Irma Alicia Cota Riíz
Expediente 231/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 231/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 23/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Irma Alicia Cota Riíz
Actuaciones
- Principal
... Se ordena agregar a los autos sin mayor proveído el oficio electrónico signado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, a través del cual informa que dicho órgano Jurisdiccional aceptó la competencia declinada en auto de diez de marzo del año en curso, toda vez que ya se ordenó el archivo del expediente en que se actúa...
- Principal
... Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, a través del cual se advierte que dicho Órgano Jurisdiccional aceptó la competencia declinada por este Juzgador en auto de diez de marzo del año en curso. Ahora bien, tomando en consideración que el expediente en que se actúa, ha quedado definitivamente concluido... se procede a archivar el asunto...
- Principal
Se solicita homólogo federal que de no existir inconveniente legal alguno informe la determinación respecto a la incompetencia planteada...
- Principal
Con fundamento en el artículo 27 fracción III, de la Ley de Amparo, notifico por lista en vía de notificación personal al QUEJOSO IRMA ALICIA COTA RIIZ, EL AUTO DE DIEZ DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, que en lo conducente dice: "Personería: Se tiene por recibido el escrito signado por Irma Alicia Cota Ruiz, a través del cual promueve demanda de amparo por propio derecho, contra actos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad y otra autoridad. Formación del expediente: Se ordena formar expediente, anotar su ingreso en el libro de gobierno bajo el número 231/2021 y su registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Incompetencia: Ahora bien de la revisión del escrito de demanda de amparo, se advierte que este órgano jurisdiccional este órgano jurisdiccional carece de competencia por razón de territorio para conocer del presente juicio de amparo. La competencia constituye un presupuesto de orden público, y se encuentra regulado en el amparo biinstancial por el artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual dispone lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Así, en el precepto antes reproducido se establecen tres supuestos conforme a los cuales debe fijarse la competencia de los Jueces de Distrito para conocer del juicio de amparo indirecto, a saber: 1. Será competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; 2. Cuando el acto pueda tener ejecución en más de un distrito o cuando ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y, 3. Finalmente, cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo. De lo anterior se advierte que el artículo 37 de la Ley de Amparo, cuyos lineamientos son claros, se resumen finalmente en dos reglas básicas: la primera, que atribuye competencia al Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; y la segunda, en los casos en que el acto pueda tener ejecución en más de un distrito, o cuando ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, o cuando no requiera ejecución material, en que será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo. En el caso que nos ocupa, la promovente de amparo Irma Alicia Cota Ruíz, reclama: - La aplicación de la Unidad y Medida de Actualización (UMA), para el cálculo de la pensión jubilatoria. - La falta de pago retroactivo del mes de enero por la cantidad actualizada. Ahora bien, se estima que es el primer supuesto antes referido el que fija la competencia del Juez de Distrito para conocer el asunto que nos ocupa. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 176/2009, estableció que la competencia por territorio para conocer del juicio en el que se señale como acto reclamado la indebida cuantificación de la pensión jubilatoria, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio de la parte quejosa; criterio que este Juzgado estima aplicable al caso concreto por las propias razones que expuso el máximo tribunal en el aludido precedente. Lo anterior es así, merced a que el artículo 87 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora - cuyo texto es similar al numeral 137 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (vigente a nivel federal a partir del uno de abril de dos mil siete)-, liga el pago de la pensión al domicilio del pensionado por ser el lugar en el que cobra y disfruta su pensión, toda vez que al causar baja del servicio activo ya no está ligado a su lugar de trabajo, sino a su domicilio particular (no domicilio fiscal) en el cual recaen las consecuencias materiales de los derechos pensionarios de que goza. Por lo tanto, es claro que los actos reclamados por la quejosa Irma Alicia Cota Ruíz, tienen efectos jurídicos o consecuencias materiales en el ámbito privado o íntimo de las personas pensionadas, el cual se desenvuelve principalmente en el domicilio de éstas, por lo que, en consecuencia, dichos efectos se materializan también en este atributo de la personalidad, es decir, en su domicilio. En relación con el domicilio, cabe decir que