Irineo Ramirez Lopez
Expediente 1254/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 5 actuaciones registradas, la última del 31 de octubre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1254/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 31/10/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Irineo Ramirez Lopez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Se tiene por recibido el oficio registrado con folio 30789, signado por la Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante el cual informa acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo y además en términos del artículo 66, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, queda el contenido del oficio en mención y su anexo, en la secretaría de este juzgado, a la vista a la parte quejosa por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, a efecto de que manifieste o no, lo que a su interés convenga, bajo el apercibimiento que de no desahogar la vista respectiva, este juzgado de Distrito resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el juicio de amparo en que se actúa y los datos aportados por la autoridad responsable.
- Principal
Se declara que la sentencia de amparo, ha causado ejecutoria. Se requiere a la autoridad responsable para que dé cumplimiento al fallo protector.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a las diez horas con cuatro minutos del diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete, hora y día señalado para la celebración de la audiencia constitucional, en audiencia pública Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido de la Secretaria Rosa María Luna Mercado, con quien legalmente actúa, se inició la audiencia constitucional del juicio de amparo número 1254/2017, promovido por Ireneo Ramírez López, por su propio derechos sin asistencia de las partes. Acto continuo, la Secretaria hace relación de las constancias que obran en los presentes autos, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en mil novecientos ochenta y nueve, que dice: "PRUEBAS DOCUMENTALES, SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.- Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en este acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de casa una de ellas". Al respecto el Juez acuerda: téngase por hecha la relación secretarial que antecede para los efectos legales conducentes. Sin que exista promoción pendiente por acordar, se procede a abrir el periodo probatorio. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza jurídica las documentales que anexó a su informe justificado, el Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, relativas al expediente laboral 01/36/15-I. Al no existir pruebas pendientes por desahogar, se concluye dicha etapa. Se procede abrir el periodo de alegatos. La Secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló; de igual forma, la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, no presentó pedimento alguno, motivo por el cual se procedió a cerrar el período de alegatos. Al no haber diligencia que practicar ni escrito pendiente por acordar, se da por concluida la presente audiencia y en vista de todo lo actuado, se procede a dictar el fallo correspondiente. Doy fe. V I S T O S para resolver, los autos del juicio de amparo número 1254 /2017, promovido por Ireneo Ramírez López, contra el acto que reclama de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y otra autoridad, con residencia en esta ciudad, por violación a los artículos 17 Constitucional; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el tres de agosto de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, turnada el mismo día a este Juzgado, Ernesto de la Cruz Carranza, solicitó el amparo en contra de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y actuario de su adscripción, por el acto siguiente: "IV. ACTO RECLAMADO: Se reclama de la responsable la denegación de justicia en perjuicio del quejoso al omitir del emplazamiento a juicio correspondiente del codemandado Cristo Rey Hernández, sin que hasta la fecha se haya realizado el mismo." SEGUNDO. Por auto de cuatro de agosto de dos mil diecisiete, se admitió a trámite la demanda de garantías, registrándose con el número 1254 /2017, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, y en el citado proveído, se hizo del conocimiento de las partes que la publicación de la sentencia se haría con la supresión sus datos personales. Sin que exista la obligación de llamar a la contraparte del quejoso a esta contienda, toda vez que lo que se reclama en este juicio constitucional, es la falta de llamamiento de la parte demandada al juicio laboral de origen. Asimismo, se dio la intervención que legalmente le corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48, 49 y 55, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, 15/2013 y 32/2014 del Pleno de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio nacional, fijándose la jurisdicción y competencia de los diversos Tribunales y Juzgados del Poder Judicial de la Federación, además de tratarse de un juicio de amparo en materia laboral sobre un procedimiento seguido en forma de juicio llevado por la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, dentro de la jurisdicción territorial de este Juzgado. SEGUNDO. La fijación Clara y precisa del acto que se reclama a la autoridad responsable, se encuentra determinada en el resultando primero de esta sentencia, a la vez que la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlo o no por demostrado