Iriaidis Valverde Alfonso

Expediente 32/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 11 actuaciones registradas, la última del 29 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
32/2023
Año
2023
Actuaciones
11
Última actuación
29/05/2023

Partes del expediente

  • Iriaidis Valverde Alfonso
  • Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que señala el artículo 81, fracción I, inciso d), la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión contra el auto que sobreseyó en el presente juicio de amparo fuera de audiencia, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en el artículo 86, de la Ley de la Amparo, interpretado a contrario sensu, se declara que dicho auto queda firme para los efectos legales conducentes. Luego, el presente expediente es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, aplicado por analogía, pues en el presente asunto se concedió la suspensión de plano. Una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los siguientes noventa días, este órgano jurisdiccional deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y en el caso de los incidentes de suspensión, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular de este juzgado, la justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años a que alude el numeral 9º del Acuerdo General en cita, el expediente deberá transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Este resolutor califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado; y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Conforme a lo ordenado en el numeral treinta y cinco, primer párrafo, del acuerdo aludido, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, como también que es depurable. En la inteligencia de que el presente asunto no obran documentos originales que hubieran exhibido alguna de las partes. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veintiocho de marzo de dos mil veintitrés. Visto el oficio de cuenta, agréguese a sus autos únicamente para que obre como legalmente corresponda, a través del cual la autoridad de migración responsable remite el oficio de salida del País del ahora quejoso, sin que sea el caso de proveer al respecto, toda vez que mediante proveído de diez de marzo de dos mil veintitrés, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Cúmplase. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Abraham Smeke García, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, diez de marzo de dos mil veintitrés. Visto el oficio de cuenta, agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda. Así, se tiene a la Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Chihuahua, con sede en esta ciudad, dando contestación al requerimiento formulado mediante acuerdo de dos de febrero del año en curso, y al efecto informa que la directa quejosa Iriaidis Valverde Alfonso no se encuentra a disposición de dicha autoridad migratoria responsable; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, desprendiéndose de la razón actuarial que antecede, en la cual, el Fedatario Judicial de la adscripción informó que al constituirse en las Instalaciones de la Estancia Provisional de Ciudad Juárez del Instituto Nacional de Migración y entrevistarse con el licenciado Guillermo Reynoso, Agente Federal de Migración, le informó, que el once de enero de dos mil veintitrés, la directa quejosa Iriaidis Valverde Alfonso salió en libertad. En la especie, importa recordar que la parte inconforme reclamó, a través de la presente vía, la privación de la libertad, incomunicación, retención o alojamiento en la Estancia Provisional, su traslado e inminente deportación. Sin embargo, informa el Fedatario Judicial de la adscripción que la quejosa fue puesta en libertad el once de enero del presente año. Por otra parte, la directa quejosa Iriaidis Valverde Alfonso no cumplió con la condición de presentarse a firmar en dicha dependencia, los días quince y treinta de cada mes, en tal razón se le hace efectivo el apercibimiento inserto en proveído de siete de enero de dos mil veintitrés. Por tanto, se concluye que los actos materia de reclamo en la demanda de amparo que dio origen al juicio de amparo en que esto se emite, han cesado en sus efectos. En esa asociación de ideas, es inconcuso que para el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado"; Cabe puntualizar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que han cesado los efectos del acto reclamado cuando todas sus consecuencias han desaparecido o se han destruido de forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, es decir, que el acto que hubiere invadido la esfera jurídica del particular no deje huella alguna. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del tomo VII, Febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO, CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, del tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En ese contexto, atento a lo manifestado por la autoridad en el sentido de que la quejosa salió en libertad el once de enero del presente año. En consecuencia, resulta evidente que han cesado los efectos del acto reclamado consistentes en la privación de la libertad, incomunicación, alojamiento en la Estancia Provisional, su traslado y deportación, por lo cual se actualiza la causa que hace improcedente el juicio de amparo prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo. En esa tesitura, al quedar evidente, conforme a lo antes dicho, la existencia manifiesta e indudable de la causa que hace improcedente el presente juicio de amparo, contenida en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de amparo, lo procedente es, con fundamento en la fracción V, del artículo 63 de la ley de la materia, sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, sin necesidad de esperar la celebración de la audiencia constitucional, ya que considerar lo contrario, sería tanto como retardar la impartición de justicia, en detrimento de la garantía contenida en el artículo 17 de la Constitución General de la República. Es sustento a lo dicho, la jurisprudencia por contradicción número 2ª/J. 10/2003, que sustentó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se encuentra en la página 386, del Tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que de Novena Época, es del texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Como consecuencia de lo antes determinado, se deja sin efectos la audiencia constitucional que debería de tener verificativo a las diez horas con die minutos del veintiocho de marzo de dos mil veintitrés; por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Abraham Smeke García, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, seis de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos y advirtiéndose que la autoridad migratoria responsable de la Estancia Provisional de Juárez del Instituto Nacional de Migración, con domicilio en esta ciudad, ha sido omisa en rendir el informe en relación a la suspensión decretada en autos y su informe justificado; además, después de múltiples requerimientos para que remitiera a este órgano jurisdiccional copia certificada del procedimiento administrativo instaurado contra la quejosa ********************, sin que lo hubiera hecho, a pesar de estar debidamente notificada para ello, como se advierte de las constancias de notificación respectivas. Por tanto, con fundamento en lo previsto en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se comisiona al actuario de la adscripción para que se constituya a las instalaciones que ocupa la Estancia Provisional de Juárez del Instituto Nacional de Migración y localice al directo quejoso y si aún se encuentra en dichas instalaciones verifique la situación migratoria que está; lo anterior, para que este Juzgado de Distrito este en aptitud de resolver lo que en derecho corresponda. Notifíquese y personalmente a la quejosa ********************, en las instalaciones que ocupa la Estancia Provisional de Juárez del Instituto Nacional de Migración. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Abraham Smeke García, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

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