Irisbel de la Caridad Batista Goyre

Expediente 1264/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 6 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1264/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
17/11/2023

Partes del expediente

  • Irisbel de la Caridad Batista Goyre

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días concedido a la parte quejosa en proveído de seis de octubre de dos mil veintitrés, para que desahogara la prevención contenida en el mismo, sin que lo hubiera realizado. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el auto de seis de octubre del año en curso, y con fundamento en el párrafo segundo, del artículo 1142 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo promovida por ***. Sirve de apoyo a lo anterior, como criterio orientador, el sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, en la tesis XI.2o.55 K, visible en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XIII, de febrero de 1994, página 307, con registro digital 213454, bajo el rubro y texto siguientes: DEMANDA DE AMPARO. SU DESECHAMIENTO ES LEGAL CUANDO NO SE CUMPLE CON LAS PREVENCIONES QUE SE HACEN. Cuando en términos de lo previsto en el primer párrafo, del artículo 146, de la Ley de Amparo, el juez de Distrito previene al promovente del juicio de garantías para que colme alguno de los requisitos necesarios de la demanda, establecidos en el precepto 116 del propio ordenamiento, con el apercibimiento de ley, verbigracia exprese el acto reclamado o lo precise y, el promovente incumple con satisfacer tal requerimiento, debe concluirse que ulterior auto de desechamiento de esa demanda se ajuste a lo ordenado en el segundo párrafo, del dispositivo legal invocado en primer término. Toda vez que el criterio aislado no se contrapone a la Ley de Amparo vigente, pues se refiere a que el incumplimiento de la prevención formulada tiene una consecuencia legal, es aplicable al caso que nos ocupa. Como consecuencia de lo anterior, se dejan sin efectos las providencias dictadas por este juzgado en el auto inicial. En acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en su Capítulo Cuarto "Sentencias y Tesis", numerales 191 y 192, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, captúrese el día de su publicación el presente acuerdo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) en versión original conforme al "Protocolo para la elaboración de versiones pública de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales", con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Háganse las anotaciones en el libro de control electrónico designado para tal efecto. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma electrónicamente Doris Yadira Ponce Figueroa, Jueza del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida del Secretario que autoriza, Marco Antonio Flores Cruz, quien certifica que el proveído mismo se encuentra debidamente incorporado al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese los autos el oficio firmado por el Secretario de Causas encargado del despacho por ministerio de ley del Juzgado de Ejecución de Sentencias, con sede en esta ciudad, mediante el cual y en cumplimiento al requerimiento formulado en acuerdo de seis de octubre del año en curso (fojas 127-130), informa que, en cuanto el Magistrado Presidente del Tribunal de Alzada, Región 02 Tapachula, le remita la resolución que en derecho corresponda, procederá a la ejecución de la misma. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 193 de la Ley de Amparo, se tiene en vías de cumplimiento la sentencia de amparo. Notifíquese.

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, mediante el cual remite el testimonio de la ejecutoria del recurso de queja 178/2023 interpuesto por la quejosa Maria Candelaria Hernandez Aguilar, en contra del proveído de veinticinco de abril de dos mil veintitrés (foja 25- 40), así como las copias certificadas del expediente en que se actúa. Acúsese recibo vía interconexión; para lo cual se autoriza al actuario de la adscripción que corresponda, firmar electrónicamente el mismo e incorporar el acuse que se obtenga de dicho envío al expediente electrónico. Ahora bien, el Tribunal de Alzada en ejecutoria de trece de septiembre del año en curso, resolvió: "ÚNICO. Se declara infundado el recurso de queja". Se instruye a la Oficial Judicial "A" de la adscripción, a fin de que realice las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así como en el libro de control electrónico respectivo. Luego, tomando en consideración que el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, declaró infundado el recurso de queja contra el auto de veinticinco de abril de dos mil veintitrés (foja 25-40), por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 97 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al citado ordenamiento legal, se declara que dicha determinación HA CAUSADO ESTADO. Con base en lo establecido por el numeral 214 de la ley en la materia, se ordena el archivo de este asunto como totalmente concluido, en virtud de no existe actuación pendiente por realizar.

