IRILEY SOLIS AQUINO y Otros.

Expediente 431/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
431/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
16/07/2021

Partes del expediente

  • IRILEY SOLIS AQUINO y Otros.
  • RICARDO RAMOS SOLIS y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, dieciséis de julio de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación secretarial de cuenta que no se interpuso por la parte quejosa recurso de queja, en contra del proveído de veintinueve de junio de dos mil veintiuno; por tanto, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE" y, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, envíese al archivo. En otro orden, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo décimo quinto, del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso artículo en referencia. Asimismo, se establece que el expediente principal por haberse desechado el juicio de amparo, es susceptible de destrucción, en virtud de que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del plazo de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Finalmente, se ordena estampar en la carátula de este expediente el sello con la leyenda de "no relevancia documental" y "destruible", que determina su destino, en términos del artículo 35 del mencionado acuerdo. Notifíquese.

  2. Principal

    a las nueve horas del seis de julio de dos mil veintiuno, hago constar que en virtud de que los quejosos no se presentaron con motivo del aviso dejado en su domicilio señalado para oír y recibir notificaciones, se hace efectivo el apercibimiento y notifico el auto de veintinueve de junio de dos mil veintiuno, dictado en el juicio de amparo indirecto 431/2021-E, del índice del órgano jurisdiccional de mi adscripción, de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, por lista que se fija en los Estrados del edificio del Poder Judicial de la Federación, en esta ciudad y por lista en el Portal de Internet del Poder Judicial de la Federación, mismo que en su parte conducente dice: "Tijuana, Baja California, a veintiocho de junio de dos mil veintiuno. Visto el contenido de la certificación secretarial que antecede, así como el estado de autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de cinco días, otorgado a los promoventes de la demanda que dio origen al presente juicio, mediante proveído de dieciséis de junio de dos mil veintiuno, sin que desahogaran en sus términos la prevención contenida en el mismo. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en dicho acuerdo y con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo promovida por Iriley Solís Aquino, Ricardo, Pablo Antonio y David de apellidos Ramos Solís. Notifíquese personalmente".

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, dieciséis de junio de dos mil veintiuno. Radicación. Vista la demanda de amparo de cuenta promovida por Iriley Solís Aquino y otros, contra actos del Juez Noveno de lo Civil de la Partida en Tijuana, Baja California, con sede en esta ciudad, fórmese los expedientes físico y electrónico respectivos, regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 431/2021-E. Prevención. Ahora bien, previo acordar sobre la admisión de la demanda de amparo, es obligación de este órgano jurisdiccional examinarla y si hubiere alguna irregularidad o deficiencia en ésta, mandar prevenir a la parte promovente para que llene los requisitos omitidos o haga las aclaraciones que corresponda, otorgándole la oportunidad para que pueda desahogarlas en tiempo, se impone precisar lo que prevén los artículos 108, fracción III y IV, así como el diverso 114, fracción I, II, IV y V, de la Ley de Amparo, a fin de obtener una mejor comprensión de lo que posteriormente se determinará. "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; [.] Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: [.] I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; [.]. IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. [.]". Ahora bien, del estudio íntegro de la demanda de amparo, se advierten las siguientes irregularidades: 1.- Que, en el preámbulo de la misma, se mencionan como promoventes a Iriley Solís Aquino, Ricardo, Pablo Antonio y David de apellidos Ramos Solís; sin embargo, de la foja cuatro, se advierte que, únicamente se encuentran plasmadas las firmas de Iriley Solís Aquino, Ricardo, Pablo Antonio, y no así de David Ramos Solís. Sin que se soslaye, que, en la parte inferior donde aparece el nombre David Ramos Solís, se menciona que es "representado por Pablo Antonio Ramos Solís", y éste último es quien firma. A pesar de ello, del contenido íntegro de la demanda, no se advierte manifestación alguna de Pablo Antonio Ramos Solís, en ese sentido; esto es, no manifiesta que comparece al juicio de amparo como representante legal de David Ramos Solís, ni mucho menos acredita esa calidad, que le permita promover el presente juicio a su nombre; ni tampoco manifiesta si tiene por reconocida dicha representación ante la autoridad que señala como responsable. Por tanto, no se acredita fehacientemente o presuntivamente que al momento de presentación de la demanda de que se trata, Pablo Antonio Ramos Solís, tenga facultad legal para comparecer a nombre o en representación de David Ramos Solís. 