Irene Macías Dorado
Expediente 190/2022 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito. 15 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 190/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 27/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Irene Macías Dorado
- Luis Eugenio Luévano Rivera
- Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (ISSSTEZAC)
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Juicio de Amparo Directo
Toda vez que transcurrió el término legal, sin que se hubiera interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada por este Primer Tribunal Colegiado, en la cual se sobreseyó en el juicio de amparo, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar; en consecuencia, con testimonio de la ejecutoria, remítanse a la autoridad responsable los autos de origen, archívese el expediente y ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN.
- Juicio de Amparo Directo
ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por **********************, contra la sentencia de quince de marzo de dos mil veintidós, emitida por el Juez Segundo Mercantil del Distrito Judicial de Zacatecas, Zacatecas, en el juicio ejecutivo mercantil 278/2021. Notifíquese
- Juicio de Amparo Directo
Como se ordenó en la sesión ordinaria virtual de la misma fecha, este Primer Tribunal Colegiado de Circuito, anunció la posible actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, párrafo primero, del artículo 61 de la Ley de Amparo, quedando en lista a fin de dar vista a la parte quejosa para que en el plazo de tres días, manifieste lo a que su derecho convenga, en torno a la causal de improcedencia señalada en el proyecto de resolución que se sometió a consideración; lo anterior en aras de velar por el derecho de audiencia y, en su caso, que la parte interesada se encuentra en oportunidad de expresar argumentos tendientes a favorecer su situación jurídica y se esté en aptitud de resolver lo que conforme a derecho corresponda una vez que, en su caso, se desahogue la vista conducente la cual se sustenta en las siguientes consideraciones: "QUINTO. Análisis de una causa de improcedencia. Se estima innecesario el estudio de la sentencia reclamada, así como de los conceptos de violación formulados en su contra, en virtud de que este tribunal colegiado advierte, de manera oficiosa, que se actualiza una causal de improcedencia en el presente juicio de derechos fundamentales, cuyo estudio es preferente en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En efecto, en el caso se actualiza el motivo de improcedencia previsto en la fracción XIV, párrafo primero, del artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. . Por su parte, los numerales 17, párrafo primero, y 18 de dicho ordenamiento jurídico prevén: Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: . Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Acorde con el primero de los preceptos legales transcritos, el juicio de amparo resulta improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos, esto es, cuando la demanda se presenta extemporáneamente. A su vez, el artículo 17 dispone que el plazo para la promoción de la demanda de amparo será de quince días, en tanto que el diverso numeral 18 estipula que los plazos se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame, o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Además, el diverso imperativo 176 de la Ley de Amparo, que regula el trámite del juicio constitucional en la vía directa, establece: Artículo 176. La demanda de amparo deberá presentarse por conducto de la autoridad responsable, con copia para cada una de las partes. La presentación de la demanda ante autoridad distinta de la responsable no interrumpe los plazos que para su promoción establece esta Ley. Como se observa, tal precepto dispone que la demanda de amparo directo debe presentarse ante la autoridad responsable, so pena de que, de hacerlo ante autoridad distinta, no se interrumpirá el plazo para su promoción, previsto en el numeral 17 del citado ordenamiento legal. Al resolver el amparo directo en revisión 5779/2016 e interpretar el referido artículo 176 de la Ley de Amparo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que en todos aquellos casos en que el justiciable presente su demanda de amparo directo ante una autoridad distinta a la que dictó la sentencia definitiva, laudo