el Código Civil para el Estado de Sonora, establece lo siguiente: "Artículo 124. El domicilio de una persona jurídica individual es el lugar donde reside con el propósito de establecerse en él; a falta de éste, el lugar en que tiene el principal asiento de sus negocios; y a falta de uno y otro, el lugar en que se halle." "Artículo 125. Se presume el propósito de establecerse en un lugar cuando se reside por más de seis meses en él. Transcurrido el mencionado tiempo, el que no quiera que nazca la presunción de que se acaba de hablar, declarara dentro del término de quince días, tanto a la autoridad municipal de su anterior domicilio, como a la autoridad municipal de su nueva residencia, que no desea perder su antiguo domicilio y adquirir uno nuevo. La declaración no producirá efectos si se hace en perjuicio de tercero." "Artículo 126. El domicilio legal de una persona es el lugar donde la ley le fija su residencia para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, aunque de hecho no esté allí presente." "Artículo 127. Se reputa domicilio legal: I. Del menor de edad no emancipado, el de la persona a cuya patria potestad está sujeto; II. Del menor que no esté bajo la patria potestad y del mayor incapacitado, el de su tutor; III. De los militares en servicio activo, el lugar en que están destinados; IV. De los empleados públicos, el lugar donde desempeñan sus funciones por más de seis meses. Los que por tiempo menor desempeñen alguna comisión, no adquirirán domicilio en el lugar en donde la cumplen, sino que conservarán su domicilio anterior; y V. De los sentenciados a sufrir una pena privativa de la libertad por más de seis meses, la población en que la extingan, por lo que toca a las relaciones jurídicas posteriores a la condena; en cuanto a las relaciones anteriores, los sentenciados conservarán el último domicilio que hayan tenido." De los artículos 124 y 125 se advierte que se tiene como domicilio de las personas físicas el lugar donde residen con el propósito de establecerse en él, presumiéndose dicho propósito, por disposición de la ley, cuando se reside en un lugar por más de seis meses, sin declarar el interesado ante las autoridades municipales correspondientes que no desea perder su antiguo domicilio y adquirir uno nuevo; a falta de lugar fijo de residencia, se tendrá como domicilio el lugar del centro principal de sus negocios; y en ausencia de estos dos, el lugar donde se halle la persona. Los artículos 126 y 127 definen, el primero, lo que debe entenderse por domicilio legal y, el segundo, los supuestos que se deben reputar como tal, debiéndose resaltar que si bien se prevé cuál será el domicilio legal de los servidores públicos (lugar donde prestan sus servicios), no se precisa cuál será el de los que no tengan esa calidad, caso en el cual, por razón lógica, se aplicará lo establecido en el aludido artículo 124, es decir, su domicilio convencional. En relación con el domicilio de las personas jurídicas individuales, se advierte que los artículos 124 y 125 del Código Civil para el Estado de Sonora establecen un sistema de exclusión, partiendo de reconocer que es aquel en donde éstas residen habitualmente, presumiéndose que una persona reside habitualmente en un lugar, cuando permanezca en él por más de seis meses; en defecto de esa hipótesis, dichos numerales prevén otras que van excluyéndose hasta llegar a aquella en que se tiene como domicilio aquel en el que se encontrare la persona. Por tanto, la regla general de lo que debe considerarse como domicilio de una persona física es la que deriva de ese supuesto primario, esto es, aquel en donde reside habitualmente, salvo prueba en contrario; lo anterior significa que sólo en el caso de que no se pueda determinar esa residencia deben aplicarse, en su orden, las hipótesis consecutivas, o bien, las del domicilio que se reputa como legal. De este modo, si de acuerdo con lo expuesto, la aplicación del artículo 25 de la Ley número 38 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, tiene efectos jurídicos o consecuencias materiales en el ámbito de los derechos pensionarios de las personas, puede afirmarse entonces que esas consecuencias materiales repercuten en el pago de la pensión, que se vincula al domicilio del pensionado, por ser éste el lugar en el que se cobra y disfruta su pensión, y en consecuencia, los efectos de la aplicación de la norma se materializan en el lugar de su domicilio. Por tanto, considerando que la voluntad del legislador, como quedó visto, al atribuir competencia a los Jueces de amparo atiende en primer lugar a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Órgano Jurisdiccional del lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, poniendo a su alcance un medio eficaz para dilucidar de manera expedita sobre la violación a sus derechos fundamentales, debe estimarse competente al Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar en que se ubica el domicilio de la parte promovente. Tiene aplicación la jurisprudencia PC.V. J/9 K (10a.), Pleno del Quinto Circuito, visible a página 1506, Libro 32, Julio de 2016, Tomo II, Materia(s): Común, Décima