Iridian Jocelyn Figueroa Rodriguez
Expediente 4714/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 4714/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 14/06/2023
Partes del expediente
- Iridian Jocelyn Figueroa Rodriguez
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, catorce de junio de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, mediante el cual remite el expediente citado al rubro, se acusa recibo. Glósense solamente las constancias que en original obran en el cuaderno de antecedentes formado con motivo del medio de impugnación, a este cuaderno principal. Por otra parte, visto el estado procesal de autos se advierte que en acuerdo de seis de este mes y año, se recibió el testimonio de la resolución dictada en el recurso de queja Q.A. 1636/2022, y se ordenó reservar el archivo hasta en tanto se recibieran los autos originales de este juicio, lo que hoy acontece, por tanto, se levanta dicha reserva y se provee: Archivo del asunto En atención a que en acuerdo de seis de este mes y año, se recibió el testimonio de la resolución dictada en el recurso de queja Q.A. 1636/2022 y este expediente se encuentra integrado, háganse las anotaciones en el libro electrónico y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, archívese como asunto concluído, previa verificación de la correcta integración electrónica con la totalidad de las constancias que integran el expediente judicial, consideradas como tales las promociones y actuaciones judiciales. Destino del juicio de amparo Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 20, fracción IV, del mencionado acuerdo general, pues se trata de un expediente en el que se desechó la demanda, en consecuencia, procédase a su cumplimiento, una vez que haya trascurrido el plazo de tres años que se establece en dicho artículo. Finalmente, con fundamento en el artículo 34 del aludido acuerdo, háganse las anotaciones en la carátula del expediente. Devolución de documentos Hágase del conocimiento del quejoso que en caso de haber exhibido documentos que estime relevantes, deberá acudir al local que ocupa este juzgado Federal con identificación oficial vigente dentro del plazo de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, a recogerlos, en el entendido que de no hacerlo, serán destruidos junto con el expediente. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, seis de junio de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, mediante el cual remite el testimonio de la resolución dictada en el recurso de queja Q.A. 1636/20222 de su índice, acúsese recibo. Comuníquese a la quejosa que el tribunal resolvió: "[.] ÚNICO. Se DESECHA el recurso de queja. [.]" De lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Se reserva el archivo Por otro lado, se advierte que el tribunal colegiado no remitió el juicio de amparo citado al rubro, por lo que se le solicita que de no tener inconveniente alguno lo envíe a este juzgado a efecto de estar en posibilidad de ordenar el archivo del asunto, por lo que se reserva acordar lo conducente hasta en tanto se tengan los autos originales. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, cinco de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta enviado en representación de la autoridad responsable Jefe del Servicio de Administración Tributaria; atento su contenido, infórmesele que por acuerdo de treinta de noviembre de este año, causó ejecutoria la sentencia, al no haberse interpuesto por las partes recurso de revisión, por lo que en dicho auto se le requirió el cumplimiento de la misma. Por tanto, respecto a la petición que realiza en el sentido de que se dicte acuerdo en el que se declare que quedó firme la sentencia de amparo; dígasele que se esté a lo ordenado en dicho auto. Finalmente, de conformidad con lo establecido en los artículos 9 y 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se tienen como delegados de su parte a las personas que para tal efecto designa y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, once de julio de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 125, 128, 129, 130, 138, 139, 157 y 158 de la Ley de Amparo, fórmese y tramítese por duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 398/2021, promovido por xxxxx, por propio derecho, contra actos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y otras autoridades. Con fundamento en el artículo 138, fracción III de la Ley de Amparo, con copia de la demanda, se requiere a las autoridades responsables para que rindan su informe previo, el cual deberán exhibir por duplicado dentro del plazo improrrogable de cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación del presente proveído. En dicho informe, de conformidad con el artículo 140 de la Ley de Amparo, deberán concretarse a expresar si son o no ciertos los actos reclamados que se les atribuyen y podrán expresar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión. De igual manera, tendrán obligación de proporcionar los datos que tengan a su alcance que permitan al órgano establecer, en su caso, el monto de las garantías correspondientes. Asimismo, se requiere a las autoridades responsables