Irineo Tecorral Tecruseño
Expediente 238/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 5 actuaciones registradas, la última del 15 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 238/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 15/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Irineo Tecorral Tecruseño
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
"Acapulco de Juárez, Guerrero; quince de mayo de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se provee: Atenta a la certificación secretarial de cuenta y al estado de autos, se advierte que ya feneció el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en este sumario. En consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia que SOBRESEE HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo, como asunto totalmente concluido, y en el momento oportuno, conforme al procedimiento correspondiente, procédase a su transferencia a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. En la inteligencia de que, en su oportunidad, y con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente principal es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el término de tres años, contado a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo como asunto concluido se procederá a su destrucción. Notifíquese. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida de Beatriz Eugenia Meza López, secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
Vistos; para resolver los autos del juicio de amparo 238/2023-IV, promovido por *****, por derecho propio, contra actos del Gerente de Cobranzas del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), de la Delegación XX Guerrero, con residencia en esta ciudad. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda Por escrito depositado el seis de marzo de dos mil veintitrés, en el Buzón Judicial de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, domiciliados en Acapulco, Guerrero, remitido por razón de turno al día siguiente, a este Juzgado Cuarto de Distrito, Irineo Tecorral Tecruseño, por derecho propio, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra de la autoridad y el acto que se transcriben a continuación: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE: * GERENTE DE COBRANZAS DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT) DE LA DELEGACIÓN XX GUERRERO DEL INFONAVIT, con domicilio ampliamente conocido en Acapulco Guerrero (.) IV.- ACTOS RECLAMADOS.- Se reclama a la autoridad responsable la omisión de contestar mi petición de22 de Noviembre de 2022, presentada el 23 de noviembre del citado año, ante la Ventanilla Única de Documentos correspondencia de la Delegación XX Guerrero del INFONAVIT, como consta en el sello asentado en la carátula del acuse de recibido de la petición, que ofrezco como prueba". SEGUNDO. Trámite del juicio Mediante proveído de ocho de marzo de dos mil veintitrés, se admitió la demanda de amparo, la cual se registró con el número 238/2023-IV; se solicitó a la autoridad responsable rendir su informe con justificación; se dio a la Fiscal de la Federación adscrita la intervención que legalmente le compete, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que, una vez integrado el expediente, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de febrero de dos mil trece, en virtud de que se reclama la omisión de dar respuesta a una petición. SEGUNDO. Jurisprudencia aplicable En el presente asunto se aplicará aquélla integrada con anterioridad, en lo que no se oponga a la Ley de Amparo vigente, en términos de lo señalado en su artículo 6º transitorio.2 TERCERO. Precisión de acto Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que prevé que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, deben contener ".La fijación clara y precisa del acto reclamado;."; es necesario delimitar el acto reclamado, que se desprende del estudio y análisis en conjunto de la demanda de amparo, atendiendo a la Jurisprudencia 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS". En esa tesitura, del análisis al escrito inicial de demanda, se advierte que la parte quejosa, reclama lo siguiente: ? La omisión del Gerente de Cobranzas del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) de la Delegación XX Guerrero, de dar contestación al escrito de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, recibido en esa dependencia el veintitrés siguiente, por medio del cual, solicita diversa información en relación con el número de crédito simple para adquisición de vivienda 9200840683. CUARTO. Existencia del acto reclamado De acuerdo con la técnica que rige al juicio de amparo, en toda sentencia, la autoridad que conozca del mismo debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, estudiar y declarar las causas de improcedencia que se actualicen, para, por último, de no encontrarse alguna, pronunciar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Esto es así, entre otras razones, porque de no existir los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y, en el supuesto de ser operante alguna de éstas, legalmente sería imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o de la parte substancial del asunto, implica en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos el juicio de amparo sea procedente. Cobra aplicación al respecto, la jurisprudencia XVII.2o. J/10, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, cuyo contenido es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO.", visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo 76, abril de 1994, correspondiente a la Octava Época, Materia Común, página sesenta y ocho. Al efecto cabe señalar que es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Gerente