o resolución que pone fin al juicio, seguirá corriendo el término de quince días para la promoción del amparo. Ello, pues sostuvo que el hecho de que el legislador federal haya previsto que el amparo directo debe presentarse por conducto de la autoridad responsable y que su interposición ante "autoridad distinta de la responsable no interrumpe los plazos [.] para su promoción", es una formalidad constitucionalmente razonable, a la luz del derecho humano de acceso a la tutela jurisdiccional, ya que tal requisito procesal atiende, indubitablemente, a razones de seguridad jurídica, pues precisamente, con esa enunciación legislativa expresa, se dota al justiciable de certeza legal respecto de las consecuencias jurídicas que depara la promoción de la demanda de amparo ante un órgano jurisdiccional distinto al responsable. El Alto Tribunal también estimó que la interposición de la demanda de amparo directo ante la autoridad responsable, constituye la carga procesal mínima que debe satisfacer el justiciable a efecto de fijarse adecuadamente la oportunidad del ejercicio de tal acción, por lo que resultaba constitucionalmente razonable que la inobservancia de tal carga procedimental básica, por parte del gobernado, tuviera como consecuencia legal que no se tenga por interrumpido el plazo respectivo para la promoción de la demanda de amparo. De la ejecutoria que se comenta derivó la tesis 2a. I/2018 (10a.), cuyo rubro y texto indican: DEMANDA DE AMPARO DIRECTO PRESENTADA ANTE AUTORIDAD DISTINTA DE LA RESPONSABLE. EL ARTÍCULO 176, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, AL SEÑALAR QUE ELLO NO INTERRUMPE LOS PLAZOS QUE PARA SU PROMOCIÓN ESTABLECE LA LEY, NO VIOLA EL DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. El precepto citado, al prever que la presentación de la demanda de amparo directo ante autoridad distinta de la responsable no interrumpe los plazos para su promoción, no viola el derecho humano de acceso a la tutela jurisdiccional efectiva, toda vez que contiene una formalidad constitucionalmente razonable, ya que ese requisito procesal atiende a razones de seguridad jurídica, pues precisamente con esa enunciación legislativa expresa se dota al justiciable de certeza legal respecto a las consecuencias jurídicas que le depara presentarla ante una autoridad distinta de la responsable. Asimismo, la aludida ininterrupción del plazo para accionar dicho medio de control constitucional responde a las exigencias de una correcta y eficiente administración de justicia, en tanto tiende a evitar que las demandas de amparo se interpongan, sin consecuencia alguna, ante cualesquiera autoridades del Estado, teniendo que remitir éstas, a su vez, los escritos a las autoridades que estimen competentes, con las dificultades y cargas presupuestarias operacionales que de ello deriven, generando un escenario de mayor incertidumbre jurídica a los gobernados en detrimento de la adecuada funcionalidad y operabilidad del juicio de amparo. Finalmente, esa formalidad procedimental no resulta excesiva ni desproporcionada pues, en todo caso, la consecuencia jurídica de no tener por interrumpido el plazo de 15 días para presentarla deriva de circunstancias estrictamente imputables al propio justiciable, quien tiene la carga procedimental mínima y básica de depositarla ante la propia autoridad que emitió la sentencia definitiva, el laudo o la resolución que puso fin al juicio o procedimiento seguido en forma de juicio. En esta tesitura, si la demanda de amparo directo se presenta ante una autoridad diversa de la responsable, el análisis de oportunidad no deberá basarse en la fecha de tal presentación, sino en la data en la que la responsable reciba el escrito. En el caso de estudio, la sentencia reclamada se notificó a la parte quejosa el dieciocho de marzo de dos mil veintidós (foja 108 vuelta del expediente de origen); actuación que surtió efectos el veintidós de marzo siguiente, acorde con lo dispuesto en el artículo 1075 del Código de Comercio, en virtud de que el diecinueve, veinte y veintiuno de marzo del año en cita, fueron inhábiles según lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de Amparo. Por lo que el plazo correspondiente transcurrió del veintitrés de marzo al doce de abril de dos mil veintidós, sin incluir en dicho periodo el veintiséis y veintisiete de marzo, así como dos, tres, nueve y diez de abril