para que acompañen a su informe previo cualquier documento que estimen necesario para que este juzgador se pronuncie sobre la suspensión definitiva; lo anterior, con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo. En caso de que las autoridades responsables sean omisas en rendir su informe previo, se presumirán ciertos los actos reclamados para el solo efecto de resolver sobre la suspensión definitiva; lo anterior, de conformidad con el artículo 142 de la Ley de Amparo. Asimismo, con excepción de las autoridades legislativas, en caso de ser omisas se les impondrá una multa de cien a mil días fijada conforme al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, en términos de lo previsto en el artículo 260, fracción I, del ordenamiento citado. Finalmente, se hace de su conocimiento que, en términos del artículo 262, fracción I de la Ley de Amparo, en caso de expresar hechos falsos o negar la verdad al rendir su informe, podrá imponérseles una pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, así como destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. Con fundamento en el artículo 138, fracción II, de la Ley de Amparo se fijan las NUEVE HORAS CON DIECISIETE MINUTOS DEL DIECIOCHO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para la celebración de la audiencia incidental, a la cual podrán comparecer las partes, así como ofrecer pruebas documentales y de inspección judicial, y excepcionalmente, en términos de lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 143 de la propia ley, la testimonial en caso de que se reclamen actos previstos en el artículo 15 del ordenamiento citado. Sin que se violen las reglas del procedimiento al fijar la fecha y hora indicadas en párrafos que anteceden, toda vez que aun cuando el incidente de suspensión se rige por el principio de celeridad, el legislador previó la posibilidad de diferir la audiencia en aquellos casos en que las autoridades señaladas como responsables tengan su residencia fuera de la jurisdicción del órgano que conoce del juicio de amparo, y no estuvieron en la posibilidad de rendir su informe previo con oportunidad, como lo es el caso concreto, aunado que de conformidad con lo establecido en los Acuerdos Generales 21/2020 y 7/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, es limitado el acceso al personal y a los visitantes el acceso a todas las instalaciones de los órganos jurisdiccionales, por lo cual, la asistencia a este órgano jurisdiccional debe realizarse observando ante todo las medidas de prevención y seguridad de todo el personal y personal que acude a presentar los escritos y oficios correspondientes a cada juicio en concreto. En este sentido, es importante destacar que los actos reclamados, según se advierte de la lectura integral de la demanda de amparo, consisten en lo siguiente: La discusión, aprobación y expedición del Decreto por el que se abroga la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, y se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, en concreto los artículos 1, 2,4 , 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34, así como el artículo transitorio Quinto. Cabe señalar que, la normatividad reclamada, según se aprecia en la demanda, se impugna en su carácter de autoaplicativa, la cual, a decir de los quejosos, incide en sus derechos, porque estima le causaron perjuicio desde el momento de su publicacion, al encontrarse sujeto a las obligaciones, prohibiciones o sanciones establecidas por dicho régimen jurídico especial, dado que se trata de un servidor público de la Federación. Precisado lo anterior, este juzgador procede a determinar si en el caso concreto se surten los requisitos contenidos en los artículos 128, 138, 147 y 148 de la Ley de Amparo para conceder la suspensión respecto de los actos reclamados por la parte quejosa. Ahora bien, debe precisarse, que el órgano jurisdiccional debe fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, lo cual significa que está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar a partir de que conceda la medida cautelar; sin embargo, la atribución depositada en el órgano de amparo para modular fundada y motivadamente las implicaciones futuras del otorgamiento de la suspensión no llega al extremo de poder ordenar la paralización de actos no reclamados en la demanda, porque si no se cuestionó su constitucionalidad, es obvio que no constituyen la materia del juicio. Precisado lo anterior, cabe señalar que este Juzgador se pronunciará respecto de la suspensión solicitada por la parte quejosa, esto es, que las responsables se abstengan de aplicar en perjuicio del quejoso los efectos y consecuencias de las normas siguientes: El Decreto publicado el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, por el que se abroga la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de noviembre de 2018, y se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, en específico los artículos 1, 2,4 , 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34, así como el artículo transitorio Quinto. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia P./J. 4/2019, con registro digital 2019200, publicada en la Gaceta de Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo I, Libro 63, Febrero de 2019, cuyo rubro dice: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA." Con ese propósito, para determinar si resulta procedente o no la suspensión solicitada, se analizarán en orden los siguientes aspectos: La certeza de los actos reclamados. Si su naturaleza permite su paralización. Si se reúnen los requisitos establecidos en el artículo 128 de la Ley de Amparo. Si resulta necesario exigir alguna garantía para que surta efectos la suspensión, porque existe tercero interesado o se trate del cobro de contribuciones. Ahora bien, respecto de los efectos y consecuencias de la medida cautelar solicitada consistente en que las responsables no apliquen las normas señaladas en párrafos que anteceden, lo procedente es verificar si se satisfacen los requisitos previstos en los artículos 128 y 131 de la Ley de Amparo, que dicen: "ARTÍCULO 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: Que la solicite el quejoso; Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; y La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado." "ARTÍCULO 131. Cuando el quejoso que solicita la suspensión aduzca un interés legítimo, el órgano jurisdiccional la concederá cuando el quejoso acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, y el interés social que justifique su otorgamiento. En ningún caso, el otorgamiento de la medida cautelar podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquéllos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda." Del precepto transcrito en primer término, se desprenden los requisitos de procedencia para el otorgamiento de la suspensión, a saber: Que la solicite el agraviado. Que con la concesión de la medida cautelar no se infringen disposiciones de orden público ni se vulnera el interés social. Que el quejoso aduzca un interés legítimo, y acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue. Por su parte, de lo señalado en el artículo 131 de la Ley de Amparo, se desprende que es necesario que si el quejoso aduce un interés legítimo, éste deberá acreditar un daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue; ahora bien, aun cuando el artículo en comento hace referencia a un interés legítimo, lo cierto es que si para este tipo de interés se habla de que el quejoso debe acreditar el daño inminente e irreparable, con mayoría de razón también deberá hacerlo cuando aduzca ser titular de un interés jurídico, como lo manifiesta la peticionaria de amparo. Esto es así, ya que si bien es cierto que el artículo 128 de la Ley de Amparo no prevé de manera expresa el requisito mencionado en el artículo 131 de la citada ley, también lo es que resultaría imposible interpretar cada precepto considerándolo fuera del contexto normativo del que forma parte, ya que de ser así, cualquier intento de interpretación resultaría infructuoso para determinar el sentido y alcance de las normas, aunado al hecho de que un principio de hermenéutica obliga a interpretar los preceptos jurídicos en función a los demás que integran el ordenamiento al que pertenecen. Por lo que de la interpretación sistemática de los artículos en comento, se colige, que se concederá dicha medida cautelar, cuando se acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, y el interés social que justifique su otorgamiento; lo que impone a la parte quejosa la obligación de acreditar en el juicio de amparo que es titular del derecho que dice le es afectado. Ahora bien, el artículo 131 de la Ley de Amparo, supone la demostración de su interés en forma presuntiva en la suspensión provisional al solicitar ésta y, fehaciente en la definitiva; dicho interés es un requisito de procedencia de la medida cautelar, y su examen implica generalmente el de la apariencia del buen derecho, que puede traducirse en el examen del interés o de la titularidad de los quejosos para promover la suspensión de los actos reclamados. En ese tenor, los requisitos previstos en el artículo 128, se ven colmados; puesto que el primero de ellos se cumplió plenamente, pues en el escrito de demanda, se solicitó la medida suspensiva, en cuanto al segundo, se toma en consideración que con la concesión de la medida cautelar no se infringen disposiciones de orden público ni se vulnera el interés social. Acreditación de requisitos de procedencia de la medida cautelar. El siguiente paso para analizar la procedencia de la suspensión de los actos reclamados es verificar que los quejosos cuentan con interés suspensional, así como llevar a cabo un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, la no generación de un perjuicio interés social y la no contravención a disposiciones de orden público, lo que encuentra sustento en los numerales 107, fracción X, de la Constitución Federal y 138 de la Ley de Amparo. Para tal efecto, en principio es necesario determinar si el interés con el que acude la parte quejosa a solicitar la suspensión corresponde a la verosimilitud de la titularidad del derecho afectado por la emisión del acto de autoridad o su ejecución, esto es, si cuenta con lo que se ha denominado "interés suspensional", esto