Iris Angélica Ramírez Leaños
Expediente 115/2023 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 10 actuaciones registradas, la última del 31 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 115/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 31/03/2023
Partes del expediente
- Iris Angélica Ramírez Leaños
- Director de Padrón y Licencias del Gobierno de Guadalajara, Jalisco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Causa ejecutoria. De la certificación que antecede se advierte que transcurrió el plazo que se establece en el artículo 86 en relación con los diversos 81, fracción I, inciso e) y 84, todos de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran con la sentencia dictada en este asunto, en la que se sobreseyó en el juicio, en consecuencia, conforme lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su arábigo 2°, se declara que ha CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. Archivo. Por otro lado, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el arábigo 214 de la Ley de Amparo, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como totalmente concluido. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. Destino del expediente principal. Toda vez que en el presente asunto se sobreseyó en el juicio, el expediente se encuentra en el supuesto previsto en el inciso a del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, por tanto, será destruible una vez que transcurra el plazo de tres años de haberse ordenado su archivo. Oposición de datos personales. Asimismo, de las constancias que integran los autos se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyan en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Destino del expediente incidental. Asimismo, dado que se negó la suspensión definitiva respecto de todos los actos reclamados, el original del cuaderno incidental se encuentra en el supuesto previsto en el inciso c) del artículo 21 del citado acuerdo, por tanto, será destruible una vez que transcurra el plazo de tres años de haberse ordenado su archivo.
- Principal
Zapopan, Jalisco, siete de marzo de dos mil veintitrés. Se recibe escrito de parte quejosa. Agréguese a sus autos el escrito de cuenta signado electrónicamente por José Manuel Hernández Fregoso, en su carácter de autorizado en términos amplios de la moral quejosa. Reserva. Sin embargo, atendiendo a que el uno del presente mes y año se ordenó la suspensión del procedimiento del sumario constitucional en que se actúa, se reserva a proveer lo que en derecho corresponda hasta en tanto se tenga conocimiento de lo resuelto por el Tribunal de Alzada en el recurso de queja interpuesto en autos; en ese tenor, por el momento, únicamente se ordena glosar a sus autos. Notifíquese.
- Principal
Relatoría del asunto. De la revisión del presente asunto, se advierte que resulta necesario exponer lo que ha venido aconteciendo en el trámite del presente asunto, a efecto de justificar la determinación que se adoptará, a fin de lograr resolver, bajo los principios de exhaustividad y congruencia, el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento a la suspensión de plano promovido por la parte quejosa. Así, es dable mencionar que este controvertido fue promovido por----M, contra el acto reclamado consistente en: ".La omisión y negativa por parte de las autoridades de salud federales y estatales antes señaladas, de aplicar a mis hijos ********************y ********************menores de edad, la vacuna contra el COVID-19 Pfizer/Biontech autorizada por las entidades de salud internacionales para adultos y menores de edad a partir de los 12 años de edad, con un esquema de dos dosis, con un lapso de entre ambas de por lo menos tres semanas.". El veintidós de octubre de dos mil veintiuno, dicho asunto se admitió en sus términos y atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, se concedió la suspensión de plano y de oficio, para los efectos siguientes: ".las autoridades de salud responsables, en el ámbito de las facultades legales y atribuciones, y por ser especialistas en la materia, bajo su más estricta responsabilidad realicen la valoración clínica integral necesaria a los menores de identidad reservada ********************y ********************- directamente agraviados-, y determinen si físicamente y de acuerdo con su estado de salud es candidato viable a la aplicación de algún tipo de vacuna contra el virus Covid- 19, y que resulte la más adecuada a su edad y condición médica; de todo lo cual, deberán informar a este órgano jurisdiccional. En el entendido que, de ser viable la aplicación de alguna vacuna, esta se supeditará a que la vacuna de mérito se encuentre