Época, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "PENSIONES DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA. LA COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO EN EL QUE SE IMPUGNA EL ARTÍCULO 60 BIS B DE LA LEY DEL MENCIONADO INSTITUTO, VIGENTE HASTA EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2015, CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN, CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR EN QUE SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL QUEJOSO PENSIONADO. El artículo citado, derogado mediante decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado de Sonora el 26 de noviembre de 2015, establece que quienes disfruten una pensión o jubilación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, aportarán mensualmente al Fondo de Pensiones el 10% de la cuantía de su pensión mensual. Ahora bien, si en el juicio de amparo se impugna ese precepto con motivo de su aplicación, consistente en el descuento a la pensión del quejoso por concepto de "fondo de pensiones", efectuado por el director general de dicho instituto, ese acto se traduce en el pago reducido en la pensión, ya que tiene como consecuencia privar a los pensionados del ejercicio del derecho de disfrutar de ésta de manera completa; es decir, la aplicación del descuento establecido en el artículo 60 Bis B reclamado, afecta la esfera jurídica del quejoso al recibir su pensión de manera disminuida; y esa afectación se materializa en el domicilio de éste, toda vez que, de la interpretación conjunta de los artículos 87 de la mencionada legislación; y 23 a 25, 67 y 72 del Reglamento de Pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, se evidencia que aquél es el lugar donde los pensionados cobran y disfrutan su pensión. Por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, es competente para conocer del juicio de amparo en el que se impugna la aplicación del citado artículo 60 Bis B, el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en la localidad en que se ubique el domicilio del quejoso pensionado. Tal criterio es acorde con la intención del Constituyente Permanente y del legislador ordinario de privilegiar el principio de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que la indicada regla de competencia es la que permite tener mayor certeza en cuanto al cumplimiento del principio señalado, pues al atribuir competencia al Juez de Distrito que ejerce jurisdicción en el lugar donde se localiza el domicilio del quejoso, existe seguridad jurídica de que éste tendrá la facilidad de acudir a desahogar las diligencias necesarias, a fin de que se dilucide de manera expedita sobre la violación de sus derechos fundamentales violados." Sirve de apoyo a lo anterior, por similitud jurídica e identidad de razón, la jurisprudencia 2a./J. 152/2009, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con motivo de la contradicción de tesis 176/2009, antes referida, de los rubro y texto siguientes: "PENSIONES DEL ISSSTE. LA COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO EN EL QUE SE SEÑALE COMO ACTO RECLAMADO SU INDEBIDA CUANTIFICACIÓN, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL QUEJOSO. Si el acto reclamado en el juicio de garantías se hace consistir en la indebida cuantificación de la pensión jubilatoria por no aplicarse los aumentos a los que el quejoso considera tiene derecho, derivados de las reformas al párrafo tercero del artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en vigor a partir del 5 de enero de 1993 y 1o. de enero de 2002, atribuida al Subdirector General de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto mencionado, implica la privación del ejercicio del derecho como es a disfrutar de una pensión correctamente cuantificada, pues por virtud de esa negativa la autoridad afecta la esfera jurídica del quejoso al pagarle incompleta su pensión. Por otro lado, el pago de la pensión jubilatoria está intrínsecamente ligado al domicilio del beneficiario por ser razonablemente el lugar en el que la cobra y disfruta, al ya no estar unido a su centro de trabajo. Bajo este tenor, cuando en el amparo se reclame la indebida cuantificación de la pensión por no aplicar los aumentos correspondientes, tal acto tiene consecuencias materiales en el ámbito privado de las personas jubiladas, el cual se desenvuelve en su domicilio y será éste el lugar en el que resientan su ejecución, por lo que conforme al artículo 36, párrafo primero, de la Ley de Amparo, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del quejoso, sin importar que no se demande destacadamente la falta de pago porque tal situación es consecuencia natural del indicado acto reclamado. Este criterio es acorde con la voluntad del Constituyente acerca de que al atribuir competencia se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado." Lo anterior se robustece por lo manifestado bajo protesta de decir verdad por la parte quejosa en su demanda de amparo, en el sentido de que su domicilio en el que reside actualmente es el ubicado en Rinconada Escritores Edificio Asturias Departamento 203, colonia