  4. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a diez de octubre de dos mil veintitrés. Visto el oficio firmado electrónicamente por el Titular de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Transparencia, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, con sede en la Ciudad de México, en representación del Titular (Encargado) y Jefe de Departamento de la Oficina de Representación de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), con residencia en esta Ciudad y anexos, mediante el cual rinde informe justificado y remite diversas constancias relativas a los actos reclamados. Documentales a las que se les concede pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2. (.). De lo anterior, se aprecia que mediante acuerdo de once de septiembre de dos mil veintitrés, se previno a la parte quejosa, y por diverso auto de catorce del mismo mes y año, se admitió a trámite la solicitud de la condición de refugiado de aquél. De igual manera, las autoridades responsables emitieron en favor de la parte quejosa, la constancia de trámite respecto de la solicitud de reconocimiento de condición de refugiado, con la que se le garantiza la no devolución a su país de origen fuera de procedimiento y, además, le generó la Constancia Temporal de la Clave Única de Registro de Población para Extranjeros; documentales a las que se les otorgó valor probatorio pleno en párrafos que anteceden. Además, de las aludidas constancias se desprende que se encuentra transcurriendo el plazo de cuarenta y cinco días hábiles para que la responsable emita la resolución con la que culmine el procedimiento de determinación de reconocimiento o no de la condición de refugiado, ello de conformidad con lo previsto en el artículo 249 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, así como en los diversos 4510 y 4711 del Reglamento de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria. De lo expuesto con antelación, se advierte, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia ya descrita, en consideración que se dio el trámite correspondiente a la solicitud de la parte quejosa, y emitió las constancias de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado (CUR), y la Constancia Temporal de la Clave Única de Registro de Población, en favor de la parte quejosa, circunstancia que les fue notificada personalmente el catorce de septiembre de dos mil veintitrés (fojas 60-68); es decir, en fecha posterior a la presentación de la demanda que dio origen al presente asunto (cinco de septiembre de dos mil veintitrés); por tanto, es evidente que han cesado los efectos de los referidos actos reclamados, toda vez que se admitió a trámite la solicitud de la parte quejosa, misma que culminó. En ese contexto, con el contenido de las documentales anteriormente reseñadas, es dable sostener que con las acciones desplegadas por la autoridad responsable desaparecieron total e incondicionalmente los actos cuya constitucionalidad se combate, en tanto que se admitió a trámite su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado y se expidieron las constancias cuya falta de emisión reclamó la parte quejosa, mismas que le fueron entregadas en forma personal. (.). Luego, de las precisiones realizadas con antelación se concluyó que los actos reclamados relativos a la omisión de expedirle su constancia de trámite respecto de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado (CUR), y la negativa de otorgarle su respectiva clave única de registro de población (CURP), han cesado en sus efectos. En esas condiciones, es inconcuso que al presente asunto sobreviene la causa de improcedencia precisada por la fracción XXI, del artículo 61, en relación con la fracción V, del artículo 63, ambos de la Ley de Amparo, respecto de los aludidos actos reclamados; por tanto, procede sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo. (.). Luego, de las precisiones realizadas con antelación se concluyó que los actos reclamados relativos a la omisión de expedirle su constancia de trámite respecto de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado (CUR), y la negativa de otorgarle su respectiva clave única de registro de población (CURP), han cesado en sus efectos. En esas condiciones, es inconcuso que al presente asunto sobreviene la causa de improcedencia precisada por la fracción XXI, del artículo 61, en relación con la fracción V, del artículo 63, ambos de la Ley de Amparo, respecto de los aludidos actos reclamados; por tanto, procede sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo. (.). SE DEJA SIN EFECTOS AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En atención a lo anterior, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional que se encuentra señalada para las doce horas con cincuenta minutos del treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés (.). Finalmente, comuníquesele a las autoridades responsables, que en caso de que con anterioridad a la presente determinación, se les hubiera requerido constancias relacionadas con los actos reclamados, se deja sin efecto tal requerimiento, en virtud de que las precisadas en párrafos que anteceden, fueron necesarias para decretar el sobreseimiento del presente juicio fuera de audiencia; por tanto, resulta innecesario que dicha autoridad las remita a este órgano jurisdiccional. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables.

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