Iris Liliana Núñez Beltrán
Expediente 237/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 237/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 24/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Iris Liliana Núñez Beltrán
- Presidente Municipal Constitucional de Zihuatanejo, Guerrero.
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos, el oficio de cuenta signado por el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero, residente en Acapulco, mediante el cual informa que ese órgano jurisdiccional, aceptó la competencia planteada por este Juzgado, dentro del juicio de amparo 237/2021, del cual deriva el cuaderno de antecedentes en que se actúa, así como que por auto de nueve de agosto de dos mil veintiuno, de avocó al conocimiento del asunto. En consecuencia, como no quedan cuestiones pendientes de resolver, ni trámite que continuar, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E), y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como totalmente concluido.
- Principal
Visto el escrito presentado por Iván Emmanuel Chávez Espejel, autorizado de la quejosa, en atención a su contenido, dígase al promovente que aún no se cuenta con el acuse de recibo del oficio por el cual se remitió la incompetencia del juicio de amparo en que se actúa, por lo que una vez que se cuente con el mismo se acordará lo procedente.
- Principal
Se tiene recibida la demanda de amparo y anexos, promovida por ***********, por propio derecho, contra actos de Jorge Sánchez Allec, Presidente Municipal Constitucional de Zihuatanejo, Guerrero, y otras autoridades, residentes en la misma municipalidad. Regístrese en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "S.I.S.E", como juicio de amparo indirecto 237/2021-III, fórmese expediente impreso y electrónico. Antes de proveer respecto de la procedencia del juicio constitucional, conviene determinar los alcances del artículo 37 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Al interpretar la norma transcrita, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que dicho numeral contiene tres hipótesis distintas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, que se destacan en el orden siguiente: 1. Se caracteriza, porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia de un Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; supuesto que supone como condición necesaria que dicho acto es de aquellos que, después de su emisión, por su propia naturaleza requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. 2. Consiste en que para la determinación de la competencia del Juez de Distrito, ésta se establece en razón de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro; en este supuesto, tendrá competencia legal el Juez que haya prevenido para conocer de la demanda de amparo; y, 3. Deriva del último párrafo del precepto en estudio, que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese emitido el acto impugnado; como se observa, en este supuesto, basta que esté evidenciado en autos que la responsable emisora del acto que se reclama (cuando no requiera de ejecución material) radique dentro de ese ámbito territorial de jurisdicción del Juez Federal, para que éste sea el que válidamente deba conocer del juicio de amparo. Pues bien, del análisis integral al escrito que contiene la demanda de amparo, deriva que este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, carece de competencia legal para conocer del presente juicio, como enseguida se demostrará. En el caso, es necesario dilucidar cuál es el acto que la parte quejosa reclama y estar así en aptitud de decidir si resulta procedente el juicio de amparo indirecto y en consecuencia, si este Juzgado resulta competente para conocer del mismo. Así, del análisis íntegro de la demanda de amparo, es factible para este juzgado federal determinar con exactitud la intención del promovente de la acción constitucional, armonizando de esta manera los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia; cabe invocar al respecto la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 32, tomo XI, Abril de 2000, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En ese orden, se advierte que de manera literal la parte quejosa precisó como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: "NOMBRE DELA AUTORIDAD RESPONSABLE. 1. Lic. Jorge Sánchez Allec, en su calidad de Presidente Municipal Constitucional de Zihuatanejo Guerrero. 2. Lic. Alejandra Rivera Niño, en su calidad de Directora de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Zihuatanejo Guerrero. 3. Lic. Lisseth Gutierres Solis (sic), en su calidad de Tesorera Municipal del H. Ayuntamiento de Zihuatanejo Guerrero. 