Iris Magaly Gonzalez Baron
Expediente 848/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 848/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 03/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Iris Magaly Gonzalez Baron
Actuaciones
- Principal
Se notifica por lista a la parte quejosa, el acuerdo de veintiocho de julio de dos mil veintidós. ACUERDO: Cuernavaca, Morelos; veintiocho de julio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de autos y tomando en consideración la certificación secretarial que antecede de la cual se advierte que transcurrió el plazo de seis meses a que se refiere el artículo 156 de la Ley de Amparo, sin que el tercero interesado hubiere promovido el incidente de daños y perjuicios previsto en el artículo en comento, en consecuencia, endósese a favor de la parte quejosa el billete de depósito que exhibió en autos para garantizar los daños y perjuicios que con el otorgamiento de la suspensión definitiva pudieran ocasionar a la parte tercera interesada y devuélvase el mismo, previa identificación con documento oficial con fotografía y firma de recibido que se otorgue en autos, para debida constancia legal, en el entendido que únicamente se hará entrega de éste directamente a la quejosa; se le apercibe que de no comparecer a este juzgado federal a recoger el billete indicado dentro del plazo de dos años, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, se declarará prescrito su derecho a reclamarlo y se mandará hacer efectivo en favor del Erario Federal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación. Cabe precisar que la forma como se va a realizar dicho trámite en lo concerniente a este órgano jurisdiccional en términos del "ACUERDO GENERAL 5/2021, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REFORMA EL SIMILAR 21/2020, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19, CON RELACIÓN AL PERÍODO DE VIGENCIA." Procedimiento para poder acudir físicamente a la entrega de billetes, certificados de depósito y demás garantías. a) Día de entrega. Los billetes, certificados de depósito y demás garantías, solamente se entregarán los días viernes dentro del horario laboral de 09:00 am. a 2:00 pm asignado a este órgano jurisdiccional, el cual se encuentra plasmado en el anexo 1, del Acuerdo General 21 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; por tanto, no habrá excepciones de ninguna especie, de ahí que los días lunes, martes, miércoles y jueves no se hará la entrega de los mismos. Además, porque son los días viernes cuando ingresa el Secretario encargado de la caja de seguridad donde se resguardan los documentos importantes, por lo que sólo ese día se realiza el trámite señalado. Se establece ese horario como medida preventiva que ayude a concluir el trámite correspondiente, atendiendo, como se precisó en párrafos anterior, a los horarios predeterminados por el Consejo de la Judicatura Federal, para el trabajo de manera física en cada órgano de control constitucional; además, el personal del juzgado que labora físicamente no puede permanecer en el órgano después de la hora de conclusión de labores, a fin de dar trámite a dichas solicitudes. b) Procedimiento para poder acudir físicamente a la entrega. Para recoger los valores mencionados, siempre deberán generar citas a través del sistema "Agenda OJ" en el día señalado (siempre y cuando haya citas disponibles); sistema que otorgará a la persona a cuyo nombre se solicite, un Código QR, el cual permitirá que ella y, en su caso, otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresen al órgano jurisdiccional. c) Personas que pueden recoger. Solo pueden comparecer a recoger billetes, certificados de depósito y demás garantías, las personas a quienes se haya ordenado su devolución. No se entregaran garantías a personas distintas ni tampoco se les dará información. d) Documentos. Para recoger billetes, certificados de depósito y demás garantías, las personas autorizadas deberán presentar identificación oficial vigente como pasaporte, credencial para votar, cédula profesional o alguna equivalente. Acceso al órgano jurisdiccional. Todos los que vayan a ingresar físicamente en el órgano jurisdiccional, deberán seguir el proceso de seguridad e higiene establecido en el Aviso General de Atención al Público. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Cuernavaca, Morelos; cuatro de julio de dos mil veintidós. Se desecha demanda. Notifíquese personalmente.