de la mencionada anualidad, los cuales fueron inhábiles en términos de lo dispuesto en el citado artículo 19 de la Ley de Amparo. Por su parte, la quejosa presentó la demanda de amparo ante la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados del Vigésimo Tercer Circuito en el Estado de Zacatecas, el cinco de abril de dos mil veintidós, la cual fue turnada a este órgano colegiado el seis siguiente (fojas 1 y 46). En acuerdo de ocho de abril de dos mil veintidós, el presidente de este Tribunal Colegiado ordenó remitir la demanda de amparo al Juzgado Segundo Mercantil del Distrito Judicial de la capital de Zacatecas -quien es la autoridad responsable-, para que diera cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 178 de la Ley de Amparo (foja 9 del cuaderno de amparo). La demanda de mérito se recibió en la Oficialía de Partes del Poder Judicial del Estado de Zacatecas el diecinueve de abril de dos mil veintidós, y fue remitida a este órgano colegiado el trece de mayo de la mencionada anualidad (fojas 13 y 45 a 51). Acorde con lo relatado, si la demanda de amparo se presentó ante la autoridad responsable hasta el diecinueve de abril de dos mil veintidós, debe concluirse que la promoción del juicio de amparo resulta extemporánea. Lo anterior se ilustra en el siguiente calendario: MARZO 2022 L M M J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18( 19 20 21 22( 23( 24 25 26 27 28 29 30 31 ABRIL 2022 L M M J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12( 13 14 15 16 17 18 19( 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 No es óbice para concluir lo anterior, el hecho de que la peticionaria de derechos fundamentales hubiese presentado la demanda de amparo ante la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados del Vigésimo Tercer Circuito en el Estado de Zacatecas, el cinco de abril de dos mil veintidós; sin embargo, no es posible atender esa fecha, debido a que se trata de autoridad distinta de la que emitió el acto reclamado. Lo anterior, porque como se explicó, de conformidad con el artículo 176, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, la demanda de amparo directo se debe presentar por conducto de la autoridad responsable y de presentarse ante autoridad distinta, ello no interrumpirá los plazos para la promoción del amparo. La lógica de este precepto, en principio, es dar certeza jurídica a las partes involucradas en un procedimiento seguido en forma de juicio, para que tengan claro que la demanda de amparo directo que se intente contra la sentencia definitiva no se debe presentar ante las oficinas de correspondencia común de los Tribunales Colegiados de Circuito que son los órganos competentes para conocer de ese tipo de demanda (amparo directo); sino que se debe presentar ante la autoridad responsable que emitió la resolución que se pretenda reclamar, dado que la propia Ley de Amparo encomienda a ésta una serie de actuaciones encaminadas a la pronta sustanciación del juicio constitucional. Esto, pues de los artículos 176 a 178 de la Ley de Amparo se observa que a la autoridad responsable se le confieren algunas atribuciones y cargas procesales en relación con la tramitación del juicio, a efecto de lograr que la integración de la relación jurídica procesal y del expediente de amparo, se realicen con la mayor celeridad posible, aprovechando que la responsable tiene el conocimiento y cercanía con el proceso de origen, de manera que cuando el Tribunal Colegiado a quien corresponda conocer del juicio reciba las actuaciones, cuente ya con los elementos necesarios para proveer la demanda, y en caso de admitirla, tenga lugar un proceso sencillo que permita la pronta administración de justicia. Pero además, es dable admitir que la finalidad del citado numeral 176 de la Ley de Amparo también implica dar seguridad jurídica y funcionalidad al juicio constitucional en sí mismo, respecto a sus reglas procesales, en aras de alcanzar esa administración de justicia pronta, estableciendo claramente una carga procesal y una consecuencia para el caso de no cumplirla, que excluye la presentación de la demanda de amparo directo ante una autoridad distinta a la que ordena la norma, pues esa presentación no podrá tener el efecto jurídico de interrupción del plazo para su promoción ante la autoridad correcta. Así, esta regla legal, en su hipótesis normativa y su consecuencia, responde