con disponibilidad suficiente de acuerdo a la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-coV2 para la prevención del Covid-19, en México, toda vez que no es facultad de este Juzgado modificar o disponer de los esquemas de entrega, distribución y calendarización de vacunas, sino ésta es una tarea exclusiva de las autoridades de Salud del Gobierno Federal; aunado a que la concesión de la suspensión de plano decretada no debe afectar a terceros incluidos en el plan de vacunación; de lo contrario se contravendrían disposiciones de orden público y de interés social. Es decir, el otorgamiento de la suspensión de plano que se concede no implica en modo alguno priorizar la aplicación inmediata a los menores quejosos respecto de los otros grupos ya priorizados de acuerdo a la Política de Vacunación, como son las personas que pertenezcan a grupos vulnerables o que sean sujetos a su aplicación preferente - como sería aquellos que tienen preferencia para completar su esquema de inoculación-, pues para ello se deberá atender, se insiste, a las políticas de vacunación y al esquema de calendarización previsto para tal efecto por el gobierno mexicano, y la organización administrativa en su implementación. Es decir, tomando en cuenta que la Política Rectora de Vacunación contra el Covid-19 publicada el veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno-, contempla en el orden de prelación de etapas de la estrategia general de vacunación, en el número seis (6)1, al resto de la población de dieciséis años y más cumplidos, perteneciente a la etapa cinco, cuyo calendario contempla la aplicación de la vacuna contra dicho virus, de julio de dos mil veintiuno, a marzo de dos mil veintidós. [.] De ahí que, atendiendo a la edad de los menores quejosos es necesario que la autoridad responsable realice una evaluación al menor para decidir sobre la viabilidad de ser candidato a la vacuna, puesto que, para el rango de dicha edad es necesario encontrarse en los supuestos que refiere el anexo 2 del reporte citado. Máxime que, para toda la población está contemplada la vacuna en la etapa cinco, lo cual concluirá en marzo de dos mil veintidós, como se mencionó. Sin que lo anterior, implique la concesión de la presente medida cautelar contra el plan de vacunación, sino que, el efecto se traduce en que la autoridad sanitaria competente evalúe si los menores quejosos se encuentran en el supuesto para ser apto de la vacunación respectiva, pues atendiendo a la política citada, en particular concurren los dos elementos que se prevén, esto es, la temporalidad y la edad (resto de la población) siendo que queda pendiente lo relativo al estado del menor, es decir, que se valore si se encuentra en los supuestos que se precisa el anexo 2 del multicitado documento, lo cual indefectiblemente lo deberá realizar la autoridad correspondiente". Luego, el once de noviembre de dos mil veintiuno, se dio trámite al incidente por exceso o defecto al cumplimiento a la suspensión de plano decretada en este sumario. Ello, en atención a que, desde el punto de vista de la quejosa, la autoridad responsable Secretario de Salud del Estado de Jalisco, le pidió exámenes médicos que no son parte de la suspensión de plano concedida, ya que dicha medida cautelar fue otorgada, para que se realizara una valoración clínica integral, a fin de determinar si físicamente y de acuerdo con su estado de salud son candidatos viables a la aplicación de algún tipo de vacuna contra el virus Covid-19, sin que se requiriera a los quejosos, proporcionaran los expedientes clínicos o pruebas médicas para acreditar tener alguna comorbilidad. Asimismo, señaló que la fecha señalada para la práctica de la evaluación médica resultaba excesiva, por lo que solicitaba que se fijará una data más cercana, para que se procediera a realizar dicha valoración a sus menores hijos, en atención al principio de interés superior del menor. De tal manera que, desde el once de noviembre de dos mil veintiuno hasta esta data, se fue gestionando la fecha para que los menores de edad pudieran ser valorados, sin embargo por múltiples circunstancias, tales como, que la mamá de los menores de edad no pudo presentarlos ante el médico correspondiente, ya que se encontraban en su etapa de exámenes finales en la institución educativa donde estudian sus hijos; porque no les fue notificado en tiempo la cita médica; que el médico pediatra asignado estuvo de vacaciones por lo que no había algún profesional de la salud que pudiera atenderlos. De tal manera que, la última cita médica que proporcionada por el Director de lo Contencioso de la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco, para que