Iris Magaña Alemán
Expediente 6/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 11 actuaciones registradas, la última del 28 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 6/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 28/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Iris Magaña Alemán
- Iris Magaña Alemán y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Vista la cuenta, se aprecia que transcurrió el término de diez días para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra del auto de cuatro de marzo del año en curso, en que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia, se declara que dicho auto ha causado estado para los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese como asunto concluido. Toda vez que se concedió la suspensión de plano en el presente asunto, este expediente es susceptible de depuración, que deberá verificarse transcurrido un término de tres años, contado a partir de la emisión de este proveído. Por otra parte, de las constancias que obran en autos se advierte que obran documentos susceptibles de devolución, exhibidos por la parte quejosa; en esa medida, requiérasele para que en el plazo de noventa días siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, comparezca ante este juzgado a recoger dicha documentación, bajo el apercibimiento que de no hacerlo dentro del plazo concedido, será destruida. Asimismo, se le informa que para la entrega de éstos, deberá agendar la cita respectiva en la página de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx, a fin de generar el código QR correspondiente para su ingreso para ello.-
- Principal
intégrese el oficio suscrito por la Secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato, residente en esta ciudad, mediante el cual remite el escrito firmado por la electrónicamente por Norma Concepción Parra Rocha, autorizada de la parte quejosa (en este asunto) en términos amplios del numeral 12 de la Ley de Amparo, sin que resulte necesario acusar recibo, pues así lo solicitó el órgano jurisdiccional oficiante. Ahora bien, analizado el escrito firmado electrónicamente por la autorizada comentada, se aprecia que el diez de enero de este año se aplicó la segunda dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech contra el SARS-COV-2 al menor de edad de iniciales A.I.G.M., toda vez que insertó el comprobante de vacunación correspondiente en dicho ocurso para acreditarlo. Por ende, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en virtud de que al menor de edad de iniciales A.I.G.M., ya le fue suministrada la segunda dosis de la vacuna contra el SARS-CoV-2, por lo que ha completado su esquema de vacunación; por tanto, se concluye que han cesado los efectos de los actos reclamados en esta instancia constitucional. El artículo citado dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [..] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Los efectos del acto reclamado cesan cuando éstos se suspenden o acaban. En otras palabras, cuando la autoridad lo revoca o deroga. Para que sea aplicable esta causa de improcedencia es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean revocados o derogados por la autoridad responsable, pues el efecto legal y natural de la sentencia de amparo es reponer al quejoso en el goce del derecho violado, por lo que, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado debe haber una situación idéntica a la que originalmente existía. Entonces, es innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos y que no deja huella en la esfera jurídica del particular que deba analizarse en sentencia. En el caso, la parte quejosa reclamó la omisión de las autoridades responsables de vacunar al menor de edad de iniciales A.I.G.M., contra el virus SARSCoV-2 y solicitó el amparo y protección de la justicia federal para que le fuera aplicado el biológico preventivo correspondiente; lo anterior, en atención a que, entre otras razones, pertenece a un grupo especialmente vulnerable. Es así, pues de los comprobantes insertos al escrito remitido con el oficio de cuenta, se advierte que el seis de diciembre de dos mil veintiuno y diez de enero del año en curso, el menor de edad de iniciales A.I.G.M., fue inoculado con la primera y segunda dosis del biológico del laboratorio Pfizer-BioNTech, completándose el esquema de vacunación a que alude la Política Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-Cov-2, para la prevención de la Covid-19 en México. Por tanto, la conducta omisiva de las autoridades responsables desapareció de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo. Conviene precisar que la desaparición de la conducta omisiva antes de la presentación de la demanda de amparo, implica la inexistencia del acto de autoridad y actualiza la causa de sobreseimiento que prevé el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo; sin embargo, cuando la omisión desaparece con posterioridad a la presentación de la demanda, cesan los efectos del acto negativo y con ello se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. El caso que nos ocupa, se ubica en la segunda hipótesis, pues se observa que la omisión dejó de existir con