Iris Noemí García Mijangos
Expediente 862/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 862/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 20/09/2017
Partes del expediente
- Sala Regional Colegiada Mixta, zona 03, del Tribunal Superior de Justicia
- Iris Noemí García Mijangos
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veinte de septiembre de dos mil diecisiete. Con apoyo en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario General de Acuerdos de la Sala Regional Colegiada Mixta, Zona 03, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; mediante el cual acusa recibo del diverso 20294/2017, de veinticinco de agosto del año en curso, con el que se devolvió el original del expediente***, que remitió en apoyo a su informe con justificación. Devuélvase al archivo este expediente. Cúmplase.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veinticinco de agosto de dos mil diecisiete. Visto el estado de autos y la certificación que antecede, en el sentido de que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja que establece el numeral 97, fracción I, inciso a), de la propia ley, en contra del auto de diez de agosto del año en curso, por el cual se desechó de plano la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2, se declara que ha causado estado dicho auto; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, y con base en lo establecido por el numeral 214 de la ley en la materia, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido, en virtud de no existe actuación pendiente por realizar. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó de plano la demanda de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo. 3. Devuélvase a la Sala Regional Colegiada Mixta, zona 03, del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado, con residencia en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, las constancias que remitió en apoyo a su informe justificado, consistentes en el original del expediente *** (un tomo), *** (un tomo) y del toca ** (un tomo). Notifíquese.
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE DIEZ DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, QUE EN LO MEDULAR SEÑALA: ...Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; diez de agosto de dos mil diecisiete. Por recibido el oficio y anexos de cuenta, remitidos por la secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, residente en esta ciudad, mediante el cual remite el informe justificado de la autoridad responsable y sus anexos consistentes en el original del expediente *** un tomo, *** un tomo y del toca **** un tomo, emplazamiento de la parte tercera interesada, certificación una foja, original y cuatro copias de la demanda de amparo promovida por **** por propio derecho y en representación de la menor de quien se omite el nombre para proteger su identidad, contra actos de la siguiente autoridad responsable: 1. Sala Regional Colegiada Mixta, zona 03, del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado, con residencia en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Lo que hizo consistir en: "IV.- SENTENCIA RECLAMADA:- La SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA pronunciada con fecha 08 ocho de junio de 2017 dos mil diecisiete, por los CIUDADANOS MAGISTRADOS QUE INTEGRAN LA SALA REGIONAL COLEGIADA MIXTA, ZONA 03, DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO, en los autos del Toca Civil número ****, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por el señor ***., en contra de la nueva resolución del 06 de marzo de 2017 dos mil diecisiete, emitida por el ciudadano JUEZ PRIMERO DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE SAN CRISTOBAL, con residencia en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; en los autos del expediente número ***, acumulado el expediente ****, relativo al Juicio CONTROVERSIA DEL ORDEN FAMILIAR JUICIO ESPECIAL DE ALIMENTOS, tramitado en la VÍA DE CONTROVERSIAS DEL ORDEN FAMILIAR, promovido por la suscrita ***por mi propio derecho y en representación de mi menor hija S.A.G.C., en contra de ***". Lo anterior, por considerar que ese Tribunal carece de competencia para conocer en la vía directa de la demanda en cuestión. Con apoyo en los artículos 37 y 47, párrafo tercero de la Ley de Amparo, 48 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este Juzgado acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del asunto. Acúsese recibo de estilo respectivo. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE, en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 862/2017-XII. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, textualmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior se deduce que los motivos de improcedencia que afecten la demanda de amparo deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior análisis de comprobación hagan inejercitable la acción de amparo, tomando en consideración que el adjetivo "manifiesto" significa claro o evidente, mientras que "indubitable", cierto, seguro, que no puede dudarse. Así, analizada la demanda de amparo en su integridad, se estima que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, esta última interpretada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que el acto reclamado consistente en la sentencia de segunda instancia pronunciada con fecha ocho de junio de dos mil diecisiete, en el toca ***, por la Sala Regional Colegiada Mixta, Zona 03, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en la que revocó la sentencia de seis de marzo de dos mil diecisiete, emitida por el Juez Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de San Cristóbal, con residencia en la ciudad del mismo nombre, en el expediente ***, acumulado el expediente ****, relativo al Juicio de Controversia del Orden Familiar juicio especial de alimentos, promovido por **** por propio derecho y en representación de la menor de quien se omite el nombre para proteger su identidad, en contra de ****; asimismo, ordenó la reposición del procedimiento y sin demérito de las pruebas que ya fueron desahogadas, para efectos que se llame a juicio al litisconsorte ****, no es un acto de imposible reparación que pueda combatirse en la vía constitucional intentada. A fin de evidenciar la causa de improcedencia del juicio de amparo, se considera pertinente tener a la vista los artículos 61 fracción XXIII y 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, mismos que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" Como puede apreciarse, de la lectura de los preceptos legales transcritos, se advierte que el juicio de amparo indirecto procede excepcionalmente contra actos dentro de juicio cuando su ejecución sea de imposible reparación, mismos que a tuvo a bien definir el legislador como aquéllos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales signados por el Estado Mexicano. De igual forma, se advierte que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la causa resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta ley. Es preciso señalar que con anterioridad a la promulgación de la actual Ley de Amparo, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, había establecido como criterios orientadores para determinar lo que debía entenderse por actos de imposible reparación, los siguientes: a Como regla general, se estableció que los actos dictados dentro de juicio tenían una ejecución de imposible reparación, cuando sus consecuencias afectaban de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos del gobernado vida, libertad, propiedad o posesión, etcétera; y, b De manera complementaria, se consideró que los actos procesales tenían una ejecución de imposible reparación, cuando sus consecuencias afectaban a las partes en grado predominante o superior por ejemplo: cuando se decidía una cuestión de personalidad o competencia, entre otros. Como puede apreciarse de la nota comparativa, a diferencia de la vigente disposición normativa, la interpretación efectuada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al artículo 114, fracción IV, de la anterior Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos treinta y seis, no solamente consideró como actos de imposible reparación dictados dentro de juicio, los que implicaran afectación de derechos sustantivos, sino también las llamadas violaciones de carácter adjetivo, cuyas consecuencias repercutieran de manera exorbitante en el proceso. Es decir, que atañe a casos excepcionales, cuando afecta a las partes en grado predominante o superior. El grado predominante o superior de la afectación debe determinarse objetivamente, tomando en cuenta la institución procesal que está en juego, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica, así como los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo en caso de que la afectación se impugnara a través del juicio de amparo. En ese sentido, se admitía la procedencia del amparo indirecto contra resoluciones que dirimieran cuestiones de personalidad de las partes en el juicio, como una excepción a la regla general de que el amparo procedía cuando la ejecución de los actos reclamados afectara derechos sustantivos, indicando la jurisprudencia relativa que si bien la cuestión de personalidad se vinculaba a una excepción de carácter eminentemente procesal o adjetiva, su resolución contraria a la ley podía confirmar una violación procesal en grado predominante o superior, porque el efecto que tendría la sentencia que la declaraba improcedente, sería la continuación del juicio; y si en el amparo se consideraba que esa resolución era incorrecta, la consecuencia sería que se dictara una resolución en sentido contrario cuyos