es, el vínculo entre quien solicita la medida cautelar por la posibilidad de afectación a su esfera jurídica, con una determinada relación sustancial, en la inteligencia de que ese interés es distinto de la mera solicitud a que alude la fracción I del artículo 128 de la Ley de Amparo. Una vez acreditado el interés suspensional, debe sopesarse el análisis de la apariencia del buen derecho, lo cual implica, de acuerdo con lo sostenido por el Alto Tribunal, llevar a cabo un examen superficial sobre el asunto y advertir una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso. Sobre el particular, debe decirse que el análisis en cuestión se traduce en la facultad del juzgador de realizar un cálculo de mera probabilidad con base en las manifestaciones de la parte quejosa, las cuales deben ser suficientes para considerar la verosimilitud del derecho y determinar si se concede o no la suspensión. Por ende, a partir del referido estudio será posible advertir si en relación con el fondo del asunto asiste un derecho al quejoso que hace posible anticipar, con un alto grado de acierto, que obtendrá la protección federal que busca. Cabe señalar que el análisis correspondiente no puede llegar al extremo de exigir al juzgador que estudie las circunstancias de la solicitante desde todos los puntos de vista posibles, dado que ello no equivaldría a establecer una mera hipótesis o apariencia del derecho en cuestión, sino emprender un estudio exhaustivo, el cual es propio de la sentencia de fondo. En ese sentido, el estudio de la apariencia del buen derecho se reduce únicamente a un asomo provisional de los elementos que integran el asunto, de modo que el resultado de la suspensión de ningún modo prejuzga o vincula sobre la certeza del derecho cuestionado, ya que tal situación sólo puede determinarse en la sentencia de amparo, con base en un procedimiento más amplio y con mayor información. Establecidos los alcances de la apariencia del buen derecho, en párrafos precedentes se señaló que la demostración de dicha hipótesis no asegura, por sí misma, el otorgamiento de la suspensión de los actos reclamados, ya que es necesario contrastar ese resultado con la posible afectación al interés social y la contravención a disposiciones de orden público, de conformidad con la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2ª./J. 204/2009 (9ª) (registro 165659), de rubro: "SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO." Una primera postura de los tribunales federales ha sido dotar de contenido a esos conceptos a través de su interpretación literal, señalando que "interés" implica nociones como bien, beneficio, utilidad o importancia; "interés social" supone un beneficio o utilidad para la comunidad o la sociedad; "orden" implica la idea de un mandato que debe ser obedecido; y, "público", como un deber de los gobernados de no alterar la organización del cuerpo social. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada II.1o.A.23 K (9ª) (registro 178594), de rubro: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. ALCANCE Y VALORACIÓN DE LOS CONCEPTOS ´INTERÉS SOCIAL´ Y ´ORDEN PÚBLICO´, PARA EFECTOS DE SU CONCESIÓN.". No obstante, el criterio mayoritario se ha perfilado en el sentido de que el "interés social" y el "orden público" son conceptos jurídicos indeterminados que son imposibles de delimitar, dado que el dinamismo de la sociedad y la multiplicidad de las relaciones con la autoridad hacen necesario ajustar tales conceptos a la realidad imperante en una época determinada, lo cual resultaría difícil si a través de una fórmula legal y rígida se pretende definir, para todos los casos, cuándo se afectan los intereses colectivos de la sociedad. Por ello, para entender tales conceptos es necesario referir que el común denominador de los criterios aislados y jurisprudenciales sobre el tema ha consistido en establecer que la suspensión del acto reclamado afecta al interés social y a disposiciones de orden público cuando la paralización de aquél priva a la colectividad de un beneficio que le concede las leyes o le infiere un daño que de otra manera no resentiría. Es decir, el significado de interés social y de orden público siempre ha estado asociado a las preocupaciones fundamentales y trascendentes para la colectividad, de modo que el interés particular del quejoso no puede sobreponerse a los temas respecto de los cuales la sociedad guarda una especial preocupación. Bajo esa tesitura, el interés social y el orden público se inscriben como dos conceptos indeterminados cuyo contenido sólo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración, para lo cual deben ser observados bajo el tamiz de las condiciones que resultan esenciales para el desarrollo armónico de la comunidad, el correcto funcionamiento del Estado y las reglas mínimas de convivencia social. Por ello, si bien la estimación del orden público corresponde determinarla a otros órganos políticos del Estado, lo cierto es que no es ajeno a la función de los jueces de amparo apreciar su existencia en los casos concretos que se les someten a consideración, verificando que la suspensión no prive a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o