Irene Rodríguez Ortega

Expediente 60/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
60/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
12/02/2019

Partes del expediente

  • Irene Rodríguez Ortega

Actuaciones

  1. Principal

    ... quejosa, solicitan la devolución de los documentos que adjuntaron a su escrito de demanda... dígaseles que deberán estarse a lo ordenado en acuerdo de seis de febrero actual y que se tienen como autorizados para recoger... T

  2. Principal

    .. feneció el plazo para recurrir el proveído en el que se desechó la demanda de amparo... SE DECLARA FIRME dicho acuerdo.... archívese este asunto como total y definitivamente concluido... se considera que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de desincorporación y destrucción en el termino señalado.. Requiérase a la parte quejosa, para que comparezca a este Juzgado a recoger los documentos que exhibió... T

  3. Principal

    Siendo las nueve horas del día de la fecha, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo notifico a los quejosos el proveído de seis de febrero de dos mil diecinueve, dictado en el juicio de amparo 60/2019-VI por lista en los estrados del local del juzgado y por lista en la página electrónica en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, sito en http://www.cjf.gob.mx/, conforme al precepto indicado y al artículo 29 de la misma Ley, por lo que en este acto le notifico el proveído que dice: Visto el estado procesal de los presentes autos y el contenido de la certificación que antecede, se desprende que feneció el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para recurrir el proveído en el que se desechó la demanda de amparo, sin que la parte quejosa lo hubiera impugnado; en consecuencia, SE DECLARA FIRME dicho acuerdo, archívese este asunto como total y definitivamente concluido, se considera que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de desincorporación y destrucción después de cinco años contados a partir de esta fecha. Requiérase a la parte quejosa, para que dentro del plazo de noventa días, contados a partir de que quede notificado del presente acuerdo, comparezca a este Juzgado a recoger los documentos que exhibió en esta instancia constitucional, bajo apercibimiento que de no hacerlo en el término indicado, se destruirán junto con el expediente.