fueran valorados los menores quejosos fue para las nueve horas del veintiséis de abril de dos mil veintidós. Otro aspecto relevante, es que de la revisión de este expediente se obtiene que, hasta este momento no se ha podido notificar a la autoridad responsable Titular del Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud de los Estados Unidos Mexicanos, el proveído en el cual se admitió a trámite la demanda de amparo y se decretó la suspensión de plano respecto del acto reclamado consistente en la omisión de las autoridades responsables de aplicar la vacuna contra COVID-19 . Asimismo, se aprecia que a los menores de edad 1) ********************y 2)********************ya se les aplicó la primera dosis de la vacuna contra el virus SARS-COV-2, (también conocido como COVID 19), para lo cual, obran glosados los comprobantes respectivos. Finalmente, el veintinueve de abril de dos mil veintidós, se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, al considerar el entonces juez de Distrito, que se actualizó la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI (cesación de efectos) del numeral 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior, debido a que de la consulta realizada en esta propia fecha a la página oficial de la Secretaría de Salud https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php, se advierte que ya se encuentra disponible el pre-registro para que los menores de 12 (doce) años de edad o más, puedan realizar el registro para que sean inoculados con la vacuna contra el virus que causa la enfermedad Covid-19, de modo que, si se toma en consideración que los directamente afectados, menores quejosos de iniciales ********************, ********************, ********************a la fecha cuentan con una edad cumplida de dieciséis, quince y catorce años, respectivamente, de acuerdo con lo manifestado en la demanda de amparo por sus representantes legales y que se corrobora con los actas de nacimiento, que de cada uno exhibieron. Por tanto, es evidente que se encuentran dentro del parámetro de edad establecido por la Política Nacional de Vacunación para el acceso a la vacuna contra Covid-19, por lo que en relación con la negativa de aplicar la vacuna a contra el virus SARS-CoV-2, que substancialmente constituye el reclamo constitucional, cesó en sus efectos, puesto que los menores quejosos, por disposición oficial de las propias autoridades de salud del gobierno, a partir del veintiocho de abril del año en curso, están en posibilidad de vacunarse contra el virus SARS-CoV-2, previo registro en la página electrónica de internet https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php, para que en la fecha que se les indique por las propias autoridades de salud, se presenten en el lugar de su residencia, en la hora que se les programe, para llevar a cabo la vacunación correspondiente. Requerimiento a la parte quejosa. Desde ese panorama, tomando en cuenta lo acontecido en el trámite de este asunto, y la temporalidad que ha transcurrido desde el momento en que se decretó la suspensión de plano y de oficio, hasta esta data en que se emite esta determinación, es mayor a un año. Esta juzgadora estima necesario con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso ordinal 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al primero de los ordenamientos, requerir a la parte quejosa para que en el plazo de tres días legalmente computado, manifieste bajo protesta de decir verdad, si los menores de edad ya fueron vacunados contra el virus SARS-COV-2, (también conocido como COVID 19), asimismo deberá de expresar cuántas dosis han recibido cada uno de ellos, y, en su caso, exhibir los comprobantes respectivos. Dicho requerimiento, se considera indispensable que se lleve a cabo a efecto de dictar una resolución interlocutoria, apegada los principios de congruencia, exhaustividad, y realidad de los hechos y contexto en que se encuentren actualmente los menores quejosos. Sobre todo si se toma en cuenta que la finalidad del incidente por exceso o defecto al cumplimiento a la suspensión de plano decretada, es caso de que resultara fundado es requerir a las autoridades responsables para que en el término de veinticuatro horas cumpla con la medida cautelar, es decir, rectifique los errores en que incurrió al cumplirla o, en su caso, subsane las deficiencias relativas a las garantías, con el apercibimiento que de no hacerlo será denunciada ante el Ministerio Público de la Federación por el delito que, según el caso, establecen las fracciones III y IV del artículo 262 de la Ley de Amparo, es decir, la finalidad que tiene el incidente que se analiza es, de permitirlo la