Irene Pérez Barrera
Expediente 206/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 12 actuaciones registradas, la última del 30 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 206/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 30/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Irene Pérez Barrera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, treinta de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso d), de la ley en comento, en contra del proveído de tres de junio de dos mil veintiuno, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente sumario constitucional. Consecuentemente, con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que el citado proveído HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales. No obsta a lo anterior, el hecho de que este órgano jurisdiccional se abstenga de realizar el computo a que se alude en la certificación de cuenta a las autoridades responsables, para la interposición del recurso de revisión que prevé el citado numeral 86 de la ley de la materia; ello, en virtud de que en el presente sumario constitucional se determinó sobreseer fuera de audiencia; por tanto, dicha resolución no les irroga perjuicio alguno.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, tres de junio de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio de cuenta signado por la Síndico Municipal y Representante legal del Ayuntamiento del Municipio de Tamuín, San Luis Potosí, por medio del cual rinde su informe justificado, de conformidad con el artículo 117 de la Ley Amparo. Con fundamento en el numeral 119 de la ley de la materia, se tiene como prueba de la autoridad oficiante, la documental que anexa, la cual se admite y desahoga dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de recibirla en el momento procesal oportuno. Sin que sea necesario proveer respecto al domicilio y delegados que designa la autoridad oficiante, toda vez que mediante proveído de dieciocho de mayo del año en curso, se proveyó lo conducente. Ahora, del estado procesal que guardan los presentes autos, en específico de la lectura integra de la demanda de amparo se advierte que el acto que reclama la quejosa *************es: El citatorio emitido por la Síndico Municipal del Ayuntamiento de Tamuín San Luis Potosí, para las once horas del tres de mayo de dos mil veintiuno, así como la entrega del citatorio en el domicilio de la quejosa. Cabe destacar que los artículos 62 y 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, a la letra establecen: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (...) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." De la interpretación armónica de dichos artículos, se advierte que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia, la cual debe acreditarse de manera manifiesta e indudable. Así, en el presente juicio, se advierte que sobrevino un motivo de improcedencia que reúne estas característica -manifiesta e indudable-, que hace innecesario continuar con su substanciación hasta la celebración de la audiencia constitucional, ya que de determinar lo contrario, dilataría en forma ociosa el dictado del sobreseimiento que debe decretarse indefectiblemente, en virtud de que, con ningún elemento probatorio podría desvirtuarse el motivo de improcedencia que se actualiza en el particular; y sólo se generaría en el justiciable falsas expectativas de forma injustificada; es decir, se contravendría el espíritu del derecho fundamental de acceso a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; porque, se reitera, a nada práctico conduciría continuar con la integración de los autos, hasta la celebración de la audiencia constitucional, si la resolución que procede dictar en este asunto, no variará. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, registro 184572 de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Ahora bien, en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 62, de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional procede a emitir de oficio el pronunciamiento que corresponde a las consecuencias jurídicas que en el presente asunto trae la emisión del citatorio para que la aquí quejosa se presentara el tres de mayo del presente año, en la oficina de la Sindicatura de la Presidencia Municipal de Tamuín, San Luis Potosí, En estas condiciones, del examen íntegro de las actuaciones del presente sumario constitucional se evidencia de manera manifiesta, notoria e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XVI, del numeral 61 de la Ley de Amparo que a la letra establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVI. Contra actos consumaos de modo irreparable." Conforme a dicha fracción, el juicio de amparo es improcedente contra actos consumados de un modo irreparable, los cuales se entienden como aquéllos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquéllos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas, por lo que ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas; esto es, no es posible restituir al quejoso en el goce de la garantía violada; lo cual hace improcedente la acción de amparo porque de otorgarse la protección constitucional, la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Apoya a lo anterior, la tesis I. 3º. A. 150 K sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Diciembre de 1994 página 325, registro 209662 de rubro: "ACTOS CONSUMADOS. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los actos consumados se entienden por la doctrina y la jurisprudencia como aquéllos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquéllos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Para efectos de la procedencia del juicio de amparo los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos los podemos clasificar en: a) actos consumados de modo reparable y b) actos consumados de modo irreparable. Los primeros son aquéllos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable (artículo 80 de la Ley de Amparo), de ahí el que proceda el juicio de amparo en contra de actos consumados de modo reparable. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas, razón por la cual resulta improcedente el juicio de garantías en términos de la fracción IX del artículo 73 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. En esta tesitura, para determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable, se debe de atender a los efectos y consecuencias de su ejecución. Así tenemos que los efectos y consecuencias del acto reclamado ya ejecutado no pueden circunscribirse al tiempo o momento de su ejecución para determinar la procedencia del juicio de amparo, porque llegaríamos al extremo de que cualquier acto por el solo hecho del transcurso del tiempo en su realización, por no retrotraerse éste, es un acto consumado de modo irreparable, cuando la restitución del acto ejecutado es factible aun cuando sea en otro tiempo y momento. Esto resulta así, si consideramos que los actos consumados de modo irreparable hacen improcedente el juicio de amparo porque ni física ni materialmente, puede obtenerse la restitución de los actos reclamados. Lo que significa que la naturaleza de los actos consumados para efectos del juicio de amparo debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene tutelado, y que le fue transgredido, igual que antes de las violaciones cometidas, pero no por cuestiones de tiempo o del momento de su ejecución porque el tiempo no rige la materialización física y restituible de los actos ejecutados (actos consumados)." De igual forma, es aplicable, la jurisprudencia 2a./J. 171/2007 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Septiembre de 2007, materia Administrativa, página 423, registro 171537 de rubro: "ARRESTO. SI YA SE EJECUTÓ, EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, ES IMPROCEDENTE, POR CONSTITUIR UN ACTO CONSUMADO DE MODO IRREPARABLE. De los artículos 73, fracción IX y 80 de la Ley de Amparo se advierte que son actos consumados de modo irreparable los que han producido todos sus efectos, de manera que no es posible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual violada, lo cual hace improcedente la acción de amparo porque de otorgarse la protección constitucional, la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En ese tenor, resulta que esa causa de improcedencia se actualiza cuando se promueve el juicio de amparo contra un arresto que ya se ejecutó, por haberse consumado irreversiblemente la violación a la libertad personal, dado que está fuera del alcance de los instrumentos jurídicos restituir al quejoso en el goce de ese derecho, al ser físicamente imposible reintegrarle la libertad de la que fue privado, sin que el hecho de que sea factible reparar los daños y perjuicios que tal acto pudo ocasionar haga procedente el juicio de garantías, pues al tratarse de un medio de control constitucional a través del cual se protegen las garantías individuales, la sentencia que se dicte tiene como único propósito reparar la violación, sin que puedan deducirse pretensiones de naturaleza distinta a la declaración de inconstitucionalidad de un acto, como podría ser la responsabilidad patrimonial. Lo anterior no prejuzga en cuanto a la legalidad de dicho acto o la responsabilidad que, en su caso, pueda atribuirse a las autoridades que tuvieron participación en el mismo, ni limita el derecho que pudiera asistir al particular para demandar, a través de las vías correspondientes, la reparación de los daños que ese acto le pudo ocasionar. En el caso que nos ocupa, la hipótesis anterior se actualiza plenamente, en razón de que la quejosa reclamó el citatorio emitido por la Síndico Municipal del Ayuntamiento de Tamuín, San Luis Potosí, para el tres de mayo de dos mil veintiuno, que le fue entregado en su domicilio; sin embargo, al rendir su informe justificado, la autoridad responsable refirió que ante esa Sindicatura, se presentó Rubén Flores Ruiz solicitando se realizara una invitación conciliatoria a Irene Pérez Barrera, respecto de un adeudo por la cantidad de $5,536.00 (cinco mil quinientos treinta y seis pesos 00/100 moneda nacional), motivo por el cual giró citatorio a Irene Pérez Barrera para que se presentara ante esa sindicatura a las once horas del tres de mayo del año en curso; y ante la inasistencia de la aquí quejosa se levantó un acta de conocimiento de hechos, ante la Síndico Municipal Constitucional de Tamuín San Luis Potosí, en la que el compareciente *********manifestó que al no presentarse la requerida, deduce que no tiene intención de llegar a un arreglo. Lo anterior, se corrobora con el original del acta de tres de mayo de dos mil veintiuno asentada por la Síndico Municipal de Tamuín, San Luis Potosí; en la se hace constar la comparecencia de Rubén Flores Ruíz; cuyo valor probatorio es pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º. Sirve de apoyo, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 857, del Tomo XXII, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que reza: "DOCUMENTOS PÚBLICOS. CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen pruebas plena." Así las cosas; se deduce que en el presente caso, se satisfacen los requisitos con los que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, de