  4. Principal

    Siendo las nueve horas del día de la fecha, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo notifico a los quejosos el proveído de dieciocho de enero de dos mil diecinueve, dictado en el juicio de amparo 60/2019-VI, del índice del juzgado de mi adscripción por lista en los estrados del local del juzgado y por lista en la página electrónica en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, sito en http://www.cjf.gob.mx/, conforme al precepto indicado y al artículo 29 de la misma Ley, por lo que en este acto le notifico el proveído que dice: Se tiene por recibido el escrito de demanda signado por los quejosos. En el caso, se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el precepto y 5°, del mismo ordenamiento, interpretados contrario sensu. Tales disposiciones legales prevén: "61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II.- La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general". El precepto citado en primer término, dispone que las causas de improcedencia, pueden advertirse de cualquier disposición de la Ley de Amparo, mientras que el segundo normativo establece, que tiene calidad de autoridad responsable la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. De la interpretación armónica de los dispositivos legales en cita, se puede concluir que, el juicio de amparo únicamente procede contra actos de autoridades, que vulneren los derechos fundamentales del gobernado. Bajo ese contexto, y en una interpretación en sentido contrario, de los dispositivos trascritos, puede inferirse que, el juicio de amparo, resulta improcedente cuando se intente combatir conductas que no constituyan actos de autoridad para los efectos del amparo. Siendo así, porque la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contempla una serie de derechos a favor del gobernado, y establece medios para hacerlos efectivos en contra de los órganos encargados de ejercer el poder público; por tanto, al ser el juicio de amparo un medio de defensa de tales derechos, resulta necesario que los actos de autoridad se actualicen para que sea procedente la acción constitucional. Dentro del anterior análisis, es preciso tener en cuenta diversos conceptos que se vinculan necesariamente con tal premisa, como son los de: "autoridad responsable" y "acto de autoridad", así como la clasificación teórica de las relaciones jurídicas de coordinación y supra a subordinación, a partir de las cuales, se entiende a plenitud la conformación de un acto de autoridad, y sus diferencias con los actos de particulares. La definición del concepto autoridad responsable a que se refiere el artículo 5 o, fracción II, de la Ley de Amparo, ha sido delimitado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de máximo intérprete, quien señala que para efectos del juicio de amparo, es autoridad la que teniendo las características de órgano público otorgadas por la norma jurídica, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales, a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados, sin requerir de la voluntad del afectado o aun en contra de ella. Es decir, autoridad, es toda aquella persona física o moral perteneciente a la federación, los estados o los municipios, que con facultades de facto o de jure, en uso del poder público de decisión o ejecución, o bien de ambas, de manera unilateral y obligatoria, crea, modifica o extingue situaciones generales o concretas, de hecho o jurídicas, en perjuicio del gobernado. Siendo así, ya que para que una persona, física o moral, pueda ser considerada como autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, con independencia de que pueda ejercer la fuerza pública de manera directa o por conducto de otras autoridades, como órgano del Estado, ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la Ley, de manera unilateral, a través de los cuales crea, modifica o extingue situaciones jurídicas, que afecten la esfera jurídica del gobernado. . . . De dicho criterio jurisprudencial, se advierte además, que las características distintivas que debe tener una autoridad, a fin de ser considerada como tal, para efectos del juicio de amparo, son: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Dicha relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una potestad para actuar, cuyo ejercicio es irrenunciable. c) Con motivo de dicha relación, emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del gobernado. d) Para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise el conceso de la voluntad del afectado; y, e) Su emisor tenga características de órgano público. Como puede observarse, esas características restringen el concepto de autoridad, pues los entes públicos no siempre serán autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que deberá atenderse a las características particulares de quien se le imputa el acto reclamado y la naturaleza, pues no todo acto, aun emitido por una entidad de gobierno, puede ser considerado como acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Por otro lado, los actos entre particulares, se tendrán bajo ese concepto, siempre y cuando no sean equivalentes a los de autoridad que afecten derechos del gobernado, en términos de la fracción II del artículo 5º, de la Ley de Amparo vigente, sobre los cuales, la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo, determinan que éste resulta improcedente, conteniendo dicha fracción limitativamente, los requisitos que estos deben reunir para tener esa calidad -actos de particulares equivalentes a actos de autoridad-, los cuales se puntualiza, son: a) Sea actos equivalentes a los de autoridad. b) Que afecten derechos; y c) Mediante el uso de funciones determinadas por una norma general. Así, el primero de los elementos consistentes en que el acto sea equivalente a los de autoridad, implica la acción u omisión de dictar, ordenar, ejecutar o tratar de ejecutar un acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, con características de imperatividad, unilateralidad y coercitividad. A su vez, debe analizarse: I) El origen material y la finalidad del acto respectivo. II) El carácter de la relación jurídica entre los sujetos -actualización de la relación de supra a subordinación; y III) El sentido de afectación del acto sobre la esfera jurídica del particular. En todo caso, tratándose de particulares que también se encuentran sujetos al imperio de la autoridad del Estado, es importante delimitar si el acto que se les atribuye incide en un ámbito de decisión, o bien, simplemente es consecuencia de la vinculación que ellos mismos, como particulares guardan, al igual que el quejoso, respecto del acto reclamado. Es decir, si el particular está obligado a cumplir un acto de autoridad, o bien, emite un acto equivalente a los de autoridad. El segundo elemento, relativo a que se