Irina Olalde Fajardo

Expediente 723/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
723/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
20/07/2023

Partes del expediente

  • Irina Olalde Fajardo

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal que guarda el presente asunto, del que se advierte que transcurrió el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de queja en contra del auto de veinte de junio de dos mil veintitrés, dictado por este juzgado, por el que, se desechó la demanda de amparo, sin que hasta estos momentos la parte quejosa lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el citado auto ha causado estado. Previas las anotaciones respectivas que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese este expediente. Por otra parte, en términos de lo dispuesto por el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación, se establece que el presente expediente es susceptible de destrucción, toda vez que en el caso se desechó la demanda de amparo y no existen documentos originales de los previstos por la fracción XX, del artículo 3, del Acuerdo General citado. Hágase del conocimiento de las partes, que el presente expediente sólo permanecerá en el archivo primario de este juzgado, por el lapso de tres años, contado a partir de su fecha de archivo, y una vez transcurrido este plazo, este juzgado procederá a su destrucción en los términos precisados en el antepenúltimo párrafo del artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, hágase la anotación de las circunstancias anteriores en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo, para que dentro del término antes referido este juzgado proceda a su destrucción. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad de México, veinte de junio de dos mil veintitrés. Visto el escrito signado por ********************, por propio derecho y en representación de su menor hija con iniciales ********************. ********************, contra actos del Juez Cuarto de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por considerarlos violatorios de los artículos ********************, ********************4, ********************6 y ********************7 constitucionales; regístrese en el libro de gobierno como 723/2023, y provéase lo conducente con relación a la misma. De la lectura de la demanda de amparo, se advierte que en la especie se surte la causa de improcedencia prevista por el artículo 6********************, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en concordancia con la fracción IV, del artículo ********************07, del mismo ordenamiento legal, atento a las siguientes consideraciones. Los preceptos antes mencionados establecen, respectivamente, lo siguiente: "Artículo 6********************. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo ********************07. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. (..)." En el caso, la quejosa señala como acto reclamado el siguiente: La omisión de la autoridad responsable de proveer en el juicio de restitución internacional ********************784/2022, del índice del Juzgado Cuarto Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en el periodo de ejecución de convenio voluntario, la solicitud de la parte quejosa de la devolución de los pasaportes de la quejosa y de su menor hija, así como el levantamiento de todas y cada una de las medidas decretadas en el juicio natural. Ahora bien, de la lectura de la demanda de garantías presentada por la parte quejosa, puede advertirse que el procedimiento de origen lo es un juicio de restitución internacional ********************784/2022, que se encuentra radicado ante el Juez Cuarto Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, seguido por ********************, el que el dieciocho de octubre de dos mil veintidós, fue admitido a trámite; que el ocho de noviembre de dos mil veintidós, se llevó a cabo el emplazamiento; que el diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, se celebró el convenio de restitución voluntaria, en que se establecieron las medidas de convivencias entre la menor y su progenitor así como el regreso a Suecia; que por escrito de dos de diciembre de dos mil veintidós, la peticionaria de amparo, solicitó al Juzgado Cuarto de lo Familiar de la Ciudad de México, la declaración de nulidad del convenio de restitución voluntaria, por incumplimiento del actor y el temor de ser separada de su menor hija, determinando el juez natural desestimar lo solicitado. Que dentro de dicho procedimiento la parte quejosa interpuso diverso juicio de amparo, el cual le correspondió a este juzgado su conocimiento registrándolo como ********************773/2022, en el que señaló como acto reclamado esencialmente la ejecución del convenio de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, dictado en el juicio de restitución internacional ********************784/2022, del índice del Juzgado Cuarto Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por el que, entre otras cosas, se estipuló la salida del país de la quejosa ********************, de la menor con iniciales ********************. y del aquí tercero interesado ********************, hacia Suecia para el tres de diciembre del año próximo pasado, en el vuelo LH499, operado por LUFTHANSA, en el que el tercero interesado se comprometió a comprar los boletos de avión para el traslado de la Ciudad de México a Estocolmo a la Ciudad de Lulea; sin embargo, la quejosa adujo correr grave riesgo, motivo por el que solicitó dar por terminado dicho convenio, lo cual refiere fue negado por el juez responsable en auto de dos