Pedregal de Carrasco en la Ciudad de México; por tanto, la competencia se surtirá a favor del Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en dicho lugar. En esas condiciones, dado que este Juzgador no podría válidamente pronunciarse respecto a la legalidad o ilegalidad del acto reclamado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, estima que es legalmente incompetente para conocer, así como para resolver el presente juicio de derechos fundamentales; en consecuencia, se ordena remitir los autos del juicio de amparo en que se actúa, al Juez de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, en turno. Ello es así, pues el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, puntos PRIMERO, fracción I, SEGUNDO, fracción I, ordinal 3, CUARTO, fracción I, primer párrafo, dicen: "PRIMERO. El territorio de la República se divide en treinta y dos circuitos, cuya circunscripción territorial es la siguiente: "SEGUNDO. Cada uno de los Circuitos a que se refiere el punto primero comprenderá los tribunales colegiados y unitarios de Circuito y los juzgados de Distrito que a continuación se precisan: PRIMER CIRCUITO: Distrito Federal. 3. Sesenta y nueve juzgados de Distrito en el Distrito Federal especializados: quince de Procesos Penales Federales, dieciséis de amparo en materia penal, dieciséis en materia administrativa, trece en materia civil y nueve en materia de trabajo, todos con sede en el Distrito Federal. CUARTO. La jurisdicción territorial de los juzgados de Distrito es la siguiente: I. PRIMER CIRCUITO: Los juzgados de Distrito con residencia en el Distrito Federal ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por el territorio de aquél. Los Juzgados Federales Penales Especializados en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones ejercerán jurisdicción territorial, en toda la República Mexicana. De lo anterior se concluye que este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora, carece de competencia legal por razón de territorio para conocer del presente juicio, ya que se estima que se surte en favor del Juez de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, en turno, por tanto se solicita que se sirva proceder de acuerdo con el artículo 48 de la Ley de Amparo, es decir, resuelva dentro de cuarenta y ocho horas si acepta o no el conocimiento del asunto. Por lo expuesto, se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno de este Tribunal; formar el cuaderno de antecedentes y enviar el juicio principal y demás actuaciones al Juez de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, en turno; y, solicitar al mismo el acuse de recibo correspondiente. Notificaciones: Se ordena realizar las notificaciones a la parte quejosa, aun las de carácter personal por medio de lista que se fije en los estrados de éste juzgado, toda vez el artículo 108 de la Ley de Amparo, prevé que el promovente debe proporcionar domicilio en la residencia donde presenta la demanda de amparo. Autorizados: Con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se autoriza a José Manuel Cordero Sánchez, toda vez que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y, únicamente para oír y recibir notificaciones, en términos de la última parte del precepto legal citado, a Luis Ricardo Gutiérrez Huitron, Marisol Moreno Méndez, Marco Antonio Soto Sanvicente, Mariana Cano Pérez, Carmen Susana Hernández Ramírez y Samantha Anaid Guarneros Gama. Transparencia: En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 66, 67, fracción II, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los numerales 3, fracción XXI, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, 20 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 8 y 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales, se hace del conocimiento de las partes que tienen derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia que de no realizar manifestación alguna, se entenderá que se oponen a la publicación de éstos. Se exhorta a las partes: De conformidad con los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020, dado que el presente juicio fue promovido de manera física, se exhorta a las partes a que, de ser posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; asimismo, se les invita a que, de estimarlo pertinente, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Digitalización del expediente: En cumplimiento artículo 21 y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se instruye al secretario actuante, para efectos de que se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica, se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente impreso, de forma tal que el expediente físico y el electrónico deberán contener las mismas constancias y documentos, guardando idéntico orden cronológico. Finalmente, se instruye al Actuario Judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, a efecto de que realice las notificaciones ordenadas, conforme al capítulo IV de la Ley de Amparo, así como del numeral 23 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19.
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