Ireri Enriquez Lucas y Otros.
Expediente 243/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 12 actuaciones registradas, la última del 28 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 243/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 28/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Ireri Enriquez Lucas y Otros.
- Ireri Enriquez Lucas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Visto el estado de autos, se advierte que mediante proveído de seis de junio del presente año, se declaró firme el auto de sobreseimiento fuera de audiencia emitido en el presente juicio; asimismo, se ordenó el archivo como asunto totalmente concluido y fue clasificado como destruible. Sin embargo, en acuerdo de veintiocho de febrero de dos mil veintidós, se admitió la demanda de amparo y se proveyó respecto de la suspensión de plano solicitada, la cual fue concedida. Por tanto, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto 7.4 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal que complementa el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, que refiere: "[.] 7.4 Tratamiento de los expedientes con suspensión de plano. Por lo que hace a la suspensión de oficio cuando se decreta de plano, se estima que dicha medida cautelar tiene efectos definitivos y perdura hasta la terminación del juicio constitucional, por lo que procede conservarse, con independencia del sentido de la resolución emitido en la sentencia. Consecuentemente, los expedientes en los que obre suspensión de plano se deberán valorar como "depurables"." Se modifica el destino del presente expediente y se determina que el mismo es susceptible de depuración, al haberse concedido la suspensión de plano solicitada.
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión, en contra del proveído de trece de mayo del año en curso, por el cual este Tribunal sobreseyó en el presente juicio de amparo fuera de audiencia constitucional, sin que se haya hecho valer; por tanto, se declara FIRME. Sin que pase inadvertido para este juzgador el hecho de que no obre en autos la constancia de notificación a las autoridades responsables, del proveído en el que se sobreseyó en el presente asunto, toda vez que de conformidad con el artículo 87, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, éstas carecen de legitimación para interponer recurso de revisión en contra del fallo constitucional. Notifíquese lo anterior a las responsables, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera que no es de relevancia documental. Por otra parte, toda vez que en el presente expediente se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del acuerdo citado en el párrafo que antecede. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
Únicamente agréguese para que conste el oficio que vía electrónica remite el Director Interino del Hospital Regional del Irapuato y Coordinador de las Brigadas Especiales del Estado de Guanajuato, en virtud de lo acordado en proveído de trece de los actuales, en el que se sobreseyó en el presente asunto.
- Principal
Agréguese en autos el oficio que vía electrónica remite el Apoderado Legal de la Secretaría de Salud e Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato "ISAPEG", mediante en el cual, informa que el menor de iniciales ********************, ya recibió la segunda dosis de la vacuna y anexa el comprobante respectivo. Con fundamento en el numeral 119 de la legislación en consulta, se admite y se tiene por desahogada la aludida documental, dada su propia y especial naturaleza. Ahora bien, de la referida constancia, así como de las que obran en autos, a las cuales el suscrito les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos por un servidor público en ejercicio de sus funciones, se desprende que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la ley de la materia, que textualmente dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el "efecto" es, lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Respecto de la causal de improcedencia en comento, el tratadista Alfonso Noriega en su obra titulada Lecciones de Amparo, Editorial Porrúa, Sociedad Anónima, fojas 497 y 498, opina que de acuerdo con el contexto de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo abrogada (de idéntica redacción a la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo vigente), se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado "cuando estos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga."; luego, puntualiza que para que sea aplicable esta improcedencia es necesario "que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable", puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer a la quejosa en el goce de la garantía violada, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado "se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente"; concluye que ".únicamente puede considerarse que han cesado los efectos de éste cuando se revoca por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada". De las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o, también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce de su derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del solicitante del amparo, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañado o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Se sostiene que en el presente caso ha operado la causal de improcedencia señalada, porque: A) ********************, acudió al presente juicio en representación de su menor hijo de iniciales ********************, reclamando: La omisión de aplicarle a su menor hijo la vacuna Pfizer/BioNTech. B) De acuerdo con las constancias que remitió el Apoderado legal de la Secretaría de Salud e Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, en cumplimiento al requerimiento que le fue formulado en providencia de veintiocho de febrero pasado, se desprende que: El ocho de abril de dos mil veintidós, se aplicó la primer dosis de la vacuna Pfizer al menor de iniciales ********************, y el veintinueve del mismo mes y año, la segunda dosis, lo que se corrobora con las constancias de vacunación respectivas. En tales condiciones, es evidente que el acto que se tilda de inconstitucional, consistente en la omisión de aplicar la vacuna Pfizer a la menor de referencia, cesó en sus efectos, por lo que no es posible resolver el fondo de la litis constitucional planteada, en razón de que no se puede alcanzar el objeto que persiguió con la promoción del presente juicio, debido a la total e incondicional desaparición de sus efectos jurídicos, al haberse restituido a la parte solicitante del amparo en el pleno goce del derecho fundamental conculcado, puesto que el menor de iniciales ********************, ya fue inmunizado con ambas dosis de la citada vacuna, lo que trae como consecuencia que se le repusiera en el goce del derecho fundamental violado. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, y dejar sin efectos el señalamiento de la fecha y hora señaladas para la celebración de la citada audiencia. No es obstáculo que la determinación adoptada se emita previo a la celebración de la audiencia constitucional, en virtud que la causal de improcedencia en estudio es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, por lo que sería ocioso esperar hasta la celebración de aquélla para resolver de la forma en que se hace, pues, como se dijo, dicha causal de improcedencia no puede ser desvirtuada. Estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.
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