Irene Zamora Romero
Expediente 838/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 838/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 10/06/2022
Partes del expediente
- Irene Zamora Romero
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, diez de junio de dos mil veintidós. Estado procesal de autos Visto el estado procesal de los autos, se advierte que el quejoso no interpuso recurso de queja, dentro del término legal contra la determinación de veintiséis de mayo del año en curso, por la que se desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado estado. Archivo Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Destino del expediente En acatamiento al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como, el diverso arábigo 8.1.2 numeral 4 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, ambos ordenamientos establecen las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurran tres años de archivado este expediente es susceptible de destrucción, ya que se desechó la demanda y carece de relevancia documental.
- Principal
Toluca, Estado de México, tres de junio de dos mil veintidós. Escrito Intégrese el escrito signado por la quejosa ***********, a través del cual, solicita la devolución de los documentos "originales y certificados" que aduce, exhibió como anexos a su demanda de amparo. Atento a ello, dígase que tal y como consta de las actuaciones que integran el presente juicio, no se exhibieron documentos originales ni certificados adjuntos al escrito de demanda, siendo los únicos anexos trece impresiones simples de comprobantes de pago (fojas 6 a 18). Lo anterior, se corrobora con las anotaciones realizadas en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en esta ciudad (foja 2), en las cuales, personal de dicha oficina asentó "trece anexos simples". No obstante, dígase que tales documentos quedan a su disposición a efecto de que comparezca a recogerlos o por conducto de persona autorizada para tal efecto.
- Principal
Toluca, Estado de México, veintiséis de mayo de dos mil veintidós. Radicación Vista la demanda suscrita por *** por propio derecho, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 838/2022-IV-B. Acto reclamado La quejosa señala como autoridad responsable a la siguiente: Directora General del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios De quien reclama: La deducción del 6% a su pensión por jubilación por concepto de servicios de salud, relativo a la clave 5540 derivada del Decreto número 36 por el que se reforma la Ley de ese instituto, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de diciembre de dos mil doce; misma que se realiza desde el quince de enero de dos mil trece hasta la fecha. En ese sentido, se advierte que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV, en relación con los diversos numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo, que se analiza oficiosamente, en términos de lo dispuesto por el diverso numeral 62 de la ley de la materia en cita. A efecto de corroborar lo anterior, conviene citar el contenido literal de la porción normativa a que se ha hecho referencia en el párrafo anterior, el cual es del tenor siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; ." De la interpretación de la porción normativa transcrita, permite aducir válidamente que el motivo de improcedencia descansa esencialmente en la inobservancia al principio rector del juicio de amparo, relativo a la presentación oportuna de la demanda de amparo, ya que al no promoverse dentro del plazo establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, conlleva a su extemporaneidad. Por su parte, los artículos 17 y 18 de la ley de la materia, establecen lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Ahora bien, del primero de los preceptos transcritos se desprende que la presentación o promoción de la demanda de amparo deberá sujetarse al término de quince días, salvo las diversas excepciones que contempla dicho numeral como son: (1) Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, el plazo para su presentación será de treinta días; (2) En el caso de que el acto reclamado lo constituya una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, la demanda podrá presentarse en un plazo de hasta ocho años; (3) Tratándose de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, el plazo para la promoción del amparo será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; y, (4) Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, la demanda podrá presentarse en cualquier tiempo. Por su parte, en el artículo 18 de la Ley de Amparo, se establecen las diversas reglas para computar el término de los quince días dentro de los cuales ha de presentarse la demanda de amparo para tenerla como oportuna, pues en este último se indica que el término deberá computarse: a) A partir del día siguiente en que surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; b) Al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o, c) Al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. En esas condiciones, es claro que la intención del legislador fue la de establecer que el plazo para la promoción del juicio de amparo, debe computarse a partir del día siguiente a aquél en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis establecidas con antelación. Puntualizado lo anterior, conviene reiterar que el acto que se reclama en la presente instancia constitucional es la deducción del 6% a su pensión por jubilación por concepto de servicios de salud, relativo a la clave 5540 derivada del Decreto número 36 por el que se reforma la Ley de ese instituto, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de diciembre de dos mil doce; misma que se realizó desde el quince de enero de dos mil trece hasta la fecha. Ahora bien, en el escrito que se atiende la quejosa Irene Zamora Romera bajo protesta de decir verdad, manifiesta que desde el quince de enero de dos mil trece se aplicó el descuento del que se duele. Posteriormente, en la última foja del libelo constitucional refiere lo siguiente: ". el primer acto de aplicación que lo fue el 15 de enero de 2013". En tal sentido, se destaca que dichas manifestaciones constituyen una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles,1 de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Es aplicable a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas 294 y 295 del Tomo LXXXIX, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 321664, cuyo rubro y texto son: "AMPARO, CONFESIÓN EN EL. Es indudable que en el juicio de amparo no se admite la prueba de confesión, porque el artículo que la prohíbe, quiere vedar la que se provoca por medio de posiciones; pero esto no quiere decir que no tenga eficacia probatoria la confesión que, de manera espontánea, hagan las partes en sus memoriales y sólo pueda dejarse de considerar eficaz, si hay prueba de mayor fuerza que la desvirtúe." Lo que además se corrobora con los comprobantes de pago que anexa a la demanda, de los cuales se desprenden los descuentos realizados en los años de dos mil catorce, dos mi diecinueve, dos mil veinte y dos mil veintidós. Bajo esa óptica, debe decirse que si la quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado desde el quince de enero de dos mil trece, el término de quince días para que acudiera en demanda de amparo transcurrió en exceso, es decir, si la demanda del presente juicio de amparo se depositó en el Buzón Judicial de la Oficialía de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, hasta el veinticuatro de mayo de dos mil veintidós; resulta inconcuso que se presentó de forma extemporánea, esto es, fuera del término de quince días que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XIV, en relación con los diversos numerales 17 y 18 ambos de la ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo promovida por Irene Zamora Romero, en términos de lo dispuesto por la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo, en virtud de ser notoriamente improcedente. Domicilio Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la quejosa el señalado en el proemio de su demanda. En la inteligencia que de ser incierto o inexacto ese sitio, o estar dentro de algún condominio o edificio y, no se le permita el acceso al Fedatario judicial, o bien, no se pueda ingresar por otra circunstancia, se le notificará por lista esa determinación y las subsecuentes, aún las de carácter personal, en los estrados de este Juzgado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Medios de comunicación alternos En términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se requiere a la quejosa para que señale medios de comunicación alternos (no procesales), tales como el correo electrónico o número telefónico. Autorizados Por otra parte, en relación a la persona que designa como autorizado; con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, dígase que éste se avala en términos amplios, siempre y cuando tenga cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. Juicio en línea Conforme a lo dispuesto por el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a la parte quejosa para haga uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación para la tramitación del sumario mediante el esquema de juicio en línea. Notificación especial a las partes En términos del Acuerdo General 20/2021, hágase del conocimiento de las partes que el instrumento que regirá la actividad de este órgano jurisdiccional hasta el cinco de junio de dos mil veintidós o hasta que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal lo determine, será el Acuerdo General 7/2022. Expedición de copias Desde este momento se autoriza a las partes la reproducción de copias fotostáticas a su costa, sin que medie petición al respecto, atendiendo el derecho fundamental contenido en el artículo 17 Constitucional; en el entendido que previa entrega, deberá quedar debidamente asentado en autos su recepción, ello para su constancia legal. Habilitación de días y horas inhábiles En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.
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