Iresnai González Porven

Expediente 1940/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 7 actuaciones registradas, la última del 12 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1940/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
12/01/2023

Partes del expediente

  • Iresnai González Porven

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    MESA.8. VILLAHERMOSA, TABASCO, DOCE DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Vista; la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de diez días que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el proveído de veintiséis de diciembre de dos mil veintidós, en el que se SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO; por tanto, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales, con fundamento en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, por remisión expresa de su numeral 2°; en consecuencia, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y archívese el PRESENTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA 8-- VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; agréguese a los autos el oficio signado por el Jefe de Departamento en suplencia del Titular de la Delegación del Instituto Federal de Defensoría Pública, Delegación Tabasco, a través del cual informa que nombró al licenciado *************, Asesor Jurídico Federal, para que funja como representante especial del menor migrante de iniciales *************, en el presente juicio de amparo. Ahora, en relación al número telefónico y correo electrónico que proporciona, este juzgado toma conocimiento como comunicaciones no procesales, de conformidad con lo establecido en el artículo 267 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores de nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por otra parte, glósese a los autos para que obre como corresponda el escrito signado por *************, Asesor Jurídico Federal, en representación del menor de iniciales *************, mediante el cual desahoga la vista de diecinueve de diciembre pasado y protesta el cargo como asesor especial del aludido menor. Asimismo, señala como domicilio, para oír y recibir notificaciones, el ubicado en calle Reforma esquina con Avenida Gregorio Méndez, número 100 segundo piso, Colonia Atasta, Codigo Postal 86100, de esta ciudad. De igual forma, se tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ************* y *************, toda vez que tienen registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales, y en términos del párrafo segundo del citado número a los demás profesionistas que menciona en el escrito de cuenta, por así haberlo solicitado expresamente la parte oficiante. Por otra parte solicita se le autorice la consulta del expediente electrónico, relativo al presente juicio de amparo, mediante el portal en línea con los nombres de usuarios: Por lo anterior, se autoriza el acceso electrónico de este expediente a la cuenta mencionada ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, esto, de conformidad con lo establecido en el ordinal 36 del Acuerdo General Conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del Propio Consejo. Por otro lado, instrúyase al Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), adscrito a este Juzgado para que proceda a realizar los trámites necesarios a efecto de dar cumplimiento a lo ordenado en el presente proveído. Notifíquese.

