Iris Anayeli Ibarra Martínez.
Expediente 617/2019 tramitado ante el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 5 actuaciones registradas, la última del 12 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 617/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 12/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Iris Anayeli Ibarra Martínez.
- Leticia Antonio José.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Juicio de Amparo Directo
Agréguese a sus autos para que surta los efectos legales procedentes el oficio de cuenta, mediante el cual se acusa recibo del diverso oficio 3585/2019, así como de las constancias que se enviaron. Al no existir diligencia pendiente de desahogo, archívese este asunto como concluido. Finalmente, de conformidad con lo ordenado en la fracción II, del punto Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto número 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, que estableció como susceptibles de destrucción los expedientes relativos a juicios de amparo directo y en revisión, en los que únicamente se haya sobreseído; por tal motivo, y en virtud de que carece de relevancia documental, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo anterior una vez que transcurra el plazo de más de cinco años de haberse ordenado su archivo.
- Juicio de Amparo Directo
Vista la comparecencia que antecede, de la que se advierte que ratificó el contenido del escrito de desistimiento presentado el treinta de mayo de dos mil diecinueve, en la oficialía de partes de este órgano colegiado. Del presente asunto, es innecesario verificar la temporalidad, existencia del acto y examinar las consideraciones que sostienen el sentido del auto reclamado, así como los conceptos de violación esgrimidos en su contra, toda vez que no serán analizados en virtud de que las quejosas se desistieron expresamente a través de su apoderado legal del juicio de amparo, por comparecencia ante el actuario adscrito a este órgano colegiado, conforme a lo cual, se actualiza la hipótesis establecida en la fracción I, del artículo 63, de la Ley de Amparo. En efecto, el treinta de mayo de dos mil diecinueve, presentó un escrito a través del cual expresó su deseo de desistir del presente juicio de amparo directo. El escrito de referencia, en la parte conducente señala: "Por así convenir a los intereses de las partes que represento, y en uso de las facultades que me fueron conferidas dentro de la carta poder que obra en el expediente principal del cual emana el acto reclamado, me permito desistirme a mis más entero perjuicio del Amparo Directo al rubro citado". Ante ello, por auto de treinta y uno de mayo del presente año, este tribunal colegiado, requirió al promovente, para que dentro del plazo de tres días, legalmente computado, manifestara si era su voluntad desistirse del presente juicio de amparo, de ser así ratificaría tal solicitud. El tres de junio de dos mil diecinueve, compareció ante el local que ocupa este órgano colegiado, identificándose con cédula profesional 7286682, expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, y ratificó el escrito de desistimiento ante el fedatario judicial adscrito a este tribunal, quien levantó el acta correspondiente. Sobre tales premisas, se impone señalar que dentro de la doctrina procesal el desistimiento ha sido considerado como la renuncia al ejercicio de una acción, el abandono de una instancia o de la reclamación de un derecho, y se ha examinado distinguiendo entre el desistimiento de la acción, de la instancia o del derecho. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, al surtirse los requisitos establecidos en el artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo. Bajo esa óptica, el derecho de acción en una demanda de amparo lo tiene el quejoso frente al Estado y es de naturaleza subjetiva, para exigir la intervención del órgano jurisdiccional, por lo que es claro que existe la posibilidad jurídica de que el quejoso lo retire en cualquier momento, hasta antes de que se dicte sentencia ejecutoria, por una mera declaración de su voluntad, por lo que anulado ese acto volitivo, el Estado queda eximido de su obligación de prestar la protección reclamada por el individuo en favor de sus garantías individuales. En otras palabras, si el juicio de amparo, por disposición constitucional, sólo puede seguirse a instancia de parte agraviada, es lógico que quien considere resentir ese perjuicio por un acto de autoridad, pueda dimitir de su pretensión para que el órgano de control constitucional proceda al análisis de la juridicidad de dicho acto; hipótesis que ha sido reconocida en la ley de la materia, pues el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio el desistimiento de la demanda. Por su importancia al asunto, es oportuno traer al contexto el contenido del artículo 63, fracción I, de la Ley