efectos determinarían la terminación anticipada del juicio, siempre y cuando la resolución definitiva no versara sobre la personalidad de la parte actora y la hubiese declarada fundada, puesto que en esos casos, su efecto habría sido dar por terminado el juicio y lo procedente sería el amparo directo. En efecto, hasta antes del tres de abril de dos mil trece, en que entró en vigor la actual Ley de Amparo, el criterio prevaleciente sobre el alcance de la procedencia del amparo indirecto en tratándose de actos de ejecución irreparable fue que si bien era acertada la distinción entre actos dentro del juicio que afectaran de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por la Constitución, y aquéllos que solo afectaran derechos adjetivos o procesales, como un criterio útil para discernir que en el primer supuesto se trataba de actos impugnables en amparo indirecto en virtud de que su ejecución era de imposible reparación, mientras que la segunda hipótesis, por no tener esas características, debían reservarse para ser reclamadas en amparo directo; también era cierto que se consideró que tal criterio no era absoluto pues debía aceptarse de manera excepcional, que el amparo indirecto procedía contra algunas violaciones formales, adjetivas o procesales como las cuestiones de personalidad, cuando afectaran a las partes en grado "predominante" o "superior"; afectación que se consideró debía determinarse objetivamente. Sobre ese criterio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció un número considerable de pautas que introdujeron orden y seguridad en esta materia. Por vía de ejemplo, se incluyeron como violaciones procesales que podían considerarse como de ejecución irreparable en amparo indirecto, diversos temas como la denuncia de juicio a terceros, la competencia y la personalidad, entre otros. El sustento de estos criterios emanaba de la consideración genérica de que al no prever el legislador un concepto determinado sobre la irreparabilidad de los actos, se dejaba al arbitrio de los Tribunales Federales el determinar el alcance de ese concepto. Empero, esta situación ya no es así, pues a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107 ofrece en dos de sus fracciones sendas precisiones para comprender el alcance de la expresión de los actos de "imposible reparación". La primera de ellas se encuentra ubicada en su fracción III, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda, se observa en su fracción V, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Con base en estas disposiciones, puede afirmarse que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Por tanto, es claro que la jurisprudencia sustentada sobre la interpretación de la Ley de Amparo abrogada, que carecía del concepto de "actos de imposible reparación", dejó de tener vigencia, en tanto que se opone al texto expreso de lo que debe entenderse por un acto de ejecución irreparable, contenido en la legislación vigente; ello, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la nueva Ley de Amparo. En el particular, el acto reclamado se hace consistir en la sentencia de segunda instancia pronunciada con fecha ocho de junio de dos mil diecisiete, en el toca ***, por la Sala Regional Colegiada Mixta, Zona 03 San Cristóbal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en la que revocó la sentencia de seis de marzo de dos mil diecisiete, emitida por el Juez Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de San Cristóbal, con residencia en la ciudad del mismo nombre, en el expediente ****, acumulado el expediente ****, relativo al Juicio de Controversia del Orden Familiar juicio especial de alimentos, promovido por **** por propio derecho y en representación de la menor de quien se omite el nombre para proteger su identidad, en contra de ****; asimismo, ordenó la reposición del procedimiento y sin demérito de las pruebas que ya fueron desahogadas, para efectos que se llame a juicio al litisconsorte ***. Ahora bien, en relación a los efectos que presenta la reposición del procedimiento que se decreta en la segunda instancia de los juicios ordinarios, la Primera Sala de Suprema Corte de Justicia de la Nación, al examinar el caso específico de la integración del litisconsorcio pasivo necesario, estableció los lineamientos a seguir para determinar en qué supuestos debía estimarse que la reposición originaba a las partes una afectación de imposible reparación que ameritaba la procedencia del amparo indirecto. En efecto, al resolver la contradicción de tesis 63/2003, sostuvo las siguientes consideraciones: Arguyó, que en el caso, se actualizaba la última hipótesis descrita, es decir, la resolución de segunda instancia que ordena reponer el procedimiento en un juicio natural para integrar debidamente el litisconsorcio pasivo necesario, es un acto en juicio de ejecución de