  3. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista; la certificación secretarial de cuenta se advierte que en proveído de catorce de noviembre último, se tuvo al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula, remitiendo el expediente 1456/2022-V-B de su índice, toda vez declaró carecer de competencia legal por razón de territorio, para conocer del juicio de amparo interpuesto por José Luis Pérez Jiménez y Linda Isabel Cancino Orantes, en favor de 1).*********, por sí y en representación de su menor hijo de iniciales 2).*********.; 3).*********; 4).I*********, así como 5).********* por sí y en representación de su menor hijo de iniciales 6)*********, por lo que se requirió a dicho juzgado, remitiera a la brevedad posible el resultado del exhorto 226/2022, con número de orden 369/2022, emitido el cinco de noviembre de dos mil veintidós, a fin de saber si los quejosos de mérito, ratificaban el escrito de demanda promovido en su nombre. Asimismo, en auto de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós tuvo al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula, remitiendo el resultado del exhorto 226/2022, con número de orden 369/2022, del que se advierte que los aquí quejosos ratificaron la demanda presentada en su favor, por lo que este órgano jurisdiccional se avocó al conocimiento y se admitió a trámite el presente juicio de amparo. Por otra parte, agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Representante Local Encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos "B" en la Oficina de Representación en Tabasco del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento a lo ordenado por este Juzgado, remite copia certificada del oficio DIF/DAPVyCA/3462/2022 de ocho de noviembre de dos mil veintidós, signado por Daniel Rodríguez Rugerio, Subdirector de Atención a Centros Asistenciales Adscrito a la Dirección de Atención a Personas Vulnerables y Centros Asistenciales, por el cual informa a la autoridad oficiante que los quejosos evadieron en control migratorio; de lo que este órgano jurisdiccional queda enterado para los efectos legales conducentes. En ese contexto, de conformidad con el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, se establece que los actos reclamados en esta vía constitucional, esencialmente lo constituyen: la privación ilegal de la libertad, deportación, la negativa de emitirles el documento de refugiados por razones humanitarias, detención e incomunicación. Ahora bien, del informe de la suspensión de plano decretada por el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula, así como de los oficios signados por la autoridad responsable, recibidos en diecinueve de diciembre y en la presente fecha, se desprende que manifestó lo siguiente: 1. Que no son ciertos los actos reclamados, toda vez que los quejosos 1).*********, por sí y en representación de su menor hijo de iniciales 2)*********.; 3) *********; 4) *********, así como 5) ********* por sí y en representación de su menor hijo de iniciales 6). *********, fueron detenidos por agentes federales de migración en Balancán, Tabasco, ya que no contaban con documentos con los cuales acreditaran su legal estancia en el país, por lo que fueron presentados en las Oficinas Administrativas de Canalización Para Niñas, Niños y Adolescentes Acompañados y Solos en Tenosique, Tabasco, para que se resolviera su situación migratoria. 2. Que el cinco de noviembre del año en curso, los citados quejosos fueron canalizados al centro mencionado en el párrafo que antecede, quienes contaban con un documento provisional de visitante por razones humanitarias, y que el centro en donde se encontraban era de puertas abiertas y que los mismos podían salir en el momento que así lo desearan, en tanto se resolvía su situación migratoria. 3. De igual manera que mediante oficio DIF/DAPVyCA/3462/2022 de ocho de noviembre del año en curso, les fue informado que los quejosos se evadieron de dicho centro asistencial, remitiendo constancias con las cuales acredita dicha situación. 4. Asimismo, por auto de veintitrés de diciembre pasado, en cumplimiento al proveído de veintiuno de los cursantes, por medio de llamada oficial realizada el veintidós del precitado mes y año, al número telefónico 9621331493, la Secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional se comunicó con quien dijo ser el promovente de amparo José Luis Pérez Jiménez, con la finalidad de que proporcionara el domicilio actual y correcto en el cual puedan ser localizados los aquí quejosos; por lo que dicha persona informó "que los citados quejosos a qué usted se refiere, fueron liberados y se trasladaron de Villahermosa a Tapachula (noviembre dos mil veintidós) en dónde el INM les concedió una visa humanitaria y a principios de diciembre de dos mil veintidós, se fueron al norte de la república mexicana, y al día de hoy, ya están viviendo en territorio de Estados Unidos de América, eso es lo que me consta como su abogado". Manifestación a la que se le otorga valor probatorio pleno en términos del numeral 202, en relación con el 129 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su segundo numeral, por haber sido corroborada por la autoridad responsable dentro de su informe. En esas condiciones, de las constancias remitidas por la autoridad como apoyo a su oficio de cuenta, se advierte que los quejosos evadieron el control migratorio, como se acredita con el oficio DIF/DAPVyCA/3462/2022 de ocho de noviembre de dos mil veintidós, suscrito por Daniel Rodríguez Rugerio, Subdirector de Atención a Centros Asistenciales Adscrito a la Dirección de Atención a Personas Vulnerables y Centros Asistenciales. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS CONSISTENTES EN LA INCOMUNICACIÓN, LA NEGATIVA DE EMITIRLES EL DOCUMENTO DE REFUGIADOS POR RAZONES HUMANITARIAS Y DEPORTACIÓN. Ahora, del informe de cuenta, este Juzgado de oficio advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 63, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo. En efecto, de la interpretación sistemática de los preceptos reproducidos se obtiene que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado es inexistente. En esas condiciones, se tiene que los actos reclamados por José Luis Pérez Jiménez y Linda Isabel Cancino Orantes, los cuales promovieron demanda de amparo en representación de 1)1. Que no son ciertos los actos reclamados, toda vez que los quejosos 1).*********, por sí y en representación de su menor hijo de iniciales 2)*********.; 3) *********; 4) *********, así como 5) ********* por sí y en representación de su menor hijo de iniciales 6). *********, consistente en la negativa de emitirles el documento de refugiados por razones humanitarias, incomunicación y deportación, no existen pues las manifestaciones de la responsable, se desprende que los quejosos de mérito no se encontraban incomunicados; ni tampoco se emitió en su contra alguna orden deportación. Lo que se corrobora de las constancias que remitió las responsable al momento de rendir su informe de suspensión de plano. Asimismo, se advierte que los citados quejosos fueron valorados por el médico adscrito a la Estación Migratoria, lo que se corrobora con los certificados médicos de cuatro y cinco de noviembre de este año, en los que se concluyó que no presentaban signos de coronavirus, sin cuadros clínicos activos. Asimismo, que en cuatro de noviembre del presente año, se hizo del conocimiento a los directos quejosos el acuerdo de inicio de procedimiento administrativo migratorio, en el que se les informó el trámite para solicitar el reconocimiento de refugiados en México, así como que tenían treinta días a partir de haber ingresado el país para iniciar el procedimiento relativo, sin que de las constancias o manifestaciones vertidas por los directos quejosos se advierta que hayan hecho la solicitud de condición de refugiado previamente a la presentación de la demanda de amparo que nos ocupa. Por lo anterior, este juzgador determina que no es cierto el acto reclamado consistente en la negativa de emitirles el documento de refugiados por razones humanitarias. De igual manera, del oficio DIF/DAPVyCA/342/2022 de cinco de noviembre del año actual, se advierte que los quejosos fueron canalizados al Centro de Asistencia Social para Niñas, Niños y Adolescentes Acompañados en Contexto de Migración en Centro, Tabasco, hasta en tanto se resolvieran sus procedimientos administrativos respectivos, el cuál refirió la autoridad responsable, era de puertas abiertas y que los mismos podían salir en el momento que así lo desearan. Por lo anterior, este juzgador determina que no es cierto el acto reclamado consistente en la incomunicación. Lo que también se corrobora, con la constancia de notificación personal, practicada a los aquí quejosos, en la que la fedataria adscrita al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tabasco, hizo constar que se encontraban bien, dentro de la estación migratoria y como consecuencia, ratificaron la demanda, sin que realizaran una manifestación para este Juzgado considerara que estuvieran incomunicados. En consecuencia, se otorga plena validez a las manifestaciones formuladas por los directos quejosos 1. Que no son ciertos los actos reclamados, toda vez que los quejosos 1).