Irene Yadira Romero Xolio

Expediente 355/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
355/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
14/04/2021

Partes del expediente

  • Irene Yadira Romero Xolio

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que a la parte quejosa le ha trascurrido el término de cinco días, previsto en los artículos 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el auto en que se desechó la demanda de amparo ha causado estado. Archívese este juicio como asunto totalmente concluido. Notifíquese por lista.

  2. Principal

    Recepción de la demanda. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ***n representación de ***, contra actos del Director del Hospital Materno Infantil y otras autoridades, por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1º, 4º, 14, párrafos II y III, y 16 constitucionales; este órgano jurisdiccional procede a resolver en lo conducente. Registro. Registro en el libro de "Registro de Juicios de Amparo" bajo el expediente 355/2021-I. Integración de expediente electrónico. Así, con base en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atenientes para la integración del expediente electrónico del Poder Judicial de la Federación; en el entendido de que aquellas constancias que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. Análisis de la Demanda. De la demanda de amparo se obtiene que la quejosa reclama: "...1. La negativa de renovar mi contrato del INSABI violando las normativas respecto a riesgo laboral, ya que me contagié de COVID dos veces, y con ello quitarme la atención médica y tratamientos necesarios para mi completa recuperación, lo que me coloca en riesgo de muerte, ya que como se podrá ver tengo un riesgo cardiaco alto por las secuelas de COVID 19 y su reinfección y el día de la fecha se me está informando que en cualquier momento podría quedarme sin servicio en el ISSSTE, quien como se verá es quien nos atiende. Además se reclama la negativa a colocarme la vacuna de COVID 19 cuando pertenezco al personal de salud (además de grupos vulnerables) quitándome toda atención médica de todo tipo, en violación de mi derecho a la salud y la vida al pertenecer a grupo vulnerable, lo que además me coloca dentro del grupo vulnerable de personas con enfermedades pulmonares, lo que me coloca en altísimo riesgo de muerte." De la anterior transcripción y del análisis integral de la demanda de amparo -y sus anexos- con un sentido de liberalidad y no restrictivo, se llega al conocimiento de que la quejosa reclama: La negativa de renovarle contrato de INSABI y como consecuencia de ello, la pérdida de su salario y la suspensión de sus servicios médicos en el ISSSTE. La negativa de continuar su resguardo domiciliario, por ser persona vulnerable por enfermedad pulmonar y/o cardiaca adquirida, por doble contagio de COVID-19. La negativa a ser vacunada contra el COVID-19. Desechamiento de la Demanda. El artículo 113 de la Ley de Amparo, impone la obligación al Juez de examinar la demanda y si advierte la materialización manifiesta e indudable de una hipótesis de improcedencia, la desechará de plano. Ahora, de la lectura del precepto citado se observa que es obligación de quien provee, examinar el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano; sin embargo, para ello debe analizar si en el caso se surte alguna de las causas de improcedencia, reguladas en el artículo 61 de la ley invocada. De la lectura de la demanda de amparo se advierte que es notoriamente improcedente, de conformidad con la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la ley de la materia, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Lo anterior, en relación con el diverso artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que ordena: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de la Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria de acuerdo con las bases siguientes: El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada.". Así, como lo previsto en el diverso 6° de la Ley de Amparo, que refiere: "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita". De los preceptos legales antes transcritos, se colige que uno de los principios fundamentales para la procedencia del juicio de amparo consiste en que debe ser siempre promovido a instancia de parte agraviada, por ello la representación de quien acude ante esta vía de amparo es un presupuesto que tendrá que acreditarse en términos de lo que establecen los dispositivos citados con anterioridad. Así, es menester destacar que la