imposible reparación porque afecta en grado predominante o superior a la parte que obtuvo una sentencia con la que está conforme, pues en virtud de la resolución de alzada, se encuentra con que queda insubsistente aquel fallo, para llamar a un sujeto hasta ese momento ajeno a la litis, y que eventualmente puede no ser un litisconsorte pasivo necesario, con lo que el nuevo juicio que se instaure podría, eventualmente, ser inútil. Continuó con que, atendiendo a los efectos concretos que en cada caso resulten de la reposición del procedimiento, podrían existir otras consecuencias de imposible reparación que hagan mérito para la procedencia del amparo, tales como: 1 El que en virtud de la orden de reponer el procedimiento se nulifiquen actuaciones procesales ya practicadas, como el desahogo de pruebas que ya para el nuevo juicio que se instaure, podría ser imposible que se desahogaran de vuelta piénsese, por ejemplo, en el fallecimiento de testigos que ya rindieron testimonio o la destrucción de documentos; o, 2 los requerimientos, bajo apercibimientos graves como el de desechar la demanda, formulados a la actora de cumplir con ciertas conductas al momento de reponer el procedimiento como en la hipótesis que examinó el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito. Asimismo, para dar mayor claridad a lo expuesto, conviene explicó las consideraciones previas, a saber que: El litisconsorcio implica pluralidad de partes en el juicio, es pasivo, si se está en el caso de dos o más demandados y es necesario, cuando lo impone la naturaleza del derecho que se dilucida en el litigio; así, el litisconsorcio pasivo necesario implica una pluralidad de demandados y unidad de acción. Además, puntualizó que el efecto principal de la existencia de un litisconsorcio pasivo necesario, es que a juicio sean llamados todos los litisconsortes, quienes al estar vinculados entre sí con el derecho litigioso, deben ser afectados en conjunto por la sentencia que decida la cuestión, pues no sería posible condenar a uno sin que la condena alcance a los demás. Por ello, la existencia del litisconsorcio pasivo necesario puede ser examinada, incluso, oficiosamente por los tribunales. Por tanto, adujó que el objetivo de averiguar si se configura el litisconsorcio pasivo necesario, es el de que sólo pueda haber una sentencia para todos los litisconsortes. Sostuvo también que, para los efectos de la resolución de la presente denuncia de contradicción de tesis, la figura del litisconsorcio pasivo necesario debe analizarse en relación con la institución procesal de la reposición del procedimiento, pues precisamente por no encontrarse debidamente integrado, las autoridades responsables, en sus respectivos asuntos, ordenaron la reposición del procedimiento de origen. Además, precisó que la reposición del procedimiento es una institución jurídica procesal que opera en los casos en que un órgano jurisdiccional advierte por sí o con motivo de un agravio planteado, que durante el procedimiento se cometió una violación procesal manifiesta que trasciende al resultado del fallo, lo cual trae como consecuencia, que se ordene dejar insubsistente la resolución impugnada hasta el momento procesal en que se verificó la violación y así subsanar la irregularidad presentada. Esto encuentra explicación en el respeto a que están obligados los tribunales por las formalidades esenciales del procedimiento. Por lo que, adujo que los alcances concretos de la reposición de procedimiento que ordena un tribunal pueden ser muy distintos, y prueba de ello son los dos juicios que se han analizado en esta resolución, pues mientras que en uno la reposición fue total, en otro resultó parcial y limitada; empero, dichos alcances siempre implican la obligación de litigar nuevamente tras haber quedado sin efecto un tramo del procedimiento seguido hasta ese momento. En orden a lo expuesto, continuó, que si en virtud del examen sobre la existencia del litisconsorcio pasivo necesario, oficioso o derivado del agravio hecho valer al respecto, el tribunal de segundo grado concluye que sí se surtió esa figura y que ello no fue advertido por el Juez natural, está obligado a ordenar que se reponga el procedimiento, fijando al efecto los alcances concretos de su determinación, entre los cuales, necesariamente, estarán los de dejar insubsistente la sentencia de primer grado y los de llamar a juicio al o a los litisconsortes. Así, la Sala arguyó también que si en virtud de la reposición del procedimiento ordenada en una hipótesis semejante, una de las partes queda sin la sentencia de primer grado con la cual se conformaba, obligándosele a litigar de nueva cuenta, y existe la eventualidad de que el litisconsorte llamado al nuevo juicio no tenga dicha calidad por ejemplo, cuando no se demanda la nulidad por vicios formales del instrumento notarial en