Irianda Guido Domínguez

Expediente 1058/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1058/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
29/11/2019

Partes del expediente

  • Irianda Guido Domínguez

Actuaciones

  1. Principal

    Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado electrónicamente por la Secretaria del Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Córdoba, mediante el cual informa que acepta la competencia planteada por este órgano jurisdiccional, respecto a la demanda de amparo promovida por Irianda Guido Domínguez, por propio derecho y en representación de su menor hija. En tales condiciones, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), archívese el presente cuaderno de antecedentes como asunto total y definitivamente concluido. Atento a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, se estima que este expediente (auxiliar) encuadra en la hipótesis contenida en la fracción I del numeral citado; por lo que el mismo es susceptible de destruirse una vez que transcurra el plazo de seis meses a partir de su archivo. Pues, conforme a lo señalado en el capítulo tercero, punto décimo primero, párrafo segundo, del mencionado acuerdo general, se considera que no es de relevancia documental, circunstancia que deberá hacerse constar en la carátula de este expediente (auxiliar).

  2. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    AVISOS Con fundamento en lo establecido por los artículos 27, fracción I, inciso c) y el diverso 29, ambos de la Ley de Amparo Vigente, se notifica por lista de acuerdo a la parte quejosa el proveído siguiente: Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintidós de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por Irianda Guido Domínguez, por propio derecho y en representación de una menor de identidad reservada, contra actos reclamados a la Sexta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad y otra autoridad. FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE en el Libro de Gobierno correspondiente bajo el número 1058/2019. DETERMINACIÓN SOBRE LA DEMANDA DE AMPARO En términos de lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Amparo, este juzgado de distrito se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda de que se trata, estimando que debe remitirse al Juez de Distrito en el Estado de Veracruz en turno, con residencia en Coatzacoalcos, pues el acto reclamado debe tener ejecución material en la ciudad de Coatzacoalcos, lugar en donde no ejerce jurisdicción este tribunal federal, como se expondrá a continuación: En efecto, el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto transcrito, se desprende que el proceso legal, establece tres hipótesis para que se surta la competencia en favor de los Juzgados de Distrito: 1. Se refiere a la competencia que tiene el Juez de Distrito, en cuya jurisdicción deba ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2. Establece que si el acto puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda; y, 3. Contempla que es competente el Juez de Distrito, en donde se haya presentado la demanda, cuando el acto reclamado no requiera ejecución material. Dicho precepto alude a la ejecución material como criterio único para asignar competencia por territorio a los jueces de distrito que conozcan de juicios de amparo. La citada expresión debe entenderse en el sentido de que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material, ya sea por sí mismo o que sus efectos conlleven a esa situación, es decir, la ejecución no atiende sólo al contenido del acto reclamado, en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico o real. A fin de determinar los efectos jurídicos que provoca el acto reclamado por la quejosa, se debe precisar su naturaleza jurídica. En tales condiciones, del análisis integral de la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que la promovente de amparo, en esta vía constitucional, señala como acto reclamado: La resolución de veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, dictada en el toca de apelación 2228/2019, del índice de la Sala responsable, a través de la cual se ordena reponer el procedimiento en el juicio ordinario civil 1076/2018, del registro del Juzgado Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Córdoba, Veracruz. Sentado lo anterior, al verificar la naturaleza del acto combatido en esta vía, se desprende que se trata de una resolución que conlleva una ejecución material, en virtud de que la Sala señalada como responsable ordenó la reposición del procedimiento para el efecto de que el Juzgado Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Córdoba, Veracruz, celebre la junta especial prevista en el artículo 157 del Código Civil para el Estado de Veracruz, recabe una prueba de informes y realice un estudio psicológico a la menor involucrada, por lo que, en la ciudad donde tiene residencia el Juzgado de Primera Instancia tendrá repercusión el acto que se viene combatiendo; de ahí, que la ejecución de la sentencia, dada su sentido y alcances, no puede ubicarse en el supuesto contenido en el último párrafo del arábigo 37 de la ley de la materia, pues conlleva una ejecución material. De tal suerte que, se estima que cobra aplicación la regla estatuida en el primer párrafo del referido precepto 37, en cuanto indica que será competente para conocer del juicio de amparo, el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba ejecutarse el acto reclamado, dado que la emisión del acto combatido implica una determinación de la Sexta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, para que el Juzgado del proceso proceda en determinado sentido, esto es, no