Irene Yezcas Rojas
Expediente 791/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 5 de junio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 791/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 05/06/2017
Partes del expediente
- Irene Yezcas Rojas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto de diez de mayo de dos mil diecisiete; en tal virtud, con fundamento en los artículos 286 y 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, según su artículo 2°, se declara que dicho auto en el cual se declaró el sobreseimiento en el juicio de amparo, ha causado estado para todos los fines legales correspondientes. Háganse las anotaciones del caso en el libro respectivo, ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes [SISE] y archívese el presente asunto como concluido. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace constar que en su oportunidad el presente expediente, será susceptible de destrucción, siguiendo los lineamientos contenidos en el acuerdo de referencia; en el entendido de que el presente asunto se tramitó sin incidente de suspensión.
- Principal
Vista la razón actuarial que antecede, de la cual se advierte que no fue posible notificar personalmente el auto de diez de mayo de dos mil diecisiete a la parte tercera interesada, "Hotel Colonial de Puebla", Sociedad Anónima de Capital Variable, por las razones que de la misma se desprenden; en consecuencia, se ordena realizar la notificación de que se habla, así como las subsecuentes, por medio de lista en términos de lo dispuesto por el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo aplicable.
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado de la Junta Especial Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, por conducto de su Presidenta, para los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, del estudio integral de la demanda de amparo y demás constancias que integran el presente juicio constitucional, se desprende que la quejosa Irene Yezcas Rojas, por escrito presentado el diecinueve de abril de dos mil diecisiete ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ocurrió ante esta instancia de control constitucional a reclamar de la Junta Especial Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla y su Presidente: La omisión de dictar el laudo correspondiente dentro del juicio laboral de origen D 6/779/2015, así como notificar a las partes dicha resolución. Ahora, una vez precisado lo anterior, del informe justificado rendido por la autoridad responsable Junta Especial Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, por conducto de su Presidenta, se advierte que ésta manifiesta que los actos reclamados por la parte quejosa no son ciertos, en razón de que el diez de febrero de dos mil diecisiete dicha junta pronunció el laudo correspondiente dentro del juicio laboral D-6/779/2015, notificándola a las partes el dos y tres de mayo de dos mil diecisiete, lo que se acredita con las copias certificadas remitidas por la autoridad responsable como apoyo a su informe de ley, las cuales adquiere pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con su artículo 2°. En ese sentido, esta autoridad estima actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, ya que cesaron los efectos de esos actos. Para evidenciar lo anterior, conviene traer a contexto el dispositivo invocado, el cual es del tenor siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado Del precepto transcrito se infiere que, para efectos del juicio de garantías, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que el quejoso señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que motivó la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya al quejoso en el goce de la garantía violada. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de garantías se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así, de la narrativa que anteceden, se colige que el diez de febrero de dos mil dieciséis, la junta responsable emitió el laudo correspondiente dentro del juicio laboral de origen D-6/779/2015, notificando a las partes de dicha resolución el dos y tres de mayo de dos mil diecisiete, respectivamente, lo cual se corrobora con las copias certificadas remitidas por la responsable como apoyo a su informe de ley y cuyo valor probatorio es pleno en los términos expuestos. Bajo esa óptica, es posible concluir que la autoridad responsable al haber emitido el laudo correspondiente el diez de febrero de dos mil diecisiete y notificarlo a las partes dentro del juicio natural el dos y tres de mayo de dos mil diecisiete actos aquí reclamados, cesaron los efectos de las omisiones reclamadas, pues los efectos de dicho retardo desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos no hubiesen invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí huella alguna de dicha afectación. Ello, porque si la pretensión de la parte quejosa al ejercer la acción constitucional era que la autoridad responsable emitiera el laudo correspondiente dentro del juicio laboral de origen y lo notificara a las partes, esto se vio satisfecha en la medida en que el diez de febrero de dos mil diecisiete la junta responsable dictó la resolución correspondiente notificándola a las partes el dos y tres de mayo del mismo año. En ese sentido, debe indicarse que en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, este órgano constitucional estima que los actos reclamados deben atenderse únicamente hasta la etapa procesal en la que fueron planteados, por lo que, la Litis constitucional únicamente puede constreñirse a los actos reclamados por el peticionario de amparo y hasta la etapa en la que se encontraba el juicio natural de origen. En las relatadas circunstancias, lo procedente es sobreseer el presente juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, en términos de lo previsto por el artículo 63, fracción V, en relación con el 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, ante la cesación de efectos del acto reclamado. Por tanto, se dejan sin efecto las nueve horas con diecisiete minutos del treinta de mayo de dos mil diecisiete, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo. Háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno e intégrese esta información en el sistema integral de seguimiento de expediente.