naturaleza del acto reclamado, la nulidad del acto violatorio de la suspensión y ordenar que las cosas vuelvan al estado que tenían previamente, o bien, exigir a la autoridad que cumpla la suspensión cuando ésta tiene un efecto positivo. Al respecto, para sustentar lo antes dicho, deviene ilustrativo el siguiente criterio judicial XXVI.2 K (10a.) emitido por el Tribunal Colegiado Del Vigésimo Sexto Circuito, el cual comparte este órgano jurisdiccional, mismo que es del tenor siguiente: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. SISTEMAS PARA LOGRAR SU CUMPLIMIENTO. En relación con el cumplimiento de la suspensión provisional o definitiva, en la Ley de Amparo abrogada el legislador dispuso dos sistemas: a) el previsto en el artículo 143, que remite al capítulo que contiene el procedimiento para el cumplimiento de la ejecutoria de amparo (empleado de forma analógica y sólo parcialmente tratándose de la suspensión); y, b) el precisado en el artículo 206, que establece reglas precisas en cuanto a la forma en que debe sancionarse el desacato a la suspensión. Ahora bien, la Ley de Amparo vigente contiene disposiciones de similar contenido, con la diferencia de que su artículo 158 remite al título quinto, denominado: "Medidas disciplinarias y de apremio, responsabilidades, sanciones y delitos" y no a las reglas para lograr, a su vez, el eficaz cumplimiento de la ejecutoria de amparo; no obstante ello, aun puede afirmarse que, en la actualidad, el cumplimiento de la suspensión está regulado por dos sistemas, a saber: a) uno que ve directamente al cumplimiento del auto o interlocutoria de la suspensión, que no tiene tramitación incidental; y, b) otro que ve al desacato de la autoridad responsable y da lugar a un incidente, los cuales pueden ser aplicados "simultáneamente" por el juzgador y funcionan "paralelamente", de conformidad con el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 114/2005-PS, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 165/2005, de rubro: "VIOLACIÓN A LA SUSPENSIÓN. LA DENUNCIA PUEDE HACERSE DESDE QUE LA RESOLUCIÓN QUE LA CONCEDIÓ SE HAYA NOTIFICADO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE.". Así, el primer sistema es el que establece el artículo 158 citado, el cual permite al juzgador que se acate la resolución suspensional y/o tomar las medidas necesarias para ello; su objetivo primordial no es determinar si se violó la suspensión, sino conseguir su cumplimiento; no requiere tramitación incidental y puede considerarse oficioso, en la medida en que no necesita la promoción del quejoso, aunque no se excluya esa posibilidad; también puede considerarse preventivo, pues de su éxito depende que no se promueva el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión, antes llamado denuncia de violación a la suspensión. El segundo sistema es el que establece el capítulo V del título tercero de la propia ley, que va de los artículos 206 a 209 y regula el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión, no es de oficio, pues requiere la promoción de parte; puede considerarse represivo, ya que su principal consecuencia es hacer efectivo el apercibimiento previsto en el artículo 209 de la Ley de Amparo (consistente en la denuncia ante el Ministerio Público Federal por los delitos previstos en el artículo 262, fracciones III y IV, de esta ley), a la autoridad responsable que, como resultado del incidente de violación a la suspensión, se le requirió el cumplimiento, al quedar demostrado que no ha cumplido dicha medida o que lo hizo de manera excesiva o defectuosa; es en este sistema donde tradicionalmente se declara, de permitirlo la naturaleza del acto reclamado, la nulidad del acto violatorio de la suspensión y se ordena que las cosas vuelvan al estado que tenían previamente o se exige a la autoridad que cumpla la suspensión cuando ésta tiene un efecto positivo, en el entendido de que si en el otro sistema se hizo esa declaración, no habrá necesidad de reiterarla y la resolución incidental se limitará al análisis de la responsabilidad de la autoridad responsable en la violación a la suspensión y a establecer, en su caso, si procede el requerimiento de inmediato cumplimiento con el apercibimiento señalado". III. Diferimiento de audiencia. En tales condiciones, a fin de dar margen a lo anterior, con fundamento en el numeral 208, fracción II de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia relativa al incidente de exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión señalada para el día de hoy y, en su lugar, se fijan las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL SIETE DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.
