Ireti Ticatame Mondragon Castillo

Expediente 409/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 18 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
409/2019
Año
2019
Actuaciones
18
Última actuación
17/03/2021

Partes del expediente

  • Ireti Ticatame Mondragon Castillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, diecisiete de marzo de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio de cuenta, a través del cual el Administrador Desconcentrado de Recaudación de Michoacán "1", con sede en esta ciudad, devuelve el oficio descrito en la cuenta secretarial, lo que se ordena glosar a los autos para que obre únicamente como constancia, toda vez que en el presente juicio se dejó sin efectos la multa que hace referencia, tal como se desprende de la constancia secretarial, incluso se ordenó su archivo mediante proveído de ocho de octubre de dos mil diecinueve. Finalmente, se ordena devolver el expediente en que se actúa al archivo de este juzgado, de donde fue extraído. Notifíquese.

  2. Principal

    Como del estado procesal que guardan los autos y de la certificación de cuenta se advierte que ha fenecido el término de quince días que establece el artículo 202, en relación con el 201, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran con el proveído de tres de septiembre último, en el que se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, sin que en ese lapso se hayan inconformado; en consecuencia, se declara que dicho auto ha CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; se hace la observación de que el juicio en que se actúa es susceptible de DEPURACIÓN, en tanto que los cuadernos incidentales son susceptibles de DESTRUCCIÓN, por haberse negado la suspensión provisional y definitiva, en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, pues se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Asimismo, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental por no encontrarse en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Notifíquese.