afecten derechos, si bien, se precisa en el contenido de la normativa, que en términos de la propia fracción II, del artículo 5°, lo cierto es, que esa afectación de derechos debe ser vista en contexto de las disposiciones constitucionales y legales que rigen la tramitación del juicio de amparo; de ahí, que se estime que el acto u omisión desplegado por los particulares, debe traducirse en la afectación de algún interés legítimo o jurídico, según sea el caso, empero, debe afectar por sí mismo, los derechos humanos reconocidos y las prerrogativas otorgadas para su protección en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Finalmente, el elemento consistente en que la afectación de derechos se dé mediante el uso de funciones determinadas por una norma general, se traduce en que el actuar u omisión desplegada por un particular, debe responder a un ámbito específico de atribuciones reconocidas en una norma general, en términos de lo que ha sido definido como tal en la jurisprudencia. Es decir, el particular debe actuar al amparo de una determinada normativa emitida por el Estado Mexicano, mediante los procedimientos establecidos para ello. En el caso, las autoridades del Ayuntamiento de La Paz, Estado de México que la parte quejosa señala, no pueden ser consideradas como responsables, dado que, en la especie, los amparistas reclaman la: 1 La inconstitucional retención del pago de los salarios correspondientes a la primera quincena del mes de enero de dos mil diecinueve, por parte del Ayuntamiento de La Paz, Estado de México; 2. La ilegal prohibición da la Defensora Municipal de Derechos Humanos de La Paz, como Titular de este Organismo municipal autónomo, de firmar la lista de asistencia de personal, en horarios de entrada y salida, a partir del quince de enero de dos mil diecinueve, por parte de la Jefatura de Factor Humano del Municipio de La Paz. Ahora, la relación jurídica de la autoridad responsable, para con los peticionarios, no deriva de una relación de supra a subordinación, ni de la imposición en su perjuicio de acto unilateral, sino por el contrario, de una relación contractual, regulada por el derecho privado, en la que los quejosos en su carácter de empleados, responde de manera directa o indirecta, a las órdenes de las autoridades señaladas como responsables, quien fungía como su superior jerárquico. Bajo esa litis, el acto reclamado, no reviste las características de acto de autoridad, para los efectos del juicio de amparo, ni de aquéllos que, emitidos por un particular, deban ser considerados como de autoridad, en virtud de que su relación jurídica con las responsables, inciden directamente en cuestiones de naturaleza laboral, como son la retención de la primera quincena de enero de dos mil diecinueve y la negativa a firmar la asistencia. En ese sentido, los actos reclamados, quedan comprendidos en una relación contractual, regulada por el derecho privado, en los cuales, las autoridades responsables, actúan como particulares, es decir, en un plano de igualdad, y no como autoridades para efectos del juicio de amparo, consecuentemente, su actuación no se traduce en un acto de autoridad, por lo que, no se está frente a un acto autoritario. Así, en relación con esta distinción entre actos de autoridad y actos de particulares, tiene injerencia y relevancia el análisis de la clasificación de las relaciones jurídicas de coordinación y de supra a subordinación que, como se dijo líneas arriba, resulta necesario tener en cuenta para demostrar plenamente que los actos reclamados en el presente juicio no son de autoridad. Sobre el particular, se tiene que las relaciones de coordinación presuponen un plano de igualdad, en el que las partes, generalmente particulares, se encuentran en un mismo nivel, teniendo que acudir a los procedimientos ordinarios establecidos en las leyes respectivas para dirimir sus controversias; de tal manera, que dentro de este tipo de relaciones se encuentran, verbigracia, las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. Por su parte, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público, que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se suscitan por la actuación de los órganos del Estado, entre los que destacan por ejemplo, el contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos. Este último tipo de relaciones, se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución Federal establece una serie de prerrogativas, como limitaciones al actuar del gobernante, siendo entonces, las que se vinculan con el entendimiento de los actos de autoridad. Siendo aplicable la tesis que dice: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO". .. Por lo expuesto, en el presente caso, no se esta ante la existencia de un ente de hecho o de derecho que tenga una relación de supra a subordinación con los quejosos, ya que esto se actualiza, cuando el acto afecta la esfera jurídica de los gobernados en forma unilateral, al no tratarse de una relación de coordinación, sino de supra a subordinación, al imponer la voluntad sin el consenso de los afectados. De ahí, que el juicio de amparo no es el medio para impugnar tal acto, pues en su defecto, los peticionarios del amparo tienen a su alcance la vía procesal ordinaria, ante las autoridades del trabajo competentes para hacerlo valer, de acuerdo al vínculo existente entre éstos y las referidas autoridades, el cual, es de naturaleza laboral, revistiendo en tales circunstancias actos meramente de particulares, por lo que, en el caso, las autoridades con las que tiene el vínculo laboral, y respecto de las cuales deriva el acto que reclama, no actúan con potestad de imperio. Criterio que se robustece con la jurisprudencia que dice: "ACTOS DE PARTICULARES. IMPROCEDENCIA"... Lo anterior, no obstante que los particulares pueden tener el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo, tal como lo establece el numeral 5, fracción II, segundo párrafo, de la ley de la materia, ya que ello no implica que la vía constitucional intente sustituir la jurisdicción ordinaria o el agotamiento de los elementos procesales respectivos, pues lo que el legislador consideró, es que el reconocimiento de los actos de autoridad dependerá del planteamiento realizado por los quejosos, y la posibilidad de evaluar el acto como lesivo de su esfera de derechos fundamentales; y, por tanto, deberá hacerlos valer por la vía ordinaria ante la autoridad correspondiente. Por tanto, se desecha de plano la presente demanda de amparo, ya que la causa de improcedencia es manifiesta e indudable. Sirve de apoyo la jurisprudencia visible en la página 1631, del tomo XX, septiembre de 2014, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, que refiere: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO"...

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