la fracción XVI de la Ley de Amparo, toda vez que la parte demandante de amparo promovió el presente juicio de amparo indirecto en contra de un acto consistente en el citatorio emitido por la Síndico Municipal de Tamuín, San Luis Potosí para que -la aquí quejosa- se presentara ante esa sindicatura el tres de mayo de dos mil veintiuno, y al no acudir se levantó un acta asentando la comparecencia de Rubén Flores Ruíz y así como la inasistencia de Irene Pérez Barrera. En ese orden de ideas, es evidente que el citatorio, combatido en la demanda de amparo, ha sido consumado, pues se reitera, acorde a la naturaleza que ésta tenía, -hacer presente a la promovente para que acudiera a tratar un asunto con ella relacionado y que en ese momento se le haría saber-, y al no hacerse presente la aquí quejosa se levantó un conocimiento de hechos ante la Síndico Municipal; lo que trae como consecuencia que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas a la emisión del citatorio; consecuentemente; debe estimarse plenamente actualizada la causa de improcedencia prevista en el transcrito artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61 fracción XVI, y de sobreseimiento prevista en el numeral 63 fracción V, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Lo anterior es así; al ser claras y evidentes las causas de improcedencia invocadas, que conducirían al mismo resultado apuntado, pues se reitera, aunque se espere a celebrar la audiencia, la conclusión sería la misma y nada puede impedir el mencionado resultado, de manera que atendiendo al principio de celeridad procesal previsto por el artículo 17 constitucional, carece de objeto esperar la audiencia para resolver en el mismo sentido lo que desde ahora es factible. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y Su Gaceta, número de registro 184572 cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, Fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad de que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; estos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En virtud de lo asentado en párrafos precedentes, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas para la audiencia constitucional en este juicio para las catorce horas con diez minutos del dieciséis de junio de dos mil veintiuno, por tanto, gírese oficio a las autoridades responsables, para hacer de su conocimiento lo anterior y para los efectos legales procedentes. Finalmente, atendiendo a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno vespertino, en términos de los artículo 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la presente resolución se autoriza con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL); quedando pendiente su engrose por parte del personal que acudirá presencialmente al juzgado en dicho turno vespertino, por lo que se anexa al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas. Notifíquese y personalmente. Lo proveyó y firma Marco Antonio Vignola Conde, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, asistido de Cenobio Guerrero Mata, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA.- CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISOS B) Y C) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA ESTA DETERMINACIÓN A LA PARTE QUEJOSA, QUE DICE: Ciudad Valles, San Luis Potosí, tres de junio de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio de cuenta signado por la Síndico Municipal y Representante legal del Ayuntamiento del Municipio de Tamuín, San Luis Potosí, por medio del cual rinde su informe justificado, de conformidad con el artículo 117 de la Ley Amparo. Con fundamento en el numeral 119 de la ley de la materia, se tiene como prueba de la autoridad oficiante, la documental que anexa, la cual se admite y desahoga dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de recibirla en el momento procesal oportuno. Sin que sea necesario proveer respecto al domicilio y delegados que designa la autoridad oficiante, toda vez que mediante proveído de dieciocho de mayo del año en curso, se proveyó lo conducente. Ahora, del estado procesal que guardan los presentes autos, en específico de la lectura integra de la demanda de amparo se advierte que el acto que reclama la quejosa *************es: El citatorio emitido por la Síndico Municipal del Ayuntamiento de Tamuín San Luis Potosí, para las once horas del tres de mayo de dos mil veintiuno, así como la entrega del citatorio en el domicilio de la quejosa. Cabe destacar que los artículos 62 y 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, a la letra establecen: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (...) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." De la interpretación armónica de dichos artículos, se advierte que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia, la cual debe acreditarse de manera manifiesta e indudable. Así, en el presente juicio, se advierte que sobrevino un motivo de improcedencia que reúne estas característica -manifiesta e indudable-, que hace innecesario continuar con su substanciación hasta la celebración de la audiencia constitucional, ya que de determinar lo contrario, dilataría en forma ociosa el dictado del sobreseimiento que debe decretarse indefectiblemente, en virtud de que, con ningún elemento probatorio podría desvirtuarse el motivo de improcedencia que se actualiza en el particular; y sólo se generaría en el justiciable falsas expectativas de forma injustificada; es decir, se contravendría el espíritu del derecho fundamental de acceso a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; porque, se reitera, a nada práctico conduciría continuar con la integración de los autos, hasta la celebración de la audiencia constitucional, si la resolución que procede dictar en este asunto, no variará. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, registro 184572 de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Ahora bien, en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 62, de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional procede a emitir de oficio el pronunciamiento que corresponde a las consecuencias jurídicas que en el presente asunto trae la emisión del citatorio para que la aquí quejosa se presentara el tres de mayo del presente año, en la oficina de la Sindicatura de la Presidencia Municipal de Tamuín, San Luis Potosí, En estas condiciones, del examen íntegro de las actuaciones del presente sumario constitucional se evidencia de manera manifiesta, notoria e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XVI, del numeral 61 de la Ley de Amparo que a la letra establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVI. Contra actos consumaos de modo irreparable." Conforme a dicha fracción, el juicio de amparo es improcedente contra actos consumados de un modo irreparable, los cuales se entienden como aquéllos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquéllos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas, por lo que ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas; esto es, no es posible restituir al quejoso en el goce de la garantía violada; lo cual hace improcedente la acción de amparo porque de otorgarse la protección constitucional, la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Apoya a lo anterior, la tesis I. 3º. A. 150 K sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Diciembre de 1994 página 325, registro 209662 de rubro: "ACTOS CONSUMADOS. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los actos consumados se entienden por la doctrina y la jurisprudencia como aquéllos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquéllos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Para efectos de la procedencia del juicio de amparo los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos los podemos clasificar en: a) actos consumados de modo reparable y b) actos consumados de modo irreparable. Los primeros son aquéllos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable (artículo 80 de la Ley de Amparo), de ahí el que proceda el juicio de amparo en contra de actos consumados de modo reparable. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas, razón por la cual resulta improcedente el juicio de garantías en términos de la fracción IX del artículo 73 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. En esta tesitura, para determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable, se debe de atender a los efectos y consecuencias de su ejecución. Así tenemos que los efectos y consecuencias del acto reclamado ya ejecutado no pueden circunscribirse al tiempo o momento de su ejecución para determinar la procedencia del juicio de amparo, porque llegaríamos al extremo de que cualquier acto por el solo hecho del transcurso del tiempo en su realización, por no retrotraerse éste, es un acto consumado de modo irreparable, cuando la restitución del acto ejecutado es factible aun cuando sea en otro tiempo y momento. Esto resulta así, si consideramos que los actos consumados de modo irreparable hacen improcedente el juicio de amparo porque ni física ni materialmente, puede obtenerse la restitución de los actos reclamados. Lo que significa que la naturaleza de los actos consumados para efectos del juicio de amparo debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene tutelado, y que le fue transgredido, igual que antes de las violaciones cometidas, pero no por cuestiones de tiempo o del momento de su ejecución porque el tiempo no rige la materialización física y restituible de los actos ejecutados (actos consumados)." De igual forma, es aplicable, la jurisprudencia 2a./J. 171/2007 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Septiembre de 2007, materia Administrativa, página 423, registro 171537 de rubro: "ARRESTO. SI YA SE EJECUTÓ, EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, ES IMPROCEDENTE, POR CONSTITUIR UN ACTO CONSUMADO DE MODO IRREPARABLE. De los artículos 73, fracción IX y 80 de la Ley de Amparo se advierte que son actos consumados de modo irreparable los que han producido todos sus efectos, de manera que no es posible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual violada, lo cual hace improcedente la acción de amparo porque de otorgarse la protección constitucional, la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En ese tenor, resulta que esa causa de improcedencia se actualiza cuando se promueve el juicio de amparo contra un arresto que ya se ejecutó, por haberse consumado irreversiblemente la violación a la libertad personal, dado que está fuera del alcance de los instrumentos jurídicos restituir al quejoso en el goce de ese derecho, al ser físicamente imposible reintegrarle la libertad de la que fue privado, sin que el hecho de que sea factible reparar los daños y perjuicios que tal acto pudo ocasionar haga procedente el juicio de garantías, pues al tratarse de un medio de control constitucional a través del cual se protegen las garantías individuales, la sentencia que se dicte tiene como único propósito reparar la violación, sin que puedan deducirse pretensiones de naturaleza distinta a la declaración de inconstitucionalidad de un acto, como podría ser la responsabilidad patrimonial. Lo