de Cobranzas del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), de la Delegación XX Guerrero, 2 SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley. con residencia en esta ciudad, no obstante que al rendir su informe justificado por conducto del apoderado legal de dicho Instituto, negó el acto reclamado. Lo anterior, porque la autoridad citada argumentó que por oficio DR/XX/GCOB/20/2022 de veintinueve de marzo del año en curso, dio contestación a la petición del peticionario de amparo, y el mismo le fue notificado el treinta siguiente; por tanto, la negativa se encuentra desvirtuada y se tiene por cierto el acto omisivo que se le atribuye tomando como referencia la fecha de presentación de la demanda. Ilustra lo anterior la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible a fojas 391, del Tomo XIV, Julio de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA". Certeza que se corrobora con las documentales que anexó la autoridad responsable, a su informe, la cual merecen valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Al respecto, se cita la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." localizable en el Apéndice de 1995, Quinta Época, Materia Común, Tomo VI, página ciento cincuenta y tres. QUINTO. Causa de improcedencia. Previo a examinar el fondo de la cuestión constitucional planteada y establecidas las anteriores consideraciones, procede analizar la procedencia de este juicio de amparo con independencia de que las partes hayan o no hecho valer causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público, conforme lo dispuesto por el del artículo 62 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 814 sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 553, Tomo VI, Parte TCC, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO". En ese contexto, de oficio se observa la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que señala: "61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Precepto conforme con el que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Para que se configure la hipótesis de improcedencia referida, es necesario que la autoridad responsable derogue o revoque el acto de molestia; y, si éste es de carácter omisivo, realice la conducta cuya omisión se le reclama para que, con ello, en forma total e incondicional, se destruyan todos los efectos del acto, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiendo irrumpido en ella, no deje ninguna huella de dicha afectación, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Consideración que encuentra apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.", visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, página treinta y ocho. En el caso, las constancias de autos demuestran que mediante escrito de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, el peticionario de amparo formuló petición ante el Gerente de Cobranzas del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) de la Delegación XX Guerrero, con residencia en esta ciudad. En el escrito, la parte quejosa esencialmente solicitó se le proporcionara diversa información en relación con el crédito simple para adquisición de vivienda 9200840683. La autoridad responsable, durante la tramitación del presente juicio exhibió la respuesta a la petición de la parte quejosa, contenida en el oficio DR/XX/GCOB/20/2022 de veintinueve de marzo del año en curso, que acompañó a su informe justificado recibido en este juzgado federal el treinta y uno de marzo pasado, en el que en lo conducente le hace del conocimiento lo siguiente: "C. ******. (.) en atención a su petición presentada por escrito el pasado 23 de noviembre del 2022, ante la Delegación Regional Guerrero del Instituto del Fondo Nacional la Vivienda para los Trabajadores, la cual fue turnada para su atención a esta Gerencia de Cobranza, me permito dar contestación en los siguientes términos: PRIMERO. Por lo que hace a su solicitud relativa a ´Se expida a mi favor relación de los pagos efectivos de mi crédito desde su origen hasta la fecha en la que se me conteste este escrito´, se acompaña al presente el estado de cuenta histórico del crédito número 9200840683, actualizado al 1 de marzo del 2023, en el que se refleja la relación completa de los pagos realizados al crédito hipotecario en cuestión, desde la originación del mismo. SEGUNDO. Por lo que hace a su solicitud relativa a ´suponiendo que falte algún pago efectivo para completar los 360 pagos efectivos de mi crédito, pido me indiquen el número de pagos efectivos que faltan, y la cantidad global restante, ya que yo considero que ya he pagado durante los 30 años que contraté el crédito", se le informa que, de la consulta a la información en los sistemas y expedientes a los que tiene acceso esta Gerencia de Cobranza, se detectó que para concluir con los pagos efectivos a los que se refiere su contrato de crédito falta realizar 18 pagos, con un saldo total por liquidar de $47,053.09. TERCERO. Por lo que hace a su solicitud relativa a ´realizar la cancelación del crédito y expedirme el finiquito del mismo, porque he pagado durante 30 años el mismo, como lo señala el artículo 41 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores´, se le informa que de la consulta a la información contenida en los sistemas y expedientes a los que tiene acceso esta Gerencia de Cobranza, se detectó que para concluir con los pagos efectivos a los que se refiere su contrato de crédito, falta realizar 18 pagos, con un saldo total por liquidar de $47,053.09. CUARTO. Por lo que hace a su solicitud relativa a ´Solicito se me indique porque mi crédito actualmente refiere ´Crédito con responsabilidad compartida. En