demanda de amparo de cuenta, fue presentada vía electrónica, sin firma autógrafa; ya que sólo se aprecia un escrito escaneado sin firma o rúbrica, lo cual de ningún modo puede crear convicción de que contenga la voluntad de la parte que aparentemente aduce promover. En este sentido, tomando en cuenta que la firma entraña la exteriorización de la voluntad de las personas en todos los actos jurídicos, y toda vez que la demanda de amparo no cuenta con ella de manera autógrafa (pues se observa que se presentó vía electrónica con firma de ***), debe considerarse que la promovente no exteriorizó su voluntad para acudir a la instancia constitucional. Eventualidad que no puede considerarse como una "irregularidad" de la misma, en los términos previstos por el artículo 114 de la Ley de Amparo; ya que debe tomarse en cuenta que el artículo 6° de la ley de la materia, como se dijo, dispone que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la norma general que se reclama, por consiguiente, el juicio constitucional únicamente se sigue a instancia de parte y, por ello, todo escrito presentado en el procedimiento debe ser firmado autógrafamente por su autor o autores, sobre todo el escrito de demanda que da origen al juicio, constituyendo esto un requisito esencial por ser la expresión de la voluntad del accionante, puesto que un escrito que carece de firma original, debe ser considerado como un simple papel que no incorpora expresión de voluntad alguna. Pues, la firma autógrafa imprime la expresión de la voluntad a toda promoción o acto, es decir, constituye la base para tener por cierta la manifestación de voluntad del promovente, en virtud de que la finalidad de asentarla es vincular al autor con el acto jurídico contenido en el ocurso. Por tanto, si un escrito sin firma o huella digital es un simple papel en el que no se incorpora la voluntad del recurrente de presentarlo, resulta evidente que la falta de firma autógrafa en la demanda de amparo o la sola copia simple de la firma, trae como consecuencia su desechamiento, por incumplimiento de un requisito esencial de validez de la promoción. En relación con lo anterior, cabe traer a cuenta lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 32/2011, número de registro 2000130. En esta lógica, es claro que, con excepción de los supuestos expresamente señalados en el precepto aludido, cualquier promoción que se presente dentro de los juicios de amparo, debe hacerse en la forma mencionada. Ejemplo de lo anterior, son las previsiones contenidas en los artículos 88 y 116 de la normatividad en cita, que prevén, expresa y respectivamente, que los recursos de revisión y las demandas de amparo deben presentarse de esta manera. Ahora bien, atento a lo señalado, es menester destacar que al tratarse de promociones escritas, es necesario que éstas cuenten con la firma autógrafa de quien las suscribe, con la finalidad de acreditar la voluntad del promovente para realizar el acto procesal correspondiente, así como la autenticidad del documento y, en consecuencia, lograr la eficacia prevista en la ley. En efecto, la importancia de que los promoventes asienten su firma autógrafa dentro de los escritos correspondientes, se desprende de la necesidad de que exista una manifestación auténtica de su propósito de poner en movimiento a los órganos jurisdiccionales e iniciar, o continuar, con la tramitación de los juicios respectivos. Así las cosas, es claro que las promociones presentadas en forma diversa a la señalada, esto es, aquellas que carezcan de firma, o bien, en las que ésta no haya sido asentada de manera autógrafa, no pueden considerarse como una manifestación auténtica y fidedigna del propósito o voluntad de las partes y, por tanto, serán insuficientes para tener por hecha la promoción de que se trate, sin que sea óbice a lo anterior, que este requisito (la firma autógrafa) no esté señalado expresamente como tal en alguna disposición de la Ley de Amparo, por entenderse implícito y derivado de la obligación legal en comento, en el sentido de que las promociones en el juicio de amparo deben ser escritas." Ahora bien, de la anterior transcripción se debe destacar que el artículo 3° de la Ley de Amparo, establece que todas las promociones que se presenten en esta clase de juicios deberán hacerse por escrito, salvo las que se realicen en las audiencias y notificaciones, así como en las comparecencias a que se refiere el artículo 117 del propio ordenamiento. Atento a ello, es necesario que dichos escritos cuenten con la firma autógrafa de quien las