se limita a una mera declaración. Conforme a lo anterior, resulta evidente que el Juez de Distrito competente para conocer de la demanda es aquél en cuya jurisdicción el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Se invoca por identidad jurídica la jurisprudencia 2a./J. 37/2005, pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual informa lo siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE ORDENA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUZGADO DE PRIMER GRADO QUE DEBA REPARAR LA VIOLACIÓN PROCESAL. Las resoluciones de segunda instancia que ordenan la reposición del procedimiento tienen ejecución material a cargo del órgano jurisdiccional de primer grado; por tanto, los juicios de amparo en contra de dichas resoluciones, deben ser del conocimiento del Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde deben realizarse los actos procesales encaminados a cumplir la orden de reposición del procedimiento respectivo, con independencia del lugar donde resida el tribunal de segunda instancia, lo que se ajusta a las reglas competenciales previstas por el artículo 36 de la Ley de Amparo." Igualmente, sustenta lo anterior la jurisprudencia PC.VII.C. J/2 K (10a.), emitida por el Pleno en Materia Civil del Séptimo Circuito, de contenido siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO. AL TENER EJECUCIÓN MATERIAL, CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUZGADO DE PRIMER GRADO QUE DEBA REPARAR LA VIOLACIÓN PROCESAL. La resolución de segunda instancia que ordena reponer el procedimiento tiene ejecución material a cargo del órgano jurisdiccional de primer grado; por tanto, el juicio de amparo contra dicha resolución debe ser del conocimiento del Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde deben realizarse los actos procesales encaminados a cumplir la orden aludida, con independencia de donde resida el tribunal de segunda instancia, lo que se ajusta a las reglas competenciales previstas por el artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo, y es acorde al nuevo marco constitucional de los diversos principios al debido proceso, de acceso efectivo a la justicia y de seguridad jurídica." (Lo resaltado es propio). Por tanto, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo y el acuerdo general 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, remítase el presente juicio de amparo a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en Córdoba, Veracruz, para que por su conducto lo turne al Juez de Distrito en el Estado de Veracruz, en turno, con sede en Córdoba. Solicitándole atentamente el acuse de recibo correspondiente. En mérito de lo anterior, fórmese cuaderno de antecedentes con copia de las constancias necesarias y autógrafas de este proveído. Sin que haya lugar a proveer sobre la suspensión de los actos reclamados, dado que no encuadran en ninguna de las hipótesis que al efecto prevé el segundo párrafo del artículo 48 de la Ley de Amparo. La anterior determinación, la adopta el suscrito juzgador, a fin de evitar un retraso en la impartición de justicia, pues de lo contrario se podría causar un entorpecimiento en el derecho de acceso a la justicia de las partes, y por ende, es que se consideró declinar la competencia en los términos antes expuestos. COMO DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA para oír y recibir todo tipo de notificaciones, se tiene el que señala en el escrito que se provee y por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Nayeri Aparicio Colina, quienes acorde a los lineamientos trazados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, que establece el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, cuenta con el registro número 152476, y por autorizado con la restricción que impone el citado precepto, a Rosendo Barrios León, toda vez que dentro de la base de datos del referido sistema, no aparece el registro correspondiente, ni tampoco la parte quejosa acreditó que éste cuente con dicho documento. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado y, ello dar pauta a que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente sumario, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte promovente, por si o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso de scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro medio electrónico similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito juez federal, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Actuario del juzgado, así como la persona que recepcione la información debidamente identificada, para que se precise de que documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a disponibilidad del expediente y que este en trámite en este juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. DEPURACIÓN. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales en términos del capítulo primero, punto segundo, fracción dieciocho del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se requiere a la parte oferente del mismo para que se presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin el presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del Capítulo Quinto, último párrafo del punto Vigésimo del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al Secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos; sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que hay sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaria o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Samuel René Cruz Torres, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de Pablo Alberto Ochoa Blanco, secretario que autoriza y da fe.

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