infiera un daño que de otra manera no resentiría. Al respecto, es preciso indicar que la valoración de estos aspectos no depende de las apreciaciones subjetivas del juzgador, sino que su análisis debe descansar en elementos objetivos que representen las preocupaciones fundamentales de una sociedad, exponiendo los motivos por los que se considere que un caso concreto ocasiona o no perjuicio al interés social, o bien, contravenga o no disposiciones de orden público. Asimismo, siguiendo los criterios jurisprudenciales, para considerar que la suspensión del acto resulta perjudicial para dichas instituciones, no basta que el acto reclamado se fundamente en leyes de interés social, o bien, se presente desde el punto de vista formal como una representación del orden público. Por el contrario, es menester atender a un criterio material conforme al cual la suspensión causaría tales perjuicios, no por el apoyo formal en que se funda, sino por las características materiales del acto mismo. Sirven de apoyo los siguientes criterios: Jurisprudencia 2a./J. 81/2002 (registro 186415), de rubro: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. AL RESOLVER SOBRE ELLA, EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE EXPONER, EN SU CASO, LOS MOTIVOS POR LOS QUE CONSIDERE SE OCASIONA O NO PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL Y SI SE CONTRAVIENEN O NO DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO."; Tesis aislada s/n (8ª) (registro 227491), de rubro: "SUSPENSION, NOCIONES DE ORDEN PUBLICO Y DE INTERES SOCIAL PARA LOS EFECTOS DE LA."; Tesis aislada s/n (registro 254979), de rubro: "SUSPENSION. INTERES SOCIAL O INTERES PÚBLICO. SU DEMOSTRACION."; Tesis aislada s/n (registro 228764), de rubro: "ORDEN PÚBLICO. ALCANCE DEL CONCEPTO PARA EFECTOS DE LA SUSPENSION." Así las cosas, es dable concluir que el interés social y el orden público no constituyen nociones que puedan ser delimitadas para todos los casos. Por ende, para determinar si se afectan tales instituciones debe partirse de la premisa de que constituyen la máxima expresión del interés de la sociedad para que las personas y autoridades ejerzan razonablemente sus derechos y atribuciones dentro del Estado. Esto es, para mantener la tranquilidad, el bienestar colectivo y la armonía social en cuanto al legítimo ejercicio de los derechos, libertades y poderes dentro del Estado de Derecho, ya que sólo así pueden coexistir de manera pacífica el poder de la autoridad y la libertad de los individuos. En ese sentido, la eventual concesión de la medida cautelar debe asegurar el respeto del orden público y representar un ejercicio razonable del derecho, evitando un menoscabo grave al quejoso, pero ponderando los derechos de otras personas que, de no ser por la limitación, resultarían deteriorados o disminuidos. A través de este ejercicio, puede subsistir un equilibrio entre el legítimo y armónico ejercicio de los derechos, deberes, libertades y poderes del Estado en relación con la libertad de las personas. Resulta orientadora la tesis aislada I.4o.A.11 K (10a.) (registro 2002421), de rubro: "SUSPENSIÓN. NOCIÓN DE ORDEN PÚBLICO Y SU FINALIDAD." Una vez expuesto lo anterior, procede analizar si los actos cuya suspensión solicitó la parte quejosa, una vez acreditada su existencia, que su naturaleza permite su suspensión, así como que no encuadran dentro de los supuestos de prohibición a que se refiere el artículo 128 de la Ley de Amparo, reúnen los requisitos de acreditar el interés suspensional, superar el examen de la apariencia del buen derecho, así como que con la concesión de la medida cautelar no se cause un perjuicio al interés social, ni se violen disposiciones de orden público, conforme a los siguientes argumentos: En cuanto a la acreditación del interés suspensional de la parte quejosa, demostró presuntivamente tener el carácter de Secretarios, Actuarios y Coordinador Técnico Administrativo del Poder Judicial de la Federación, respectivamente, al momento de la vigencia de la ley reclamada, ya que en la demanda, presentada adjunta diversas documentales y recibos electrónicos con sello digital expedidos por el Poder Judicial de la Federación, expedidos a su favor. Documentos que se valoran al tenor de los artículos 127, 129, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, que de manera adminiculada, se consideran suficientes para acreditar el interés suspensional que asiste a la accionante de la medida suspensiva que ahora nos ocupa. En esa tesitura, se considera que los promoventes de amparo pertenecen a los destinatarios de la norma siguiente: El Decreto publicado el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, por el que se abroga la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, y se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, en específico los artículos 1, 2,4 , 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34, así como el artículo transitorio Quinto. Dado que prestan sus servicios como Secretarios, Actuarios y Coordinador Técnico Administrativo del Poder Judicial de la Federación, respectivamente, por lo que, resulta evidente que con dicho