de diciembre de dos mil veintidós, y se ordenó continuar con la ejecución del mismo; que en la ejecutoria de seis de marzo de dos mil veintitrés, se negó el amparo, el cual fue confirmado por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en la ejecutoria de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, dictada en el recurso de revisión R.C. ********************34/2023. Que por resolución de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, el Primer Tribunal de Primera Instancia de la Localidad de Luleá, Suecia, otorgó a la aquí quejosa la tutela exclusiva de la menor hija de las partes, resolución que fue confirmada por la Corte de Apelaciones del Tribunal de Segunda Instancia de Óvre NORRLAND; que con dicha ejecutoria la peticionaria de amparo le solicitó al juez señalado como responsable le permitiera el retorno voluntario a Suecia en su escrito presentado el dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, solicitándole la devolución de los pasaportes de las partes; que por auto de veintidós de mayo de dos mil veintitrés, proveyó lo solicitado por la quejosa en el que se estableció que una vez que exhibiera los originales de los documentos que en copia simple acompañaba, se acordaría lo que en derecho correspondiera; que dichas constancias fueron presentadas el veinticuatro de mayo del año en curso, a los que les recayó el auto de treinta de mayo del año en curso, en el que el juez responsable dio vista a la parte promovente de la restitución de la menor para que manifestara lo que a su derecho correspondiera, manifestando la parte quejosa que hasta la presente data el juez responsable no ha proveído respecto de lo solicitado (siendo este el acto reclamado). En consecuencia, como puede verse, al encontrarse el acto reclamado en el periodo de ejecución de convenio en donde la ahora quejosa es parte y fue oída y vencida, el acto reclamado no constituye la última resolución dictada en ese período, dado que la última resolución en ese procedimiento será aquella en la que el juez de origen apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo convenido o declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, por lo que éste no debe obstaculizarse por ser de orden público y de interés social. Siendo que además la emisión del acto reclamado no afecta de manera directa derechos sustantivos de la quejosa, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural; sino que al contrario, van encaminados a cumplir con el convenio celebrado en los autos del juicio natural. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. ********************08/20********************0, del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIII, enero de 20****************************************, página 6, que expresa: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo ****************************************4 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." Ha de entenderse por última resolución, la que declara cumplida la ejecutoria, o bien, la que reconoce la imposibilidad jurídica y material de darle cumplimiento; por lo que esa será entonces, la resolución impugnable en amparo y no las que precedan, tendentes a hacer efectiva la sentencia definitiva que en el caso lo es el convenio de restitución voluntaria celebrado por las partes en el juicio natural el diecisiete de noviembre de dos mil veintidós. Por lo anteriormente expuesto, dado que el acto que se reclama no constituye la última resolución dictada en ejecución de sentencia, que en el caso lo es el citado convenio de restitución voluntaria, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 6********************, fracción XXIII, en relación con el artículo ********************07, fracción IV, párrafo segundo, de la ley de la materia, por lo que en términos del artículo ****************************************3, del propio ordenamiento se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de garantías. Se tiene a la promovente señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que indican en su demanda de amparo y por autorizados a los licenciados en derecho que menciona, en términos amplios del artículo ********************2 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan registradas sus cédulas profesionales, las cuales en el momento en que ejerzan su mandato en este asunto, serán localizadas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, atento a lo dispuesto en el título Decimo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de octubre de dos mil seis; y únicamente para oír y recibir notificaciones, documentos e imponerse de los autos en términos del segundo supuesto del segundo párrafo del artículo ********************2 de la Ley de Amparo, a las demás personas que menciona en su escrito de cuenta. Asimismo, se autoriza el acceso y promoción en el expediente electrónico al usuario "********************", así como para notificarse vía electrónica en los presentes autos, de conformidad a lo establecido en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y en el Acuerdo General Conjunto ********************2/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de Expediente Electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Finalmente, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 2********************, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles al actuario adscrito a este juzgado para que practique cualquier diligencia o notificación relacionada con el presente asunto. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.

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