se destacará en los apartados subsecuentes, con lo cual se cumple con la exigencia que toda sentencia debe tener en todo juicio de amparo, acorde con lo dispuesto en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, en relación con la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada a foja 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, que es del siguiente tenor: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación Clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." El acto de molestia se hace consistir en: *La omisión de la responsable de emplazar a la parte demandada Cristo Rey Hernández, dentro de los plazos y términos que establece la Ley Federal del Trabajo, en el expediente del juicio laboral 01/36/15-I. TERCERO. La Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, a través de su Presidenta, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado, en este contexto, se tiene por probado de manera plena. Tiene aplicación la tesis de jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia visible en la página 206, Tomo VI, Parte SCJN, Quinta Época, del Apéndice de 1995, del rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por su parte, el actuario adscrito a la citada junta, no fue llamado al presente juicio, empero, se considera, que diferir el presente juicio para que sea emplazado a juicio y rinda su informe, causaría un mayor perjuicio al peticionario de amparo, que resolver en esta fecha el presente juicio de amparo, en virtud de que, justamente de lo que se duele el quejoso es de la violación al artículo 17 Constitucional, es decir, a su derecho a recibir justicia pronta; sumado a que dado el sentido que se de al presente fallo, puede ser de mayor beneficio. CUARTO. En virtud de que ninguna de las partes hace valer alguna causa de improcedencia, y como este juzgador tampoco advierte que se actualice alguna de ellas, lo procedente es entrar al estudio de la legalidad o ilegalidad del acto reclamado. Se considera innecesaria la trascripción de los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, sin que ello implique que se viole alguna disposición de la Ley de Amparo, además de que bajo esta circunstancia no se le deja en estado de indefensión, pues el hecho de que no se realice la trascripción de los mismos, no significa que el juez de amparo esté impedido para el estudio integral de ellos. Lo que se efectúa con apoyo en la tesis VI.2O. J/129, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable a fojas 599, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, Abril de 1998, Novena Época, que a la letra dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma". QUINTO. Son esencialmente fundados los conceptos de violación vertidos por la solicitante del amparo, suplidos en su deficiencia conforme al artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, como en seguida se verá: En principio cabe indicar que de la demanda de garantías se advierte que la parte quejosa se duele de la omisión en que incurre la Junta responsable al no emplazar a juicio a la parte demandada Cristo Rey Hernández, en el juicio laboral de origen 01/36/15-I, dentro del término que señala el numeral 873 de la Ley Federal del Trabajo. Ahora, de las constancias enviadas por la junta responsable relativas al expediente del expediente laboral 01/36/15-I, a las que se otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del numeral 2º de la misma; se advierte lo siguiente: Que en diversas ocasiones, la junta responsable, ha diferido la audiencia de ley, en virtud de que no se encontraba emplazado a juicio el demandado Cristo Rey Hernández, lo anterior sin que el actuario señalado como responsable, hubiere cumplido la el mandato a que en cada uno de los acuerdos de referencia, se le ha encomendado. Por ello, a la fecha de presentación de las constancias requeridas a la Junta responsable del expediente laboral 01/36/15-I, no se advierte se haya emplazado a la parte demandada, dentro de los plazos y términos que establece la Ley Federal del Trabajo, en el expediente del juicio laboral de origen, e incluso ni hasta el momento en que dicta la presente sentencia. Ahora, en el artículo 17, párrafo segundo, constitucional, se establece: "Artículo 17. [.] Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.". De la trascripción anterior se advierte que la garantía de seguridad jurídica consagrada en el artículo 17 constitucional se traduce en que las autoridades judiciales no pueden retardar indefinidamente su función de administrar justicia, debido a que deben impartirla en forma rápida y expedita, lo cual implica que tienen la obligación de resolver los juicios que se ventilen ante ellas en los términos que establece la legislación aplicable. En relación al tema que nos ocupa, los artículos 685, 771 y 873, de la Ley Federal del Trabajo, se establece: "Artículo 685. El proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y se iniciará a instancia de parte. Las Juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso. Cuando la demanda del trabajador sea incompleta, en cuanto a que no comprenda todas las prestaciones que de acuerdo con esta Ley deriven de la acción intentada o procedente, conforme a los hechos expuestos por el trabajador, la Junta, en el momento de admitir la demanda, subsanará ésta. Lo anterior sin perjuicio de que cuando la demanda sea obscura o vaga se proceda en los términos previstos en el artículo 873 de esta Ley". "Artículo 771. Los Presidentes de las Juntas y los Auxiliares cuidarán, bajo