cargo son sujetos regulados por la norma reclamada. Ahora bien, a partir de tales premisas, este órgano jurisdiccional considera que se tiene que la naturaleza del acto reclamado permite ser objeto de suspensión, en razón de que los efectos y consecuencias de éste son de carácter positivo y constituyen actos de realización continuada, por ende, son susceptibles de paralizarse conforme al artículo 107, fracción X, constitucional, ya que prescribe las características que deben revestir las remuneraciones de ciertos sujetos, bajo la premisa que establece el Decreto por el que se abroga la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho y se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno. De ahí que se tenga por existentes los actos reclamados y se defina su naturaleza como actos positivos futuros pero de realización inminente, así pues, se satisface el requisito contenido en la fracción I del numeral 128 de la Ley de Amparo (que lo solicite el quejoso), con la presentación de la demanda y la petición de suspensión, aduciendo la afectación que le causan las normas ahí reclamadas, ya que su finalidad es ajustar las remuneraciones de los servidores públicos, a fin de cumplir con lo dispuesto en la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y las disposiciones legales aplicables, de la cual emanan, bajo la suspensión de las prestaciones indicadas en las normas reclamadas. Por otra parte, cabe mencionar que de igual manera, se estima satisfecho el requisito contenido en la fracción II del citado numeral, ya que no se causa afectación al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público. Al caso debe entenderse por interés social y orden público la referencia a las condiciones que aseguran el funcionamiento armónico y normal de las instituciones sobre un sistema coherente de valores y principios, estos últimos se traducen en el balance entre los derechos humanos y las libertades individuales, con los de la comunidad. Al respecto, debe recordarse que la Ley de Amparo en su artículo 128, fracción II, señala como requisitos de procedencia -regla general- que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. En el diverso artículo 129 de la aludida ley reglamentaria, como regla específica, se señala una serie de supuestos en los que, invariablemente, se causará afectación al interés social o se contravendrán disposiciones de orden público, frente a los cuales quien resuelve no debe conceder dicha medida cautelar. Por consiguiente, en los demás casos distintos a los contenidos en dicha norma, el suscrito tendrá la facultad de calificar si con la suspensión de los actos reclamados no se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público. Además de ello, como ya se mencionó, conforme al artículo 138 de la Ley de Amparo, el juzgador de amparo deberá realizar un ejercicio de ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social. En consecuencia, se debe analizar si el acto reclamado, por sí solo, actualiza alguna hipótesis del artículo 129 citado. Si la respuesta es positiva, no cabe realizar la ponderación establecida en la fracción X del artículo 107 constitucional, pues deberá negarse la suspensión del acto reclamado; pero si la respuesta es negativa, entonces el juzgador está obligado a realizar la ponderación de referencia, para determinar si la ejecución del acto puede causar un perjuicio de difícil reparación al quejoso; o si por el contrario, con la suspensión de éste se seguirá un perjuicio al interés social que debe prevalecer sobre el aparente derecho de la parte quejosa que pretende paralizar la ejecución del acto reclamado. En ese sentido, cabe abundar en que, corresponde al juez examinar la presencia de tales factores en cada caso, atendiendo desde luego, al contenido de los actos que se reclaman; ello teniendo presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretenden evitar con esta institución. Entonces, se insiste, no se tendrá colmado el requisito previsto en la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo, cuando en caso de concederse la suspensión de los actos o las leyes reclamadas, implique que dejen de producirse actos o hechos tendentes a satisfacer necesidades colectivas, que reporten un beneficio a la sociedad, o bien, que eviten un trastorno o perjuicio público, esto es, que no procederá otorgar la referida medida precautoria cuando se siga perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público. Respecto a este tema, debe destacarse que el artículo 129, fracción III, de la Ley de Amparo dispone, en lo conducente: "ARTÍCULO 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión: (.) III. Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos; (.)" De lo transcrito se advierte que se sigue perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, entre otros, cuando de concederse la medida suspensional se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos. En torno a ello, el último párrafo del aludido numeral establece que excepcionalmente podrá concederse la suspensión, a pesar de que se trate de los casos previstos en la propia norma, si a juicio del juzgador con la negativa pueda causarse mayor afectación al interés social. Entonces, al ponderar la afectación que la parte quejosa pretende evitar y el bien tutelado de la sociedad, se obtiene que de negarse la medida cautelar se ocasionarla un daño mayor que con el otorgamiento de ésta. Aunado a lo anterior, cabe destacar que la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene por objeto, entre otros, resolver toda controversia que se suscite con motivo de normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la propia Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Esto es, la finalidad de dicha ley reglamentaria de la Constitución, es proteger los derechos humanos consagrados en ésta y en los pactos internacionales en los que México sea parte, de las transgresiones de que fueren objeto con motivo de normas generales, actos y omisiones de las autoridades. En ese sentido, se recuerda que la referida fracción III del artículo 129 de la Ley de Amparo, establece que se sigue perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, entre otros, cuando de concederse la medida suspensional se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos. En el caso, cabe precisar que el Decreto por el que se abroga la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho y se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.", publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno; establecen modificaciones a las percepciones de la parte quejosa en su calidad de servidor público. Ahora bien, es obligación de este órgano jurisdiccional realizar una interpretación conforme, como lo mandata el segundo párrafo del artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: "ARTÍCULO 1°. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favorablemente en todo tiempo a las personas la protección más amplia." En razón de lo anterior, al realizar la interpretación de la fracción III del artículo 129 de la Ley de Amparo, conforme al artículo 1° la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (ejercicio que a su vez exige optar por el sentido del que derive un resultado más acorde al texto constitucional, a fin de garantizar la debida supremacía y, simultáneamente permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico), se debe realizar una interpretación conforme, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, por lo que se considera que la interpretación conforme del artículo 129, fracción III, respecto al artículo 1° constitucional, implica un espectro de protección más amplio para el solicitante del amparo, en los términos referidos precedentemente. Con lo que se tienen por satisfechos los requisitos contenidos en el artículo 128 de la Ley de Amparo. Por otro lado, conviene precisar que la apariencia del buen derecho, en términos de los artículos 107, fracción X, constitucional y 138 de la Ley de Amparo, constituye un mandato de optimización de un fin perseguido constitucionalmente, que encomienda al juzgador adoptar la decisión más óptima, a la luz de las circunstancias de cada caso concreto, para maximizar el fin de dar eficacia a la suspensión sin lastimar el interés social, sin que la norma constitucional otorgue libertad en sentido amplio o permiso en el sentido negativo para la toma de la decisión sobre suspender un acto, sino que responsabiliza al juzgador de seleccionar el medio más efectivo para la consecución del fin constitucional perseguido, en función de las particularidades de cada asunto. En el caso, la aplicación del Decreto por el que se abroga la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho y se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno; puede tener consecuencias jurídicas de difícil reparación en la esfera de la parte quejosa tanto a nivel personal, como en su carácter de funcionarios públicos. Al respecto, es de reiterarse, que las quejosas son personas con una relación laboral para con el Estado Mexicano, dado que son servidores públicos pertenecientes al Poder Judicial de la Federación. Luego, vista la afectación subjetiva de manera aislada, es decir, un particular que desempeña un cargo revestido de protección constitucional, cuya función se desenvuelve en un principio de división de poderes, pudiera pensarse que es necesario que materialmente resienta un perjuicio económico. En razón de que el principio de anualidad, desde este momento y desde una perspectiva económica, pudiera considerarse que no produce efectos objeto de la paralización de las normas, pues el sueldo del presidente del país se autoriza en el presupuesto anual; entonces, es factible que tal afectación recaiga en el inicio del siguiente ejercicio fiscal. En cuyo caso, estará conminando a realizar un reporte a su superior jerárquico si su remuneración supera a la del titular del ejecutivo. Sin embargo, como se dijo, la parte quejosa es servidor público perteneciente al Poder Judicial de la Federación, por lo que la normatividad reclamada, por su contenido y fin, le irradian una afectación, dado que su posición no se limita a su proyecto de vida y conservación de status quo, sino de protección inmediata de sus funciones dentro del órgano desconcentrado a la cual se encuentra