suscribe, con la finalidad de acreditar la voluntad del promovente para realizar el acto procesal correspondiente, así como la autenticidad del documento y, en consecuencia, lograr la eficacia prevista en la ley, ya que de no ser así; es decir, de presentar escritos que carezcan de firma, o bien, en las que ésta no haya sido asentada de manera autógrafa, no pueden considerarse como una manifestación auténtica y fidedigna del propósito o voluntad de las partes y, resultan ser insuficientes para tener por hecha la promoción de que se trate. Sin que sea óbice a lo anterior, que este requisito (la firma autógrafa) no esté señalado expresamente como tal en alguna disposición de la Ley de Amparo, por entenderse implícito y derivado de la obligación legal en comento, en el sentido de que las promociones en el juicio de amparo deben ser escritas y que éstas cuenten con la firma autógrafa de quien las suscribe, con la finalidad de acreditar la voluntad del promovente. Además, es necesario precisar que la demanda que se analiza fue presentada de manera electrónica por medio de las herramientas tecnológicas instauradas para ello (www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx); ahora, dicha circunstancia no exime a la promovente de la obligación de manifestar su voluntad por medio de la firma electrónica, que será el medio por el cual se cumple con el requisito necesario de que la demanda sea promovida siempre a instancia de parte agraviada (principio de instancia de parte). De acuerdo a lo establecido en la ley, la firma electrónica hará las veces de la firma autógrafa; es decir, ésta será la que acredite la voluntad de promover el juicio de amparo, en el caso de que la demanda sea presentada vía electrónica. Asimismo, de conformidad con los artículos 14 al 20 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, aprobado en sesión extraordinaria de ocho de junio de dos mil veinte, se advierte que el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación es un sitio web a través del cual las partes, sus representantes y, según sea el caso, sus autorizados, podrán acceder electrónicamente a las Oficinas de Correspondencia Común y a los órganos jurisdiccionales para presentar solicitudes, demandas, recursos y promociones en general, así como para acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en éstos. Para acceder a dicho sistema, se deberá estar registrado en el mismo y contar con una firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación a través de la Unidad para el Control de Certificación de Firmas del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, en los artículos 10, último párrafo, y 17 del aludido Acuerdo General 12/2020, se prevé que en todos los servicios en línea que presta el Consejo se utilizará la (Firmado Electrónicamente) electrónica, salvo para la presentación de demandas electrónicas en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Es decir, el registro de los usuarios en el sistema, así como la firma electrónica en el archivo que contenga la demanda de amparo, no serán exigibles cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. No obstante, en los demás casos, como el que se analiza, es exigible dicho registro y que el archivo que contenga la demanda de amparo sea firmado electrónicamente; pues ésta, recuérdese hace las veces de la firma autógrafa. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la extinta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Séptima Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación volumen 181-186 Quinta Parte, página 71, registro 242775. De igual modo, es aplicable la jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 65, abril de 2019, Tomo I, página 79, registro electrónico 2019715- En las relatadas condiciones, lo procedente es desechar la demanda de amparo promovida por Gabriel Andrés Campoli, en representación de Irene Yadira Romero Xolio, pues la misma fue presentada sin la firma autógrafa de la quejosa Irene Yadira Romero Xolio; signo que resulta ser un requisito esencial de validez para dar certeza de su voluntad, por ser quien aparentemente promueve. En apoyo de lo considerado se cita la jurisprudencia 32/2018 (10ª), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, del Libro 62, Enero de 2019, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de la Décima Época, registro digital 2018943. Por igualdad de razón, también tiene aplicación la tesis 2ª. XXII/2018 (10ª.