  3. Principal

    .CON ESTA FECHA QUEDA LEGALMENTE NOTIFICADA LA PARTE QUEJOSA.DEL PROVEIDO DE TRES DE SEPTIEMBRE DOS MIL DIECINUEVE, QUE DICE" Como de la certificación que antecede se advierte que a la fecha transcurrió el término otorgado a la parte quejosa, para que manifestara lo que a sus interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, este juzgado procede a pronunciarse respecto al cumplimiento realizado por la autoridad responsable, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, así como en la jurisprudencia número 26/2000, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del tres de marzo del año dos mil, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el tomo XI, Marzo del año 2000, 26/2000, visible en la página 243, que literalmente dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Mediante resolución de cuatro de junio de dos mil diecinueve, este juzgado CONCEDIÓ el Amparo y Protección de la Justicia Federal a -, en contra los actos reclamados al Juez de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Zitácuaro, Michoacán, en los términos siguientes: ". En esas condiciones, lo procedente es conceder el amparo para que la responsable: - Deje insusbsistente la determinación dictada el trece de febrero de dos mil diecinueve que decretó alimentos provisionales en el expediente 52/2019. - Con libertad de jurisdicción dicte otra en la cual reitere lo que no es materia de la presente concesión y, como ordena el artículo 464, fracción I, del Código Familiar para el Estado de Michoacán, fije los alimentos con base a la Unidad de Medida y Actualización diaria, o explique porqué debe prescindirse del contenido de esa disposición." Por auto de dieciséis de julio del presente año, se declaró ejecutoriada la sentencia y se requirió en esa misma fecha al Juez de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Zitácuaro, Michoacán, para que diera cumplimiento a la sentencia emitida en el presente juicio; el cual, mediante oficio telegráfico de recibido en la Oficialía de Partes de este Juzgado, el veinte de agosto pasado, y por la vía postal el veintiuno siguiente, se desprende que en auto de dieciséis de agosto último, determinó lo siguiente: ". en cumplimiento al citado fallo, se deja insubsistente el proveído del trece de febrero de la presente anualidad, única y exclusivamente por lo que ve al decreto de la pensión alimenticia provisional. Y a solicitud de -, se concede de manera provisional una pensión alimenticia a favor de-, de apellidos -, ya que la necesidad de recibirlos es de orden público, y no está sujeta a prueba, pues la misma se presume, además, se encuentra acreditado el derecho a recibirlos con las actas de nacimiento que se acompañaron al escrito inicial, en las que se aprecia que tienen tres y ocho años de edad, respectivamente. Consecuentemente, de conformidad con el artículo 464 del código familiar, y porque hasta este momento no se ha acreditado fehacientemente la solvencia económica del deudor alimentario, se concede dicha medida por la cantidad de $5,137.00 cinco mil ciento treinta y siete pesos mensual, que se obtiene del equivalente a dos Unidades de Medida y Actualización, de $84.49 ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos, por treinta días que tiene un mes. Por lo que, se ordena requerir a Ireti Ticatame Mondragón Castillo, a fin de que de inmediato y posteriormente de manera mensual proporcione la suma de $5,131.00 cinco mil ciento treinta y siete pesos, a los acreedores alimentistas, por conducto de su progenitora Citlalli Jaimes Hernández, por concepto de pensión alimenticia provisional, mediante cheque o depósito ante este juzgado, y en caso de elegir esta última opción, queda a su disposición la ficha de depósito correspondiente en la secretaría de este tribunal, hasta en tanto se resuelva en definitiva este juicio." Todo lo anterior, pone de manifiesto que la autoridad responsable Juez de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Zitácuaro, Michoacán, ha dado cumplimiento a la sentencia concesoria de amparo emitida por este Juzgado; por consiguiente, sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento dado por la autoridad responsable en cita, a la ejecutoria en esta instancia Constitucional, con apoyo en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se declara que el FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO EN LO ESENCIAL. Sobre el particular resulta aplicable la tesis 2ª. CXVI/97, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, de la Novena Época, consultable a fojas 144, Tomo: VI, Octubre de 1997 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- "El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como debido, exacto, cabal, u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución."";.LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, tres de septiembre de dos mil diecinueve. Como de la certificación que antecede se advierte que a la fecha transcurrió el término otorgado a la parte quejosa, para que manifestara lo que a sus interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, este juzgado procede a pronunciarse respecto al cumplimiento realizado por la autoridad responsable, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, así como en la jurisprudencia número 26/2000, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del tres de marzo del año dos mil, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el tomo XI, Marzo del año 2000, 26/2000, visible en la página 243, que literalmente dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Mediante resolución de cuatro de junio de dos mil diecinueve, este juzgado CONCEDIÓ el Amparo y Protección de la Justicia Federal a -, en contra los actos reclamados al Juez de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Zitácuaro, Michoacán, en los términos siguientes: ". En esas condiciones, lo procedente es conceder el amparo para que la responsable: - Deje insusbsistente la determinación dictada el trece de febrero de dos mil diecinueve que decretó alimentos provisionales en el expediente 52/2019. - Con libertad de jurisdicción dicte otra en la cual reitere lo que no es materia de la presente concesión y, como ordena el artículo 464, fracción I, del Código Familiar para el Estado de Michoacán, fije los alimentos con base a la Unidad de Medida y Actualización diaria, o explique porqué debe prescindirse del contenido de esa disposición." Por auto de dieciséis de julio del presente año, se declaró ejecutoriada la sentencia y se requirió en esa misma fecha al Juez de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Zitácuaro, Michoacán, para que diera cumplimiento a la sentencia emitida en el presente juicio; el cual, mediante oficio telegráfico de recibido en la Oficialía de Partes de este Juzgado, el veinte de agosto pasado, y por la vía postal el veintiuno siguiente, se desprende que en auto de dieciséis de agosto último, determinó lo siguiente: ". en cumplimiento al citado fallo, se deja insubsistente el proveído del trece de febrero de la presente anualidad, única y exclusivamente por lo que ve al decreto de la pensión alimenticia provisional. Y a solicitud de -, se concede de manera provisional una pensión alimenticia a favor de-, de apellidos -, ya que la necesidad de recibirlos es de orden público, y no está sujeta a prueba, pues la misma se presume, además, se encuentra acreditado el derecho a recibirlos con las actas de nacimiento que se acompañaron al escrito inicial, en las que se aprecia que tienen tres y ocho años de edad, respectivamente. Consecuentemente, de conformidad con el artículo 464 del código familiar, y porque hasta este momento no se ha acreditado fehacientemente la solvencia económica del deudor alimentario, se concede dicha medida por la cantidad de $5,137.00 cinco mil ciento treinta y siete pesos mensual, que se obtiene del equivalente a dos Unidades de Medida y Actualización, de $84.49 ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos, por treinta días que tiene un mes. Por lo que, se ordena requerir a Ireti Ticatame Mondragón Castillo, a fin de que de inmediato y posteriormente de manera mensual proporcione la suma de $5,131.00 cinco mil ciento treinta y siete pesos, a los acreedores alimentistas, por conducto de su progenitora Citlalli Jaimes Hernández, por concepto de pensión alimenticia provisional, mediante cheque o depósito ante este juzgado, y en caso de elegir esta última opción, queda a su disposición la ficha de depósito correspondiente en la secretaría de este tribunal, hasta en tanto se resuelva en definitiva este juicio." Todo lo anterior, pone de manifiesto que la autoridad responsable Juez de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Zitácuaro, Michoacán, ha dado cumplimiento a la sentencia concesoria de amparo emitida por este Juzgado; por consiguiente, sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento dado por la autoridad responsable en cita, a la ejecutoria en esta instancia Constitucional, con apoyo en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se declara que el FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO EN LO ESENCIAL. Sobre el particular resulta aplicable la tesis 2ª. CXVI/97, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, de la Novena Época, consultable a fojas 144, Tomo: VI, Octubre de 1997 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- "El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como debido, exacto, cabal, u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución."

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