4. Jorge Berrios Flores, en su calidad de Director de Seguridad Pública Municipal de Zihuatanejo Guerrero. EL ACTO QUE SE RECLAMA De las cuatro se reclama la suspensión de nuestras labores y haberes, así como la baja de servicio fuera de procedimiento, ya que debido a la falta de algún acto escrito, no nos es posible proporcionar mayor información. Sin embargo, de acuerdo a las facultades de cada autoridad, Se señala: De la Primera, reclamamos la orden de suspender nuestros pagos de haberes y nuestro servicio. De la Segunda y Tercera, reclamamos la ejecución de la suspensión del pago de nuestros haberes y los trámites administrativos para damos de baja. De la Cuarta, reclamo la ejecución de suspender nuestras labores y haberes. Se reitera que de las cuatro se reclama nuestra baja del servicio fuera de procedimiento. Ahora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37, párrafo primero de la Ley de amparo, este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, SE DECLARA LEGALMENTE INCOMPETENTE, al estimar que carece de idoneidad jurídica para conocer del asunto. Para demostrar la premisa anterior, conviene precisar que los promoventes del amparo, en su capítulo de hechos, de su escrito de demanda de amparo en la parte que interesa, refieren en lo que interesa lo siguiente: "1.- Los suscritos somos Policías Municipales operativos de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, desde hace varios años, pero es el caso que, en fecha 16 de junio del corriente año, verbalmente y sin previo aviso, nos informa la cuarta autoridad responsable que a partir de la fecha estábamos suspendidos de nuestras labores por haber incurrido en responsabilidad administrativa sin darnos mayor detalle, por lo que a partir de ese momento, ya no podríamos seguir laborando hasta que se nos notifique la baja por escrito, lo cual hasta la fecha no ha acontecido. 2. Igualmente, nos informa la Cuarta Responsable que, por órdenes del Presidente Municipal, Tesorería y Recursos Humanos harán los trámites necesarios para suspender nuestros pagos mientras se resuelve nuestra situación jurídica, sin mostrarnos el documento que funde y motive dicho acto de autoridad, ni darnos la oportunidad de ser ardas ni vencidos en un procedimiento administrativo como lo establece el artículo 105 y el 106 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en concordancia con el procedimiento contemplado en el artículo 52 y consecutivos del Reglamento de Seguridad Pública aplicable. 3. Ante tal manifestación, le solicitamos por escrito en ese momento, que nos diera garantía de audiencia para conocer y enviar momento, desvirtuar la falta que se nos atribuyera, pero sólo se limitó en mencionar que no seguiríamos laborando hasta recibir las notificaciones por escrito y que no había otra solución. 4. Así las cosas, hoy tememos por nuestra estabilidad laboral, púes de estas manifestaciones existe la inminente posibilidad de que esto culmine con un acto arbitrario y fuera de procedimiento en el que se determine la separación de nuestro cargo, lo que GENERARÍA UN DAÑO IRREPARABLE A LOS SUSCRITOS, CONSISTENTE EN LA IMPOSIBILIDAD ABSOLUTA DE SER REINCORPORADOS, aun cuando la autoridad jurisdiccional posteriormente resolviera que la separación fue injustificada, en razón de que el Estado sólo está obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tengamos derecho, sin que proceda la reincorporación al servicio; en razón de que de llegar a decretarse tal separación del servicio, podrían materializarse las consecuencias acotadas por el Alto Tribunal." Lo anterior, pone de manifiesto que de manera categórica la parte quejosa reclama de las autoridades municipales residentes en Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, la suspensión de sus labores y haberes, así como la posible baja de su servicio como policías municipales operativos de esa misma municipalidad, ello, fuera de procedimiento. En esa tesitura, este órgano de control constitucional, concluye que el competente para conocer del presente asunto, promovido por Iris Liliana Núñez Beltrán, Raquel Rodríguez Valencia y Pablo Alberto Rodríguez Román, lo es el Juzgado de Distrito en Turno, con residencia en Acapulco, Guerrero, precisamente porque el acto que impugna se lo atribuyen a autoridades residentes en el territorio en que ejerce jurisdicción ese Juzgado Federal, así como que los referidos quejosos bajo protesta de decir verdad refieren ser policías municipales adscritos del municipio de Zihuatanejo de Azueta Guerrero, de ahí que se considere la ejecución material de separación del cargo que desempeñan, así como de sus haberes obtenidos por la labor policiaca que desarrollan, se ejecutará en aquella jurisdicción. De ahí que, se colige que este Juzgado federal es legalmente incompetente para conocer del presente juicio de amparo. Al respecto es aplicable, la tesis I.1º.A.44, A, de la instancia Tribunales Colegiados de Circuito, que es del rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO.- Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora". Al igual, es aplicable por las razones que la sustentan, la tesis I.3o.C.77 K. sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, Septiembre de 2006, página 1413, Materias Común, registro digital 174290, que dice: "COMPETENCIA POR TERRITORIO. CORRESPONDE CONOCER DE LA DEMANDA DE AMPARO EN QUE SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN QUE APRUEBA EL REMATE, FINCADO EN UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL EN EL QUE INTERVIENE O LITIGÓ LA PARTE QUEJOSA, AL JUEZ DE DISTRITO QUE RESIDE EN EL LUGAR EN QUE SE TRAMITÓ DICHO ASUNTO. El artículo 36 de la Ley de Amparo prevé tres supuestos conforme a los cuales debe fijarse la competencia de los Jueces de Distrito, a saber, el primero, consistente en que la competencia para conocer del juicio de amparo se surtirá a favor del que resida en el lugar donde el acto reclamado va a tener ejecución, en donde trate de ejecutarse, en el que se ejecute o ya se haya ejecutado; el segundo, se refiere a los casos en que el acto ha empezado a ejecutarse en un distrito y continúa ejecutándose en otro, hipótesis en la que el Juez competente será aquel que hubiera prevenido, es decir, el que haya conocido primero del libelo constitucional; y, el tercero, se actualiza ante la ausencia de ejecución material de la resolución reclamada, en cuyo caso será competente el Juez Federal que ejerza jurisdicción en el lugar de residencia de la autoridad emisora de tal resolución. De lo anterior se desprende que el lugar de ejecución del acto impugnado juega un papel preponderante para determinar la competencia por territorio de los citados Jueces; pero no obstante esa singular relevancia, también debe atenderse a la naturaleza jurídica del referido acto, pues casos existen en los que se impugnan actos dictados en un juicio o procedimiento que se tramita en el ámbito de competencia de determinado Juez de Distrito, pero que puede tener diversas consecuencias en otras circunscripciones territoriales, supuesto en el que debe analizarse cuál es la materia sobre la que versará el juicio de amparo, es decir, debe verificarse cuál es el acto principal atrayente y, fundamentalmente, quién es la parte que ejerce la acción de garantías. Lo anterior, en virtud de que las partes litigantes en un juicio se someten expresa o tácitamente a la competencia de los órganos jurisdiccionales que tienen su circunscripción territorial en el lugar en el que se tramita el procedimiento de origen, dado que al presentar la demanda natural y la contestación a la misma, aquéllas se someten a la jurisdicción del Juez que tenga conocimiento del asunto, y en consecuencia, se encuentran vinculadas a seguir en todas sus etapas dicho procedimiento, conforme a las normas aplicables en el lugar en que se tramita dicho procedimiento. Por tal motivo, si las citadas partes promueven juicio de amparo indirecto contra la resolución que aprobó el remate trabado en el procedimiento en el que litigan o litigaron, difícilmente lo harán ante un Juez de Distrito de diversa circunscripción territorial al del lugar en el que se tramitó el juicio natural, pues tienen la creencia fundada de que este último es el competente para conocer de ese juicio de amparo, habida cuenta que la circunstancia de que la referida sentencia pueda generar diversas consecuencias en otras circunscripciones territoriales, como podría ser la escrituración del bien enajenado en pública almoneda, así como la entrega de la posesión a la adjudicataria, no es suficiente para considerar competente a cualquiera de los Jueces de Distrito que residan en aquellos lugares, dado que si el quejoso no impugnó por vicios propios los referidos actos de ejecución, sino que su pretensión fundamental consiste en impugnar la aprobación del remate, lo que de suyo comprende el procedimiento de remate mismo, es indudable que la competencia para conocer del juicio de amparo indirecto recaerá en el Juez Federal que tenga residencia en el mismo lugar que la autoridad responsable, es decir, en donde se ventiló el procedimiento de origen." En consecuencia, este Juzgado declara carecer de competencia legal para conocer del presente asunto, y con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se ordena remitir la demanda con todas sus copias al Juez de Distrito en el Estado de Guerrero, en Turno, con residencia en Acapulco, Guerrero, quien se estima tiene idoneidad jurídica para conocer del juicio. Por lo anterior, fórmese cuaderno de antecedentes en sustitución del expediente original. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Como lo solicita el quejoso, se le tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, los estrados de este órgano jurisdiccional y como su autorizado Luis Manuel Flores Corona, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. En otro orden, y dado que en la actualidad nos encontramos inmersos en la pandemia por Covid 19, como lo solicita la parte quejosa, y solo mientras dura ésta, se le tiene señalado como medio de contacto electrónico el número de teléfono siguiente 5510806340, únicamente para comunicaciones no procesales. Asimismo, se autoriza le sean realizadas las notificaciones de las resoluciones judiciales emitidas en el presente juicio electrónicamente, ello, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 77, 78, 79 y 80 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, en virtud de contar con firma electrónica, siendo su usuario "LicIvan", y que corresponde al nombre de Iván Emmanuel Chávez Espejel, lo anterior se verificó, en la base de datos del "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E. 2.0)". Por tanto, se comisiona a la oficial encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "S.I.S.E", a fin de que realice los movimientos necesarios en dicho sistema, para el caso de que resultara alguna cuestión no prevista hasta este momento que impidiera lo anterior, se proveerá lo conducente. Lo anterior, sin perjuicio de que por caso fortuito, fuerza mayor o por fallas técnicas se interrumpa el sistema, haciendo imposible el envío y la recepción de promociones dentro de los plazos establecidos en la ley, ante ello, dicho quejoso deberá dar aviso de inmediato a este órgano jurisdiccional para que se tomen las medidas correspondientes. AUTORIZACIÓN DE COPIAS. Asimismo, desde este momento, se autoriza la expedición de copias simples o debidamente certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para la parte quejosa y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores, fijado para la atención al público en general en días hábiles. Lo anterior queda supeditado a las gestiones pertinentes que realice la referida quejosa, establecidas en el artículo 6° del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación al modelo de atención presencial basado en citas (generación del código QR). USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario del juzgado, así como de la persona para la recepción de la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. De igual forma, se hace del conocimiento a las partes que de conformidad con el artículo 3° párrafo cuarto de la Ley de Amparo y el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, a partir del cuatro de enero de dos mil dieciséis podrán tener acceso al expediente electrónico, promover por vía electrónica y solicitar la recepción de notificaciones por esa vía. TRANSPARENCIA. De acuerdo a lo establecido en los artículos 1º, 3º, 4º, 9º y 113 fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 6º, segundo párrafo, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la precitada Ley, mediante notificación por lista en los estrados de este Juzgado, hágase del conocimiento de las partes que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es publica, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. Finalmente, Se instruye al actuario de la adscripción para que las notificaciones que deban practicarse de manera personal, se desahoguen en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para salvaguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables; así como que para el caso de existir imposibilidad para entregar cualquiera de los oficios que deriven del presente acuerdo, por encontrarse suspendidas las labores, levante razón correspondiente y una vez reanudadas sin previo acuerdo, realice la entrega de dichas misivas. Notifíquese personalmente vía electronica. Lo proveyó y firma el licenciado Anastacio Ochoa Pacheco, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido de la Secretaria licenciada Yuvidalia Pineda Torres, que autoriza y da fe, quien queda facultado para firmar los oficios correspondientes, asimismo, certifica que esta determinación se autorizó a distancia vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con las FIREL del personal actuante, ello con fundamento en el Acuerdo General 21/2020; cuya vigencia fue ampliada por los similares 25/2020, 37/2020, 1/2021 y 5/2021 todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. Doy fe.
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