anterior no prejuzga en cuanto a la legalidad de dicho acto o la responsabilidad que, en su caso, pueda atribuirse a las autoridades que tuvieron participación en el mismo, ni limita el derecho que pudiera asistir al particular para demandar, a través de las vías correspondientes, la reparación de los daños que ese acto le pudo ocasionar. En el caso que nos ocupa, la hipótesis anterior se actualiza plenamente, en razón de que la quejosa reclamó el citatorio emitido por la Síndico Municipal del Ayuntamiento de Tamuín, San Luis Potosí, para el tres de mayo de dos mil veintiuno, que le fue entregado en su domicilio; sin embargo, al rendir su informe justificado, la autoridad responsable refirió que ante esa Sindicatura, se presentó Rubén Flores Ruiz solicitando se realizara una invitación conciliatoria a Irene Pérez Barrera, respecto de un adeudo por la cantidad de $5,536.00 (cinco mil quinientos treinta y seis pesos 00/100 moneda nacional), motivo por el cual giró citatorio a Irene Pérez Barrera para que se presentara ante esa sindicatura a las once horas del tres de mayo del año en curso; y ante la inasistencia de la aquí quejosa se levantó un acta de conocimiento de hechos, ante la Síndico Municipal Constitucional de Tamuín San Luis Potosí, en la que el compareciente *********manifestó que al no presentarse la requerida, deduce que no tiene intención de llegar a un arreglo. Lo anterior, se corrobora con el original del acta de tres de mayo de dos mil veintiuno asentada por la Síndico Municipal de Tamuín, San Luis Potosí; en la se hace constar la comparecencia de Rubén Flores Ruíz; cuyo valor probatorio es pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º. Sirve de apoyo, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 857, del Tomo XXII, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que reza: "DOCUMENTOS PÚBLICOS. CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen pruebas plena." Así las cosas; se deduce que en el presente caso, se satisfacen los requisitos con los que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, de la fracción XVI de la Ley de Amparo, toda vez que la parte demandante de amparo promovió el presente juicio de amparo indirecto en contra de un acto consistente en el citatorio emitido por la Síndico Municipal de Tamuín, San Luis Potosí para que -la aquí quejosa- se presentara ante esa sindicatura el tres de mayo de dos mil veintiuno, y al no acudir se levantó un acta asentando la comparecencia de Rubén Flores Ruíz y así como la inasistencia de Irene Pérez Barrera. En ese orden de ideas, es evidente que el citatorio, combatido en la demanda de amparo, ha sido consumado, pues se reitera, acorde a la naturaleza que ésta tenía, -hacer presente a la promovente para que acudiera a tratar un asunto con ella relacionado y que en ese momento se le haría saber-, y al no hacerse presente la aquí quejosa se levantó un conocimiento de hechos ante la Síndico Municipal; lo que trae como consecuencia que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas a la emisión del citatorio; consecuentemente; debe estimarse plenamente actualizada la causa de improcedencia prevista en el transcrito artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61 fracción XVI, y de sobreseimiento prevista en el numeral 63 fracción V, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Lo anterior es así; al ser claras y evidentes las causas de improcedencia invocadas, que conducirían al mismo resultado apuntado, pues se reitera, aunque se espere a celebrar la audiencia, la conclusión sería la misma y nada puede impedir el mencionado resultado, de manera que atendiendo al principio de celeridad procesal previsto por el artículo 17 constitucional, carece de objeto esperar la audiencia para resolver en el mismo sentido lo que desde ahora es factible. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y Su Gaceta, número de registro 184572 cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, Fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad de que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; estos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En virtud de lo asentado en párrafos precedentes, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas para la audiencia constitucional en este juicio para las catorce horas con diez minutos del dieciséis de junio de dos mil veintiuno, por tanto, gírese oficio a las autoridades responsables, para hacer de su conocimiento lo anterior y para los efectos legales procedentes. Finalmente, atendiendo a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno vespertino, en términos de los artículo 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la presente resolución se autoriza con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL); quedando pendiente su engrose por parte del personal que acudirá presencialmente al juzgado en dicho turno vespertino, por lo que se anexa al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas. Notifíquese
- Incidental
Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 140 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se resuelve: ÚNICO. Se niega a ********************, la suspensión definitiva, de los actos reclamados a las autoridades responsables señaladas en el considerando segundo, por las razones precisadas en el considerando tercero de la presente interlocutoria. Notifíquese. Lo resolvió y firma Marco Antonio Vignola Conde, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, asistido de Cenobio Guerrero Mata, Secretario que autoriza y da fe.
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