automática 9200840683´ Cuando yo no autoricé el cambio de mi crédito o condiciones en el mismo, y niego bajo protesta de decir verdad que yo no si mi consentimiento para que se modificara mi crédito, por lo cual pido se me explique porque se dio esa modificación y las consecuencias de dicho cambio, porque no estoy de acuerdo con dicho cambio´, se le informa que el pasado 1 de noviembre del 2020, se aplicó de forma automática en su crédito el programa de Responsabilidad Compartida, como parte de una policía Institucional que buscaba apoyar a los acreditados cambiando su crédito a veces salarios mínimos a pesos, lo cual produjo los siguientes beneficios_ - Obtuvo un descuento en el monto de su mensualidad. El monto de su mensualidad antes de la aplicación del programa de Responsabilidad Compartida era de $2,743.35 y a partir del 1 de noviembre del 2020, fecha en la que se aplicó de forma automática dicho programa, el monto de su mensualidad disminuyó a la cantidad de $1,357.13. - Con el cambio de veces Salarios Mínimos a Pesos, el monto de su mensualidad se mantendrá fijo durante remanente de su crédito y no aumentará año con año conforme vaya aumentando el salario mínimo. Ahora bien, en el caso de que usted no se encuentre conforme con la aplicación del programa de Responsabilidad Compartida en su crédito, puede solicitar la baja de este acudiendo al Centro de Servicios más cercano a su localidad. (.) A T E N T A M E N T E. LIC. OMAR VALENZUELA BAUTISTA GERENTE DE COBRANZA". De igual manera, el treinta de marzo pasado, notificó a la parte quejosa por conducto de Julio César Ortega B. en el domicilio señalado para tal efecto, tal como se aprecia de la firma que aparece en el mencionado oficio. Lo cual significa, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Resulta aplicable, la Jurisprudencia 2a./J. 205/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto". (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Enero de 2009, Materia Común, página 605). Por tanto, se han colmado los extremos del derecho de petición que contempla el artículo 8° constitucional, pues ya acaeció una respuesta a la solicitud de la parte quejosa y le fue notificada por la autoridad responsable. Así, es incuestionable que cesaron los efectos del acto reclamado, porque se atendió la petición del justiciable y la respuesta y su notificación, fueron exhibidas en la tramitación del presente juicio de amparo. Máxime que el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad para actuar acorde a los ordenamientos legales que resulten aplicables al caso. En consecuencia, toda vez de que se dio respuesta a la petición de la parte quejosa, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; por lo que se impone decretar el sobreseimiento en el presente juicio por lo que respecta al acto y autoridad responsable que han quedado precisados. No se desconoce que se omitió dar vista a la parte quejosa para que manifestara si era su deseo ampliar la demanda de amparo en relación a la respuesta dada por la responsable contenida en los anexos que acompañó a su informe justificado, dado que respecto a la misma el juicio de amparo resulta improcedente, pues tratándose de entes que administren recursos de sus afiliados, a los que se les reclame vía juicio de amparo, vulneración al derecho de petición, si éstos emiten contestación, se tiene que respecto de la respuesta formulada no procede la ampliación de la demanda de amparo indirecto. Orienta a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 93/2018 (10a.) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 2017817, de rubro y texto siguientes: "INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN. El juicio de amparo procede cuando se pone en evidencia que el funcionario o empleado público obligado a contestar una solicitud formulada en ejercicio del derecho de petición, en su calidad de autoridad, por estar facultado para emitir actos con apoyo en una norma jurídica, ha omitido responderla, pues esto supone una violación al derecho relativo reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Consecuentemente, si el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores es un ente público y está facultado para emitir actos por medio de los cuales resuelve sobre el destino de los recursos a su cargo y el cumplimiento de diversas obligaciones previstas en la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, cuando se le atribuya la omisión de responder una solicitud formulada en ejercicio del derecho de petición, procede el juicio de amparo indirecto para garantizar la protección efectiva del derecho indicado, con la finalidad de que el funcionario o empleado público del Instituto emita una respuesta, en el entendido de que respecto de ésta no procede la ampliación de la demanda de amparo indirecto, cuando el tema involucrado se refiera a las facultades ejercidas por el Instituto en su carácter de administrador de fondos, sino que una vez conocida la respuesta a su petición y de estimar que no se satisface su interés, el quejoso debe estarse a lo establecido en los artículos 52 y 53 de la ley mencionada". (lo subrayado es propio). La decisión que ahora se adopta, no implica desatender el derecho de todo gobernado a un recurso efectivo frente a la actuación del poder público, en términos de los artículos 8, numeral 1 (garantías judiciales) y 25, numeral 1 (protección judicial), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ya que esa obligación del Estado se satisface previendo un medio de defensa a través del cual el afectado pueda plantear con toda amplitud su defensa; sin embargo, la obligación de garantizar ese "recurso efectivo" no implica soslayar la existencia y aplicación de los requisitos procesales que rigen al medio de defensa respectivo. Incluso, la existencia y aplicación de causales de admisibilidad de un recurso resulta compatible con la propia Convención, dado que su efectividad implica que, potencialmente, cuando se cumplan los requisitos del caso, el órgano jurisdiccional evalúe sus méritos. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro: "SOBRESEIMIENTO EN LOS JUICIOS. EL DERIVADO DE LA ACTUALIZACIÓN DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA NO ENTRAÑA, PER SE, EL DESCONOCIMIENTO AL DERECHO DE TODO GOBERNADO A UN RECURSO EFECTIVO, EN TÉRMINOS DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS.", visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Marzo 2014, Tomo II, página mil novecientos cuarenta y siete. Es oportuno indicar que dado el sobreseimiento decretado, no es posible analizar los conceptos de violación formulados, al no ser factible en ese tenor, el estudio del fondo del asunto. Es aplicable al caso concreto, la tesis V.2o. J/15, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, de rubro y siguiente: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO.", visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo IX, Enero de 1992, página ciento quince. Finalmente, en relación con los alegatos presentados por la parte quejosa, al no formar parte de la litis, no existe obligación de pronunciarse sobre ellos, ya que estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos. Cobra aplicación al caso la Jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página catorce, materia común, tomo 80, del mes de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Octava Época, de rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO." Por lo expuesto y fundado, se SE RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo, promovido por *****, por derecho propio, contra los actos que reclamó del Gerente de Cobranzas del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) de la Delegación XX Guerrero, con residencia en esta ciudad, por los motivos precisados en el considerando último de este fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma electrónicamente Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, ante la Secretaria Beatriz Eugenia Meza López, Secretario de Juzgado, que autoriza y da fe. Doy fe
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; once de abril de dos mil veintitrés. Visto; se tiene por recibido el escrito firmado electrónicamente por *****, autorizada de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, mediante el cual desahoga la vista que se dio con el informe justificado rendido por la autoridad responsable Apoderado Legal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, asimismo, solicita se aclare el informe justificado. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por hechas las manifestaciones vertidas por el autorizado de la parte quejosa en vía de alegatos, sin perjuicio de relacionarlos al celebrarse la audiencia constitucional, y de que sean tomados en consideración en el momento procesal oportuno. Por último, en relación a lo solicitado por el ocursante, en el sentido de que este órgano jurisdiccional requiera a la responsable para aclarar el informe justificado; indíquese a la ocursante que no ha lugar a proveer de conformidad tal petición, toda vez que el artículo 75, párrafo tercero de la Ley de Amparo, faculta al juzgador de amparo para que de oficio recabe discrecionalmente las pruebas que fueron rendidas ante las autoridades responsables que no obren en autos y que estime necesarias para la resolución del asunto; sin embargo, de este precepto no se puede desprender la facultad de obligar a la responsable omisa a aclarar su informe o remitir, en su caso, las constancias que lo apoyen, cuando expresamente hay una sanción por esa omisión, conforme a la fracción II del diverso numeral 260 de la citada ley en aplicación y en su caso, ello será materia de estudio en la sentencia que se dicte en el juicio en que se actúa. Notifíquese. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida por Beatriz Eugenia Meza López, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; diez de abril de dos mil veintitrés. Visto; el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra señalada para el día de hoy la audiencia constitucional; sin embargo, no se está en aptitud de celebrarla, toda vez que en proveído de tres de abril del año en curso, se tuvo por rendido el informe justificado del Apoderado Legal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con residencia en esta ciudad, y con su contenido se dio vista a las partes, mismo que le fue notificado el cuatro de abril siguiente, surte efectos en esta fecha, lo que evidencia que aún no fenece el término de ocho días que señala el párrafo segundo del artículo 117 de la Ley de Amparo, para que se impongan. Por tanto, resulta procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y, en su lugar, se fijan las DOCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Tiene aplicación al respecto la Jurisprudencia número P./J. 54/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la contradicción de tesis 29/98-PL, de rubro siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO" (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 2000, Tomo XI, Materia Común, Novena Época, página 5). Notifíquese por lista, incluida la autoridad responsable, en términos de la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.1" Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida por Beatriz Eugenia Meza López, Secretaria que autoriza. Doy fe.
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