el que consta el contrato base de la acción, sino la nulidad del acto jurídico contenido en él, y sin embargo se repone el procedimiento para llamar al notario que intervino, a dicha parte se está ocasionando un perjuicio grave, pues se le estaría obligando a someterse a un juicio que a la larga resultaría ocioso e inútil, y se le habría privado de una sentencia que lo satisfacía. Sostuvo, que la dedicación de tiempo y las molestias que se causan a las partes con motivo de la tramitación de un procedimiento judicial no son elementos que determinen la irreparabilidad de los actos en juicio, ya que de ser esto así, ninguna persona podría iniciar un juicio contra otra, dado que su tramitación obliga a la contraria a destinar parte de su tiempo y a tolerar ciertas molestias ocasionadas por la realización de los actos procesales; pero en el caso a examen la irreparabilidad no está en las molestias seguidas de la mera instauración de un juicio, sino en que se obligue a litigar nuevamente a alguien cuando ya había obtenido una sentencia que consentía y de la que se le priva, y resulta factible que la causa de la que derive el nuevo litigio -es decir, el llamamiento de un supuesto litisconsorte- sea ilegal. Además, puntualizó que si bien se analiza, pugna contra la garantía de una justicia completa, pronta y expedita, pues: 1 Se priva a una parte de la sentencia que lo beneficiaba por una causa que puede ser, a la postre, infundada; 2 Se retarda la satisfacción de su interés, por hacerlo seguir un procedimiento quizá inútil; y, 3 Se pone una traba a esa satisfacción, que muy bien puede ser ilegal. En ese sentido, la Sala enfatizó que lo anterior, se refuerza si se toma en consideración que dependiendo de los alcances dados a la orden de reponer el procedimiento, pueden incluso hasta ocasionarse graves afectaciones como el de que no se cuente en el nuevo juicio con los elementos probatorios para acreditar la acción o defensa, o que se impongan apercibimientos como el de desechar la demanda. Así, en ese orden de ideas, sostuvo que de considerar que en contra de la resolución a examen no procede el amparo indirecto, sino que debiera ser hecha valer como violación procesal en el amparo directo, se quebrantaría la seguridad jurídica, pues con la emisión de una resolución de las características anotadas que ordena reponer el procedimiento en un juicio natural para integrar debidamente la litisconsorcio pasivo necesaria, se afecta de manera grave la seguridad jurídica en el proceso, puesto que la circunstancia de que se reponga para subsanarse la violación procesal, no garantiza que al dictarse la sentencia definitiva ésta adquiera total firmeza jurídica por ese hecho, dado que aún restaría esperar si en su contra se promueve amparo directo y si se obtiene sentencia favorable, caso en el cual, de acuerdo con los efectos determinados, podría "reactivarse" el primer proceso, es decir, "reviviría" prácticamente, quedando anulado el segundo. Por lo que tomando en consideración lo expuesto, la Sala concluyó que aun cuando la resolución que ordena reponer el procedimiento para efecto de integrar el litisconsorcio pasivo necesario, esto es, para llamar al juicio a todas aquellas personas demandadas, involucradas con la cuestión litigiosa, contrarias al interés de la parte actora, constituye una violación adjetiva o procesal, es factible su impugnación en forma excepcional través del amparo indirecto, por razón de afectar de manera exorbitante a la parte que obtuvo ya una sentencia favorable. Como puede apreciarse, dicho criterio jurisprudencial que definió la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la resolución de segunda instancia que ordena la reposición del procedimiento para la integración del litisconsorcio pasivo necesario, partió del concepto que de acto de imposible reparación se mantuvo vigente hasta la entrada en vigor de la actual Ley de Amparo, conforme al cual las violaciones adjetivas que afectaban a las partes en grado predominante o superior eran equiparables a las violaciones a derechos sustantivos; concepto que según ha sido puesto de relieve en párrafos que anteceden, no fue retomado por el legislador. Luego, si se atiende a los efectos que presenta una determinación como la combatida en el asunto que nos ocupa, los cuales fueron identificados por el Alto Tribunal como afectaciones que no superaban el ámbito de lo estrictamente procesal, en la medida de que la reposición del procedimiento para la integración del litisconsorcio pasivo únicamente representaba el llamado a juicio de quien hasta ese momento no había figurado como parte, con la inherente consecuencia de obligar a los litigantes primarios a seguir un nuevo juicio, eso lleva a sostener que no se está en la hipótesis a que alude el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, de manera