- Principal
Se notifica por lista a la parte quejosa, el auto dictado el cuatro de julio de dos mil veintidós: Cuernavaca, Morelos; cuatro de julio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se tiene por recibida la demanda de amparo presentada por ******, por propio derecho, contra actos de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos. Regístrese en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 848/2022 y fórmese expediente. Desechamiento. Ahora bien, en seguimiento a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se examinará, el escrito de demanda y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se desechará de plano sin suspender el acto reclamado; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 Constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte inequívocamente que el sobreseimiento será el resultado del fallo. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Para cumplir con lo anterior, se habrán de considerar únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable que se tenga certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la Jurisprudencia I.13o.A. J/61, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". Proceder que tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Por consiguiente, al tratarse de una cuestión de orden público, debe atenderse a los citados elementos a efecto de comprobar que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 172, fracción XII, 107, fracción V, de la Ley de Amparo y el 107 fracción III, inciso b) Constitucional. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Ahora bien, el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República, dispone: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: b). Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan; y, El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, determina: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." El artículo 172, fracción XII, de la ley de la materia dispone: "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: [.] XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo." De los preceptos legales antes transcritos se desprende que cuando se trata de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, procede el amparo indirecto ante el juez de distrito, siempre y cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación o cuando afecten a personas extrañas al procedimiento. En el caso se reclama la denegación de justicia por parte de la autoridad señalada como responsable Junta Especial Numero Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, entre otros, la omisión de levantar la reserva de pruebas decretada en proveído de veintitrés de mayo de dos mil veintidós, en el juicio laboral de origen. Esto es, se duele exclusivamente de una afectación que dice se cometió dentro de un procedimiento jurisdiccional, pues deriva de un juicio laboral; y aun cuando tal afectación la invoque como una violación al artículo 17 constitucional; no es un acto de ejecución irreparable, sino una omisión de carácter adjetivo, por darse dentro del procedimiento respectivo y si bien, uno de los requisitos que caracteriza a los actos de irreparables, es que producen una afectación a derechos sustantivos, como puede ser la violación al citado artículo 17; lo cierto es que la omisión aquí reclamada, no se produce de forma independiente al procedimiento de que deriva, sino justamente dentro del mismo, y el estado de inactividad reclamado puede cesar, esto es, la prosecución del juicio continúa al momento de proveerse lo correspondiente. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 30, tomo II, pagina 1086, rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LAOMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS." De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Tratándose de ese tipo de actos, existe una excepción a la improcedencia del amparo indirecto, que se presenta cuando el juez de amparo advierte del contenido de la demanda, que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total. Al respecto, debe estarse al contenido de la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte Justicia de la Nación, ubicada en publicación semanal del Semanario Judicial de la Federación, el viernes primero de marzo de dos mil diecinueve, con número de registro 2019400; la cual establece que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos. Apoya la anterior determinación, la jurisprudencia 2a./J. 33/2019, pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en marzo de dos mil diecinueve, Libro 64, Tomo II, visible en la página 1643, Decima Época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2019400, del rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." En ese tenor, a fin de establecer si en la especie la omisión reclamada por la quejosa, es violatoria del derecho fundamental de justicia pronta, es necesario precisar el plazo con el que cuenta la autoridad responsable para emitir laudo. En efecto, los artículos 17, párrafo segundo, constitucional y 880 de la Ley Federal del Trabajo, en lo que interesa, establecen: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. (.)". "Artículo 880.- La audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas se desarrollará conforme a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 875 de esta Ley y de acuerdo con las normas siguientes: I. El actor ofrecerá sus pruebas en relación con los hechos controvertidos. Inmediatamente después el demandado ofrecerá sus pruebas y podrá objetar las de su contraparte y aquel a su vez podrá objetar las del demandado; II. Las partes podrán ofrecer nuevas pruebas, siempre que se relacionen con las ofrecidas por la contraparte, así como las que tiendan a justificar sus objeciones a las mismas, en tanto no se haya cerrado la audiencia, y por una sola vez; III. Las partes deberán ofrecer sus pruebas, observando las disposiciones del Capítulo XII de este Título; y IV. Concluido el ofrecimiento, la Junta resolverá inmediatamente sobre las pruebas que admita y las que deseche. En caso contrario, la Junta se podrá reservar para resolver dentro de los cinco días siguientes.". El artículo antes transcrito establece que la autoridad de trabajo, deberá dictar sus resoluciones en el acto en que concluya la diligencia respectiva o dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a aquellas en la que reciba promociones por escrito. En ese sentido, conforme a lo dispuesto en el artículo 880 de la Ley Federal de Trabajo, el Tribunal responsable tenía como plazo máximo de cinco días para levantar la reserva de pruebas decretada en proveído de veintitrés de mayo de dos mil veintidós, hasta el treinta de mayo del año en curso (sin contar los días veintiocho y veintinueve por haber sido inhábiles). Ahora bien, una vez fenecido el término de cinco días hábiles antes citado, de conformidad con el criterio anotado de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (33/2019), deben atenderse cuarenta y cinco días naturales contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse, los cuales en el presente asunto iniciaron el treinta y uno de mayo y concluyen el catorce de julio del año en curso. Entonces, si la demanda de amparo fue presentada el veintinueve de junio de dos mil veintidós ante la Oficialía de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito y turnada a este juzgado el treinta siguiente, es evidente que no se ha superado el plazo de cuarenta y cinco días naturales con que cuenta la responsable. En ese contexto, no existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total y que, por tanto, el juicio de amparo es improcedente. Ante la notoria e indudable improcedencia, en términos del artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con el artículo 172, fracción XII, ambos de la Ley de Amparo, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO. Domicilio y autorizado. Téngase por señalado el domicilio que precisa para oír y recibir notificaciones, y por autorizados para los efectos indicados a las personas que precisa en su escrito inicial por ser la parte actora en el juicio principal...
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