YUCATÁN. CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN ACUERDO DE FECHA: 14 DE MARZO DE 2018. EXPEDIENTE NUMERO: V.100/2018. CONTENIDO: SE DIFIERE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. MESA OFICIO AUTORIDAD RESPONSABLE V 130/2018 JUEZ SEGUNDO MIXTO DE LO CIVIL Y FAMILIAR DEL SEGUNDO DEPARTAMENTO JUDICIAL DEL ESTADO. TICUL, YUCATÁN.

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