Irlanda Baran Dominguez
Expediente 869/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 869/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 17/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Irlanda Baran Dominguez
Actuaciones
- Principal
...desahoga prevención... se desecha demanda de amparo...
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS Y VÍA ELECTRÓNICA A LA PARTE PROMOVENTE EL PROVEÍDO DE 17 DE OCTUBRE DE 2022, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN II, INCISO B: "...desahoga prevención... se desecha demanda de amparo...
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Boca del Río, Veracruz, cuatro de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales procedentes el oficio signado por el secretario de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, Veracruz, el cual trae adjunto copia de la ejecutoria dictada en el toca 388/2021, juicio de amparo en que se actúa y un tomo de pruebas. Atento a su contenido, téngasele remitiendo copia certificada de la ejecutoria dictada en el toca 388/2021, emitida en sesión de dos de septiembre de este año, de la que se advierte que confirmó la sentencia autorizada el tres de agosto del año próximo pasado, quedando sus resolutivos en los siguientes términos: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión No Ampara Ni Protege a Juan Raymundo García García en contra del acto reclamado al Juez Cuarto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz, que quedó precisado en el resultando primero de esta ejecutoria." En razón de lo anterior, acúsese recibo vía interconexión y glósense las actuaciones originales que obran en el cuaderno de antecedentes; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de depuración, toda vez que se trata de un expediente en el que por una parte, se negó el amparo y protección de la Justicia Federal y, carece de relevancia documental; por lo que se establece como fecha probable el cuatro de octubre de dos mil veinticinco. En cumplimiento al artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Finalmente, devuélvase al juzgado responsable el tomo de pruebas formado con motivo de las constancias adjuntas a su informe justificado. Notifíquese.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS Y VÍA ELECTRÓNICA A LA PARTE PROMOVENTE EL PROVEÍDO DE 04 DE OCTUBRE DE 2022, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN II, INCISO B... "... Visto el escrito de demanda de amparo, signado por Irlanda Baran Domínguez y cinco copias del mismo, contra los actos y autoridades precisadas en la misma; fórmese expediente y regístrese con el número 869/2022-I, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). PREVENCIÓN Ahora, para emitir el pronunciamiento que corresponda, procede traer a contexto los artículos 108, 110 y 114 de la Ley de Amparo que establecen lo siguiente: "Articulo 108. La demanda de amparo indirecto deberá´ formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresara´: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá´ acreditar su representación; II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así´ bajo protesta de decir verdad; III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá´ señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá´ señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; VI. Los preceptos que, conforme al artículo 1o de esta Ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; VII. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1o de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo, se señalará el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; y VIII. Los conceptos de violación." "Artículo 110. Con la demanda se exhibirán copias para cada una de las partes y dos para el incidente de suspensión, siempre que se pidiere y no tuviere que concederse de oficio. Esta exigencia no será necesaria en los casos que la demanda se presente en forma electrónica. El órgano jurisdiccional de amparo, de oficio, mandará expedir las copias cuando el amparo se promueva por comparecencia, por vía telegráfica o por medios electrónicos, lo mismo que en asuntos del orden penal, laboral tratándose de los trabajadores, cuando se puedan afectar intereses de menores o incapaces, así como los derechos agrarios de los núcleos de población comunal o ejidal o de los ejidatarios o comuneros, así como cuando se trate de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio." "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." De los preceptos transcritos se advierte los requisitos que debe contener la demanda; además, se desprende que al presentar la demanda se debe exhibir copias suficientes de la misma y de sus anexos, para correr traslado a cada una de las partes y tramitar el incidente de suspensión; en la inteligencia que si se omite alguno de los requisitos de la demanda o no se exhiben las copias necesarias para correr traslado, el juzgador se encuentra obligado a requerir al demandado para que subsane dichas irregularidades. En el