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el seis de abril de dos mil dieciocho, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación. En consecuencia, al no advertirse la firma original autógrafa o electrónica de la quejosa Irene Yadira Romero Xolio, quien insta esta instancia constitucional, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en concordancia con los diversos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6 de la de la legislación mencionada en primer término; por lo que se desecha de plano la presente demanda, por notoriamente improcedente, de acuerdo con el artículo 113 de la ley de la materia. No pasa inadvertido para este juzgador, que la parte quejosa solicita la tramitación del presente juicio por medio de la firma electrónica de Gabriel Andrés Campoli [la cual se anexa a la demanda], pues no obstante tal circunstancia, lo cierto es que debe desecharse de plano al carecer de la voluntad de la directa quejosa que aparece como promovente del amparo; destacando que su falta de firma electrónica y/o autógrafa no se trata de una irregularidad que sea susceptible de subsanarse con lo que se acredita que no existe su voluntad; es decir, no hay instancia de parte. Ello, no implica obstaculizar los actos necesarios para la defensa de la quejosa, ni trastocar sus derechos fundamentales de acceso a la justicia y uso eficiente y eficaz de los recursos públicos, así como de las tecnologías de la información, ya que, se insiste, los mecanismos implementados en la reforma constitucional y legal respectivas, fueron con el objeto de permitirles a los justiciables un uso más eficiente y eficaz de las tecnologías de la información disponibles para el logro de que toda persona obtenga justicia de forma pronta, completa e imparcial; empero, no para trastocar los principios fundamentales que rigen en el juicio de amparo, como lo es la obligación de que la demanda sea signada por quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo, individual o colectivo, por su propio derecho o por conducto de que quien legalmente lo represente -salvo las excepciones establecidas en la propia Ley de Amparo-, pues si el autorizado no está legitimado ni siquiera para ampliar una demanda de amparo o desahogar alguna prevención en la cual deba manifestar hechos o antecedentes del acto que únicamente consten de forma directa al titular de la acción de amparo -tal como lo sostiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación-, mucho menos podría tener legitimación para signar con su propia FIREL una demanda de amparo presentada vía electrónica cuando ésta no ha sido firmada por quien ostenta la acción de amparo, esto es el quejoso. Tampoco pasa por alto este juzgador, que la directa quejosa solicita se le excepcione de firma electrónica, por ser imposible para ella, ya que no puede exponerse a salir por su situación de salud y ser vulnerable [positivo a covid) y pertenecer a las demandas del artículo 22 constitucional, pues tal manifestación no se encuentra justificada en actuaciones. Pues, el hecho de que la parte quejosa se conduzca bajo protesta de decir verdad al redactar la narración de los antecedentes del acto reclamado, con ello no acredita el hecho de que se le excepcione para no estampar su firma autógrafa en el escrito de demanda, ni es elemento de convicción suficiente para otorgarle la medida cautelar solicitada, dado que la protesta es un requisito previsto en el artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo, pero no es medio de convicción. Resulta aplicable al caso, la tesis visible a foja 328, del Tomo XII, Septiembre, del Semanario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época. De igual modo, resulta orientadora la tesis I. 3o. C. 59 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable por el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Septiembre de 1994, página 446. En tal virtud, a la parte quejosa le corresponde la carga procesal de allegar elementos de prueba suficientes para establecer, indiciaria o presuntivamente, que realmente se encuentra imposibilitada para estampar su firma en el escrito de demanda, al encontrarse en peligro su vida, así como la de este órgano jurisdiccional, pues tal manifestación no se encuentra justificada en actuaciones. Ahora, el hecho de que la parte quejosa se conduzca bajo protesta de decir verdad al redactar la narración de los antecedentes del acto reclamado, con ello no acredita el hecho de que se le excepcione para no estampar su firma autógrafa en el escrito de demanda, ni es elemento de convicción suficiente para otorgarle la medida cautelar solicitada, pues la