su más estricta responsabilidad, que los juicios que ante ellos se tramiten no queden inactivos, proveyendo lo que conforme a la Ley corresponda hasta dictar laudo, salvo disposición en contrario". "Artículo 873. El Pleno o la Junta Especial, dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir del momento en que reciba el escrito de demanda, dictará acuerdo, en el que señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones y ofrecimiento y admisión de pruebas, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes al en que se haya recibido el escrito de demanda. En el mismo acuerdo se ordenará se notifique personalmente a las partes, con diez días de anticipación a la audiencia cuando menos, entregando al demandado copia cotejada de la demanda, y ordenando se notifique a las partes con el apercibimiento al demandado de tenerlo por inconforme con todo arreglo, por contestada la demanda en sentido afirmativo, y por perdido el derecho de ofrecer pruebas, si no concurre a la audiencia. Cuando el actor sea el trabajador o sus beneficiarios, la Junta, en caso de que notare alguna irregularidad en el escrito de demanda, o que estuviere ejercitando acciones contradictorias, al admitir la demanda le señalará los defectos u omisiones en que haya incurrido y lo prevendrá para que los subsane dentro de un término de tres días". De la primera disposición legal se desprende que el procedimiento laboral será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y se iniciará a instancia de parte, obligando a las autoridades, a tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez al tramitarlo; en el artículo 771 se reitera el criterio prevaleciente en la materia laboral, en el sentido de que corresponde a la Junta o a sus miembros, proveer para que la justicia sea rápida y expedita y que los juicios no queden inactivos. Asimismo, de una interpretación adecuada de los preceptos jurídicos trascritos en líneas que anteceden, conviene establecer que en cualquier procedimiento que se ventile ante un órgano jurisdiccional, administrativo o del trabajo, se deben observar estrictamente las formalidades establecidas para el mismo, incluyendo los términos previstos en la ley de la materia de que se trate, ya que la necesidad de una justicia pronta es tan evidente que la propia Constitución Federal remite a la ley respectiva, en relación a los plazos y términos en que los tribunales deben impartir justicia. De esta guisa el legislador no estableció plazos arbitrarios, sino que éstos son razonables, en función del necesario equilibrio que debe haber entre la celeridad del procedimiento y el tiempo suficiente para que las partes y el juzgador realicen las actividades y actuaciones procesales que le correspondan. Como ya quedó plasmado, de las constancias analizadas se advierte que, desde el trece de febrero de dos mil diecisiete, en que se ordenó emplazar a la parte demandada, hasta este momento, la junta responsable no la ha emplazado en el expediente laboral de origen, lo que motivará el retraso en el procedimiento; pues ha provocará que la audiencia de ley no se desahogue dentro de los plazos legales, en razón de la falta de emplazamiento de la parte demandada en el juicio laboral de origen, sin que la responsable justifique legalmente el retardo en que ha incurrido, ya que ha diferido la audiencia hasta en tres ocasiones, por que no se ha emplazado a juicio a la parte demandada, sin que se evidencie que haya tomado las medidas conducentes para obligar al actuario que cumpla con su deber legal de llamar a juicio a la parte demandada de mérito. De esta manera, se tiene que la autoridad responsable ha vulnerado la garantía de prontitud en la impartición de justicia dentro del juicio natural, toda vez que de las constancias se advierte entre otras cosas, la falta de emplazamiento oportuna de la parte demandada Cristo Rey Hernández, y la procuración de las medidas necesarias para lograr la mayor economía del proceso, ya que si bien, pronunció el auto admisorio, señaló fecha para la audiencia de ley, así como ordenó el emplazamiento de la parte demandada; sin embargo, a la fecha en que remitió copias certificadas del expediente laboral 01/36/15-I, aún no se había emplazado a la parte demandada Cristo Rey Hernández, en el juicio laboral, y ni siquiera existe constancia de que hubiera tomado las medidas conducentes para tal fin, lo que pone de manifiesto que el juicio laboral no se ha desarrollado en los términos señalados en los artículos 685, 771 y 873 de la Ley Federal del Trabajo, consistente en la omisión de proveer lo conducente a fin de lograr la mayor economía del proceso, así como de vigilar de que los procesos tramitados no queden inactivos y se notifiquen sus determinaciones a efecto de lograr que se desahoguen, dentro de los términos establecidos, la audiencia de ley, señalada en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, respecto de lo cual no ha cumplido la responsable; de ahí que resulte fácil apreciar que no se acató por la responsable entre otros, el plazo que imponen los artículos 685, 771 y 873 de la Ley Federal del Trabajo, porque el procedimiento laboral deberá ser público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y se iniciará a instancia de parte, obligando a las autoridades, a tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez al tramitarlo, entre ellas, lograr el emplazamiento de la parte demandada. Con base en lo anterior, resulta indudable concluir que la Junta responsable ha rebasado en exceso los