caso, del análisis de la demanda de amparo se advierte que no resulta clara ni precisa en cuanto a los actos que reclama y autoridades a quienes se los atribuye, como enseguida se demuestra. Por un lado, en el capítulo relativo a los actos reclamados, la parte quejosa asentó lo siguiente: En el capítulo de conceptos de violación, señala en el concepto marcado con el número ordinal segundo, lo siguiente: [.] De lo expuesto no se aprecia si también señala como acto reclamado la inconstitucionalidad del artículo 242 Bis del Código Civil para el Estado de Veracruz, pues si bien inicialmente le atribuye ese calificativo, lo cierto es que su argumentación la endereza a cuestionar la resolución dictada por la autoridad judicial. Por otra parte, del escrito de demanda se observa que omitió manifestar bajo protesta de decir verdad, cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen el acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, es decir, omitió narrar bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del acto reclamado; sin que se desatienda que empleó esa frase al indicar la fecha de conocimiento del acto. De lo anteriormente reproducido se desprenden imprecisiones importantes que dotan de oscuridad a la demanda de amparo e impide que se provea de forma adecuada lo que legalmente sea procedente. En ese sentido, no queda claro qué acto o actos reclama la parte quejosa y que directamente le afecten. Y si bien es cierto que el artículo 76 de la Ley de Amparo contempla la obligación de los órganos jurisdiccionales de corregir los errores u omisiones que advierta en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, y podrá examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, sin cambiar los hechos expuestos en la demanda; también lo es que no pueden pronunciarse sobre actos de autoridad que no hayan sido reclamados por el justiciable, ante lo cual debe existir claridad respecto de quienes son las autoridades señaladas como responsables y el acto de que cada autoridad se reclama. Apoya lo anterior, en lo conducente y por su alcance, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 14, Tomo I, Libro 63, febrero de 20119, materia constitucional, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro 2019200, de título y texto siguientes: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA. De los artículos 124, último párrafo, de la Ley de Amparo abrogada y 147, primer párrafo, de la vigente, se advierte que en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, lo cual significa que el juzgador está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que conceda la medida cautelar, sin importar que para ello se aparte de los efectos propuestos por el quejoso en su escrito inicial, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto, pues se trata de conservar la materia del juicio de amparo y no de limitarse mecánicamente a proveer la suspensión en los términos estrictos planteados por el quejoso, sobre todo en los casos en que sea evidente que si se atendiera en forma puntual a su solicitud, no se lograría el objetivo integral de la suspensión. Ahora bien, la atribución depositada en el órgano de amparo para modular fundada y motivadamente las implicaciones futuras del otorgamiento de la suspensión no llega al extremo de poder ordenar la paralización de actos no reclamados en la demanda, porque si no se cuestionó su constitucionalidad, es obvio que no constituyen la materia del juicio, la cual debe mantenerse intacta, a fin de preservar los bienes o derechos cuya tutela se demande en el juicio de amparo." (El énfasis es añadido) Consecuentemente, con fundamento en los arábigos 110 y 114 de la Ley de Amparo, requiérase a la promovente para que dentro del término de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, mediante escrito, con copia para cada una de las partes y bajo protesta de decir verdad, cumpla con lo siguiente: Precise si además de la resolución dictada el veintiocho de marzo del año en curso, en los autos del juicio ordinario civil 1453/2021, del índice del Juzgado Decimosegundo de Primera Instancia Especializado en Materia familiar de Veracruz, Veracruz, también reclama la inconstitucionalidad del artículo 242 Bis del Código Civil para el Estado de Veracruz, que dice: "ARTICULO 242 Bis. Las niñas, niños y adolescentes, las personas con discapacidad que lo requieran o en estado de interdicción, la concubina o el concubinario, la o el cónyuge que se dedique preponderantemente al hogar y las personas mayores gozan de la presunción de necesitar alimentos, de conformidad con los hechos narrados en la demanda. En el caso de alimentos, el órgano jurisdiccional deberán actuar con la debía diligencia para determinar de manera pronta y expedita los mismos, siendo que, en caso de incumplimiento en la determinación de la pensión alimenticia de menores de edad, de personas con discapacidad que lo requieran o en estado de interdicción, de la concubina o de concubinario y de la o del cónyuge que se dedique