posterioridad a la fecha de presentación de la demanda y, en esa medida, se actualiza la causa de improcedencia conocida como cesación de efectos. Es aplicable en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De acuerdo con lo anterior, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo y, por tanto, se sobresee en el presente juicio fuera de su audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 63, fracción V, de la ley en cita. Estimar lo contrario traería consigo el retardo de la impartición de Justicia y contravendría el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, y para ello emitirán sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, consultable en la página 386 del Tomo XVII, Marzo de 2003, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, aplicable por la identidad de las reglas del sobreseimiento fuera de audiencia bajo la vigencia de la Ley de Amparo actual y la abrogada, en términos del artículo sexto transitorio de la ley de la materia, que es del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". [Énfasis añadido]. Por tanto, déjese sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, programada para las diez horas con veinte minutos del nueve de marzo de dos mil veintidós. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables, para los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente. Finalmente, respecto a la solicitud consistente en requerir a las autoridades responsables la expedición del certificado de vacunación contra COVID-19; no ha lugar a acordar de conformidad, toda vez que la parte quejosa tiene expedito su derecho para gestionar tal documentó, pues cuenta con los comprobantes de vacunación correspondientes a la primera y segunda dosis del biológico del laboratorio Pfizer-BioNTech, los cuales resultan suficientes para demostrar que el menor justiciable cuenta con su esquema de vacunación completo. No obstante, indíquesele que puede generar dicho certificado a través de la página de internet oficial del Gobierno de México, en la cual se indican los pasos a seguir mediante dispositivos electrónicos para obtener tal certificado, con ello se procura y salvaguarda la integridad de las personas, ya que se evita su aglomeración en tramites presenciales.
- Principal
Subdirector de Recursos Administrativos de la Oficina de la Abogada General de la Secretaría de Salud Federal, en representación de las autoridades responsables 1) Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 2) Secretario de Salud Federal, 3) Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, así como 4) Dirección General de Epidemiología, todas con residencia en la Ciudad de México; en atención a su contenido, téngase rendido el informe justificado que corresponde a las autoridades mencionadas, dese vista a las partes para los efectos legales correspondientes.Ténganse como sus delgados a las personas que designa, y como su domicilio para recibir notificaciones el señalado en su informe. Finalmente, respecto a la causa de sobreseimiento invocada por las responsables, será analizada en el momento procesal oportuno.
- Principal
Visto lo de cuenta, intégrese al expediente el oficio signado por Omar Alejandro García de la Cruz, apoderado legal de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato e Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, con residencia en la capital, mediante el cual informa que el menor quejoso de iniciales A.I.G.M., no se presentó a la aplicación de la primera dosis de la vacuna, por lo cual reprogramó nueva cita para las nueve horas del nueve de febrero de dos mil veintidós, a fin de que el menor A.I.G.M. se presente en el Hospital Materno Infantil Irapuato, ubicado en Vialidad Interior, Malvas 367, colonia Malvas Revolución de esta ciudad, a fin de que sea vacunado con el biológico. En ese aspecto, requiérase a la promovente Iris Magaña Alemán, para que presente al menor de iniciales A.I.G.M., en el lugar y fecha indicados; en el entendido de que deberá llevar consigo los siguientes documentos: Identificación oficial vigente. Comprobante de domicilio. Acta de nacimiento del menor. CURP del menor. Auto donde se concedió la suspensión de plano. Por otro lado, requiérase al Coordinador de las Brigadas Especiales en el Estado de Guanajuato, a cargo del Coronel Médico Cirujano Enrique Jiménez Chavarría, Director Interino del Hospital Militar Regional de Irapuato, Guanajuato, para que, una vez que el menor de iniciales A.I.G.M. se le aplique la primer dosis, señale fecha para que se le aplique la segunda dosis del biológico, lo cual deberá notificar a la parte quejosa con la debida anticipación al correo electrónico o número telefónico proporcionados en la demanda de amparo como medios de contacto; ello, en cumplimiento a la suspensión de plano decretada en autos, o bien, informe lo conducente, dentro de los tres días siguientes a la fecha señalada para la primer aplicación e la vacuna. Hágase del conocimiento de la autoridad requerida que el incumplimiento al anterior mandato judicial constituye un delito previsto y sancionado en el artículo 265, fracción I, de la legislación citada.
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