a la racionalidad del diseño legislativo del juicio de amparo directo, para la seguridad jurídica de su trámite, así como para la correcta, eficiente y funcional administración de justicia por parte de los tribunales; y constituye una carga procesal muy básica, que exige una mínima diligencia del justiciable, para dirigir correctamente su demanda de amparo a efecto de que su presentación sea válida y capaz de interrumpir el plazo para la promoción del juicio constitucional; por tanto, de no cumplirse y de presentarse la demanda de amparo directo ante autoridad distinta de la responsable, no se tendrá por interrumpido el plazo de presentación, y ello en muchos casos podrá dar como resultado, que cuando la demanda se reciba por la responsable, ya resulte extemporánea. Atento a lo expuesto, en el caso de estudio, para determinar si la demanda fue promovida dentro del plazo que prevé el numeral 17, primer párrafo, de la Ley de Amparo, debe atenderse a la fecha en que se presentó en la Oficialía de Partes del Poder Judicial del Estado de Zacatecas -diecinueve de abril de dos mil veintidós-, y no aquella en que se recibió en la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados del Vigésimo Tercer Circuito en el Estado de Zacatecas. Por tanto, la demanda de amparo directo resulta extemporánea, pues fue recibida por la autoridad responsable hasta el diecinueve de abril de dos mil veintidós; es decir, fuera del plazo legal que tuvo para hacerlo, comprendido del veintitrés de marzo al doce de abril de dos mil veintidós. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, en términos del diverso artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal. No impide arribar a la anterior conclusión, la circunstancia de que en acuerdo de presidencia se admitiera la demanda de amparo, pues tal resolución no causa estado y obedece a un estudio preliminar del asunto, aunado a que este órgano colegiado, en la esfera de su competencia, está facultado para realizar el estudio a fin de determinar la procedencia del juicio de amparo intentado. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica, la jurisprudencia 2a./J. 222/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 216, Tomo XXVI, diciembre de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dispone lo siguiente: REVISIÓN EN AMPARO. LA ADMISIÓN DEL RECURSO NO CAUSA ESTADO. La admisión del recurso de revisión por parte del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o del de una de sus Salas es un determinación que por su naturaleza no causa estado, al ser producto de un examen preliminar del asunto, correspondiente en todo caso al órgano colegiado el estudio definitivo sobre su procedencia; por tanto, si con posterioridad advierte que el recurso interpuesto es improcedente, debe desecharlo." En tales condiciones, se da vista a la parte quejosa, por el plazo de tres días, para que manifieste lo que a su derecho convenga, en torno a la causal de improcedencia advertida de oficio por el magistrado ponente y puesta a consideración del Pleno de este Tribunal Colegiado. Por otra parte y sin necesidad de un nuevo acuerdo, una vez que transcurra dicho plazo, devuélvase el presente expediente a la ponencia de origen para que se dé cuenta al pleno.
- Amparo en revisión
Agréguese el oficio signado por la Jueza Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, mediante el cual acusa recibo del similar por el que se remitió testimonio de la ejecutoria y los autos de origen. Visto; el estado que guardan los presentes autos y que mediante ejecutoria de quince de julio del año en curso, se desechó el presente recurso de revisión, archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido; háganse las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno y electrónico, respectivamente. ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. Notifíquese
Quedan 11 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito · 5,526 expedientes
- Imelda Pereyra García449/2023
- Imelda Serrano Aguilar447/2016
- Inocencia Espinoza Ambriz y Otros.787/2015
- Inocencio Rodríguez Gómez536/2014
- Inocente Mercado Navarro y Otros.74/2015
- Irene Acuña Ibarra482/2016
- Irene Rueda Sotelo513/2022
- Irene Ruedas Sotelo434/2019
- Irene Valenciano Romero707/2014
- Irma Alejandra Rubio Flores196/2023
- Irma Angélica Monterrubio Verde191/2018
- Irma Cristina Vázquez Carmona554/2022