*********, por sí y en representación de su menor hijo de iniciales 2)*********.; 3) *********; 4) *********, así como 5) ********* por sí y en representación de su menor hijo de iniciales 6). *********, ante la fedataria judicial de la adscripción. Esto, porque tales manifestaciones se realizaron ante una autoridad legalmente constituida, en pleno ejercicio de sus funciones, como lo es la Actuaria Judicial adscrita al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tabasco, quien se encuentra investida de fe pública, por lo que está facultada para realizar las notificaciones, citaciones y emplazamientos que se deriven de los asuntos que correspondan al Juzgado de Distrito de su adscripción, y llevar a efecto todas las diligencias que el Juez le encomiende, como lo fue en el caso de la comunicación oficial remitida para tal efecto por el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. Asimismo, al tener el actuario judicial fe pública, lo asentado en sus diligencias debe estimarse cierto si no hay prueba que acredite lo contrario. Lo anterior, con apoyo en la tesis XIV.C.A.49 C (9a.) del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, con número de registro 160704, localizable en la página 615, libro II, noviembre de 2011, tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, que dice: "CÉDULA DE NOTIFICACIÓN SUSCRITA POR EL ACTUARIO. CONSTITUYE LEGALMENTE UNA ACTUACIÓN JUDICIAL CON PLENO VALOR PROBATORIO." Por tanto, se obtiene que los quejosos 1). Que no son ciertos los actos reclamados, toda vez que los quejosos 1).*********, por sí y en representación de su menor hijo de iniciales 2)*********.; 3) *********; 4) *********, así como 5) ********* por sí y en representación de su menor hijo de iniciales 6). *********G, no se encontraban incomunicados. Mientras que las constancias del procedimiento administrativo que adjuntó la responsable, a las cuales se ha hecho referencia, tienen valor probatorio pleno por no estar desvirtuadas, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su segundo numeral. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 226 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, Tomo VI, Parte SCJN, Apéndice de 1995, Quinta Época, Materia Común, registro 394182, cuyo rubro: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR". De ahí que se llega a la conclusión inequívoca que no existe el acto de incomunicación pues no hay medio de convicción que, siquiera, haga presumir su existencia. De igual manera, por cuanto hace al acto reclamado consistente en la negativa de emitirles el documento de refugiados por razones humanitarias, toda vez que los quejosos no acreditaron haber efectuado dicha petición con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo. Además, no es cierto el acto reclamado consistente en la orden de deportación, pues de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que no ha dictado orden de deportación. En efecto, de lo hasta aquí expuesto se llega a la conclusión que no existe el acto positivo denominado orden de deportación, pues no hay medio de convicción que, siquiera, haga presumir su existencia. Por lo expuesto, es que esta autoridad sostiene que los actos reclamados: incomunicación, la negativa de emitirles el documento de refugiados por razones humanitarias y deportación, no existen. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 1a./J.49/2017 (10ª.) sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo I, página 386, Décima Época, de rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. POR REGLA GENERAL, LA NEGATIVA DEL ACTO RECLAMADO NO CONSTITUYE UNA CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO". CESACIÓN DE EFECTOS RESPECTO AL ACTO SEÑALADO COMO PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD. Ahora, del informe de cuenta, este Juzgado de oficio advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, en virtud de que el acto reclamado por los quejosos 1. Que no son ciertos los actos reclamados, toda vez que los quejosos 1).*********, por sí y en representación de su menor hijo de iniciales 2)*********.; 3) *********; 4) *********, así como 5) ********* por sí y en representación de su menor hijo de iniciales 6). *********, han cesado en sus efectos. En efecto, el aludido ordinal dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos de los actos reclamados. En ese sentido, debe decirse que los efectos de los actos reclamados cesan cuando la autoridad responsable lo deroga o revoca y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes de su nacimiento; o también, cuando la autoridad, sin revocarlo o dejarlo insubsistente, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." De la jurisprudencia invocada se concluye que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho transgredido. Es decir, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues la causa de improcedencia de mérito se justifica ante la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos ni dejó huella en la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo que se corrobora con las copias certificadas que adjuntó la responsable, de las cuales se aprecia el oficio DIF/DAPVyCA/3462/2022 de ocho de noviembre de dos mil veintidós, signado por Daniel Rodríguez Rugerio, Subdirector de Atención a Centros Asistenciales Adscrito a la Dirección de Atención a Personas Vulnerables y Centros Asistenciales, por el cual informa a la autoridad oficiante que los quejosos evadieron el control migratorio; constancias a las cuales se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, párrafo segundo, dado que su formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia a la autoridad responsable, en el ejercicio de sus funciones; calidad que se demuestra por la existencia regular sobre los documentos, de los sellos, firmas y otros signos exteriores. En tales condiciones, y toda vez que en la presente vía constitucional la parte quejosa señaló como acto reclamado la ilegal privación de la libertad y/o presentación y siendo que, como ya se precisó, dicha autoridad el ocho de noviembre de dos mil veintidós, emitió el oficio de evasión, lo anterior, por el cual informa a la autoridad oficiante que los quejosos evadieron en control migratorio. Así, tomando en consideración lo antes mencionado, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el 63, fracción V, SE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA DEL PRESENTE ASUNTO. En las condiciones anotadas, es dable dejar sin efecto el señalamiento de la audiencia constitucional fijada para las TRECE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL TREINTA DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resolvió la contradicción de tesis 26/2002, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, visible en Página 386, Tomo XVII, marzo de 2003, Novena Época, el Semanario Judicial y su Gaceta, que literalmente expone: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE" Notifíquese y personalmente al Agente del Ministerio Público adscrito a este juzgado.