2.- De igual manera, del escrito de demanda, tampoco se advierte, que en los autos del juicio 588/2020 del índice del Juzgado Noveno Civil del Partido Judicial de Tijuana, los promoventes tengan reconocido el carácter de herederos o algún otro; esto así, dado que en el capítulo de antecedentes únicamente mencionan que promovieron denuncia intestamentaria, radicada con el número de expediente de referencia, y además, explican que el veintiuno de enero del año en curso, se desahogaron los testimonios para acreditar qué personas tienen derecho a la masa hereditaria del finado Ricardo Ramos Hernández. 3.- Por otra parte, con relación al acto reclamado, los promoventes señalan: "La negativa de la responsable en dictar acuerdo sobre la designación de Albacea, en la denuncia intestamentaria que realizamos por el fallecimiento de sucesor RICARDO RAMOS HERNANDEZ, y que se radicó bajo el expediente 588/2020-1, del Juzgado Noveno Civil de Partida en esta Ciudad de Tijuana, el cual se radicó en agosto de dos mil veinte y los testimonio [sic] se llevaron a cabo desde el veintiuno de enero del dos mil veintiuno, sin que se haya pronunciado por la responsable quien s el albacea." Ahora bien, en el apartado "PRECEPTOS CONSTITUCIONALES VIOLADOS" en su segundo párrafo, señala que: "[.] sin que se pueda pronunciar un acuerdo qué persona es representante del sucesor y quién defienda a esos derechos litigiosos" Luego, en el apartado de antecedentes del acto reclamado, bajo protesta de decir verdad, refiere que: "[.] y que en tres días dictaría el acuerdo correspondiente sin que lo haya realizado" Por tanto, de las manifestaciones vertidas por los promoventes, se advierte que, señala como acto reclamado tanto la negativa de la autoridad para emitir una determinación, como la omisión de emitir un acuerdo en el que se designe albacea, en los autos del juicio de amparo 588/2020-I del índice del Juzgado Noveno Civil del Partido Judicial de Tijuana; además, de que manifiesta que ".sin que se pueda pronunciar un acuerdo en el que se establezca un representante del sucesor ." ; lo que deja entrever que existe una situación que impide a la autoridad emitir la determinación correspondiente-. En consecuencia, a fin de resolver lo que en derecho corresponda requiérase a los promoventes para que en el plazo de cinco días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto, por escrito realice lo siguiente: Por lo que hace a Pablo Antonio Ramos Solís, para que acredite ante este Juzgado con documento idóneo que conforme a la ley le faculte la personalidad con la que se ostenta para promover demanda de amparo en representación de David Ramos Solís. Amplíen su capítulo de antecedentes a fin de que manifiesten bajo protesta de decir verdad, si en los autos del juicio 588/2020 del índice del Juzgado Noveno Civil del Partido Judicial de Tijuana, tienen reconocido el carácter de herederos o algún otro; y exhiban las constancias que así lo justifiquen. Precisen de manera clara y precisa, el acto que reclaman a la autoridad señalada como responsable. Es decir, manifiesten si desean señalar como acto reclamado la negativa del Juez Noveno Civil del Partido Judicial para emitir un acuerdo en el que designe albacea en el juicio intestamentario radicado con el número de expediente 588/2020 del índice del juzgado de que se trata. O bien si señalarán la omisión del Juez Noveno Civil del Partido Judicial para emitir un acuerdo en el que designe albacea en el juicio intestamentario radicado con el número de expediente 588/2020 del índice del juzgado de que se trata. Lo anterior, es necesario para que este órgano jurisdiccional pueda determinar lo relativo a la demanda que se provee y fijar la litis constitucional, asimismo, el desahogo deberán formularlo los firmantes de la demanda, en términos de lo previsto en el artículo 108, de la ley de amparo. Apercibimiento. Lo anterior, deberán manifestarlos bajo protesta de decir verdad, por lo que se advierte a los quejosos que conducirse con falsedad ante la autoridad judicial, implica la comisión de un delito, de conformidad con el artículo 261 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,192 así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales." De igual forma, deberán exhibir copias suficientes del escrito aclaratorio, para correr traslado a la autoridad responsable señalada en el escrito inicial de demanda, al Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este Órgano Jurisdiccional, toda vez que resultan necesarias para ser distribuidas entre las partes, y en su caso, tramitar el incidente de suspensión, en términos del artículo 110, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia contenida en la tesis P./J.36/2001, Novena Época, Pleno, XIII, abril de 2001, página 79, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO." Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Décima Época, Registro: 2005990, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo II, Tesis: I.4o.C.27 C (10a.), Página: 1904, de rubro y texto: "PREVENCIÓN PARA SUBSANAR DEMANDA DEFICIENTE. El artículo 1390 Bis 11 del Código de Comercio fija los requisitos de la demanda. El artículo 1390 Bis 12, en igualdad con otros ordenamientos, dispone que la falta o deficiencia de alguno de ellos obliga al Juez a hacer una prevención, con el señalamiento preciso de los defectos del escrito inicial, para que el promovente los subsane dentro de tres días, y en caso de no hacerlo, el Juez la desechará. Esta obligación toca una parte esencial del procedimiento, por lo que si no se hace la prevención y después se dicta sentencia absolutoria sustentada en deficiencias de la demanda, se afectan las defensas del demandante, con trascendencia al resultado del fallo. Esto es así, porque esta actuación propende al desarrollo sano del proceso, con posibilidades reales de una resolución de fondo del litigio, de manera que el deber del juzgador es imperativo, y encuentra plena justificación en la teoría general del proceso contemporánea, en la que ya no se ve al juzgador como un mero espectador de la actuación de las partes durante el procedimiento, que al final se concreta a determinar quién ganó y quién perdió en el litigio, sino se le erige en director del proceso, y con eso, se le vincula y responsabiliza para que los procedimientos se lleven a cabo en los términos de la ley y cumplan su cometido, primero, mediante la fijación correcta de la litis, con un contenido viable para llegar, en su caso, a una sentencia de fondo, y no a un fallo inhibitorio, y después a la conducción de las demás fases, como la probatoria y la de alegatos, con el mismo propósito. Esta importante función directiva es la que se debe ejercer ante una demanda deficiente, a la que le falten los elementos indispensables de viabilidad, esto es, cuando la carencia de elementos lleve a la consecuencia de impedir, en su momento, el pronunciamiento de fondo, o afecte otras fases procesales, como la etapa probatoria; y esto es lo que sucede si en una demanda no se exponen todos los hechos necesarios de la causa de pedir, pues esa deficiencia impide que el actor aporte pruebas sobre hechos que no expuso, y al Juez lo limita, al no poder sustentar una decisión en hechos que no integran la litis. La consecuencia de su incumplimiento afecta indudablemente las defensas del quejoso, al llevarlo de antemano a un procedimiento inocuo, en el que nunca podrá obtener sus pretensiones, e inclusive, tiene la agravante de que el asunto pueda culminar con sentencia desestimatoria que produzca la cosa juzgada, que sería una consecuencia excesiva, pues el artículo 1390 Bis 12 del Código de Comercio es claro, al establecer que si no se cumple con la prevención, sólo debe desecharse la demanda, lo que no produce cosa juzgada, sino deja en aptitud a la parte demandante, de ejercer la acción en nuevo juicio." En la inteligencia, que la prevención deberá ser desahogada únicamente por la parte quejosa, puesto que el propósito del escrito aclaratorio de una demanda de amparo indirecto es subsanar los vicios de alguna irregularidad del escrito inicial, de ahí que su escrito aclaratorio deba contar con firma autógrafa de los quejosos, o en su caso, de su representante legal y no puede ser sustituida por aquellos autorizados en su escrito inicial de demanda, por tener facultades únicamente para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de amparo o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado e influyen en la configuración de la litis constitucional; aunado a las manifestaciones bajo protesta de decir verdad que debe de formular los promoventes. Sustenta lo anterior, la Jurisprudencia 1a./J. 50/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Agosto de 2014, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro señala: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA". En caso de incumplirse el punto 1 del requerimiento, no se tendrá por presentada la demanda respecto de David Ramos Solís. En la hipótesis de que se incumpla cualquiera de los requerimientos descritos en los puntos 2 y 3, en el término y condiciones antes apuntados, se tendrá por no presentada la demanda de amparo por todos los quejosos, conforme a lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Asimismo, en caso de que cumplidos al menos los requerimientos señalados bajo los puntos 2 y 3, no se exhiban las dos copias faltantes para el incidente de suspensión, se postergará su apertura hasta que se aporten las copias faltantes. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J 86/2002, visible en la página doscientos cuarenta y cinco, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVI, Agosto de dos mil dos, novena época, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. CUANDO SE OMITE PRESENTAR LAS COPIAS NECESARIAS PARA LA FORMACIÓN DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, EL INCUMPLIMIENTO A LA PREVENCIÓN DE EXHIBIRLAS NO DA LUGAR A TENER POR NO INTERPUESTA AQUÉLLA, SINO EXCLUSIVAMENTE A POSTERGAR LA APERTURA DE DICHO INCIDENTE. Comunicación con los justiciables durante la vigencia de las medidas tendentes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19. Comunicación con los justiciables durante la vigencia de las medidas tendentes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19. Se hace del conocimiento a las partes, que está disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "servicios jurisdiccionales" (que localizarán en la siguiente dirección electrónica https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisd iccionales, dentro del cual encontrarán teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, así como las listas de acuerdos. La lista de acuerdos se publicará en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y además en un espacio de fácil acceso para las personas en términos del artículo 21 del referido Acuerdo General 21/2020. Adicionalmente, infórmese a los justiciables que podrán generar citas a través del sistema "Agenda OJ", para consultar expedientes, desahogar requerimientos o comparecencias que les hayan sido exigidas por este órgano jurisdiccional, ello en términos de la fracción II, del artículo 6, del multicitado Acuerdo General 21/2020. En la inteligencia que en el supuesto de requerir su presencia física en las instalaciones de este recinto judicial, se hará entrega del código QR generado con motivo de la cita realizada por este juzgado al momento de que sean notificados del acuerdo respectivo según sea el caso. Requerimiento a las partes. Con independencia de lo anterior se requiere a las partes para que, a la brevedad, proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se establezca el contacto respectivo en los casos que este órgano jurisdiccional estime necesarios; esto con apoyo en el artículo 22, fracción II, del citado Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Exhortación a las partes para continuar la tramitación mediante "juicio en línea". Con fundamento en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; así como lo establecido en los numerales 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia del virus COVID-19; se exhorta a las partes para que de ser su deseo continúen con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Por lo que se hace de su conocimiento que, para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea -presentar solicitudes, demandas, recursos y promociones en general, así como acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales, entre otros- será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación; como lo es la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o en su caso, la firma electrónica "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), o bien, cualquier otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal en términos de lo establecido en el artículo 5, párrafo segundo, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013. Asimismo, para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (I) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (II) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (III) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo; en el entendido, que el registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. Se hace del conocimiento de las partes que para efecto de que tengan mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la acción mediante "juicio en línea", el manual de uso actualizado se encuentra a su disposición en la siguiente liga del propio Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Directrices para cualquier notificación personal que derive de la tramitación del presente juicio. Se hace del conocimiento a los actuarios de la adscripción, que las notificaciones personales que en su caso, pudieran derivar en este asunto durante su tramitación, deberán desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables; lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, fracción I, del referido Acuerdo General 21/2020. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa en su escrito de demanda. Como lo solicita el promovente, se autoriza en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Ismael Chavelas Ramos, ya que cuenta con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales; y por lo que hace a Xochilt Quetzal Martínez González, se le faculta en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de amparo, es decir únicamente para oír y recibir notificaciones, dado que no cuenta con cédula profesional registrada en dicho sistema. Por tanto, una vez que acredite ante este órgano jurisdiccional tener el registro correspondiente ante el Sistema antes precisado, se acordará lo que en derecho proceda. Se toma conocimiento del correo electrónico proporcionado por los promoventes, para los efectos legales conducentes. Días y horas inhábiles. En aras de mantener el principio de practicidad en los asuntos de este órgano de control constitucional, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 282 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles al actuario de la adscripción, para la práctica de todas las notificaciones personales en el presente juicio de amparo. Es aplicable a lo anterior, por su contenido la jurisprudencia 1a./J. 82/2019 (10a.)6, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto disponen: "ACTUACIONES JUDICIALES. EL JUZGADOR DEBE SEÑALAR EXPRESAMENTE Y NO EN FORMA IMPLÍCITA O TÁCITA LOS MOTIVOS QUE SUSTENTAN LA CAUSA URGENTE PARA HABILITAR DÍAS Y HORAS INHÁBILES, ASÍ COMO LAS DILIGENCIAS QUE DEBERÁN REALIZARSE (ARTÍCULOS 64 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, Y 1065 DEL CÓDIGO DE COMERCIO). Las facultades que la ley otorga a los juzgadores como directores del proceso están sujetas al cumplimiento de los requisitos de fundamentación y motivación establecidos en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que todo acto de autoridad debe respetar; por tanto, si los artículos 64 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, y 1065 del Código de Comercio, establecen igualmente que "el Juez puede habilitar los días y horas inhábiles para actuar o para que se practiquen diligencias cuando hubiere causa urgente que lo exija, expresando cuál sea ésta y las diligencias que hayan de practicarse.", es evidente que en atención a los requisitos constitucionales aludidos y a la literalidad de la norma, el Juez debe señalar la causa urgente en que sustenta su determinación, así como las diligencias que deberán practicarse; requisito que debe cumplir de manera expresa y no en forma implícita o tácita, por ser su obligación constitucional fundar y motivar sus determinaciones, con el objeto de que las personas, al conocer las causas que dieron origen a su determinación, puedan impugnarla a través de los medios de defensa que la legislación correspondiente establezca a su favor; ello, en aras de respetar a su vez, los derechos de seguridad y certeza jurídicas." Medios electrónicos Asimismo, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos y digitales, lo cual deberá realizarse siempre en presencia del actuario de la adscripción; en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009. Transparencia y digitalización. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar información relacionada con este expediente, una vez que cause ejecutoria la resolución que se dicte. Asimismo, en atención a los Acuerdos Generales 21/2007, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del propio consejo, así como el artículo 3º de la Ley de Amparo, se ordena se digitalice en su totalidad el presente asunto. Expediente electrónico. Fórmese el expediente electrónico respectivo, y hágase del conocimiento de las partes que no formarán parte de éste las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos así como las copias que corresponden a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos, asimismo, no formarán parte las promociones o constancias respecto de las cuales a juicio de este órgano jurisdiccional deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservarán en este Juzgado sin digitalizarse. Notifíquese personalmente a los promoventes.

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