- Incidental
interocutoria C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer del presente incidente de suspensión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48, último párrafo, 125, 128, 146 y 157 de la Ley de Amparo. SEGUNDO. Fijación de la litis incidental. El presente amparo se admitió en relación con los actos reclamados consistentes en: 1. La negativa verbal para recibirle a la quejosa el trámite de expedición de licencia para giro de ********************, y 2. La imposición y cobro de la multa elaborada el uno de abril de dos mil diecinueve, bajo el número de acta ********************. En el capítulo relativo a la suspensión del acto reclamado la parte quejosa precisó que solicitaba la medida cautelar para el efecto siguiente: "(.) las autoridades responsables me permitan iniciar el trámite de licencia para ******************** en el domicilio ubicado en el número ********************) de la Avenida Juan Pablo II (Segundo), Colonia Santa María, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco y no se me condicione el pago de una multa que no corresponde a mi domicilio.(.)" En el entendido que, de ser el caso, se analizará la procedencia de la suspensión definitiva, en razón de que es obligación del órgano jurisdiccional precisar los efectos y consecuencias, máxime como acontece en el caso en que no se solicitaron para un efecto determinado. Sirve para justificar lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA." TERCERO. Inexistencia de los actos. Al rendir conjuntamente su informe previo, por conducto de Director Jurídico Contencioso Administrativo del Municipio de Guadalajara, las autoridades señaladas como responsables manifestaron que no es cierto el acto que se les reprocha. Por tanto, al no advertirse la existencia del acuerdo u orden que reclama la parte quejosa, aunado a que no anexó documental de la que pudiese advertir su existencia; por lo que, al no existir elemento de prueba que desvirtúe la negativa de los actos que sostienen las autoridades, cobra firmeza el contenido de su informe previo; en consecuencia, lo procedente es negar la medida suspensiva solicitada, toda vez que no hay materia sobre qué decretarla. Cobra aplicación al caso concreto la tesis jurisprudencial número VI.2º.J/19, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 133, tomo II, julio de 1995, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "INFORME PREVIO. DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO. El informe previo debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario" Asimismo, es aplicable la tesis visible en la página 356, del tomo X, Octubre de 1992, del Semanario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, que dice: "INFORME PREVIO. Si el recurrente no aporta prueba alguna para desvirtuar la negativa de las autoridades señaladas como responsables al rendir su informe previo, el mismo debe tenerse como cierto y, consecuentemente, negarse la suspensión, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario" No se soslaya que en el comunicado de ley, se haya precisado que si sea cierta la actuación que se imputa a la Dirección de Inspección a la Constitución, únicamente, en lo que respecta a la emisión del acta ******************** que señala en su demanda de amparo; sin embargo, tal cuestión fue a nombre de persona diversa, es decir, a nombre de ********************y no a cargo de la quejosa ******************** En esa tesitura, no es posible tener por cierta la actuación que la quejosa reclama a la autoridad responsable, toda vez que si bien existe un acta que culminó con una multa, también lo es que los actos reclamados no van dirigidos a la promovente, por lo que al no existir un agravio personal y directo que conlleve una afectación en su esfera jurídica, por ende, resulta improcedente la medida suspensional solicitada. Por consiguiente, al no satisfacer el requisito exigido por el artículo 131, último párrafo, de la norma invocada, se niega la medida suspensional a la parte quejosa. Así, por lo antes relatado, procede negar la suspensión definitiva de los actos reclamados por la peticionaria del amparo. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: UNICO. Se NIEGA la suspensión definitiva a ********************, en términos de la presente resolución, por las razones expuestas en esta interlocutoria.
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