Ireri Peñaloza Mondragón
Expediente 237/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 5 actuaciones registradas, la última del 29 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 237/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 29/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Ireri Peñaloza Mondragón
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Testimonio de queja. Por recibido el oficio de la Actuaria Judicial del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, a través del cual hace llegar el testimonio de la resolución de dieciséis de agosto del dos mil veintitrés, dictada en el expediente 102/2023, relativo al recurso de queja interpuesto por la parte quejosa ..cuyo punto resolutivo dice: "ÚNICO. Se declara infundado el recurso de queja. Notifíquese." En consecuencia, acúsese recibo al tribunal revisor a través del Sistema Integral de Expedientes. Archivo y anotaciones en el libro de control electrónico. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido y efectúense las anotaciones correspondientes en el libro de control electrónico respectivo. Valoración documental cuaderno principal. Conforme con lo dispuesto en la fracción IV, del artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, este expediente es destruible, dado que en el mismo se desechó la demanda de amparo y no se encuentra dentro de los criterios de valoración para ser calificado de relevancia documental o conservable, ni obra en autos ninguna determinación de información reservada con motivo de alguna solicitud de acceso a la información calificada. Temporalidad para destrucción de expediente. Por ende, previo transcurso del plazo de tres años que se establece en el primer párrafo del artículo 20 del Acuerdo General en comento, este órgano jurisdiccional procederá a la destrucción de este expediente. Anotación de valoración documental y fecha de archivo en carátula de expediente. Inscríbase tal dato, así como la fecha de este acuerdo en la carátula del presente expediente, en observancia a lo dispuesto en el artículo 34, párrafo segundo, del Acuerdo General invocado. Notifíquese
- Principal
agréguese a los presentes autos únicamente para que obre como corresponda el oficio remitido por la Actuaria Judicial adscrita al Tribunal Colegiado en Materia de Penal del Noveno Circuito, por el cual informa que se admitió a trámite el recurso de queja que hizo valer la parte quejosa ********************, por conducto de su autorizada ********************, contra el proveído de dos de junio del año en curso, mismo que se registró con el número ********************. Notifíquese.
- Principal
Téngase recibido el escrito presentado por...autorizada de la parte quejosa, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del proveído que desechó la demanda de amparo. téngase por interpuesto el recurso de queja que hace valer la promovente en contra del proveído dos de junio de dos mil veintitrés. Se rinde informe. Asimismo, ríndase el informe relativo al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y hágase de su conocimiento que es cierto que el dos de junio de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional desechó la demanda de amparo promovida por********************al encontrarse de su análisis motivos manifiestos de improcedencia. Vinculación del expediente electrónico. Con fundamento en el artículo 26 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, contenido en el diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, hágase del conocimiento del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, que se pone a su disposición la consulta del expediente electrónico en que se actúa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E), a través del apartado denominado "vinculación", en el cual se contienen todas las actuaciones acaecidas en este juicio de amparo, para lo cual se instruye a la Oficial Judicial "A" a cargo del referido sistema, a fin de que realice la vinculación respectiva. En la inteligencia, que el escrito por el que se interpone el recurso de queja de referencia, se remite vía mensajería acelerada. Notifíquese.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, dos de junio de dos mil veintitrés. Identificación promoventes y registro. Vista la demanda de amparo promovida por Ireri Peñaloza Mondragón, contra actos de Titular de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos Patrimoniales en esta ciudad. Regístrese su ingreso en el libro de control electronico que se lleva en este órgano jurisdiccional, bajo el número 237/2023-IV. Desechamiento de demanda. A efecto de acordar lo que en derecho corresponda, se procede a efectuar el análisis correspondiente a la demanda relativa, de la que se pone de manifiesto su notoria e indudable improcedencia por actualizarse en la especie la causa que se deriva de lo previsto en la fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo, en el que se dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I. XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; ." Por su parte, en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se establece: "Artículo 258.- Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." Del numeral transcrito, se obtiene que las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación del criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, pueden ser impugnadas ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución, caso en el cual se convocara a una audiencia para decidir en definitiva, con citación de la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su defensor. Pero además, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria emitida al resolver la contradicción de tesis 233/2017, determinó que también puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en el supuesto del citado artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que la conducta omisiva supone la paralización de su función investigadora. Es decir, para que la función de la parte acusadora sea apegada a derecho, le corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio; y si bien en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales se prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público, y de manera enunciativa se precisan únicamente las que versan sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, debe decirse que en general puede tratarse de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. Así, puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en esa hipótesis, ya que dicha conducta omisa por parte del Fiscal Investigador supone la paralización de su función investigadora; por lo que al interpretar sistemática y funcionalmente el artículo citado, se colige que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el juez de control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, cuya finalidad es que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Dicho criterio se encuentra contenido en la Jurisprudencia emitida por le Primera Sala 1a./J. 27/2018 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la En el caso, los actos que por esta vía se combaten consisten en la omisión de integrar la carpeta de investigación CDI/FGE/VII/D06/699/2023; así como la omisión de realizar actos de investigación tendientes a esclarecer los hechos, obtener los datos e prueba respectivos, y con ello determinar si son constitutivos de delito, aunado a la abstención por parte de la autoridad responsable de pronunciarse sobre el ejercicio de la acción penal, y la omisión de determinar la situación jurídica de la carpeta de investigación en cita. En ese contexto, se advierte que contra los actos que por esta vía se reclaman, procede el medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues a través de éste la parte quejosa se encuentra en aptitud de impugnar ante el juez de control las omisiones de la autoridad ministerial que señala como responsable derivadas de su facultad investigadora y lograr que con su tramitación, se efectúen las diligencias necesarias para emitir la resolución que corresponda en la carpeta de investigación en la que la parte quejosa funge como ofendida. En mérito de lo expuesto, se concluye que en la especie se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, por lo que, procede desechar de plano la demanda de amparo de que se trata, con apoyo en el numeral 113 del mismo cuerpo normativo. Domicilio y autorizados. En otro contexto, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito inicial de demanda; y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a ********************, ********************, y ********************, por así manifestarlo expresamente. Consulta electrónica. Como lo solicita la quejosa, autorícese el acceso para la consulta del expediente electrónico, a los usuarios "********************", y "********************", de conformidad con los artículos 35 y 36 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; en tal virtud, instrúyase a la Oficial Judicial "A", para que realice las autorizaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En la inteligencia de que la ocursante se encuentra registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) como persona física, por lo que deberán ingresar con tal carácter al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a fin de que puedan consultar el expediente electrónico en que se actúa, conforme lo establece el artículo 34 del referido acuerdo general. Exhortación a tramitar asuntos "en línea", y consulta de expedientes. Con apoyo en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, reformado a través del acuerdo general del propio Consejo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea" Asimismo, de conformidad con los artículos 261 y 262 del primero de los citados acuerdos generales, hágase del conocimiento de las partes, que las personas que acudan a los órganos jurisdiccionales podrán hacer uso de los equipos de cómputo que en cada órgano jurisdiccional se dispondrán para tal efecto, los cuales podrán destinarse a la consulta de expedientes electrónicos, a la actuación en el Portal de Servicios en Línea, o a la participación en videoconferencias con el personal del órgano cuyo equipo se esté utilizando. Habilitación de días y horas inhábiles para la práctica de notificaciones. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. Digitalización. Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario responsable para que lleve a cabo la supervisión de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con el expediente en el sistema electrónico, a efecto de que el expediente electrónico se encuentre debidamente integrado; de igual modo, se instruye a los actuarios judiciales, oficial judicial "A" y oficiales judiciales "c" que lleven a cabo de manera oportuna la integración del expediente electrónico, conforme al estado procesal de los asuntos, dentro del ámbito de sus respectivas funciones. Transparencia y protección de datos personales. Con fundamento en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tomando en cuenta lo previsto en los artículos 1, 9, 16, 68, 113, fracción l, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 23 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se les hace del conocimiento a las partes que tienen expedito derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, conforme a los lineamientos referidos en los artículos 21, 22, fracción Vlll, 43, 46 y 47, fracción ll, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; en el entendido que aun cuando no se opongan expresamente a tal publicación, en la versión pública de la sentencia respectiva y demás resoluciones que se dicten en el presente juicio de amparo, así como de las diversas constancias, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener. Se precisa forma de integración del expediente físico y electrónico. Se precisa que, con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, la integración del presente expediente - electrónico y en su caso físico- se llevará a cabo en términos de lo dispuesto por el numeral 3° del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Hágase del conocimiento de las partes, para los efectos conducentes. Notifíquese; personalmente a la quejosa.
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