plazos establecidos en la ley y, con ello, la garantía de pronta impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional. Asimismo, cabe mencionar que por regla general los órganos encargados de administrar justicia, deben observar el mandato constitucional referido con arreglo a las leyes ordinarias, respetando los plazos y términos que para el efecto las mismas determinen. Para ello se retoman algunos de los conceptos previamente establecidos. La dilación en la tramitación del procedimiento o la omisión de tramitarlo, constituyen violaciones de carácter negativo o abstenciones de la autoridad, para desarrollarlo conforme a los plazos y términos legalmente establecidos. El artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, establece que la sentencia que conceda la protección constitucional, tratándose de actos de carácter negativo, produce el doble efecto de obligar a la autoridad responsable: 1. A que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate; y, 2. A cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija. Lo anterior, porque el juicio de amparo debe tener una finalidad práctica y no ser un medio para realizar una actividad meramente especulativa, de modo que la sentencia que se dicte, en caso de ser favorable a los intereses de la parte quejosa, logre restituirla en el goce de la garantía individual violada. En ese tenor, si el artículo 17 Constitucional, en la parte conducente, permite al gobernado acceder a la impartición de justicia expedita en los plazos y términos que fijen las leyes y la autoridad omite cumplir ese deber, sea porque no desarrolla el procedimiento dentro de los tiempos establecidos para ese fin o porque omite proveer lo conducente para su buena marcha y desenvolvimiento y durante la tramitación del juicio de garantías persiste esa misma condición de retardo u omisión del trámite, debido a los cuales la autoridad no agota cabalmente el procedimiento ni emite la resolución correspondiente. En relatadas condiciones, resulta procedente conceder el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, Ireneo Ramírez López, para el efecto de que la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, proceda en forma expedita a continuar el procedimiento conforme a los plazos y términos legales, en relación a la etapa procesal en que se encuentre, lo cual implica que realice los actos subsecuentes a los reclamados para tal fin, que en la especie resulta ser el señalamiento de fecha y hora de la audiencia bifásica, dentro de los términos previsto en la ley, así como lograr el emplazamiento de la parte demandada Cristo Rey Hernández, en el juicio laboral de origen, dictando las determinaciones y actuaciones que conforme a derecho proceda para lograr tal fin, esto es, que vigile que se le de el trámite conducente, hasta lograr el emplazamiento de la parte demandada, pues sólo de esa manera podrá respetar y cumplir lo que la garantía en cuestión exige y resarcir a la parte quejosa. Lo anterior es así, en virtud de que las Juntas de Conciliación y Arbitraje, como tribunales responsables de la administración de justicia en materia laboral deben acatar lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, y emitir sus laudos y resoluciones en los plazos y términos que fijen las leyes, independientemente de las cargas de trabajo, ya que si bien deben tenerse en cuenta las condiciones particulares de cada tribunal, tales como insuficiencia de recursos, volumen de trabajo, u otras, esto podrá válidamente efectuarse a partir de casos y condiciones concretas, pero en modo alguno resulta justificable un retraso significativamente prolongado para desahogar los procedimientos sometidos a su conocimiento dentro de los plazos y términos señalados en la ley, pues ello se traduce en la violación a la garantía prevista en el referido artículo 17 constitucional. SEXTO. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, se ordena la captura de la presente resolución en el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se, R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Ireneo Ramírez López, contra el acto y autoridad señalada en el resultando primero de la presente resolución y por las razones expuestas en el considerando quinto de la misma. SEGUNDO. Por las razones expuestas en el considerando último de esta resolución, se ordena el envío y captura de la misma en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese. Así, lo resolvió y firma, Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Rosa María Luna Mercado que autoriza y da fe.- Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiocho de agosto de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese para que obre como corresponda el INFORME JUSTIFICADO, rendido por la Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos y en representación del Pleno de la misma; con su contenido, dese vista a las partes para que procedan en los términos legales correspondientes. Ténganse como Delegados de la citada autoridad responsable, en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, a las personas que designa, asimismo, se tiene como señalado el domicilio que indica siempre y cuando corresponda al de su residencia oficial. Por otra parte, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por admitida la prueba que anexa a su informe; misma que se desahoga por su propia y especial naturaleza; sin perjuicio de su relación al momento de resolver en definitiva el presente asunto.
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