promovente del presente juicio, no aportó pruebas fehacientes que acrediten dicha excepción. Sin que a criterio de este juzgador, el caso concreto se encuentre dentro de las hipótesis de asuntos considerados de tramitación inmediata previstos en los artículos 22 Constitucional y 15 de la Ley de Amparo, pues del análisis integral de la demanda de amparo se obtiene que los actos que reclama, entre otros, al Director del Hospital Materno Infantil de Villa de Álvarez, Colima, a saber: La negativa de renovarle contrato de INSABI y como consecuencia de ello, la pérdida de su salario y la suspensión de sus servicios médicos en el ISSSTE. La negativa de continuar su resguardo domiciliario, por ser persona vulnerable por enfermedad pulmonar y/o cardiaca adquirida, por doble contagio de COVID-19. La negativa a ser vacunada contra el COVID-19. Dichos actos no se encuentran dentro de los supuestos que señalan los artículos invocados, lo que evidencia que no se está en el supuesto de excepción de actos dictados fuera de procedimiento. No pasa inadvertido por este Juzgador, que la parte quejosa también reclama la negativa de continuar su resguardo domiciliario, por ser persona vulnerable por enfermedad pulmonar y/o cardiaca adquirida, por doble contagio de COVID-19. Ahora bien, de acuerdo con los anexos a su escrito de demanda, no se advierte que dicho acto constituya alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, por lo cual tampoco se actualiza el supuesto de excepción en comentario. Cabe señalar que no obstante indique ser persona vulnerable por enfermedad pulmonar y/o cardiaca adquirida, las constancias que anexó a su escrito acreditan: Que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, le otorga las siguientes licencias médicas: 093LM1539907, por dos días [diecinueve y veinte de enero de dos mil veintiuno], por diagnóstico de cotto condritis-enfermedad general (inflamación del cartílago del esternón y las costillas), en tanto que de la hoja de urgencias se desprende que refirió presentar dificultad para respirar al esfuerzo, al subir escaleras y fatiga secundaria; que cursó SARS COVID hace aproximadamente tres meses, sin requerir internamiento ni oxigeno suplementario, incorporándose a laborar sin complicaciones posteriormente; niega enfermedades degenerativas; indicándosele mantener seguimiento ambulatorio y medidas implementadas para contención de la enfermedad. M0088535, por veintiún días, del diecisiete de julio al seis de agosto de dos mil veinte [enfermedad general], caso confirmado de SARS COV 2. 006LM0098530, por catorce días, del veintiuno de enero al ocho de febrero de dos mil veintiuno [enfermedad general], secuelas de SARS-COVA. 006LM0080995, por catorce días, del cuatro al diecisiete de febrero de dos mil veintiuno [enfermedad general], secuelas de Sars-Cov2. 093LM1539704, por siete días, del cuatro al diez de marzo de dos mil veintiuno [enfermedad general], por secuelas COVID/DESCONTROLADA. De lo anterior, se advierte que le fueron otorgadas las licencias médicas por la enfermedad general que presentó en las fechas en que le fueron expedidas las licencias. Por lo mismo, no se advierte la supuesta negativa a resguardo domiciliario. Por otro lado, de dichos documentos no se advierte que sea persona vulnerable por enfermedad cardiaca o pulmonar adquirida pues, de la documental que anexa, consistente en el resultado de la prueba de esfuerzo que le fue practicada, el dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, se advierte que se suspendió en el minuto dos de la segunda etapa por fatiga muscular, disnea incapacidad y deseo de la paciente de no continuar con la caminata; que no presentó cambios respecto al trazo basal, ni alteraciones del ritmo de la conducción y asintomática, debido a lo cual la conclusión de dicha prueba fue "no concluyente para cardiopatía izquémica" [infarto]; de ahí que no acredita que sea persona vulnerable por presentar enfermedad cardiaca y/o pulmonar. Sin dejar de soslayar que la propia quejosa refiere en su escrito de demanda, que lo que solicita es que se mantenga su resguardo domiciliario, su contrato vigente y sus prestaciones médicas derivadas de dicho contrato; de ahí que, lo que pretende con la suspensión del acto que reclama, no es precisamente el resguardo domiciliario, sino obtener de este órgano jurisdiccional que la autoridad responsable le prorrogue su contrato de trabajo, lo que jurídicamente es inadmisible, ya que con ello le constituiría un derecho que la parte quejosa no acreditó tener, pues debe recordarse