Irene Perez Orihuela y Otros.
Expediente 871/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 22 actuaciones registradas, la última del 29 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 871/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 29/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Irene Perez Orihuela y Otros.
- Irene Perez Orihuela
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
Vistas las constancias que integran los presentes autos, se advierte que mediante proveído de veintinueve de junio de dos mil veintiuno, se tuvo por cumplida la sentencia ejecutoria dictada en el juicio de amparo en que se actúa y al efecto, en términos del artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordenó su archivo por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido; asimismo, de la certificación de cuenta, se desprende que el primero, de la Ley de Amparo, para inconformarse contra término de quince días que establece el artículo 202, párrafo la citada determinación, ha fenecido; en consecuencia, queda firme. Por lo anteriormente expuesto, remítase los presentes autos al archivo.
- Principal
NOTIFICACION POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA. En veintinueve de junio de dos mil veintiuno, el Secretario CERTIFICA: Que el término de tres días otorgado a la parte quejosa en el acuerdo de quince de junio de dos mil veintiuno, transcurrió del veintitrés al veinticinco de junio del año que transcurre. Doy fe. Secretario En esta fecha, el Secretario da cuenta a la Jueza con la certificación que antecede y con el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo número 871/2020. Conste. Secretario Ciudad de México, veintinueve de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término otorgado a la parte quejosa en auto de quince de junio de dos mil veintiuno, a efecto de que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto de las constancias con las que la responsable adujo el acatamiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo vigente, se procede a analizar si el fallo protector se encuentra cumplido con base en las constancias procesales. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J.26/2000, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XI, marzo de 2000, de rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Acorde con lo anterior, es necesario precisar que se otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, en los siguientes términos: "[...] De ahí la relevancia de velar por la integridad de las quejosas, pues como se ha establecido, es obligación del Estado Mexicano encontrar los mecanismos eficaces que permitan garantizar el pleno derecho a la salud, en el caso, con el abasto de medicamentos y/o tratamientos oncológicos, sin que sea óbice a lo anterior, el hecho advertido por las autoridades responsables, en el sentido de que ha desaparecido el Programa del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, del que las quejosas formaban parte, pues, se reitera, tal obligación surge del derecho a la protección de la salud que se encuentra consagrado como garantía individual, y del deber de proporcionarla por parte de las dependencias y entidades que prestan los servicios respectivos. En ese sentido, en observancia irrestricta al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece la prerrogativa humana de protección a la salud, es procedente conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que una vez que quede firme el presente fallo, las autoridades responsables: - Ordenen en el ámbito de sus atribuciones que las quejosas IRENE PÉREZ ORIHUELA y ELIZABETH ROJAS RUIZ reciban de manera integral el tratamiento y acciones médicas pertinentes al estado que actualmente presentan. - Lleven a cabo, tal como se ha venido realizando, las acciones administrativas pertinentes, con la finalidad de que las quejosas continúen recibiendo la atención médica a su favor en la etapa del tratamiento en la que se encuentran, así como los medicamentos indispensables a sus padecimientos y recuperación, ello a efecto de preservar su salud. - Solo para el caso, de que los medicamentos necesarios para la recuperación de las quejosas, no se encuentren dentro del catálogo institucional de insumos o una situación símil, deberán inmediatamente realizar aquellas gestiones necesarias con la finalidad de que sea facilitado y recibido el mismo, ante las dependencias que sean necesarias de la administración pública. - Hecho lo anterior, remitan las constancias donde se advierta que se han girado las órdenes relativas a efecto de dar cumplimiento a los puntos precisados con antelación. En el entendido que quedará a cargo de las responsables en el ámbito de sus atribuciones, la obligación de garantizar la salud (tratamiento) de las quejosas y verificar que no se repita la práctica violatoria sobre ese derecho a la salud. Es orientador el criterio 3a. XCI/91, emitido por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 99 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Registro 206968, del rubro y texto siguientes: «SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO ES DE ORDEN PÚBLICO DEBIÉNDOSE EVITAR ACTUACIONES O DECISIONES QUE LO DIFICULTEN O IMPIDAN. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XVI, de la Constitución, y 105 y 113 de la Ley de Amparo, en cuanto a las medidas que deben adoptarse para lograr el cumplimiento de las sentencias de amparo, debe establecerse que éste es de orden público, lo que exige que las decisiones y acciones que se adopten en esa materia, no tiendan a propiciar la dificultad o imposibilidad de llegar a ese objetivo. Por consiguiente, si bien la improcedencia del incidente de inejecución de sentencia se produce cuando existe un acto que entraña un principio de cumplimiento, ello solo resulta aplicable cuando tal situación se presente con anterioridad a la promoción del referido incidente y no cuando ello ocurre durante su tramitación pues, en este caso, en el debe lograrse el pleno cumplimiento de la sentencia y proceder, en su caso, a adoptar las medidas consignadas en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución». [...]" De la anterior trascripción, en estricto acatamiento a lo ordenado por la Superioridad, a efecto de que se encuentre cumplida la sentencia de amparo y restituir al quejoso en el pleno goce de la garantía violada, de conformidad con el artículo 77, fracción I, de la ley de la materia, se precisa que LOS EFECTOS DE LA CONCESIÓN DE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL CONSISTEN EN QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE REALICE LO SIGUIENTE: ? Ordenen en el ámbito de sus atribuciones que las quejosas IRENE PÉREZ ORIHUELA y ELIZABETH ROJAS RUIZ reciban de manera integral el tratamiento y acciones médicas pertinentes al estado que actualmente presentan. ? Lleven a cabo, tal como se ha venido realizando, las acciones administrativas pertinentes, con la finalidad de que las quejosas continúen recibiendo la atención médica a su favor en la etapa del tratamiento en la que se encuentran, así como los medicamentos indispensables a sus padecimientos y recuperación, ello a efecto de preservar su salud. ? Solo para el caso, de que los medicamentos necesarios para la recuperación de las quejosas, no se encuentren dentro del catálogo institucional de insumos o una situación símil, deberán inmediatamente realizar aquellas gestiones necesarias con la finalidad de que sea facilitado y recibido el mismo, ante las dependencias que sean necesarias de la administración pública. ? Hecho lo anterior, remitan las constancias donde se advierta que se han girado las órdenes relativas a efecto de dar cumplimiento a los puntos precisados con antelación. En el entendido que quedará a cargo de las responsables en el ámbito de sus atribuciones, la obligación de garantizar la salud (tratamiento) de las quejosas y verificar que no se repita la práctica violatoria sobre ese derecho a la salud. En cumplimiento a lo anterior, junto con el oficio registrado con el folio 9524, recibido el catorce de junio de dos mil veintiuno, el representante legal del Instituto Nacional de Cancerología, remitió la siguiente documental: ? Informe médico del Jefe de Departamento de Tumores Mamarios, por medio del cual hace del conocimiento que las quejosas han continuado con el tratamiento integral para la atención del padecimiento oncológico respectivo. Ahora del contenido de la anterior documental, se advierte que el siguiente reporte de las quejosas: [.] Irene Pérez Orihuela, [.] tuvo su última visita en el INCan, el día 04 de agosto de 2020, a las 10:17 am, en donde se despejaron dudas acerca del tratamiento médico ("Se comenta decisión, la paciente entiende la propuesta del tratamiento médico y acepta") se expide receta por Tamoxifeno 20 mg y se da solicitud para realizarse una densitometría ósea en 6 meses, a partir de la última fecha de su visita. No tenemos noticias ni reportes de la paciente posterior a su última visita. Elizabeth Rojas Ruiz [.]. El 08 de julio de 2020 en decisión multidisciplinaria, por las condiciones del tumor y valorando la salud ósea se cambia el tratamiento médico de Anastrozol por Tamoxifen 20 mg explicándole a la paciente la decisión, la paciente comprende la propuesta y acepta. El 24 de septiembre y 22 de diciembre de 2020 acude a renovar la receta médica. El 11 de enero de 2021 fue vista por última vez en consulta externa sin datos clínicos de actividad tumoral, renovando la receta y solicitando densitometría ósea. El 13 de mayo del 2021 acude a renovación de receta por Tamoxifen 20 mg, es vista por última vez. El 17 de mayo de 2021 las 11:51am sin evidencia de actividad tumoral, empezó con suplemento de calcio presentando mejoría en la sintomatología ósea, posterior a la suspensión de Anastrozol, aun con datos de osteoporosis en columna bajo vigilancia. Se cita en 4 meses con estudios de imagen. [.] Lo anterior se corrobora, además, con las impresiones de pantalla del sistema de Control exhibidas por la representante legal del Instituto Nacional de Cancerología junto con el oficio registrado con el número 5279, de las que se desprende respecto de la quejosa Irene Pérez Orihuela que "esta paciente no tiene ninguna cita para la cual desplegar indicaciones"; mientras que Elizabeth Rojas Ruiz tiene estatus "Activa", respecto del tratamiento médico otorgado por las autoridades responsables. Constancias que por ser públicas, merecen eficacia probatoria plena en términos de los artículos 129, 197 y 202, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo vigente. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 226 publicada en la página 153 del Tomo VI, materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Ahora, de un análisis comparativo entre los efectos para los cuales fue concedida la protección de la justicia federal y la constancia remitida en cumplimiento al mismo, se advierte que se concedió la protección federal para que las autoridades responsables ? Ordenen en el ámbito de sus atribuciones que las quejosas IRENE PÉREZ ORIHUELA y ELIZABETH ROJAS RUIZ reciban de manera integral el tratamiento y acciones médicas pertinentes al estado que actualmente presentan. ? Lleven a cabo, tal como se ha venido realizando, las acciones administrativas pertinentes, con la finalidad de que las quejosas continúen recibiendo la atención médica a su favor en la etapa del tratamiento en la que se encuentran, así como los medicamentos indispensables a sus padecimientos y recuperación, ello a efecto de preservar su salud. ? Solo para el caso, de que los medicamentos necesarios para la recuperación de las quejosas, no se encuentren dentro del catálogo institucional de insumos o una situación símil, deberán inmediatamente realizar aquellas gestiones necesarias con la finalidad de que sea facilitado y recibido el mismo, ante las dependencias que sean necesarias de la administración pública. Para ello, las autoridades responsables remitieron las siguientes constancias: ? Informe médico del Jefe de Departamento de Tumores Mamarios, por medio del cual hace del conocimiento que las quejosas han continuado con el tratamiento integral para la atención del padecimiento oncológico respectivo. ? Impresiones de pantalla del sistema de Control exhibidas por la representante legal del Instituto Nacional de Cancerología junto con el oficio registrado con el número 5279, de las que se desprende respecto de la quejosa Irene Pérez Orihuela que "esta paciente no tiene ninguna cita para la cual desplegar indicaciones"; mientras que Elizabeth Rojas Ruiz tiene estatus "Activa", respecto del tratamiento médico otorgado por las autoridades responsables. De lo anterior, se advierte que las autoridades responsables, acataron los extremos de la concesión de la protección constitucional, ya que brindaron a las quejosas de manera integral, el tratamiento y acciones médicas pertinentes, para sus padecimientos. Con dichas documentales, este órgano jurisdiccional, dio vista a las quejosas para que manifestaran lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento dado por la responsable a la ejecutoria de amparo, mediante proveído de quince de junio del año en curso, mismo que les fue notificado el veintiuno de junio de dos mil veintiuno, sin que hubieran formulado manifestación alguna al respecto. Atento a lo anterior y tomando en consideración el estado procesal que guardan los presentes autos, con fundamento en lo previsto en el artículo 196 párrafos segundo, tercero y cuarto, de la Ley de Amparo vigente, se declara cumplida la sentencia ejecutoria dictada en el presente juicio de garantías. Sin que pase inadvertido que la autoridad responsable manifiesta que la última cita médica de la quejosa Irene Pérez Orihuela, fue el cuatro de agosto de dos mil veinte, sin que a la fecha se tenga registro de una cita posterior; no obstante lo anterior, se deja expedito el derecho de la quejosa, para que, de estimarlo procedente, agende una nueva cita a efecto de que se continúe con el tratamiento médico pertinente para el estado de salud que actualmente presente. En el entendido que quedará a cargo de las responsables en el ámbito de sus atribuciones, la obligación de garantizar la salud (tratamiento) de las quejosas y verificar que no se repita la práctica violatoria sobre ese derecho a la salud; pues la presente determinación no implica dejar a la discrecionalidad de las autoridades responsables el continuar o no entregando los medicamentos que tiene prescritos la parte quejosa para tratar su padecimiento, ello en razón de que estas continúan teniendo la obligación de respetar el derecho a la salud previsto en el artículo 4, cuarto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que deberán abstenerse de negar la entrega de dichos medicamentos o de dar el tratamiento médico que requiera. En tales condiciones, hágase del conocimiento de la parte quejosa la presente determinación, para los efectos de los artículos 201 fracción primera y 202, de la Ley de Amparo vigente; en consecuencia, hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, de conformidad con los artículos 196 párrafo cuarto y 214, del ordenamiento legal antes invocado, una vez concluido el término otorgado en el artículo 202 de la citada ley de la materia, y que no existan diligencias pendientes por desahogar en el presente juicio de amparo, archívese el expediente como asunto concluido. Para el caso de que las autoridades destinatarias de los oficios por los que se dé a conocer el presente proveído, no estén laborando con motivo de la contingencia decretada en nuestro país, comisiónese a un actuario adscrito a este órgano jurisdiccional para que al día en que reanude sus labores, entregue los oficios notificatorios del presente proveído, sin necesidad de ulterior acuerdo; los cuales deberán quedar resguardados bajo su estricta responsabilidad, hasta en tanto sea entregada a sus receptores. Finalmente, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Amparo vigente, a fin de notificar el presente proveído se habilitan días y horas inhábiles. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma Laura Gutiérrez de Velasco Romo, Jueza Séptima de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en unión de Josué Yoao García García, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
PERSONAL. Se declara cumplida la sentencia ejecutoria dictada en el presente juicio de garantías.
- Principal
PERSONAL. ...agréguese a los autos el oficio, dese vista a la parte quejosa. Se apercibe.
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