preponderantemente al horas, incurrieran en responsabilidad civil." De ser afirmativa la respuesta anterior, deberá indicar a qué autoridades les atribuye dicho acto, y acompañar las copias de su escrito de demanda y del aclaratorio necesarias para estar en condiciones de emplazar a las autoridades que designe. Manifestar, bajo protesta de decir verdad, cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen el acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, pues omitió pronunciase al respecto. En ese tenor, ya que en el presente acuerdo se le previene a la promovente del amparo para que aclare su escrito de demanda, deberá también anexar copias de su escrito aclaratorio para notificar a todas las partes y en su caso, para formar el incidente de suspensión. Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no cumplir con la prevención que se realiza en el término concedido, se tendrá por no presentada la demanda, en términos del artículo 114, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Se destaca a la parte quejosa que el objetivo de la prevención que ahora se formula es fijar correctamente la litis constitucional, requisito que a la postre representa un beneficio para el solicitante de la protección federal al momento de realizar el estudio de la constitucionalidad del acto y una posible restitución en el goce del derecho humano violentado; además de que contribuye al adecuado trámite del juicio de amparo. Ello, pues el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial; de lo que se obtiene la tutela al derecho de acceso a la justicia, entendido como un valor social que debe ser realizado. Por otro lado, es menester puntualizar que si de autos se advierte que la parte promovente del amparo, su abogado autorizado o a ambos, con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda o en su escrito aclaratorio afirman hechos falsos u omiten los que le consten en relación con el acto reclamado, el que suscribe dará vista al Ministerio Público Federal adscrito, ante la posible comisión de hechos constitutivos del delito previsto en el artículo 261 de la Ley de Amparo que es del tenor siguiente: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos". (Lo destacado y subrayado es propio). Lo anterior, pues el artículo 17, párrafos segundo y tercero, de la Constitución Federal, consagra diversos principios que regulan la administración de justicia a favor de los gobernados, entre los que se encuentran los consistentes en que la justicia debe impartirse de manera pronta, completa e imparcial y que ha de garantizarse la plena ejecución de las resoluciones de los tribunales; por lo que es inconcuso que debe garantizarse en todo momento e instancia que la administración de justicia se ajuste a esas notas fundamentales, en salvaguarda de las cuales no puede permitirse que el juicio de amparo se promueva con el propósito de entorpecer la pronta solución de los juicios o la ejecución de las resoluciones respectivas. DOMICILIO Y AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Se tiene como domicilio de la peticionaria de amparo para oír y recibir notificaciones el que indica en el ocurso de mérito y por autorizado con facultades restringida en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Edgar Javier Zambrano Benítez, ya que no acreditó estar legalmente facultado para ejercer la profesión de licenciado en Derecho a través del registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito de toda la República. CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO Respecto al correo electrónico y número telefónico que proporciona la peticionaria de amparo, ténganseles como medios de comunicación a efecto de poder ser localizada, en términos del artículo 5, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del Virus Covid19, a fin de preservar la salud e integridad de las personas justiciables y del personal de los órganos jurisdiccionales. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Así también, con fundamento en el numeral 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye a los Secretarios supervisen que se incorporen al expediente electrónico todas las promociones, documentos y determinaciones relacionadas con este controvertido, a fin de que concuerde en su totalidad con el expediente impreso. AUTORIZACIÓN PARA EXPEDIR COPIAS Y UTILIZAR MEDIOS ELECTRÓNICOS Ya que no existe impedimento legal para que las partes por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan utilizar el escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso, previo apersonamiento de la persona que recepcione la información debidamente identificada ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de 18 de marzo de 2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles. AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN AL ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO Con apoyo en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo...
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