que en ningún caso el otorgamiento de la medida cautelar podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquéllos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda; lo anterior, según lo ordena el artículo 131 de la Ley de Amparo, pues recuérdese que la suspensión es para conservar derechos no para constituirlos; además, de acceder a las pretensiones de la parte quejosa sería tanto como que este juzgador se sustituyera en las facultades de la responsable, lo cual no es dable. Resta decir que la presente determinación se robustece, con los antecedentes que relata, de los que se aduce que los hechos que reclama derivan de una probable negativa a renovarle su contrato de INSABI y como consecuencia de ello, la pérdida de su salario y sus derechos laborales (asistencia médica) lo cual ratifica que la demanda que nos ocupa no encuadra en el artículo 15 de la Ley de Amparo y 22 constitucional. Finalmente, con base en lo expuesto, la directa quejosa no está eximida de plasmar su firma autógrafa, ni bajo el pretexto de que tiene afectación pulmonar y/o cardiaca, ya que de las mismas documentales que exhibe no se advierte tales circunstancias y el hecho de que esté padeciendo secuelas del contagio al virus COVID-19, tampoco se advierte que esté imposibilitada para suscribir la demanda. Pues los mismos especialistas médicos que la han revisado y diagnosticado, no plasman padecimiento grave alguno, lo que demuestra que no está imposibilitada para firmar la demanda; lo anterior se corrobora porque el compareciente Gabriel Andrés Campoli, en la demanda de garantías refiere que si este órgano jurisdiccional requiere la presencia de la directa quejosa ***, para la ratificación, está en posibilidad de hacerlo. Aunado que de las mismas licencias que exhibe, de fechas diecinueve de enero de dos mil veintiuno, veintiocho de enero de dos mil veintiuno, cinco y veintitrés de febrero de dos mil veintiuno y cuatro de marzo de dos mil veintiuno, todas han sido firmadas por la directa quejosa, con lo cual se demuestra que no está imposibilitada para firmar una demanda de garantías. Por lo que, al no estar en los supuestos de los artículos 15 de la ley de amparo y 22 constitucional, es por ello la presente determinación. Intervención de autorizados. Sin que haya lugar a tener a la parte quejosa designando como su autorizado en términos amplios que prevé el primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a ***, toda vez que no señaló los datos correspondientes para tal efecto, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo de dicho numeral; es decir, el número de su cédula profesional federal o del registro único a que se refiere el Título Octavo denominado "Registro Único de Profesionales del Derecho", del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de noviembre de dos mil trece, el cual fue reformado por diverso publicado en ese medio el diecisiete de septiembre de dos mil catorce. Por lo anterior, se tiene a dicha persona únicamente como autorizado en términos restringidos del artículo 12, segundo párrafo, en relación con el diverso 24 ambos de la ley de la materia; esto es, para oír notificaciones e imponerse de autos. Acceso a expediente electrónico. Con fundamento en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se ordena que las notificaciones de carácter personal se hagan vía electrónica, en el entendido de que la parte que así lo solicita quedaran sujetas a las reglas que establecen los artículos 24, 30, fracción II y 31, fracciones I, II y III, de la Ley de Amparo; esto es, cuando la parte notificada no consulta el sistema indicado dentro del plazo máximo de dos días hábiles posteriores al envío de la actuación a notificar, la notificación debe entenderse hecha en el primer instante del día hábil siguiente al vencimiento de ese plazo de dos días (momento en el cual igualmente surte sus efectos). Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia 2a./J. 71/2019 (10a.). Asimismo, con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, y en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la consulta del expediente vía electrónica con el usuario que indicó en su misiva. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con apoyo en el artículo 21 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, para el caso de que en el presente sumario deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera que intervenga en él, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar tales diligencias.

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