del Amparo que es del tenor literal siguiente: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: I. El quejoso desista de la demanda o no la ratifique en los casos en que la ley establezca requerimiento. En caso de desistimiento se notificará personalmente al quejoso para que ratifique su escrito en un plazo de tres días, apercibido que de no hacerlo, se le tendrá por no desistido y se continuará el juicio; (.)". De conformidad con el precepto reproducido, el desistimiento constituye una renuncia a la potestad o derecho del gobernado, para que el órgano de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado; implicando, por tanto, un desistimiento de la acción, como ha sido reconocido dentro de la doctrina del juicio de amparo. Así, el desistimiento de la parte quejosa da origen al sobreseimiento en el juicio y los efectos de éste, que según lo ha señalado la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consisten en poner fin al juicio sin hacer una declaración sobre la constitucionalidad de los actos reclamados, dejando la situación tal como se encontraba al momento de promoverse la demanda. Por tanto, la manifestación de voluntad de la parte quejosa externada de modo fehaciente, como en el caso, constituye la renuncia o dimisión del derecho a que el órgano de control despliegue su actividad para, eventualmente, proceder al examen de la juridicidad del acto reclamado, lo que puede realizarse en cualquier momento hasta antes de que el fallo dictado en el juicio haya causado ejecutoria. Las reflexiones que anteceden ponen de manifiesto que el desistimiento de la acción constitucional, ratificado plenamente, actualiza la hipótesis prevista en el mencionado artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, dado que, como antes se ha dicho, la parte quejosa conserva, en todo tiempo, su derecho para renunciar al ejercicio de su acción, en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, y el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia. En virtud de lo expuesto, es patente que no existe obstáculo jurídico alguno para dejar las cosas tal como se encontraban antes de la presentación de la demanda de amparo; por tanto, de acuerdo a las conclusiones alcanzadas, si el desistimiento de la acción constitucional se establece literalmente como una causa de sobreseimiento en el juicio respectivo, ya que precisamente tal situación impide al órgano jurisdiccional examinar la constitucionalidad del acto reclamado, es inconcuso que en la especie lo procedente sea sobreseer en la presente instancia, de conformidad con lo establecido en la fracción I, del artículo 63, de la Ley de Amparo, esto es, por el desistimiento expreso de la parte quejosa. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en lo dispuesto en el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, se sobresee el juicio de amparo directo promovido, contra el laudo de veintitrés de enero de dos mil diecinueve, dictado por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Hidalgo, dentro del expediente laboral 625/2017. En ese sentido, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Tribunal Colegiado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), devuélvase a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Hidalgo, el expediente laboral 625/2017, por no ser necesaria su permanencia en este tribunal colegiado. Solicítese el acuse de recibo correspondiente. En su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido.
- Juicio de Amparo Directo
Visto el escrito de cuenta, mediante el cual apoderado de las quejosas, se desiste del presente juicio de amparo, por así convenir a sus intereses. En consecuencia, con fundamento en artículo 26, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase, a efecto de que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto, comparezca al local que ocupa este órgano colegiado, sito en Camino Real de la Plata, número doscientos treinta y seis, lote sesenta y tres, Supermanzana 1, L.C. 2, planta baja, Fraccionamiento Zona Plateada, Pachuca de Soto, Hidalgo, debidamente identificado, ante cualquiera de los fedatarios de este órgano colegiado, a ratificar el escrito de desistimiento de mérito; apercibido que de ser omiso se continuará con la secuela procesal de este asunto.
- Juicio de Amparo Directo
Visto lo de cuenta, ténganse por formulados los alegatos que refiere el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, los cuales serán tomados en consideración en el momento procesal oportuno, de resultar procedente; asimismo, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al diverso numeral 2° de la ley de la materia, una vez que se termine de engrosar la sentencia que emita el Pleno de este órgano colegiado en el presente asunto, expídase la copia certificada que solicita.
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