Irene Jimenez Martinez

Expediente 747/2016 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de octubre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
747/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
07/10/2016

Partes del expediente

  • Irene Jimenez Martinez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el proveído dictado el veintidós de septiembre del año que transcurre, mediante el cual se desechó la demanda de garantías por su notoria e indudable improcedencia, promovida por ----, por propio derecho, no fue recurrido dentro del plazo legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó resolución en la que se desechó la demanda de garantías por su notoria e indudable improcedencia.

  2. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    CONSTANCIA: Por este medio se notifica a la PARTE QUEJOSA, el contenido del proveído dictado el veintidós de septiembre de dos mil dieciséis, toda vez que no acudió a este Juzgado los días veintiséis ni veintisiete de los actuales, no obstante el AVISO que para ello se le dejó, proveído que en lo conducente dice: Visto el escrito de cuenta, se provee: téngase por recibida la demanda de amparo promovida por *****, contra actos que reclama de la Secretaría de Educación de Guanajuato y otras autoridades, que considera violatorios en su perjuicio de sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 5, 14, 16, 17 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 747/2016-II, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora bien, el numeral 113 de la Ley de Amparo vigente establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Cierto, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente acreditado y no requiere mayor demostración, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; además, da la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata, es operante al caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran allegar las partes, y considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de manera que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que se hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. De la lectura integra de la demanda de garantías, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado en lo siguiente: ".Notificación verbal del Director ***** del Plantel de la Escuela *****, donde se me manifestó de forma verbal el día 19 de septiembre del año en curso que no podía ingresar a la escuela en mención donde soy maestra donde tengo mi BASE como maestra a frente de Grupo. Asimismo como acto RECLAMADO la OMISIÓN de la responsable para brindarme lo necesario para desempeñar Mis labores." Atento a lo anterior, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 5, fracción II, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que respectivamente prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Lo anterior, en virtud de que conforme a los preceptos en cita, la procedencia del juicio de amparo, se encuentra supeditada al hecho de que los actos, omisiones, normas generales o tratados que en el mismo se reclamen, provengan de autoridad, la que en términos del aludido artículo 5 de la Ley de Amparo, es -con independencia de su naturaleza formal-, aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omite el acto que de realizarse, crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, o bien, se trate de un particular que realice actos equivalentes a los antes citados cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Como puede verse, la característica que esencialmente distingue un acto de autoridad, es que se emite en forma unilateral y obligatoria por cualquier ente, público o particular, y que con él, cree, modifique o extinga situaciones jurídicas, en perjuicio de un gobernado, que lo lleve a instar el juicio de amparo. Por el contrario, cuando el actuar de un particular queda comprendido en la relación patrón-empleado que los vincula, regulada por ordenamientos de derecho laboral o de carácter contractual, no existe sustento constitucional ni legal par su impugnación mediante el juicio de amparo. En efecto, como se adelantó, el acto reclamado se hace consistir en la notificación verbal de que no podía ingresar a su fuente de trabajo ubicada en *****, que reclama a las autoridades responsables Secretaría de Educación de Guanajuato, Delegado de la Región Educativa Suroeste, el Jefe del Departamento de Conciliación y Consejería Legal Región Suroeste y, que se ejecutó el diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis a través del Director del Plantel de la Escuela Simón Bolivar de dicha comunidad, así como que no se le brinda lo necesario para desempeñar sus labores como maestra de grupo, tal como lo ha hecho en ese plantel educativo desde hace veinte años. Por ende, el referido acto no proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo, porque lo reprochado deriva de una relación laboral que pueden clasificarse en un plano de coordinación, que es lo que caracteriza a ese tipo de relaciones. Esto es, tal acto queda comprendido en la relación patrón-empleado que los vincula, regulada por ordenamientos de derecho laboral. Lo anterior se explica porque en este supuesto, la posición del quejoso frente a la autoridad educativa no es la de un gobernado, aunque en su solicitud invoque la referida norma constitucional, pues esto no cambia la naturaleza del acto ni la relación jurídica existente, que no emerge del imperio que corresponde a la secretaría como parte de la administración pública local en la prestación de un servicio a cargo del Estado, como lo es la educación pública. Por tanto, cuando a través del juicio de amparo se impugnan actos que tienen trato directo con la relación laboral ya sea como el que señala, de impedirle el ingreso al plantel educativo por conflictos con las madres de familia, o bien, de omitir brindarle lo necesario para desempeñar sus labores docentes y se señala como autoridad responsable al director del plantel educativo, en su calidad de ejecutor de una orden verbal de sus superiores administrativos, el amparo es improcedente, al no tener aquél tal carácter, pues los actos que se le atribuyen los lleva a cabo en relación con los trabajadores de dicho plantel, lo cual tiene su origen en el vínculo obrero-patrón y no gobierno-gobernado en términos de lo dispuesto en el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo. En ese sentido, si el acto reclamado no acontece en la calidad de autoridad, tanto la actuación de la responsable como la orden que haya emitido tampoco lo será, ya que el conflicto existente entre ambas partes, no está sujeto al análisis constitucional. De lo anterior, se pone de manifiesto que el acto reclamado no tiene el carácter de acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, y, consecuentemente, no es susceptible de reclamarse a través del juicio constitucional; por ello, puede establecerse que las responsables que señaló la parte quejosa, esto es, la Secretaría de Educación de Guanajuato, Delegado de la Región Educativa Suroeste, el Jefe del Departamento de Conciliación y Consejería Legal Región Suroeste y, Director del Plantel de la Escuela *****, no tienen el carácter de autoridades responsables para los efectos del juicio de amparo. En tales circunstancias, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la presente demanda por ser notoriamente improcedente, en términos de lo dispuesto por la fracción XXIII del artículo 61 en relación con el diverso 5° fracción II, aplicado en sentido contrario, ambos de la ley en cita. En otro contexto, téngase como domicilio de la parte quejosa, el que precisa en el ocurso de cuenta y como sus autorizados, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo vigente a *****, profesionista que tiene registrada cédula profesional en el sistema correspondiente que se lleva dentro de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación y, en términos restringidos a *****, por no contar con dicho registro. Asimismo, con fundamento en el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario practique cualquier diligencia en el juicio de amparo en que se actúa; asimismo, con fundamento en el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, se le faculta para que en el supuesto de no lograr la notificación personal de algún proveído, ante la presencia de causas que impidan dicha notificación, lo haga mediante la publicación en la lista de acuerdos correspondiente. Hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional en uso de las facultades conferidas por el numeral 11, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, respecto a la protección de datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, cualquier uso no autorizado en los términos previstos en dicho ordenamiento legal, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. De igual forma, con apoyo en los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 68 y 71, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 25, 28 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia a la información pública, protección de datos personales y archivo, publicado en seis de febrero de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales y de identificación de las partes, por no existir consentimiento inequívoco y expreso para ello. Finalmente, con apoyo en el artículo 21 último párrafo de la Ley de Amparo, este tribunal habilita días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación del presente juicio de amparo.

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