  4. Principal

    mesa 8.- VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTITRÉS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto, de la certificación que antecede se advierte que en cumplimiento al proveído de veintiuno de diciembre pasado, por medio de llamada oficial realizada en esta propia fecha, al número telefónico 9621331493, me comunique con quien dijo ser el promovente de amparo ++++++ con la finalidad de que me proporcionara el domicilio actual y correcto en el cual puedan ser localizados los quejosos ++++++++ toda vez que la autoridad responsable Representante Local Encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos "B" en la Oficina de Representación en Tabasco del Instituto Nacional de Migración al rendir su informe de suspensión de plano informó que los citados quejosos habían abandonado la Oficina Administrativa de Canalización Para Niñas, Niños y Adolescentes Acompañados y Solos en Tenosique, Tabasco, donde se encontraban hasta en tanto se resolviera su situación jurídica; por lo que dicha persona refirió "que los citados quejosos a qué usted se refiere, fueron liberados y se trasladaron de Villahermosa a Tapachula (noviembre dos mi veintidós) en dónde el INM les concedió una visa humanitaria y a principios de diciembre de dos mil veintidós, se fueron al norte de la república mexicana, y al día de hoy, ya están viviendo en territorio de Estados Unidos de América, eso es lo que a me consta como su abogado". Lo que se hace constar para los efectos legales conducentes. Asimismo, por oficio 45273/2022 de veinte de diciembre pasado, se requirió a la autoridad responsable, Representante Local Encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos "B" en la Oficina de Representación en Tabasco del Instituto Nacional de Migración, para que un término de veinticuatro horas, contados a partir de la notificación de dicho proveído, remitiera copia certificada legible del acuerdo de abandono de procedimiento. En consecuencia, a efecto de estar en condiciones de acordar lo conducente, requiérase nuevamente a la autoridad responsable. Notifíquese.

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