que, de llegar a trascender en perjuicio del quejoso la trasgresión de que se duele en el juicio de amparo biinstancial, podrá hacerla valer como violación procesal mediante el amparo directo que promueva contra la sentencia definitiva que dilucide el fondo de la controversia de origen. Por tanto, si la sentencia que en su oportunidad se dicte en el juicio de origen le resulta adversa a la parte quejosa, en ese momento estará en condiciones de atacar dicha determinación a través del amparo directo, en donde podrá hacer valer como violaciones a las leyes del procedimiento que afectan sus defensas el hecho de que se haya declarado procedente la incidencia planteada, ello en términos de lo dispuesto por el precepto 172, fracción I, de la Ley de Amparo, y por ese medio se subsane la infracción procesal que se hubiere cometido. "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: I. No se le cite al juicio o se le cite en forma distinta de la prevenida por la ley; Ello, si se toma en consideración que el actual concepto de acto intraprocesal de imposible reparación no incluye a las violaciones adjetivas, siendo la reposición del procedimiento con los efectos antes destacados, una actuación que encuadra en ese rubro. Aun más, conviene precisar que las consecuencias que origine el acto reclamado, para podérsele considerar como de ejecución irreparable, deben ser vistas de modo objetivo y jurídico y no a partir de los conceptos de violación expresados, esto es, simplemente debe ponderarse si el acto combatido tiene una repercusión inmediata y directa en las personas o cosas que no sea posible remediar, ni aun en la hipótesis de que el quejoso obtuviera una sentencia definitiva acorde a sus intereses, al margen de cualquier cuestionamiento que se haga en torno al fondo, por lo que no pueden tomarse en consideración, para la procedencia del juicio de amparo, los aspectos relacionados con la legalidad o no de la resolución que ordena reponer el procedimiento, en este caso, a efecto de que se integre la figura jurídica de litisconsorcio pasivo necesario. Lo anterior, considerando que el acto reclamado, por más que cause, en mayor o menor grado, una molestia en la parte quejosa, por sí mismo no justifica la procedencia del amparo indirecto en su contra, dado que sus efectos y consecuencias se traducen únicamente en que deban llamarse al juicio de origen a quien hasta ese momento no había figurado como parte de la litis, pero no decide sobre la procedencia de la acción ejercida por la peticionaria. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, éste último en concordancia con el diverso 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, con fundamento en lo establecido por el artículo 113 de la citada ley, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO POR NOTORIA IMPROCEDENCIA. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno. Finalmente, con transcripción de este proveído, gírese oficio al Sala Regional Colegiada Mixta, zona 03, del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado, con residencia en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, para los efectos legales que haya lugar. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el que indica; y, autorizando con las facultades amplias que señala el artículo 12 de la Ley de Amparo y en términos restringidos del citado numeral a ***, ya que no cuenta con su respectiva cédula en el registro y consulta de cédulas profesionales de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, en el entendido que una vez que se cumpla con tal requisito, podrá solicitar que se acuerde lo conducente. Por otra parte, no ha lugar a tener como domicilio para oír y recibir notificaciones el correo electrónico y número telefónico que refiere, ello es así, toda vez que por lo que hace al primer medio señalado, en términos del artículo 30 de la Ley de Amparo, para las notificaciones por vía electrónica es necesario que las partes cuenten con firma electrónica; y, respecto al número telefónico que designa la ley en la materia no lo prevé como tal para realizar las notificaciones. MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C del Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia Civil, página 2847, registro 167640, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Con fundamento en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, referente a los criterios de clasificación y conservación de la información reservada o confidencial para garantizar el respeto a la privacidad; hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en la sentencia respectiva, en el entendido que de no realizar manifestación alguna serán omitidos y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes FESE cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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