adscrito. De manera ilustrativa se acude a las tesis emitidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las que determinó que la existencia de una norma que penalice de inicio la búsqueda de información puede constituir un efecto amedrentador (tener un chilling effect), hacia los periodistas; cuyo efecto previsible (con las consabidas diferencias entre la actividad periodística y la jurisdiccional), es factible que se actualice en el caso, con relación a las sanciones punitivas descritas en el decreto reclamado. El criterio invocado se encuentra contenido en las tesis aislada 1a. XXXIII/2016 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 27, Febrero de 2016, Tomo I, de la décima época, materia común, visible a página 680, de texto y rubro siguiente: "LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. LOS PERIODISTAS CUENTAN CON INTERÉS LEGÍTIMO PARA IMPUGNAR EN AMPARO, SIN ACTO DE APLICACIÓN PREVIO, EL ARTÍCULO 398 BIS, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE CHIAPAS, POR SU POTENCIAL DE AFECTACIÓN EN LAS CONDICIONES DE ACCESO A LA DELIBERACIÓN PÚBLICA.". Entonces, a través de la suspensión del acto que se reclama, se evita el peligro en la demora, considerando esto como la posible frustración de los derechos de los pretendientes de la medida, que puede darse como consecuencia de la tardanza en el dictado de la resolución de fondo; pues mientras ello no suceda, la estabilidad y funcionamiento del Poder Judicial de la Federación puede resultar menoscabada. Luego, si los peticionarios de amparo acreditan con las documentales exhibidas, que son servidores públicos que tienen el carácter de Secretarios, Actuarios y Coordinador Técnico Administrativo del Poder Judicial de la Federación, respectivamente, por lo que a nivel subjetivo cuenta con la protección constitucional a la independencia administrativa, así las cosas, en apariencia del buen derecho que les asiste, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148 de la Ley de Amparo, se concede a las partes quejosas la suspensión provisional solicitada, para los efectos siguientes: Para que no se le aplique en su perjuicio el Decreto por el que se abroga la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, y se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno; en relación con los artículos tildados de inconstitucionales, ni alguna disposición diversa que tenga concordancia y suponga la operatividad de las reclamadas; esto es, que las autoridades responsables se abstengan de eliminar, menoscabar, reducir o alterar en perjuicio del accionante las remuneraciones que percibía hasta antes de la entrada en vigor de la norma reclamada en la demanda de amparo. Lo anterior, hasta que se resuelva suspensión definitiva en este asunto. En la inteligencia de que dicha medida surte sus efectos de inmediato y se otorga sin garantía, dada la naturaleza de los actos reclamados y al no advertirse la existencia de terceros interesados. Además, conviene precisar que todas las autoridades responsables se encuentran vinculadas al cumplimiento de la medida suspensiva otorgada, las que deberán pasar por ésta en forma puntual en la totalidad de los actos subsecuentes que emitan. Una vez analizados los requisitos para conceder o negar la suspensión provisional de los actos reclamados por las quejosas, y atendiendo a lo expuesto en líneas anteriores, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL, respecto de la aplicación del Decreto por el que se abroga la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, y se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno. Cabe destacar que la medida cautelar surtirá sus efectos desde luego y siempre que las disposiciones legales reclamadas no se hayan aplicado en perjuicio de la parte quejosa de manera irreparable, dado que la naturaleza de la medida suspensional impide que sus efectos sean restitutorios e incluso que puedan retrotraerse a actos anteriores a la fecha de presentación de la demanda de amparo, máxime que ello, en todo caso, será materia de la sentencia que se dicte en el cuaderno principal, respecto de la restitución de derecho que pueden verse afectados con la aplicación de la ley reclamada. Sirve de sustento a lo anterior, Tesis: XIII.P.A.3 K (10a.), sustentada por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con número de registro 2016125, de rubro: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. PROCEDE CONCEDERLA CON EFECTOS RESTITUTORIOS, SIEMPRE QUE EL ACTO RECLAMADO NO SE HUBIERA CONSUMADO IRREPARABLEMENTE, PREVIA PONDERACIÓN DE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y EL INTERÉS SOCIAL." Notifíquese, en términos de lo dispuesto en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México · 11,142 expedientes
- Irene Beltrán Rodríguez217/2021
- Irene Campos Navarro8407/2015
- Irene Mora Hernandez166/2018
- Irene Sánchez Vidal2023/2019
- Irene Trevizo Trevizo2854/2022
- Irene Zarate Lagunes148/2020
- Irina Trasviña Mar1962/2017
- Irinea Zoraida Pérez González2179/2023
- Iris Anabel González García1455/2023
- Iris Luna Brito2587/2019
- Iris Vianey Ruíz García2077/2023
- Iris Xochio Bravo Garcia2701/2022