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado de la Junta Especial Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, por conducto de su Presidenta, para los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, del estudio integral de la demanda de amparo y demás constancias que integran el presente juicio constitucional, se desprende que la quejosa Irene Yezcas Rojas, por escrito presentado el diecinueve de abril de dos mil diecisiete ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ocurrió ante esta instancia de control constitucional a reclamar de la Junta Especial Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla y su Presidente: La omisión de dictar el laudo correspondiente dentro del juicio laboral de origen D 6/779/2015, así como notificar a las partes dicha resolución. Ahora, una vez precisado lo anterior, del informe justificado rendido por la autoridad responsable Junta Especial Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, por conducto de su Presidenta, se advierte que ésta manifiesta que los actos reclamados por la parte quejosa no son ciertos, en razón de que el diez de febrero de dos mil diecisiete dicha junta pronunció el laudo correspondiente dentro del juicio laboral D-6/779/2015, notificándola a las partes el dos y tres de mayo de dos mil diecisiete, lo que se acredita con las copias certificadas remitidas por la autoridad responsable como apoyo a su informe de ley, las cuales adquiere pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con su artículo 2°. En ese sentido, esta autoridad estima actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, ya que cesaron los efectos de esos actos. Para evidenciar lo anterior, conviene traer a contexto el dispositivo invocado, el cual es del tenor siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado Del precepto transcrito se infiere que, para efectos del juicio de garantías, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que el quejoso señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que motivó la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya al quejoso en el goce de la garantía violada. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de garantías se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así, de la narrativa que anteceden, se colige que el diez de febrero de dos mil dieciséis, la junta responsable emitió el laudo correspondiente dentro del juicio laboral de origen D-6/779/2015, notificando a las partes de dicha resolución el dos y tres de mayo de dos mil diecisiete, respectivamente, lo cual se corrobora con las copias certificadas remitidas por la responsable como apoyo a su informe de ley y cuyo valor probatorio es pleno en los términos expuestos. Bajo esa óptica, es posible concluir que la autoridad responsable al haber emitido el laudo correspondiente el diez de febrero de dos mil diecisiete y notificarlo a las partes dentro del juicio natural el dos y tres de mayo de dos mil diecisiete actos aquí reclamados, cesaron los efectos de las omisiones reclamadas, pues los efectos de dicho retardo desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos no hubiesen invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí huella alguna de dicha afectación. Ello, porque si la pretensión de la parte quejosa al ejercer la acción constitucional era que la autoridad responsable emitiera el laudo correspondiente dentro del juicio laboral de origen y lo notificara a las partes, esto se vio satisfecha en la medida en que el diez de febrero de dos mil diecisiete la junta responsable dictó la resolución correspondiente notificándola a las partes el dos y tres de mayo del mismo año. En ese sentido, debe indicarse que en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, este órgano constitucional estima que los actos reclamados deben atenderse únicamente hasta la etapa procesal en la que fueron planteados, por lo que, la Litis constitucional únicamente puede constreñirse a los actos reclamados por el peticionario de amparo y hasta la etapa en la que se encontraba el juicio natural de origen. En las relatadas circunstancias, lo procedente es sobreseer el presente juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, en términos de lo previsto por el artículo 63, fracción V, en relación con el 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, ante la cesación de efectos del acto reclamado. Por tanto, se dejan sin efecto las nueve horas con diecisiete minutos del treinta de mayo de dos mil diecisiete, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo. Háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno e intégrese esta información en el sistema integral de seguimiento de expediente.
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